Al final sólo hubo una honrosa excepción y no es la del experto puesto por CC.OO
Los expertos aprueban el informe sobre pensiones con un único voto en contra
Los sabios ponen a España a la cabeza de Europa en los ajustes de pensiones
La anterior reforma ya preveía uno de los mayores recortes de gastos previstos del continente
Foto: La ministra de Empleo, Fátima Báñez (se la ve que no cabe en sí de gozo), durante el acto en el que el comité de expertos ha hecho público el informe sobre sostenibilidad de las pensiones
Manuel V. Gómez, Madrid, en El País.
España tendrá lista antes de que acabe el año su segunda reforma profunda del sistema de pensiones durante la crisis. Si el Gobierno, el Pacto de Toledo y los agentes sociales se atienen a los dictados del informe de expertos presentado el pasado viernes, España tendrá “un factor de sostenibilidad de tercera generación que va más allá de cualquier país europeo”. Así lo definió Rafael Doménech, uno de los componentes del grupo que ha elaborado el informe que propone una definición del factor de sostenibilidad basada en un doble mecanismo de ahorro: uno que desliga la evolución de las pensiones del IPC y las vincula a la salud de las cuentas de la Seguridad Social y otro que calcula la cuantía de la pensión inicial de acuerdo a la esperanza de vida.
España se enfrenta a un problema muy serio en las próximas décadas. La jubilación de la generación del baby boom, los nacidos entre 1958 y 1978, elevará de nueve millones a 15 millones el número de pensionistas. Para afrontar el problema ya se hizo una reforma hace dos años. Según el informe de envejecimiento de la Unión Europea de 2012 (Ageing Report), aquellos cambios provocaron una de las mayores reducciones de gasto previsto en pensiones en Europa junto con Grecia, Luxemburgo y Letonia.
Pero las últimas previsiones demográficas, de 2012, y sobre todo la recaída en la recesión después de 2011 han redoblado el reto y acelerado la llegada del factor de sostenibilidad, previsto en 2027 y que tenía que aplicarse por primera vez en 2032. Nueve de los 10 expertos que han suscrito la propuesta se ha inclinado por que entre en vigor cuanto antes, esto es 2014, y eso supone añadir ya más vías de reducción y ajuste sobre los pensionistas.
El 1 de enero de este año comenzó a retrasarse progresivamente la edad de jubilación que irá de 65 a 67 años en 2027; desde esa fecha también se está aumentando el tiempo necesario para cobrar toda la pensión (hoy en 35 años y seis meses que llegará a 37 años en el futuro); y paralelamente sube el número de años para calcular la cuantía de la pensión de 15 años a 25 en 2022. A estos recortes en marcha habría que sumar ahora otros dos, si nada cambia en el trámite parlamentario: la reducción de las pensiones futuras en función del incremento de la esperanza de vida y la actualización anual de la prestación según la salud de las cuentas de la Seguridad Social a través de una fórmula que, de no mediar ingresos extraordinarios en el sistema, puede traducirse en una pérdida de poder adquisitivo de las pensiones actuales y, sobre todo, futuras.
Cuesta encontrar un país en Europa que esté aplicando tantos mecanismos de ahorro a la vez, empezando por el retraso de la edad de jubilación a los 67 años, que, como en alguna ocasión ha recordado el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, se hace en uno de los periodos más cortos de Europa (Alemania llegará a los 67 años en 2029 y Austria, a los 65 años en 2033).
Suecia sí que ha ido más lejos que España. No obstante, el caso de este país escandinavo es muy distinto al español, no solo por tener un amplio Estado de Bienestar, sino porque el cambio llegó 1994 y supuso un vuelco en su sistema de pensiones y adoptó uno, llamado de cuentas nocionales, en el que las prestaciones recibidas equivalen exactamente a las cotizaciones más el cálculo de la rentabilidad ficticia supuestamente obtenida por ese dinero.
En el propio informe de los expertos hay un anexo en el que se recogen varios países que ya están aplicando factores de sostenibilidad. Además de Suecia, hablan de Alemania, donde el factor se aplica sobre la revalorización anual, calculada sobre una ratio entre cotizantes y jubilados, lo que se ha traducido en los últimos años pérdidas de poder adquisitivo.
En Grecia, por su parte, el factor de sostenibilidad traerá retrasar la edad de jubilación según la esperanza de vida desde 2021 y, aunque se prevé que se retrase hasta los 69 años y cuatro meses en 2060, actualizará las pensiones según el IPC. Otro de los países rescatados, Portugal, también ha aplicado un importante ajuste a sus pensiones. El país vecino, como España, ajustará la pensión incial de acuerdo a la esperanza de vida, aunque su edad de jubilación se mantendrá en los 65 años.
Entre los países periféricos sí que hay uno que ha ido muy lejos: Italia, donde se ha adoptado un modelo similar al sueco. No obstante, Italia ya gastaba en 2010 en pensiones más del 15% de su PIB, según el Ageing Report 2012, más de cinco puntos por encima de lo invertido entonces por España.
Hipotecar las pensiones futuras para pagar
Amanda Mars
¿Cómo asegurar que se pagan las pensiones cuando cada vez hay menos cotizantes por jubilados, cuando toda una generación de baby boom va a retirarse en los próximos años? Hoy hay 2,3 activos por cada pensionista —son solo 1,9, si se excluye a los seis millones de parados— y este ratio no deja de encogerse, así que el informe de los expertos abre la posibilidad de que, si incluso el Fondo de Reserva de la Seguridad Social se agota, el Tesoro Público emita deuda con los ingresos futuros como garantía. Es decir, que si vienen mal dadas, se pueda obtener dinero prestado para pagar hoy dejando las cotizaciones futuras como prenda.
El Fondo de Reserva de la Seguridad Social es una suerte de hucha de la que el Estado echa mano para pagar las pensiones cuando los ingresos presupuestarios de cada año no dan más de sí. El Gobierno de Mariano Rajoy ya tuvo que recurrir a ello el año pasado en dos ocasiones. Este colchón cerró el ejercicio 2012 en un total unos 63.000 millones de euros. El 97% de los activos están invertidos en títulos de deuda pública española.
El documento elaborado por la docena de expertos señala que “en el hipotético caso de que el Fondo de Reserva no bastara para completar la financiación de las pensiones durante las recesiones, es importante destacar que el sistema se financiaría al emitir el Tesoro títulos de deuda con la garantía de los ingresos futuros”.
Por el contrario, en los periodos de expansión económica “los ingresos extraordinarios del sistema producirían superávits transitorios que se utilizarían, en su caso, para pagar la deuda que pudiera haberse acumulado, y el sobrante se añadiría al Fondo de Reserva”. El año pasado el Fondo generó cerca de 3.000 millones de euros por los rendimientos netos de sus inversiones.
El Gobierno no descarta volver a echar mano de la hucha. Porque cinco años de crisis han hecho mella en la tesorería de la Seguridad Social. El sistema acabó su último ejercicio con un déficit —la diferencia entre las cotizaciones y el gasto— en más de 10.000 millones de euros, con los cálculos de Hacienda, el desfase más alto desde 1999, cuando el sistema dejó de ocuparse de los servicios sanitarios.
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