En esta inauguración del año judicial no hay nada que celebrar salvo que la vergüenza o la sensación de impunidad se hayan convertido en motivos de celebración

Los tribunales abren con 1.600 casos de corrupción pendientes

El rey inaugura el año judicial de Bárcenas, Urdangarin y los ERE. Jueces y fiscales reclaman más medios para agilizar los procesos que más escandalizan

ANDRÉS MUÑIZ, Madrid, 16/09/2013, en público.es

El rey preside este lunes la apertura del año judicial en un curso marcado por las más de 1.600 causas pendientes en los tribunales españoles por casos de corrupción política y financiera. Jueces y fiscales exigen medios personales y materiales adecuados para que este volumen de trabajo no colapse los juzgados, y para dar una respuesta contundente y rápida a lo que los ciudadanos colocan como segundo problema de España, tras el paro.

A fecha de hoy, sí hay políticos en la cárcel. Lo están el extesorero del PP Luis Bárcenas, la expresidenta de Unión Mallorquina María Antonia Munar o el exalcalde de Marbella Julián Muñoz, y también quien fue presidente de la patronal CEOE Gerardo Díaz Ferrán.

Una vez que, hace casi dos años, ETA anunció el cese de sus actividades, el problema del terrorismo ha ido perdiendo importancia en los tribunales, y ganándola las causas de corrupción y fraudes y estafas económicas, seguidas con especial indignación por los ciudadanos al coincidir con la situación de crisis.

El presidente del Supremo y del CGPJ, Gonzalo Moliner, ordenó este año recabar información a todos los juzgados para establecer un mapa general de la corrupción en España, con el fin de acordar los refuerzos necesarios que permitiesen luchar contra los retrasos en las causas que más alarma social producen.

El resultado fue que, a fecha abril de este año, había abiertos en los juzgados españoles 1.661 investigaciones de casos de corrupción política o financiera, de los cuales 302, por complejidad y número de implicados, eran calificados como macroprocesos.

Al no existir un tipo penal concreto de corrupción política o financiera, los delitos que se investigaban en esas 1.661 causas eran alguno o varios de los siguientes: prevaricación por funcionarios públicos; infidelidad en la custodia de documentos, revelación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, exacciones ilegales, negociaciones prohibidas a funcionarios, receptación, blanqueo de capitales, delitos contra el patrimonio histórico, apropiación indebida, fraudes, estafas, y corrupción en las transacciones comerciales internacionales.

El Consejo del Poder Judicial echó parte de la culpa del retraso en la instrucción de estos asuntos a la Agencia Tributaria y a las unidades especializadas en delincuencia organizada de la Policía y la Guardia Civil (UDEF y UDYCO, respectivamente), por su lentitud en la emisión de informes que le piden los jueces para investigar la corrupción.

Los seis jueces centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional y los fiscales coinciden en reclamar, precisamente, la adscripción a los juzgados de funcionarios de Hacienda y de la Intervención del Estado, a quienes no se coloque como un trabajo extra adicional la cooperación con los tribunales. Y reclaman además tener acceso informático a archivos de datos públicos.

De momento, este curso entrarán en la recta final --si no surgen imprevistos no descartables nunca-- casos que se prolongan desde hace años como Gürtel, con más de cien imputados, entre ellos el extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas, único de ellos que permanece a día de hoy en prisión. Desde marzo existe en este caso la pieza separada de los denominados 'papeles de Bárcenas', que recogen una contabilidad B del PP desde 1990 a 2008, y cuya instrucción, por su lado, acaba de iniciarse.

Otro caso que debería estar próximo a concluirse es el que mantiene imputado a Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres, entre otros, por la firma de convenios con instituciones públicas en Baleares y Valencia que supusieron sustanciosos ingresos al Instituto Nóos procedentes de fondos públicos. La causa podría encallar si, como ha pedido el fiscal, todo el caso pasa a ser juzgado en Valencia, lo que podría retrasar el enjuiciamiento de la vertiente balear, prácticamente finalizada.

El tercer asunto de corrupción que más páginas de periódico ocupa es el de los ERES en Andalucía, que no parece tan cercano a la conclusión. De momento la Audiencia de Sevilla deberá resolver si mantiene o no el auto de la juez que acordó comunicar a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán que estaban señalados en las diligencias en calidad de imputados.

El trabajo de la Fiscalía Anticorrupción se ha multiplicado especialmente por las numerosas causas abiertas a cajas de ahorros y bancos por las presuntas responsabilidades en los agujeros económicos destapados con la crisis; y por las desmedidas retribuciones y prejubilaciones que se autoasignaron.

Entre esos asuntos destaca el caso Bankia, abierto en julio de 2012, y en el que están imputados el expresidente de la entidad Rodrigo Rato, y una treintena de exconsejeros. El mismo juez ha admitido varias querellas para determinar si hubo delito de estafa y fraude en la comercialización de las participaciones preferentes, donde se dejaron los ahorros miles de familias.

A día de hoy, y por distintos asuntos, los personajes públicos más representativos que están en la cárcel son el extesorero del PP Luis Bárcenas, el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, la expresidenta de Union Mallorquina María Antonia Munar, y el exalcalde de Marbella Julián Muñoz. No hay ningún  banquero, aunque el expresidente de Cajamadrid Miguel Blesa, lo estuvo quince días el pasado mes de junio por delitos de administración desleal y falsedad. Finalmente, fue excarcelado, y el juez que le envió a prisión, está suspendido de funciones y acusado por la Fiscalía de prevaricación.

El expresidente balear, Jaume Matas, se libró de momento de ir a la cárcel porque el Supremo, el pasado mes de julio, redujo su condena de seis años de cárcel a 9 meses, pero tiene una veintena de procesos más pendientes. Y el Tribunal Superior de Justicia valenciano decidirá en breve si imputa a Francisco Camps y Rita Barberá por desvío de fondos públicos a Urdangarin.

El acto de apertura de tribunales se celebra este mediodía en el salón de plenos del Tribunal Supremo. Tres de las cuatro asociaciones judiciales, todas menos la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, no acudirán al evento en protesta por las políticas del ministro de Justicia. "Gallardón en contra de la justicia, y viceversa. Nada que celebrar", escribió anoche en su cuenta de twitter la asociación progresista Jueces para la Democracia al anunciar su ausencia del acto.

Leerán discursos el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, y el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, en presencia del rey y del ministro de Justicia, entre otras autoridades y toda la cúpula judicial y fiscal. Ambos han manifestado preocupación por el incremento de las causas abiertas por delitos asociados a la corrupción política o económica.

Será en principio el último acto de este tipo de Moliner, que junto al resto del Consejo termina el mandato este mes de septiembre. Una de las mayores patatas calientes con la que ha lidiado el órgano de gobierno de los jueces es con la reforma del propio CGPJ auspiciada por Gallardón, que una mayoría de la carrera considera un ataque a la independencia judicial.

Mientras, los funcionarios de Justicia se manifestarán a las 11.30 horas de este lunes frente al Supremo, coincidiendo con la aperturas de tribunales, contra los recortes en sus condiciones laborales y los planes de Gallardón para 'privatizar' la justicia en ámbitos como el Registro Civil.