Comparecencia de la ministra con el telón de fondo del esperpéntico y sarcástico "Pacto por la sostenibilidad"
El Gobierno ya tiene lista la tarjeta sanitaria válida entre comunidades
La interconexión entre las bases de datos autonómicas había retrasado el proyecto
Emilio de Benito, Madrid.
La ministra de Sanidad, Ana Mato, anunció ayer en la Comisión de Sanidad del Congreso que el Gobierno aprobará la tarjeta sanitaria única interoperable este viernes. Con ello se pondrá fin a la situación actual, en la que “un ciudadano que habiendo nacido en Galicia viviera en Madrid llegaba a tener dos tarjetas sanitarias y, si pasase largas temporadas en Castilla y León, podría tener hasta tres”, según ejemplificó Mato.
La propuesta es una vieja aspiración, que se vio indispensable hace 13 años, cuando se completaron las transferencias sanitarias a las comunidades. Ya entonces, gobernando el PP, se planteó la necesidad de buscar un sistema para que los ciudadanos que viajaban no tuvieran problemas si necesitaban ir al médico.
Mato no dio más detalles en su comparecencia, pero por lo que se ha sabido en otras ocasiones la tarjeta permitirá el acceso a las historias clínicas digitales. Ha sido la interconexión entre las bases de datos autonómicas la que ha retrasado el proyecto. Y este es el principal obstáculo para la medida, ya que, según dijo Mato, solo 20 millones de ciudadanos —menos de la mitad de la población— tienen ya historia clínica digitalizada, que es el requisito previo. Este proceso va con un claro retraso (en 2009 se anunció para 2011), pero es indispensable para que la tarjeta sea eficaz.
Sin datos médicos
El decreto —del que Sanidad no da detalles— deberá fijar los requisitos técnicos, así como la información básica que llevarán las tarjetas y definir un plazo para su implantación. Se ha descartado la idea de que en el propio documento figuren datos médicos (grupo sanguíneo, enfermedades crónicas relevantes) como se pensó en un principio.
Repago y exclusión
Mato admitió que se había pedido un esfuerzo a los pensionistas que más ganan para que paguen parte de sus medicamentos, pero, a cambio, presumió de que casi un millón de parados de larga duración no abonaban nada por ellos. Sobre otra de sus medidas más polémicas, la exclusión de los extranjeros en situación irregular, ante las críticas de PSOE, IU y Compromís-Equo, y pese a los ejemplos que le pusieron, insistió en que “no tienen tarjeta”, pero sí “la atención que requieren”.
Pacto por la sostenibilidad
publico.es
Al margen del debate sobre la ley antitabaco, la ministra compareció en la Comisión de Sanidad para explicar los dos acuerdos a los que su departamento ha llegado recientemente con "los representantes de 500.000 profesionales sanitarios" (médicos y enfermeros) para "garantizar la sostenibilidad y calidad del Sistema Nacional de Salud". El objetivo de los mismos, dijo, es alcanzar un "Pacto por la Sanidad" que la aparte "del debate partidista", crear una nueva política de recursos humanos y avanzar en nuevas estrategias para la gestión clínica.
Mato tendió la mano a "todos los grupos parlamentarios" para que se unan a ese "pacto histórico" que homologará el sistema de desarrollo profesional y mejorará la organización del proceso asistencial. En este caso fue la oposición quien dejó la puerta abierta al diálogo, siempre que en dicho acuerdo se cuente también con sindicatos, pacientes y otros profesionales que no sean médicos y enfermeros. Asimismo, PSOE e Izquierda Plural pusieron una condición primordial: que la ministra derogue el Real Decreto Ley 16/2012 por el que se retiró la tarjeta sanitaria a inmigrantes sin papeles, entre otras medidas.
También el Grupo Mixto, en palabras de su portavoz, Joan Baldoví (Compromís), se unió a esta petición. Todos ellos denunciaron que, con dicha medida, el sistema sanitario público ha dejado de ser universal y que, por tanto, la ministra no puede pedirles que firmen un pacto que se supone que intenta garantizar "una sanidad pública, gratuita, universal, equitativa, de calidad y económicamente sostenible".
Pese a todo, Mato insistió en que "los inmigrantes siguen teniendo la asistencia sanitaria que necesitan" y defendió también el "ahorro" conseguido con sus recortes. Según los datos esgrimidos hoy por la ministra, los copagos y la remodelación de la cartera común básica -aún en revisión- y el avance en la central de compras común o el fomento de medicamentos genéricos han conseguido "reducir la deuda sanitaria en más de 10.000 millones de euros". También presumió de que "por primera vez, los parados de larga duración no tienen que pagar fármacos"; una medida de la que se han beneficiado, dijo, 979.348 personas. La oposición le reprochó, en cambio, que también era la primera vez que los pensionistas debían "repagar" por su medicación y que las consecuencias de ello también se notan ya.
Por último, Mato anunció que el Gobierno está a punto de aprobar el Real Decreto que regulará la nueva Tarjeta Sanitaria Única Interoperable que será efectiva en todo el país, resida donde resida el titular de la misma. Fuentes de su Ministerio aseguraron que la titular de Sanidad llevará la medida al Consejo de Ministros este mismo viernes.
El Gobierno pondrá en marcha este viernes la tarjeta sanitaria única
La ministra Ana Mato hace un balance del ahorro logrado en farmacia y promete "mejorar la competencia profesional"
19.09.13 - EFE | MADRID
El Consejo de Ministros aprobará el viernes próximo la tarjeta sanitaria única individual e interoperable, que permitirá la identificación del paciente en todo el territorio nacional, según acordaron en su día el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas.
Así lo ha anunciado la ministra de Sanidad, Ana Mato, que ha comparecido en la Comisión correspondiente del Congreso para informar, entre otros asuntos, del Pacto por la Sostenibilidad y Calidad del Sistema Nacional de Salud alcanzado con los representantes de la profesión médica y enfermera. Mato ha manifestado la intención de consensuar "un sistema de evaluación de resultados en salud que vaya más allá del mero análisis cuantitativo o de coste", para saber qué se hace bien y qué se puede mejorar y valorar "adecuadamente" el buen desempeño de centros y profesionales sanitarios.
En cuanto a las listas de espera, el Ministerio trabaja en el proyecto de Real Decreto de Calidad y Seguridad de los Pacientes, que establecerá criterios de priorización en intervenciones y pruebas diagnósticas, como la gravedad, el impacto en la salud futura y los criterios clínicos y funcionales. Incluiría una relación de especialidades, procesos quirúrgicos y procedimientos diagnósticos y terapéuticos para aplicar el sistema de garantías de tiempo máximo de acceso.
Este decreto también regulará el derecho a la libre elección de médico de familia, pediatra, enfermero y hospital. La ministra ha defendido un sistema de desarrollo profesional homologado en toda España y la participación de médicos y enfermeros en la gestión clínica para mejorar la eficacia y seguridad en la asistencia sanitaria.
Mato ha asegurado que las reformas "están funcionando" con "la implicación y participación activa" de los profesionales sanitarios, "el mejor activo de nuestra sanidad". Así, ha invitado a todas las fuerzas parlamentarias a que hagan posible el Pacto Sociosanitario, además de reconocer que es imprescindible contar con las CCAA. "Es el momento de dar un paso al frente y encontrarnos todos en la consolidación y en la fortaleza del Sistema Nacional de Salud", ha pedido.
A nadie se le niega la asistencia
Sobre las críticas a la reforma sanitaria del decreto ley de 16/2012, ha respondido que "el problema de no hacer la sanidad pública económicamente sostenible es que nos podemos quedar sin ella, y el Gobierno trabaja para que eso no pueda ocurrir". En cuanto a la supuesta exclusión de ciertos grupos de población de la Sanidad, ha reconocido que algunas personas han dejado de tener derecho a tarjeta sanitaria, pero mantienen el de la atención que "requieren".
Concretamente, sobre los inmigrantes, ha dicho que a nadie se le niega la asistencia porque iría en contra de la Constitución y el real decreto, así todos reciben asistencia de urgencia "cualquiera que sea la causa y hasta el alta". Ha negado que haya "copago sanitario", sino una "modificación de la aportación" de los ciudadanos al coste de los medicamentos. "Hemos hecho más justo el sistema (...) para que quien más tiene aporte más y quien tiene menos o nada no pague".
Entre los grupos de la oposición, el diputado socialista José Martínez Olmos ha reprochado a Mato el "tremendo recorte de recursos y prestaciones" que suponen las reducciones presupuestarias y le ha preguntado cómo y cuando se va abordar la financiación sanitaria. Sobre el pacto sanitario, acordado hasta ahora con médicos y enfermeros, el diputado considera que tiene "varias patas cojas" porque no se ha contado con los sindicatos, los grupos parlamentarios, los pacientes y otros profesionales.
Lourdes Ciuró (CiU) ha acusado a la ministra de hablar de diálogo, pero "sólo ofrece monólogo", y ha amagado con abandonar la subcomisión del Congreso que analiza los problemas estructurales del sistema sanitario. En nombre de Izquierda Plural, Gaspar Llamazares, ha opinado que la ministra hace “propaganda 'orwelliana'” al presentar una y otra vez el acuerdo con los profesionales sanitarios, más cuando éstos se manifiestan en las calles contra las políticas del Ministerio.
A su juicio, el Gobierno se comporta "con infamia y deslealtad" hacia el Sistema Nacional de Salud, pues pretende "debilitarlo para buscar el negocio" privado en un "desbarajuste total". "Ese supuesto ahorro por el copago o repago (farmacéutico) y la barbaridad de exclusiones de personas de la asistencia se va a traducir en un incremento de la enfermedad y de la mortalidad".
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