La lealtad institucional, que se intentó practicar desde Asturias, la hizo imposible el gobierno central
Asturias da la batalla en los tribunales
El Gobierno regional estudia, además, recusar al presidente del TC por su militancia en el PP, ante el riesgo de parcialidad en los litigios abiertos contra el Ejecutivo de Rajoy
El Principado mantiene varios frentes abiertos ante el Constitucional y sopesa formalizar nuevos recursos
Foto: Rajoy y nuestro presidente autonómico en la última reunión mantenida allá por octubre de 2012.
11.08.13 - JOSÉ ÁNGEL GARCÍA | OVIEDO, en El Comercio.
Desde que iniciara su andadura al frente del Principado, Javier Fernández ha tenido que escuchar, incluso en los últimos días, críticas por la supuesta tibieza con la que ha replicado a las decisiones adoptadas desde Moncloa y que, en más de una ocasión, han perjudicado los intereses de Asturias. Tanto sus socios en el Parlamento como Foro, desde la oposición, han pedido al presidente del Gobierno regional «más contundencia» a la hora de responder a lo que consideran «ataques» del Ejecutivo del PP.
Lo cierto es que la actitud del Gobierno de Fernández con Madrid no es la misma ahora que hace 15 meses, cuando arrancó la nueva legislatura. Tras un periodo inicial de tregua, en el que él mismo concedió un margen de confianza al Gabinete de Rajoy, al Principado ya no le duelen prendas en dar la batalla tanto política como judicialmente si consideran que algunas decisiones inciden de forma negativa en la región. Poco queda, por tanto, de aquel presidente que en sus primeras comparecencias como mandatario autonómico exponía la necesidad de tender puentes con el Gobierno central y hacia suyo el compromiso de «lealtad» institucional que demandaban desde Madrid. Sin embargo, los hechos han provocado un cambio en el discurso y en la práctica.
La cuerda comenzó a desgastarse en el momento en que Rajoy impuso fuertes ajustes en ámbitos tan sensibles como la educación o la sanidad. El Principado, tras un estudio previo de los servicios jurídicos, optó por seguir la misma senda que otras comunidades y llevar esta «invasión de competencias», según ellos, al Tribunal Constitucional para que dirimiera si el Estado tiene potestad para imponer recortes en ámbitos que gestionan las autonomías.
No consideró apropiado sin embargo presentar un recurso contra el recorte de los fondos mineros, que había dejado preparado Foro en las semanas previas a abandonar las responsabilidades de gobierno.
El Principado dio otro paso al frente a principios de este año. Después de impulsar la puesta en marcha de un gravamen a los bancos, con el que piensa obtener solo este año 30 millones de euros, el Gobierno de Rajoy movió ficha casi a renglón seguido, promoviendo la creación de un impuesto similar que, en principio, no iba a tener afán recaudatorio. El objetivo de Hacienda, según reconoció en aquel momento su titular, Cristóbal Montoro, era evitar que todas las comunidades pusieran en marcha su propio tributo. Esta decisión tuvo respuesta desde Asturias con la presentación de un recurso ante el Constitucional. El tribunal, si bien no ha entrado todavía en el fondo de la cuestión, concedió un primer triunfo al Principado cuando decretó levantar la suspensión que pesaba sobre el gravamen, permitiendo así que Asturias pueda empezar a recaudar a través de esa vía desde su puesta en funcionamiento, a finales de diciembre.
Paso al frente
No parece que la lista de litigios vaya a terminar ahí. El Principado amenaza con llevar ante el Constitucional dos nuevos asuntos en los que colisiona con el Ejecutivo central. El primero de ellos es la reforma local. Desde Asturias piensan que la propuesta aprobada por el Consejo de Ministros y que afecta a las administraciones públicas, sobre todo a los ayuntamientos y parroquias, representa una nueva «invasión de competencias». Si el texto actual sale adelante en el trámite de las Cortes, el Gabinete de Fernández sabe que tendrá que ejercer el papel de diputación, es decir, tendrá que asumir la gestión de competencias municipales en aquellos casos en los que los ayuntamientos se vean despojados de algunas atribuciones, al no poder desarrollarlas con el gasto preciso que establezca Hacienda.
En el ojo de huracán está igualmente el reparto asimétrico del déficit aprobado por el Ejecutivo central. Asturias ha salido perjudicada y solo podrá gastar 80 millones de euros más de los previstos en 2013. Además de votar en contra en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para expresar su rechazo, el Gobierno de Fernández estudia la posibilidad de llevar el tema ante el Constitucional. El resto de fuerzas del arco parlamentario, con la excepción del PP, le han pedido «valentía» para dar este paso contra la injusticia que, según los grupos, se ha cometido con Asturias al «castigarla» en la distribución del déficit después de haber mostrado las mejores cifras de todo el país. El Principado, de momento, sopesa las opciones antes de tomar una decisión definitiva que bien podría situarle como la única comunidad que llevará este asunto ante los tribunales.
Hace dos días, el portavoz del Gobierno, Guillermo Martínez, desvelaba los planes del Principado. En primer lugar formulará un requerimiento al Ministerio de Hacienda a través del cual insta a modificar la distribución del margen adicional de gasto que la UE concedió al conjunto del país y que favoreció a la Administración central en detrimento de las autonómicas. Si la respuesta, como se espera, es negativa, el Principado acudirá a los tribunales por la vía contenciosa-administrativa. De forma paralela y cumpliendo los plazos legales intentará tumbar el ’déficit a la carta’ que el Gobierno central ha impuesto a las comunidades. Para formalizar este recurso el Ejecutivo aguarda a que el Consejo de Ministros de luz ver oficialmente al reparto asimétrico. Consideran desde el Gabinete de Javier Fernández que hay «argumentos y materia suficiente» para litigar y no piensan acortar los tiempos a pesar de las críticas que han recibido desde algún partido de la oposición.
Recusación
En este escenario convulso hay otro elemento que está sobre la mesa y que puede tener mucha trascendencia. Se trata de la posible recusación del presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos. Consideran desde el Principado que su condición de militante del PP pone en tela de juicio su imparcialidad en litigios en los que debe dirimir entre el Gobierno de Rajoy y el presidido por Javier Fernández. Varias comunidades, como Cataluña o el País Vasco, han anunciado su intención de recusar al magistrado. El Principado, a este respecto, podría adoptar una postura en un plazo corto de tiempo ante la necesidad de garantizar la imparcialidad de todo el tribunal.
0 comentarios