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La privatización de la gestión de la Alta Tecnología Sanitaria de Galicia

“Feijóo es el presidente del gobierno gallego, por eso debe gestionar los servicios públicos que la población ha dejado en sus manos, en vez de privatizar su gestión”.

Por Luisa Lores Agüin

nuevatribuna.es

El gobierno de Galicia ha decidido privatizar la gestión de toda la Alta tecnología Diagnóstica y Terapéutica del Servicio Galego de Saúde (SERGAS) utilizando una figura no experimentada previamente, el “diálogo competitivo” con las empresas privadas españolas o extranjeras interesadas en el contrato, cuyo valor de salida es de 73 millones de euros, que con el canon puede superar los 200 millones.

La mayor novedad de esta forma de contratación es que las condiciones las impone la empresa privada, no la Administración ni sus profesionales, al considerar el gobierno, de forma inadmisible, que estas empresas propondrán las soluciones económicamente más ventajosas, así como los equipos más adecuados y la mejor forma de gestión de la Alta tecnología del SERGAS, esto a pesar del Informe del Consello de Contas de Galicia, que demuestra un fuerte aumento de las exploraciones innecesarias y un incremento de costes superior al 100% con las gestión privada de la Resonancia Magnética (RM) de Vigo, en relación con la gestión pública, en línea con un informe más reciente de la Sindicatura de Comptes de la Comunidad valenciana, que también confirma la ineficiencia de la gestión privada de la RM, cuyos costes más que duplican a los del sistema público.

Así que, no es la eficiencia lo que parece buscar el gobierno de Feijóo.

Por otra parte, la renovación del parque tecnológico existente en el SERGAS no es el principal objetivo de las empresas, dado que, según el documento aprobado por el gobierno gallego “Estrategia del Sergas 2014” la dotación de equipamiento en los hospitales públicos de Galicia es superior a la media Estatal. Además, el 78% de los equipos de TAC tienen menos de 6 años, y aunque podría ser necesario renovar parte del equipamiento, esto puede realizarse de forma progresiva y no tiene porque implicar su sustitución, ya que existen nuevos avances (cambio de software y otros componentes)  que mejoran la eficiencia, la capacidad diagnóstica y amplían su vida útil al menos una década, solución más sostenible y enormemente más barata (75% menos de inversión) pero que probablemente descartarán las empresas privadas.

Así que no es la obsolescencia del equipamiento o los costes de la renovación de los equipos lo que parece mover al gobierno de Feijóo.

El objetivo esencial de este contrato es ceder el control de la tecnología sanitaria pública de Galicia a las empresas privadas (veremos a cuales) que les permita implantar las tecnologías híbridas que constan en los pliegos: PET/RM, TAC/Gammacámara, Mamógrafos con Tomosíntesis o TAC y RM tridimensionales de altísima resolución, para la detección y biopsia de lesiones supuestamente precancerosas o cánceres en estadios iniciales que requerirán  tratamientos muy intensivos y muy costosos, a pesar de que muchos de estos nunca se convertirían en enfermedades invasivas, o para seleccionar personas con hallazgos cerebrales mínimos, que supuestamente incrementarán el riesgo futuro de ciertas enfermedades, como la Enfermedad de Alzheimer, y a las que se someterá a controles seriados que les provocarán una enorme ansiedad, a pesar de que en la mayor parte de los casos la enfermedad nunca se manifestará y para la que ni siquiera existe un tratamiento eficaz.

Estas tecnologías son enormemente caras, presentan grandes problemas técnicos no resueltos, incrementan la radiación administrada a los pacientes y a la población general, y en la mayoría de los países no se utilizan en el diagnóstico clínico, ni en Europa ni en EEUU, ya que no se encuentran suficientemente evaluadas ni han probado su relevancia en los estudios publicados, por lo que su mención en los pliegos de contratación para la privatización de la Alta tecnología Sanitaria del SERGAS solo tiene una explicación, ensayar estas tecnologías en la población gallega para acelerar su implantación en todo el SNS y en otros países de nuestro entorno, lo que conllevará riesgos sanitarios, pero unos beneficios incalculables para las empresas seleccionadas por el gobierno de Feijóo.

Es paradójica la preocupación del gobierno gallego por el diagnóstico precoz de pacientes con enfermedad de Alzheimer u otros procesos neurodegenerativos, cuando a las personas con demencia se les niegan los cuidados y la protección necesaria, o el interés por el diagnóstico de pacientes con lesiones mínimas, cuando existen demoras y alta variabilidad en la asistencia a pacientes con graves enfermedades reales.

Feijóo es el presidente del gobierno gallego, por eso debe gestionar los servicios públicos que la población ha dejado en sus manos, en vez de privatizar su gestión.

Feijóo es el presidente del gobierno gallego, pero eso no le da derecho a descapitalizar el Sistema sanitario Público ni a ningunear a sus profesionales con los que no ha “dialogado” para la toma de decisiones tan relevantes. Tampoco le da derecho a la desprotección de los datos sanitarios de la población gallega, que pasarán a manos de las empresas privadas, ni a despilfarrar el dinero público, en unos momentos de grave crisis económica, con recortes en las prestaciones sanitarias más básicas y en los cuidados a los pacientes dependientes o gravemente enfermos.

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