La carta de defunción del sistema de ayuda social entendida como un derecho

 

La FACC denuncia las indefiniciones del anteproyecto de reforma de la administración local

 

El anteproyecto de reforma de la administración local, que ayer (por el viernes) fue aprobaba en el consejo de Ministros, no ha gustado a la Federación Asturiana de Concejos.

Foto: Un luto apropiado por algo más que la tragedia de Galicia…

 

RTPA

Una reforma que abre la puerta a la privatización de los servicios sociales que hasta ahora venían cubriendo los ayuntamientos.

El presidente de la FACC, Ignacio García Palacios, denuncia las indefiniciones del texto y asegura que muchas propuestas no son más que un maquillaje para sortear las críticas del consejo de Estado.

La federación asturiana de concejos también considera grave el impulso que se da en el texto a las diputaciones provinciales frente al papel de los ayuntamientos.

Si bien, Ignacio García Palacios ve positiva la apuesta por los consorcios como mecanismo para compartir gastos. Según él ahora queda analizar un texto ambiguo en muchos aspectos pero ante el que los ayuntamientos deben responder con una sola voz.

 

Movilizaciones

Por otro lado, las entidades locales menores han anunciado un cierre patronal parcial de sus ayuntamientos tras la reforma de la administración local aprobada por el consejo de ministros.

Dicen que en el texto no se garantiza ni su viabilidad ni su desarrollo y plantean que la ley puede ser la puntilla al mundo rural.

Por el momento ya se han anunciado movilizaciones y para el próximo día 27 ya hay convocada una manifestación en Madrid.

La reforma de régimen local deja en el aire 70.800 empleos sociales

Unas autonomías sin recursos tendrán que asumir servicios municipales de ayuda a domicilio Peligran 2,6 millones de prestaciones

Jaime Prats, Valencia, en El País.

Ese tránsito de titularidad se producirá en un momento económico especialmente delicado para las comunidades autónomas, que ya han visto reducidos sus recursos para servicios sociales, así que difícilmente podrán encargarse de otros. Además, se desconoce cuáles asumirán finalmente las autonomías, que tendrán que hacerse cargo del coste de las prestaciones en plena asfixia financiera, y cuáles decidirán cerrar o privatizar. A esta incertidumbre no ayuda que el recorte en el gasto público sea uno de los principios que han inspirado la nueva ley.

“Las consecuencias no pueden ser más graves”, advierte José Manuel Ramírez, de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que teme “el abandono de las personas y familias más afectadas por la crisis, en unos momentos de auténtica emergencia ciudadana” por un posible retroceso en las prestaciones. La asociación apunta que entre los distintos planes de asistencia municipal (que suponen 1.000 millones de euros al año, según los datos del Plan Concertado) y los 800 millones que cuestan las residencias de ámbito local, hay 1.800 millones de euros destinados a servicios sociales bajo la amenaza de la tijera.

Ese tránsito de titularidad se producirá en un momento económico especialmente delicado para las comunidades autónomas, que ya han visto reducidos sus recursos para servicios sociales, así que difícilmente podrán encargarse de otros. Además, se desconoce cuáles asumirán finalmente las autonomías, que tendrán que hacerse cargo del coste de las prestaciones en plena asfixia financiera, y cuáles decidirán cerrar o privatizar. A esta incertidumbre no ayuda que el recorte en el gasto público sea uno de los principios que han inspirado la nueva ley.

La última versión de la Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, con fecha de 15 de julio, elimina la responsabilidad de la prestación de servicios sociales a los municipios, más allá de los estrechos márgenes de la “evaluación e información de situaciones de necesidad y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social”. Es decir, a poco más que una ventanilla de derivación. Aunque se deja la puerta abierta a delegar los servicios sociales a los municipios a criterio de la comunidad autónoma.

Se trata, con todo ello, de “evitar duplicidades administrativas” o “contribuir a los procesos de racionalización administrativa, generando un ahorro neto de recursos”, una terminología que casi siempre anuncia recortes. El ahorro vendría del cierre de servicios que ahora prestan Ayuntamientos y que las comunidades autónomas no consideraran necesarios.

La ley concede un año para transferir estas competencias. A partir de ese momento, la titularidad de los servicios sociales municipales “corresponde a las comunidades autónomas, que podrán establecer las medidas necesarias para la racionalización del servicio”. Es decir, la decisión de qué servicios mantener dependerá de unas autonomías obligadas a no rebasar el listón de déficit público establecido.

La nueva ley

Disposición transitoria segunda

1. Tras la entrada en vigor de la ley, la titularidad de las competencias que se veían como propias del municipio relativas a la prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social corresponderán a las autonomías, que podrán establecer las medidas que consideren necesarias para la racionalización del servicio.

2. En el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de la ley, y previa elaboración de un plan para la evaluación, reestructuración e implantación de los servicios, las comunidades autónomas, habrán de asumir la cobertura inmediata de dicha prestación.

5. Transcurrido un año sin que las autonomías hayan asumido el desarrollo de los servicios de su competencia o hayan acordado su delegación, los servicios seguirán prestándose por los municipios con cargo a la comunidad autónoma. Si no se transfirieran las cuantías precisas, se aplicarán retenciones en las transferencias [Estatales].

«Hasta aquí», dicen los trabajadores sociales

El Comercio.

El Colegio de Trabajo Social de Asturias ha puesto en marcha la campaña ’Hasta aquí’ para demostrar su rechazo frente a los recortes y los cambios legislativos que conllevará la aprobación de la reforma de la Administración Local. La idea es que cada trabajador social salga a las puertas de su centro y marque una línea naranja en señal de protesta. «Esta reforma contribuye a la desaparición del sistema y pone el peligro la subsistencia de millones de familias», aseguran.

El PSOE califica la reforma de “bodrio” e IU de “voladura controlada”

PSOE e IU han mostrado su oposición a la reforma local aprobada por el Gobierno porque abre la puerta a la privatización de los servicios que prestan los ayuntamientos a los ciudadanos.

nuevatribuna.es

El secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías, considera que la reforma de la administración local que ha aprobado el Gobierno este viernes es "un bodrio difícil de aplicar" porque, en su opinión, "no clarifica competencias, ni simplifica la estructura administrativa de las entidades locales, ni solventa sus problemas financieros".

Por todo ello, añadido a que el proyecto de ley "despoja directamente de competencias" a los pequeños ayuntamientos y "abre la puerta a la privatización" de sus servicios, el dirigente socialista ha exigido la "retirada inmediata" del texto y ha adelantado que el PSOE presentará una enmienda a la totalidad cuando la ley llegue al Congreso para su tramitación parlamentaria.

Según Zarrías, el proyecto de ley va a quitar competencias directamente a los municipios de menos de 20.000 habitantes, que son el "95 por ciento de los ayuntamientos del país" para que sean las diputaciones quienes presten determinados servicios o decidan la fórmula de gestión. Esto, ha augurado, "abre la puerta a su privatización" y convertirá a los ciudadanos en "los grandes perdedores" de esta reforma.

El responsable de Política Municipal del PSOE ha denunciado que el Gobierno haya adoptado "una solución más dura si cabe" a la que había apuntado en los borradores previos al proyecto de ley ahora aprobado, pues "ahora ya no se fija un coste estándar para, en caso de incumplimiento, quitar a estos ayuntamientos determinados servicios; ahora, directamente y desoyendo los mandatos constitucionales, se les sustraen competencias".

Pero además, ha criticado que esta ley "no soluciona nada" porque "no clarifica competencias, no evita duplicidades, ni simplifica la estructura administrativa de las entidades locales de nuestro país, como tampoco solventa en ningún caso los problemas financieros que tienen los ayuntamientos".

"Se trata simple y llanamente de un bodrio difícil de aplicar, que abre una puerta muy peligrosa a la privatización cuando no al desmantelamiento de los servicios, que provocará además la pérdida de miles de empleos públicos y en la que los ciudadanos serán los grandes perdedores, ya que con esta ley tendrán servicios más caros y menos eficientes", ha resumido.

Ante esta "chapuza", el dirigente socialista ha adelantado que el Grupo Socialista en el Congreso exigirá "la retirada inmediata" de una ley que, tal y como ha recordado, "ha nacido sin el consenso necesario que permita su aplicación". "De no ser así, el PSOE presentará una enmienda a la totalidad para intentar que esta ley no llegue a aplicarse en los ayuntamientos de nuestro país", ha sentenciado.

 

IU DICE QUE BUSCA CONVERTIR "DERECHOS EN NEGOCIOS"

Por su parte, el coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara, considera que la reforma de la administración local que ha aprobado este viernes el Consejo de Ministros es "una voladura controlada" del poder local que busca convertir "derechos en negocios".

En rueda de prensa en el Congreso, Lara ha criticado por "regresivo" el proyecto del Gobierno y ha apuntado que va "contra los ayuntamientos" y, por ende, supone un "recorte" de la democracia local que conlleva "más recentralización" y una rebaja de las competencias municipales.

A su juicio, el objetivo del Gobierno de Mariano Rajoy es  "privatizar" los servicios públicos de los ayuntamientos y concentrar los de los municipios de menos de 20.000 habitantes en las diputaciones provinciales, las instituciones "más opacas" de nuestro país. "Quieren una vez más convertir derechos en negocios para unos cuantos", ha resumido.

Lara ha subrayado que la propuesta del Gobierno no conseguirá que se siga destruyendo empleo público en los ayuntamientos y, en este punto, ha destacado que algunos ayuntamientos auguran que se podrían llegar a perder hasta 200.000 puestos de trabajo.

El líder de IU también ha censurado que el proyecto incluya un coste estándar para la prestación de los servicios municipales --por el que los ayuntamientos deberán publicar en un plazo máximo de tres meses el coste de todos sus servicios públicos--, con el único fin de "ampliar" la línea de privatización.