Adios al mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y hola a un serio y progresivo recorte inmediato en las cuantías actuales si no lo impedimos.
El comité de expertos del Gobierno plantea iniciar el ajuste de las pensiones en 2014
La prestación se vincularía a la esperanza de vida y se desligaría del IPC
Los actuales pensionistas perderían hasta el 6% en 2020
Madrid/ Oviedo, M. M., en La Nueva España.
El comité de doce expertos «fichados» por el Gobierno de Mariano Rajoy para elaborar un informe sobre la próxima reforma de las pensiones, propone, en su borrador del documento definitivo, aplicar un ajuste en 2014. Se haría, por un lado, reduciendo la pensión a los nuevos beneficiarios en función del aumento de la esperanza de vida, y por otro, desligando la revalorización del incremento del IPC para que dependa de los ingresos de la Seguridad Social. En el propio texto consta que estas medidas harán perder a los actuales pensionistas -algo más de 9 millones según los datos de la Seguridad Social- un 6% de percepciones en los próximos siete años.
La legislación actual -tras la reforma de 2011- prevé que el denominado factor de sostenibilidad, según el cual el cálculo de las pensiones se realice en función de la esperanza de vida, se aplique a partir del año 2032. Pero los expertos se inclinan por acelerar este proceso para aplicarlo, si es posible, con carácter inmediato, y en el peor de los casos, con un periodo transitorio de aplicación progresiva que suponga su implantación total en 2019. En todo caso, como la pensión inicial media de los jubilados será más baja, se propone que para compensar se estimule el retraso voluntario del retiro.
En cuanto a la revalorización de las pensiones, el comité de expertos plantea, según «El País», desligarla del IPC y actualizarlas en función de «una ratio entre ingresos y gastos». Para evitar grandes oscilaciones, sugieren que se tengan en cuenta los ingresos y los gastos de 11 años (los cinco pasados, el vigente más las previsiones del siguiente quinquenio).
Pero es más. Se propone que el IPC sea el tope máximo de subida anual, de tal manera que en los años de bonanza se consiga un ahorro que permita engordar la hucha para cuando llegue la época de las vacas flacas.
En la situación actual, esta fórmula supondría una rebaja de las pensiones actuales, que los expertos tienen en cuenta en su documento, de ahí que planteen que los actuales pensionistas se les debe mantener «el valor nominal». En cuanto a los futuros, discriminan entre los que están próximos a dejar el mundo laboral, «a los que cabría aplicarles un razonamiento similar», y a los que todavía les faltan unos cuantos años, de los que no se dice nada, lo que hace suponer que serán los afectados por la rebaja de las pensiones.
El problema fundamental es la falta de cotizantes como consecuencia del incremento del paro, mientras que sigue aumentando el número de pensionistas. Unos condicionantes a los que hay que agregar la caída demográfica y el envejecimiento de la población, a la vez que aumenta la esperanza de vida (50 días al año, según algunos estudios).
Los expertos, la mayoría ligados a aseguradoras y al entorno de fondos privados, terminarán el documento previsiblemente en esta semana, para entregarlo al Gobierno y que se discuta en el Pacto de Toledo.
Bruselas defiende para la UE un sistema mixto de jubilación
27.05.2013, Oviedo, en La Nueva España.
El Parlamento Europeo aprobó el pasado lunes un informe en el que se defiende un sistema mixto de pensiones a aplicar en el conjunto de los estados miembros. Es la forma de afrontar, entendió el Pleno parlamentario, el reto que supone el debilitamiento de las arcas públicas mientras envejece la población y aumenta la esperanza de vida
El informe que no es vinculante, fue elaborado por Ria Oomen-Ruijten, eurodiputada holandesa que se encuadra en las filas del Partido Popular Europeo (PPE). El texto salió adelante con 502 votos a favor, 138 en contra y 49 abstenciones y en él se admite que las pensiones públicas siguen siendo la fuente más importante de ingresos para los pensionistas, pero reconoce la necesidad de complementarlas con «sistemas colectivos» negociados en el ámbito laboral y planes individuales. Es decir, la situación ideal sería una combinación de pensiones públicas, complementadas con pensiones colectivas en el ámbito laboral y ahorros privados.
Los expertos apuestan por que las pensiones pierdan poder adquisitivo
El comité propone que las prestaciones nunca puedan subir más que el IPC
La edad de jubilación a los 67 años llegará en 2027, como estaba previsto
Manuel V. Gómez, Madrid, en El País.
Los tiempos en que las pensiones tienen garantizado, al menos sobre el papel, el poder adquisitivo tocan a su fin. La gran mayoría de la docena de expertos a los que el Gobierno ha encargado un informe para concretar la próxima reforma de la Seguridad Social apuestan por acabar con la actualización de las pensiones vinculada al índice de precios al consumo (IPC). Para sustituirla, propugnan una fórmula que las actualice de forma automática cada año atendiendo a la salud de las cuentas del sistema. Ahora bien, plantean límites: si del resultado de la ecuación se desprenden bajadas importantes, éstas nunca podrán ser de tal calibre que las pensiones dejen de “ser suficientes”; si lo que resulta son incrementos sustanciales, ponen un tope: el IPC. Traducción: en el mejor de los casos, los pensionistas solo pueden aspirar a conservar su poder adquisitivo; y la mayoría de veces, sobre todo en una crisis como la actual, con el paro en el 27%, lo perderán.
Hoy, en la que será su última reunión, los expertos van a estudiar el informe “provisional”, al que ha tenido acceso EL PAÍS, elaborado por el presidente del grupo, Víctor Pérez Díaz. Puede que haya alguna modificación y se incorpore algún contenido más. El informe definitivo, sea el que sea, se remitirá al Congreso y a los agentes sociales, para que el Gobierno negocie con ellos la reforma definitiva que tiene que estar lista a finales de septiembre.
En el texto, de 29 páginas, se propone una definición del factor de sostenibilidad, el objetivo exclusivo de esta reforma exigida por Bruselas, y se pide su entrada en vigor ya en 2014, aunque deja abierta la opción de aplicarlo en 2019. Este factor, según la mayoría del comité, consistirá en un doble mecanismo que, por un lado, actualizará cada año la pensión de los ya jubilados atendiendo a los ingresos y los gastos de la Seguridad Social, y, por otro, ajustará las prestaciones de quienes tienen que jubilarse tras la reforma según la esperanza de vida. Todo esto con una pretensión: contener el gasto para hacer “sostenible” el sistema. El comité no propone cambios en la edad legal de jubilación, que sigue su retraso hasta los 67 años en 2027.
Una de las novedades de esta reforma —“¿Por qué no se hizo antes?”, se lamenta el informe— es que no solo afecta a los pensionistas futuros, sino que también lo hará a los actuales. Y lo hará al modificar la actualización anual.
En este punto, la fórmula propuesta, que se asienta sobre los ingresos y los gastos del sistema, se traduce en momentos como el actual en bajadas de pensiones. Y esto, atendiendo a las perspectivas económicas y los peores pronósticos sobre el mercado laboral (el factor determinante en las cuentas de la Seguridad Social), no tiene visos de mejorar a en el medio plazo. Para evitarlo, el propio comité propone que esto no pueda suceder si afecta a los jubilados actuales o a los más próximos al retiro y pide que cuando la ecuación resulte negativa, al menos, se asegure la cuantía nominal de la pensión. Lo que no contempla es mantener el poder adquisitivo. Puede deducirse, así, que en los próximos años la apuesta es por una devaluación de pensiones, como admite el informe para 2020.
Este consejo se complementa con otro, el de poner un límite a las subidas cuando de la ecuación de actualización anual resulte una subida importante y fija el tope en el IPC. “Los ahorros destinados de no subir las pensiones por encima del IPC se destinarían a un Fondo de Reserva del que [...] podrían detraerse fondos en los momentos recesivos y procurar que la disminución resultante de aplicar la fórmula fuera menor o, incluso, no existiera”.
Desde comienzos de los 90, las pensiones han tenido garantizado el poder adquisitivo. Esto se llevó a la norma con un Gobierno de José María Aznar en 1997. Desde entonces, casi siempre las pensiones han subido tanto como los precios (incluso en los primeros años de Zapatero las mínimas subieron muy por encima del resto). Solo esto ha provocado un aumento anual medio del gasto para el sistema de unos 2.000 millones (más que el hecho de que los nuevos jubilados tienen derecho a prestaciones más altas que los que fallecen). La norma se quebró en beneficio de los pensionistas en dos ocasiones con Aznar y con Zapatero en 2009. Con la crisis, la norma se quebró en 2011 y 2012, y dejó la ley en papel mojado.
Así se calcularán las nuevas pensiones
El método de cálculo para calcular la actualización de las pensiones es muy complicado
Miguel Jiménez, Madrid, en El País.
Dicen los expertos de la comisión nombrada por el Gobierno que para que el factor de sostenibilidad sea eficaz y cuente con apoyo social, “es preciso que las fórmulas sean fácilmente comprensibles”. No está claro que eso se consiga con su propuesta. Frente al sistema actual, en el que las pensiones suben (en principio) lo mismo que el IPC, los expertos proponen ahora dos fórmulas nuevas que complican el cálculo.
La primera fórmula es bastante sencilla. Es el llamado “coeficiente de equidad intergeneracional de las nuevas pensiones”. La pensión inicial se multiplica por ese coeficiente, de modo que los pensionistas que se vayan jubilando con una esperanza de vida mayor reciban una menor pensión inicial. Por ejemplo, suponiendo que la pensión inicial de 2014 es 1 para quienes se jubilen a los 65 años, para quienes lo hagan en 2015 la pensión inicial sería 0,9977, que es el resultado de dividir la esperanza de vida a los 65 años en 2014 y en 2015 (20,27 entre 20,34). Con las proyecciones actuales, el coeficiente sería de 0,9381 en 2024 y de 0,8832 en 2034, lo que equivale a rebajas en la pensión inicial del 6% y del 12%, respectivamente.
Pero la fórmula complicada es la de actualización de las pensiones, la que afectará a pensionistas actuales y futuros. En lugar del IPC, se aplicaría una fórmula en la que la clave son los ingresos y los gastos del sistema. Primero se dividiría el crecimiento (en tanto por uno) de las cotizaciones previsto (1+g*l,t) entre el producto del crecimiento del número de pensiones previsto (1+g*P’t) por el incremento previsto en la pensión media (1+g*pms’t) por el efecto sustitución. Para entenderlo, por ejemplo, si se espera que las cotizaciones caigan un 1%, que la pensión media crezca un 2% y que el número de pensiones crezca un 1%, la fórmula sería (0,99/(1,02*1,01))=0,961. En estos tiempos en que las cotizaciones caen por la pérdida de empleo, mientras que el número de pensiones y la pensión media sube, la fórmula daría menos de 1.
Ese coeficiente a su vez, se multiplica por un cociente entre ingresos y gastos (I/G) del sistema, con un exponente (alfa) entre 0 y 1 que marca el ritmo al que se quiera cubrir el desajuste o, en caso de superávit, la parte que se destina a mejorar pensiones y lo que va al fondo de reserva.
La fórmula se complica porque la idea es aplicar esos factores no con el dato de un solo año, sino como una media móvil aritmética (*) o geométrica (’) de modo que incluya los años más recientes y las previsiones para los próximos, para tratar de desvincularlo del ciclo económico. Pero tras cinco años de crisis y con unas perspectivas de débil recuperación, a la espera de precisar algunos parámetros, la aplicación de esta fórmula daría muy probablemente una rebaja de las pensiones durante varios años. Si se quieren evitar rebajas nominales, habría probablemente varios años de congelación, lo que supone una rebaja en términos reales.
En la fórmula de los expertos, el IPC ni está ni se le espera, salvo como techo en tiempos de bonanza. Por eso, esta fórmula sería una revolución. Las pensiones dejarían definitivamente de tener garantizado su poder adquisitivo.
Y PARA MAS INRI:
El Gobierno retirará el subsidio de paro a los mayores de 61 años y les obligará a jubilarse anticipadamente
Esta medida supondrá un recorte de entre el 18% y el 22% de su pensión futura, denuncia el sindicato CCOO
EFE, Madrid.
CCOO denuncia que el Gobierno ha dado instrucciones para que los nuevos demandantes del subsidio por desempleo para mayores de 55 años sean obligados a jubilarse anticipadamente a los 61 años, lo que les supondrá un recorte de entre el 18% y el 22% de su pensión futura.
En una nota de prensa, CCOO afirma que ayer el Gobierno, a través del Servicio Público de Empleo Estatal, envió unas directrices por las cuales desde el próximo lunes a quienes soliciten la ayuda para mayores de 55 años se les comunicará que deberán jubilarse anticipadamente y de forma obligatoria a los 61 años.
Según CCOO, a la persona que, a partir del lunes, se le apruebe la percepción del subsidio se le informará de que su edad de jubilación será la primera posible, "es decir los 61 años".
La aplicación de esta medida supone que se puede perder sobre la futura pensión de jubilación una cantidad que varía entre el 18% y el 22% basándose en si es un despido colectivo o por causas objetivas, de acuerdo con los cálculos de CCOO.
El sindicato que lidera Ignacio Fernández Toxo alerta de que a esa reducción hay que sumar el "recorte" que ya se ha producido con la modificación de la base de cotización incluida en el subsidio, que se ha visto reducida del 125% de la base mínima (941 euros) al 100% de la base mínima (753 euros).
Además, se pasa a tener en cuenta las rentas de la unidad familiar, lo que conlleva que una pareja en la que uno de los miembros cobre 968 euros y el otro esté en situación de desempleo no podrá acceder al subsidio para mayores de 55 años y por tanto también perderá las cotizaciones para la posterior pensión de jubilación.
Por ello CCOO considera que, "una vez más, haciendo valer la máxima de 'en caso de duda, se deniega', se decide sin criterio en contra de los parados"
El "único objetivo" que ve el sindicato en esta decisión es reducir el presupuesto del Estado en materia de prestaciones, sin tener en consideración las necesidades de las personas.
"Con estas medidas se castiga a las familias de rentas más bajas y se dejan desprotegidas a miles de personas que han perdido su empleo a lo largo de la crisis, justo en la última etapa de su vida profesional y cuando más difícil resulta encontrar un puesto de trabajo", resalta el sindicato.
VER DOS ULTIMAS NOTICIAS ANTERIORES DIRECTAMENTE RELACIONADAS:
Datos de pensiones y alguna que otra propuesta coyuntural… (23 DE MAYO DE 2013)
0 comentarios