La mayor trama de corrupción destapada en Asturias
El juez Sorando concluye la instrucción del ’caso Renedo’
Foto: A la derecha el juez Sorando.
RTPA
El juez Ángel Sorando, que instruye el denominado ’caso Renedo’, la presunta trama de corrupción en la adjudicación de contratos en el Principado, la Universidad y varios ayuntamientos, ha procesado a 29 de los 43 imputados y ha sobreseído la causa abierta contra otros 14.
En un auto dictado el pasado viernes, Sorando señala la comisión de posibles delitos de cohecho, estafa agravada y fraude de fondos públicos, exacciones ilegales, tráfico de influencias, falsificación, negociaciones prohibidas a funcionarios, malversación y prevaricación administrativa por parte de los procesados.
En su resolución, contra la que cabe recurso de reforma y subsidiario de apelación, el juez cita a declarar de nuevo a los 29 procesados los días 19 y 20 de septiembre.
El juez asegura tener indicios suficientes de que Marta Renedo, abusando de su cargo de jefa de Servicio en la consejería de administraciones publicas y previo concierto con el representante de Igrafo, dispensaba de forma habitual y sistemática desde hace años un trato de favor a la misma, haciendo gestiones para que se les adjudicaran contratos. Esto lo hacía, según él, a cambio de recibir importantes sumas de dinero.
De María Jesús Otero, el magistrado asegura que abusando de su cargo de directora general de planificación de la consejería de educación y con la afluencia del consejero dispensaba de forma habitual y sistemática, desde hace años, un trato de favor a Igrafo y Alamacenes Pumarín, haciendo gestiones para que se les adjudicaran continuamente obras y servicios publicos. A cambio, ella recibía importantes sumas de dinero.
Al ex consejero Iglesias Riopedre, Sorando le atribuye el haber dispensado un trato de favor habitual y sistemático a las mismas empresas haciendo gestiones para que les adjudicasen obras y servicios públicos. A cambio, el exconsejero recibía favores como viajes y gastos de hotel o pagos de la empresa de su hijo.
Los propietarios de Almacenes Pumarín, Alfonso Sánchez, y de Igrafo, Víctor Manuel, son responsables, a juicio del juez, de haber hecho regalos y favores a funcionarios y cargos públicos a cambio de recibir un trato de favor en la adjudicación de contratos publicos.
También les acusa de haber facturado y cobrado suministros y servicios que en todo, o en parte, no habían sido realmente servidos.
Entre los catorce imputados para los que el juez decreta el sobreseimiento provisional figura la exconsejera de Cultura, Ana Rosa Migoya.
El magistrado Ángel Sorando asegura que se ha demostrado que las órdenes de pago de facturas falsas que, supuestamente llevan su firma, son falsificiones, falsedades que atribuye a la exfuncionaria Marta Renedo.
Por ello, no cabe suponer que tuviera participación en los hechos, mayormente cuando denunció y ordenó que se investigaran, añade. Sorando añade que el hecho de que no supiera elegir a los mejores colaboradores no es un delito. En una primera valoración a TPA, Ana Rosa Migoya se ha declarado nerviosa y aliviada al mismo tiempo.
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