Empobrecimiento de las pensiones: el Gobierno quiere que la reforma esté lista ya en 2014 y eso implica que antes de que acabe este mes tendrán listo el primer borrador
Los pensionistas tardarán cinco años en recuperar el poder adquisitivo perdido en un año malo
Hay más distancia entre la subida mínima del 0,25% y la inflación prevista que el margen permitido sobre el IPC cuando la economía vaya bien
09.09.13 - AMPARO ESTRADA | MADRID, en El Comercio.
El Gobierno aprobará a finales de mes un proyecto de ley para desvincular del IPC la revalorización de las pensiones. Esta semana presentó su fórmula para hacerlo por la que subirán sólo un 0,25% en los años malos, mientras que en los ejercicios mejores se incrementarían, como máximo, el IPC más 0,25 puntos porcentuales. El nuevo indicador se aplicará ya en 2014, por lo que el próximo año las pensiones perderán poder adquisitivo porque ninguno de los elementos que componen la nueva fórmula tiene una evolución positiva. No obstante, el Ejecutivo argumenta que lo que se pierda en un año se podrá recuperar después. ¿Va a ser realmente así?
La distancia que hay desde la subida mínima (0,25%) hasta la previsión de inflación del Gobierno para el próximo año (1,5%) supone una pérdida de poder adquisitivo de 1,25 puntos porcentuales. Como sólo se puede lograr una ganancia de poder adquisitivo del 0,25% por año -si el déficit está controlado y los ingresos del sistema lo permiten-, eso significa que se tardarán cinco años en recuperar la pérdida sufrida en un solo ejercicio. Y para ello tiene que haber cinco años económicamente excelentes.
«En cualquier escenario razonable, la fórmula del Gobierno genera una pérdida de poder adquisitivo», señala Carlos Bravo, secretario confederal de Protección Social y Políticas Públicas.
El Pacto de Toledo acepta que haya otros índices de revalorización distintos al IPC para las pensiones. Puede ser la evolución del PIB, un combinado de PIB e inflación, o el índice de revalorización salarial, entre otros. El indicador propuesto por el Gobierno incluye los ingresos y gastos del sistema, el número de pensionistas-, el gap entre la pensión media de los que se incorporan y la prestación de los que fallecen... Y todos van mal.
La Seguridad Social lleva registrando déficit desde hace cuatro años y en este ejercicio registrará el más alto de su historia (14.000 millones). Desde 2010, los ingresos por cotizaciones sociales no cubren el gasto en prestaciones debido a la caída de afiliados a la Seguridad Social y al aumento de pensionistas. Los periodos de crisis suelen acelerar la incorporación de pensionistas a través de las prejubilaciones y ante la imposibilidad de encontrar trabajo. En los últimos cinco años (desde 2008) se han incorporado 2.686.773 nuevos pensionistas, un 14% más que en los cinco años anteriores y esto se acelerará cuando empiecen a jubilarse los nacidos en el 'baby boom'. Al mismo tiempo, con la crisis se han perdido tres millones de afiliados ocupados a la Seguridad Social. Ahora hay menos de dos afiliados ocupados por cada pensionista, la tasa que se considera mínima para el equilibrio.
Otro elemento que incorpora el Gobierno es el 'efecto sustitución', que mide la diferencia entre la cuantía de las nuevas pensiones que se incorporan al sistema con la de las pensiones que se dejan de pagar porque ha fallecido el jubilado. Los nuevos llegan con salarios y cotizaciones más altas y, por lo tanto, les corresponden pensiones más altas. El 'gap' entre las nuevas y las que desaparecen se ha agrandado en los últimos años: en 2012 la pensión media con la que se incorporaron los nuevos jubilados fue de 1.251 euros al mes mientras que la pensión media de los jubilados fallecidos se situó en 898 euros mensuales. Es decir, que a la Seguridad Social le costó, de media, 353 euros más al mes cada jubilado nuevo. Y ese gap se acumula año a año.
Dos euros más al mes
Por lo tanto, la subida de las pensiones el año que viene estará cerca del suelo fijado. ¿Cuánto supondrá esto para un pensionista medio? Como la pensión media en agosto se situó en 858 euros mensuales, un aumento del 0,25% supondría sólo dos euros más al mes, 28 euros más al año (los pensionistas reciben 14 pagas). Si se actualizara con la inflación prevista (1,5% según la previsión actual), un pensionista medio ganaría 13 euros más al mes 180 euros más al año.
Según Santos Ruesga, uno de los miembros del Comité de Expertos, el más crítico y que no apoyó la propuesta del factor de sostenibilidad, en un horizonte de cuatro o cinco años la revalorización de las pensiones que resulte de la nueva fórmula apenas cubrirá la tercera parte de la inflación. «Es muy difícil que lo que pierdes durante la época de crisis lo vayas a recuperar en las épocas de bonanza».
Tomando la hipótesis de una inflación del 2% el año que viene, si las pensiones suben sólo el mínimo se necesitarían siete años de subidas máximas para poder recuperar lo perdido. Aún así, el Gobierno insiste en que se logrará el equilibrio a lo largo de toda la vida del pensionista al tiempo que se consigue un sistema «sostenible».
La fórmula propuesta por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social como factor de revalorización de las pensiones coincide con la que planteó el comité de expertos, igual que el factor de sostenibilidad ligado a la esperanza de vida. La pensión con la que se incorpore un jubilado al sistema disminuirá en la misma proporción en que aumente la esperanza de vida a los 67 años. Esta segunda reforma se aplicará a partir de 2019, según apuntó la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, y se calculará por quinquenios.
Eso supondrá que si la esperanza de vida aumenta un 3% se le descontará ese porcentaje de la pensión inicial que le fuera a corresponder. Por ejemplo, al que se fuera a jubilar con 1.000 euros al mes, le quedaría una pensión inicial de 970 euros (perdería 420 euros al año). Una disminución que se arrastraría durante todo el retiro porque las sucesivas revalorizaciones anuales se palicarían sobre la pensión ya rebajada y no es lo mismo subir un 1% sobre 1.000 euros que sobre 970.
La esperanza de vida media actualmente a los 65 años es de 22 años. Aunque la esperanza de vida es de 82 años en las mujeres y de 79-80 en los hombres, como media nacional, para los mayores de 65 años la esperanza de vida llega a los 87 años dado que la media va subiendo a medida que tienes más años porque ya no tiene efecto estadístico la muerte de personas más jóvenes.
La pérdida de poder adquisitivo obstaculiza el pacto de pensiones
Sindicatos y oposición denuncian que la reforma erosiona las jubilaciones
Manuel V. Gómez, en El País.
“La reforma de las pensiones es el debate social más importante que tiene planteado la sociedad española”, ha declarado con solemnidad la ministra de Empleo, Fátima Báñez, “estamos trabajando para lograr el mayor consenso posible”. Pero este objetivo corre un serio riesgo. La propuesta que Báñez presentó el lunes a sindicatos y empresarios, sin otras medidas, acarrea pérdidas de poder adquisitivo para todos los pensionistas —presentes y futuros— al menos en los primeros años de vigencia, salvo que las previsiones económicas no acierten o crezcan mucho los ingresos de la Seguridad Social. “No era necesario poner sobre la mesa la fórmula de revalorización anual, dificulta mucho el acuerdo”, analiza Carlos Bravo, responsable de pensiones de CC OO.
Este sindicalista se refiere a la primera parte de la propuesta de reforma del Gobierno: los cambios en la forma en que se actualizarán las pensiones, que dejarán de estar ligadas —al menos legalmente— a los precios ya desde 2014 y, en consecuencia, afectará tanto a pensionistas presentes como futuros. Su opinión es compartida por su homóloga de UGT, Carmen López, y por la mayor parte de grupos políticos: llegar a un pacto con un calendario apretado es muy difícil si hay que redefinir la fórmula de actualización anual de las pensiones. “La Constitución obliga a mirar siempre al poder adquisitivo. El modelo actual es válido”, defiende Valeriano Gómez, del PSOE, pese a que en 2011 y 2012 se suspendió y las pensiones se devaluaron. “Solo dos veces en 20 años”, justifica.
Quien no ve ninguna posibilidad para el pacto es Joan Coscubiera, portavoz de Izquierda Plural. “Impugnamos que sea necesaria esta reforma. Los problemas tienen que ver con el mercado laboral. La propuesta de actualización anual es un fraude”.
Para cambiar la fórmula vigente, Báñez ha planteado una ecuación que se basa en la salud de las cuentas de la Seguridad Social. Parte del informe que una docena de expertos elaboraron en primavera, que también ligaba la pensión inicial del jubilado a la esperanza de vida en el momento del retiro, pero le pone límites: el incremento nunca podrá ser menor del 0,25% ni mayor del 0,25% más el IPC. “Es evidente que el sistema actual crea desajustes. Proponemos un modelo a largo plazo, y ahí sí que se garantiza el poder adquisitivo”, defiende el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos.
Pero estudiosos del sistema de pensiones, oposición y sindicatos discrepan de las palabras de Burgos. “Claro que con esa fórmula se pierde poder adquisitivo”, defiende Javier Díaz-Giménez, profesor del IESE y partidario de una reforma sustancial del sistema. Como él piensan todos de expertos consultados para este artículo, incluso entre los que integraron la comisión de expertos a los que el Gobierno encargó la redacción del informe. Los hay que incluso, teniendo presentes las perspectivas económicas para España, apuntan que en los próximos siete u ocho años, la subida de pensiones quedará siempre en el 0,25% y, en cambio, los precios subirán bastante más.
“Sí, claro que hay pérdida de poder adquisitivo. Y la subida en años buenos del 0,25%, no es suficiente para compensar los años malos”, analiza López, de UGT, quien define la propuesta oficial como desequilibrada.
“Esta propuesta nos genera rechazo y preocupación”, explica el portavoz de UPyD, Álvaro Anchuelo, “esta actualización anual genera injusticia a largo plazo”. También CiU sitúa el listón en este punto. “Se tiene que garantizar el poder adquisitivo. Hay que buscar opciones alternativas en los ingresos”, demanda Carles Campuzano, que apunta a cambios en viudedad.
Para evitar la devaluación de las pensiones, las dos centrales mayoritarias preparan estos días alternativas que aumenten los ingresos de la Seguridad Social. Quieren equilibrar la ecuación basada en la salud de las cuentas del instituto público, ahora en números rojos y que no cambiará de no mediar un giro radical —e inesperado— en el mercado laboral, y prolongar la vida del Fondo de Reserva, cuyos recursos se están gastando ahora para pagar las pensiones actuales. El objetivo lo define Bravo: “Podemos discutir si medimos el poder adquisitivo con el IPC, los salarios o el PIB. Pero lo que está claro es que cuando un pensionista muera no puede tener un poder de compra menor que cuando se retiró”.
“El problema está en que hacen falta ingresos y todo lo que no sea reconocer eso, es no querer afrontar el problema”, explica Felipe Serrano, de la Universidad del País Vasco. Algo similar venía a decir aquel informe primaveral, que abría la puerta a la aportación de recursos adicionales al sistema de pensiones y que contenía una fórmula de actualización anual de las pensiones a la que Empleo ha puesto suelo y techo porque daba “lugar a grandes oscilaciones”, explica Burgos y corroboran varios expertos que han realizado simulaciones con años pasados (se dan incrementos cercanos al 6% en años buenos y caídas en torno al 5% en los malos).
“Estamos dispuestos a escuchar propuestas en esa dirección”, explica Burgos, que señala que podrían aumentar las bases máximas de cotización. En cambio, cierra la puerta a cambios en la otra parte de la propuesta, la que liga la prestación inicial a la esperanza de vida. El PSOE, en cambio, pide cambios en este punto: “La esperanza de vida no tiene por qué afectar solo a la pensión, también puede afectar a la edad o el número de años necesarios para calcular la pensión”.
Un formato de negociación diferente
Las conversaciones entre Gobierno y sindicatos para pactar esta reforma de pensiones van a correr de forma paralela a su tramitación parlamentaria, algo muy diferente de lo que sucedió en 2011, cuando se acordó el retraso de la edad legal de jubilación a los 67 años. “Esta vez no se va a hablar de una reforma integral de la Ley General de Seguridad Social, como entonces”, justifica el secretario de Estado, Tomás Burgos, “esta vez es un desarrollo de la reforma de 2011, nos parece un mecanismo adecuado, incluso podríamos entender que con el pacto de entonces teníamos cobertura”.
El Gobierno quiere que la reforma esté lista ya en 2014 y eso implica que antes de que acabe este mes debe estar listo el primer borrador para enviarlo al Consejo Económico y Social, y poco después el proyecto de ley. A tenor del calado de los cambios previstos, estos plazos se antojan insuficientes para alcanzar cualquier tipo de pacto con sindicatos y oposición y, por tanto, las negociaciones tendrán que continuar durante la tramitación parlamentaria si, como ratifica Burgos, el Ejecutivo quiere una reforma pactada.
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