Porque estaban en ello o porque lo aceleraron por las presiones de sus socios en la estabilidad, el caso es que los planes entrarán en vigor el 1 de julio ¡¡menos mal!!
El Principado agiliza los planes de empleo tras las críticas de alcaldes y empresarios
El director general de Empleo había trasladado a los ayuntamientos la imposibilidad de aplicar los planes antes de octubre, extremo que niega el consejero de Economía
Torre hace el anuncio un día antes de dar explicaciones en la Junta por los reproches de IU y UPyD
Foto: Graciano Torre y Guillermo Martínez, ayer tras el Consejo de Gobierno.
23.05.13 - JOSÉ ÁNGEL GARCÍA | OVIEDO, en El Comercio.
Los planes locales de empleo entrarán en vigor el próximo 1 de julio y permitirán a los ayuntamientos asturianos contratar a 1.740 desempleados durante un periodo de un año. Las críticas de los consistorios, los empresarios e incluso los aliados de los socialistas en el Parlamento (IU y UPyD) han condicionado la actuación del Gobierno que decidió agilizar el desarrollo del proyecto después de que hace apenas una semana se trasladara a los alcaldes la imposibilidad de ponerlo en funcionamiento hasta el mes de octubre a causa de un error en el procedimiento, detectado por la Intervención General. Ese es, al menos, el argumento que esgrimió el director general de Empleo, José Luis Álvarez, en la reunión de la comisión ejecutiva de la Federación Asturiana de Concejos (FACC).
Esa declaración, que fue confirmada por varios de los alcaldes asistentes algunos incluso públicamente como el regidor de Siero, Eduardo Martínez Losa, fue negada ayer por el consejero de Economía y Empleo. Durante su comparecencia para anunciar la puesta en marcha de los citados planes, al término del Consejo de Gobierno, Graciano Torre dijo desconocer la procedencia de las informaciones que posponían a octubre la aplicación de la medida y salió en defensa del responsable de Trabajo, contradiciendo así la versión ofrecida por los mandatarios locales.
Éstos no titubearon a la hora de poner el grito en el cielo nada más tener conocimiento del posible retraso de boca de José Luis Álvarez. La simple noticia del aplazamiento de los planes de empleo suponía un importante revés para la mayoría de los ayuntamientos de la región, que contaban con la inyección económica que representa esta actuación, incluida en los presupuestos autonómicos, y comprometida por Javier Fernández en la Junta, el pasado 3 de mayo, fecha en la que anunció la «inmediata» puesta en marcha de los planes locales de empleo.
Los empresarios, previamente, ya habían reprobado la demora de «hasta cuatro meses» en los planes juveniles de empleo causada por la «burocracia» y advertían del impacto que tenía para muchas compañías. Los sindicatos no tardaron en sumarse a la hora de pedir «diligencia» al Ejecutivo para cumplir con acuerdos contemplados en el ADECE. «Los parados no pueden esperar cinco meses», afirmó el secretario general de Comisiones Obreras, Antonio Pino.
Era cuestión de tiempo que las críticas se extendieran también a la Junta General. Críticas que adquirían más relevancia teniendo en cuenta que venían, principalmente, de Izquierda Unida y UPyD, socios estratégicos del PSOE en el Parlamento y cuyo apoyo fue imprescindible para apoyar las cuentas regionales. «Esto es un toque de atención», resumió el portavoz de IU, Ángel González, para justificar su enfado por un posible aplazamiento en la aplicación de las medidas para la reactivación del empleo. Lo cierto es que ambos grupos solicitaron de forma urgente la comparecencia de Torre en la Cámara -prevista para el pleno de hoy- y no sólo para dar explicaciones sino también para ofrecer soluciones.
El propio Javier Fernández, en una entrevista en televisión el pasado martes, habló sin rodeo de un «retraso lamentable» y asumió incluso la responsabilidad de la demora en su condición de presidente del Principado. Su compromiso, insistió en varias ocasiones, «trabajar y apretar para que se flexibilice y agilice» la tramitación paralizada por la Intervención General por cuestiones de forma.
Sólo un día después, el Gobierno que preside dio luz verde a una iniciativa que llega, según Torre, con un retraso de «37 días». El Principado, precisó el consejero, optó por el mecanismo tradicional consistente en la firma de convenios con los ayuntamientos, al considerar que agilizaba los trámites. Sin embargo, desde la Intervención General plantearon reparos al entender, según la versión de Torre, la imposibilidad de hacer un convenio y proponiendo, como alternativa, optar por una concurrencia competitiva que sí permitiría cumplir con la normativa europea.
El Gobierno regional subvencionará a través de esta vía la contratación de 1.300 parados de larga duración durante 12 meses. De ellos, 700 serán mayores de 45 años y el resto de plazas serán para aquellos que tengan menos de esa edad. Los consistorios recibirá de la Administración regional 14.448 euros por cada contrato. Además, hay una segunda línea de apoyo a los Servicios de Empleo y Desarrollo Local que permitirá la contratación, por el mismo periodo, de 40 técnicos de empleo y desarrollo local. El importe de la ayuda será de 22.500 euros por contrato.
La tercera de las medidas afecta al plan de empleo juvenil y permitirá financiar con otros tres mil euros adicionales la contratación, durante seis meses, de 400 jóvenes. Esta subvención se añade a la ayuda de 5.760 euros correspondientes a los costes de tutoría durante los seis meses en que los jóvenes son contratados en régimen de prácticas no laborales. Cada uno de los jóvenes percibirá 426 euros y tienen el compromiso de ser contratados, otros seis meses, en los que recibirán un 60% del salario establecido para el puesto que ocupen.
La actuación será publicada en el plazo de dos o tres días en el BOPA y a partir de ahí, los ayuntamientos tendrán un plazo de diez días para presentar sus solicitudes. El Principado pagará los contratos que se formalicen a partir del 1 de julio.
Por otra parte, el Gobierno acordó destinar 1,1 millones de euros para financiar ayudas destinadas a reforzar el tejido empresarial asturiano, con un respaldo a la internacionalización y el comercio exterior y, por otra parte, a facilitar la liquidez de las pequeñas y medianas compañías con la refinanciación de sus pasivos.
El Principado aprueba el plan de empleo local para 1.300 parados de larga duración
El Ejecutivo calcula que los trabajadores, 700 de ellos mayores de 45 años, podrán ocupar sus nuevos puestos a partir del 1 de julio
23.05.2013, Oviedo, Álvaro FAES, en La Nueva España.
El Ejecutivo asturiano aprobó ayer la puesta en marcha del nuevo plan de empleo local, que facilitará el acceso a un puesto de trabajo durante un año a 1.300 parados de larga duración, 700 de ellos mayores de 45 años. El consejero de Economía, Graciano Torre, lo anunció así ayer entre los acuerdos del Consejo de Gobierno, reunido en la sede de Presidencia. Según sus cálculos, los beneficiarios del plan, que llega con cinco semanas de retraso sobre las previsiones iniciales, podrán incorporarse a sus nuevos trabajos «a partir del 1 de julio». Hoy mismo, Torre deberá responder en el Pleno de la Junta a sendas interpelaciones, de IU y de UPyD, grupos que sostienen al Gobierno socialista en minoría, en las que piden explicaciones por la demora en su aplicación.
Los ayuntamientos recibirán 14.400 euros por cada contratación que realicen. El cambio respecto a anteriores convocatorias viene dado por el procedimiento de acceso de los municipios a las ayudas. Las administraciones locales deberán participar en una convocatoria competitiva, tras la que se les otorgará el número de plazas que pueden ofertar a sus vecinos. La convocatoria se publicará en los próximos días en el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» (BOPA), según informó Graciano Torre. Será entonces cuando se conozcan las condiciones de acceso de los ayuntamientos a las ayudas y los puestos que a cada uno le corresponden. Fuentes de la Consejería de Economía apuntan que se atenderá a criterios como el número de desempleados del municipio, sus habitantes y la situación económica del Consistorio en cuestión.
Nada cambia para los aspirantes a conseguir un empleo en su Ayuntamiento respecto a anteriores convocatorias. Los parados de larga duración deberán aguardar a las correspondientes convocatorias en sus localidades de origen. Los contratos tendrán un año de duración desde que se formalicen.
Hasta ahora, la costumbre en el Gobierno del Principado era la de formalizar este tipo de planes de empleo a través de convenios con los ayuntamientos. Sin embargo, un reparo de la Intervención General, al hilo de la normativa vigente en Europa, hizo al Ejecutivo variar el proceso y encaminarlo hacia el concurso entre los ayuntamientos.
Graciano Torre señaló este cambio que solicitó el órgano fiscalizador como el motivo de un retraso «de 37 días» en la puesta en marcha del plan de empleo local, «sobre lo que teníamos previsto», dijo el consejero. «Que se apruebe ahora es la demostración de que estábamos en ello, estas cosas no se tramitan en dos o tres días. No sé de dónde salió que el retraso nos llevaría hasta octubre, me extrañó que se dijera eso», añadió. El portavoz de IU en la Junta General, Ángel González, había atribuido al gobierno esa previsión. González interpelará hoy a Torre al respecto, al igual que Ignacio Prendes, de UPyD. «Ese choque entre legalidad y eficacia es una absoluta falacia, porque se puede actuar con respeto a la legalidad y con la celeridad que exige el problema del paro», afirmó ayer en una rueda de prensa.
Además de estos dos planes (para mayores y para menores de 45 años), el consejero de Economía anunció la que subvencionará cuarenta contratos para los denominados agentes de desarrollo local o de igualdad. Los ayuntamientos también deberán acudir en concurrencia competitiva. Además, según avanzó Torre, el Principado apoyará «hasta con 3.000 euros» cada uno de los 400 contratos correspondientes a los planes de empleo joven en el ámbito municipal, además de 40 euros equivalentes a la cotización del joven. Según el ejecutivo, su aportación corresponde al 60 por ciento del salario.
En total, el Principado invertirá en todas estas medidas para el empleo 22 millones de euros.
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