Está claro: el modelo de Estado del PP no es el que figura en nuestra Carta Magna pero a ellos la Constitución les da igual.
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El Principado ve «chantaje» y un «afán recentralizador» en el nuevo plan de Rajoy
El Gobierno central calcula que la reforma de las administraciones permitiría un ahorro de 37.700 millones hasta el año 2015
22.06.2013, Oviedo / Madrid, J. A. ARDURA / Agencias, en La Nueva España.
Al tercer día el Principado rompió su silencio sobre el plan del Gobierno de Mariano Rajoy para reformar las administraciones. El portavoz del Ejecutivo asturiano, Guillermo Martínez, cargó contra el «afán recentralizador» de las propuestas del Ejecutivo central y no vaciló en calificar como un «chantaje económico» que el Ministerio de Hacienda anuncie ventajas a la hora de fijar el techo de déficit a las autonomías que cumplan a rajatabla sus «recomendaciones» sobre la eliminación de duplicidades y la supresión de entidades públicas. Entre tanto, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el titular de la cartera de Hacienda cifraban el ahorro que supondrá la aplicación de las 217 medidas de reforma en 37.700 millones hasta el año 2015.
El Gobierno asturiano eludió pronunciarse tras la primera declaración de intenciones de Rajoy, pese a que la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, había acudido a la convocatoria del palacio de la Moncloa. Tampoco valoró las medidas conocidas en dosis a lo largo del jueves, tras una nueva comparecencia de tres ministros (Soraya Sáenz de Santamaría, Cristóbal Montoro y José Manuel Soria) a la que asistió el viceconsejero asturiano Álvaro Álvarez. El pretexto del desconocimiento del informe íntegro de la comisión para la reforma de las administraciones (CORA) caducó al mediodía de ayer, cuando el portavoz del Ejecutivo regional, Guillermo Martínez, reveló un rechazo frontal al plan del Gobierno de Rajoy, tanto en la forma como en el fondo, tras advertir que el Principado no está en contra de la racionalización de las diferentes administraciones.
El consejero de Presidencia dejó a un lado el guión de la lealtad institucional para emplear términos mucho más gruesos de los que suelen poblar su libro de estilo, tras mantener una breve conversación con el presidente, Javier Fernández, en el despacho que el Ejecutivo regional tiene en el pasillo del hemiciclo. «El Gobierno central no se entera de qué significa la autonomía política de una comunidad, ni del modelo de Estado», replicó Guillermo Martínez. «El Estado tiene la competencia de fijar un techo de déficit, pero lo que no puede hacer es decir la manera en la que tenemos que llegar a ese límite. Y si lo hace, incurre en un chantaje a las autonomías, un ataque y una injerencia intolerables a la autonomía política», sostuvo el portavoz del Gobierno regional, que puso en tela de juicio «el afán recentralizador» de buena parte de las medidas propuestas por el Gabinete de Rajoy a las autonomías. Y hasta ahí podía decir ayer el portavoz del Ejecutivo asturiano, ante la puerta abierta a un posible acuerdo de mínimos sobre esa reforma por el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, y a la espera todavía de conocer el documento del CORA, que recibirán todas las autonomías en la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que tendrá lugar el próximo miércoles, según confirmó ayer Cristóbal Montoro.
El titular de la cartera de Hacienda reveló la estimación de ahorro que supondría la aplicación de las 217 medidas incluidas en este plan de reformas de las administraciones: 37.700 millones de euros hasta 2015. Más de la mitad de esa cifra procede de las medidas estructurales sobre el empleo público, como, por ejemplo, la no reposición de los funcionarios jubilados. La ensalada de cifras con la que el Gobierno central aderezó ayer esta reforma incluye tres ingredientes más: el Estado ahorra en sus Presupuestos 17.500 millones, entre 2011 y 2015, y los ciudadanos se ahorrarán otros 16.300 millones en ese mismo plazo, según afirmó Sáenz de Santamaría.
Ese ahorro saldría de la racionalización de las estructuras administrativas, de las medidas sobre el empleo público, en las que, según Montoro, «ya se ha hecho al ajuste más duro», y de la reforma local, aún por desarrollarse. De hecho, el ministro de Hacienda tiene previsto reunirse el próximo miércoles con los representantes de los ayuntamientos y las entidades locales en la Conferencia nacional de Administración Local. «Queremos instaurar una nueva filosofía de cooperación entre administraciones, compartir información y servicios que permitan una mejor planificación», planteó la portavoz tras el Consejo de Ministros que dio luz verde a ese conjunto de propuestas.
El Gobierno autonómico más rotundo contra el nuevo plan ha sido el catalán. «La Generalitat jamás aplicará la reforma administrativa del Gobierno», advirtió el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, mientras que Esquerra Republicana habló de «golpe de Estado» contra el autogobierno. Un discurso diametralmente opuesto al de UPyD, cuyo portavoz adjunto en el Congreso, Carlos Martínez Gorriarán, juzgó de «muy poco ambiciosa» la reforma planteada por el PP.
El Principado: «El Gobierno no se entera de lo que significa la autonomía»
22.06.13 - J. A. G. | OVIEDO, en El Comercio.
48 horas. Ese es el plazo que concedió el Principado antes de hacer un pronunciamiento sobre la reforma de las administraciones públicas planteada por el Gobierno de Rajoy y cuyo contenido fue ayer detallado, tras el Consejo de Ministros. Más que el objetivo que persigue la reestructuración de las administraciones, al Principado lo que le parece un error es que se intente por parte del Ministerio de Hacienda supeditar el margen de déficit que tengan las comunidades al grado de cumplimiento de las medidas incluidas en la reforma.
«El Gobierno de España parece que no se entera de lo que significa la autonomía política de una comunidad», aseguró el portavoz del Ejecutivo asturiano, Guillermo Martínez, que se mostró tajante a la hora de establecer diferencias entre la potestad que tiene el Ministerio de Hacienda para situar el lístón del déficit y el hecho de hacer recomendaciones de cómo cumplir con ese límite. «Si lo intenta -advierte- está realizando un chantaje económico a las comunidades y eso no es más que una injerencia intolerable a nuestra autonomía política». Martínez dejó claro que Asturias no está en contra de la «racionalización» de las estructuras administrativas y esgrimió algunas de iniciativas adoptadas desde el Gobierno regional en la búsqueda del mismo fin.
Desde el Principado tienen claro que el Estado no puede «invadir» competencias cuya titularidad es de las autonomías, y avisa de que el mero intento constata un «desconocimiento total» del ordenamiento jurídico. Existe también la posibilidad, y así lo expuso el portavoz del Ejecutivo, de que el Gobierno central tenga probablemente una «intención recentralizadora», aunque evitó ahondar en ese planteamiento.
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