Obvio pero absolutamente oportuno

 

Expropiar no es pecado

 

Por Ignacio Escolar en su blog “Escolar.net” de eldiario.es

 

Aquellos que tanto se escandalizan por ese decreto de la Junta de Andalucía, que expropiará viviendas a los bancos para evitar los desahucios más sangrantes y multará a los dueños de casas vacías, deberían releer la Constitución. «Se reconoce el derecho a la propiedad privada (¿) Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino  por causa justificada de utilidad pública o interés social» (artículo 33; las negritas son mías). La palabra  expropiación, que tanto asusta, no solo está admitida en la Carta Magna, sino que tiene una ley en vigor que la regula. No hay país donde tal cosa no suceda y en todos ellos, hasta en los mismísimos Estados Unidos, se entiende que el derecho a la propiedad no está por encima de todo: que debe prevalecer el interés general de todos los ciudadanos.

Se expropia a diario en todo el mundo capitalista. Para hacer carreteras o autopistas, por ejemplo. O incluso para construir Eurovegas; así lo acaba de aprobar el Gobierno de la Comunidad de Madrid, el del «liberal»  Ignacio González, en un decreto que permitirá a míster  Adelson comprar terreno a bajo precio para sus casinos y que nadie ha calificado de comunista. En un país con miles de casas vacías y miles de familias desahuciadas, ¿de verdad hay que explicar la «causa justificada de utilidad pública» del decreto de la Junta? ¿En serio hay alguien capaz de argumentar que existe más «interés social» en abaratar costes a Eurovegas que en rescatar a las familias desahuciadas?

En la Constitución también figura otro artículo, el 47, donde se reconoce el derecho a «una vivienda digna» y se pide a los poderes públicos que impidan la especulación. Se aplica mucho ¿en el resto de Europa, donde son comunes las leyes que permiten multar y expropiar a los propietarios de viviendas vacías. Hay incluso países (Suecia y Alemania) donde es legal expropiar y derribar bloques enteros vacíos para evitar, entre otras cosas, problemas como el reciente incendio en Bermeo, que empezó en un edificio deshabitado. La propiedad no es un derecho absoluto: con condiciones, está sometido al interés general. Y no puede ser más cínico ese discurso de cierta derecha que justifica el intervencionismo público para rescatar al sector financiero mientras demoniza que una Administración intervenga en ayuda de los desahuciados. Es ese liberalismo del embudo, tan castizo, que socializa las pérdidas y privatiza los beneficios; que exige la aplicación más estricta del capitalismo y la competencia para los pobres, pero no para los ricos. La novedad de este decreto andaluz no es la expropiación, eso es cotidiano. Tampoco la intervención del Estado en la economía: eso es también común, cuando hablamos del sector financiero o las autopistas. La noticia es que, para variar, será una expropiación que beneficie a los más débiles frente a los poderosos. Bien por Andalucía.