Mientras el Ministerio profundiza en la vulneración del derecho constitucional a la protección de la salud, SOMAMFYC y el colectivo ciudadano Yo Sí Sanidad Universal han creado un Registro Estatal para la Denuncia de la Exclusión Sanitaria en nuestro país
Registro de casos de vulneración del derecho a una sanidad universal
Los ‘sinpapeles’ deberán pagar la asistencia
Acta Sanitaria — Madrid 17 dic, 2013
La Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad ha preparado un documento (‘Intervención sanitaria en situaciones de riesgo para la salud pública), que se presenta este miércoles al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), en el que, entre otras consideraciones, se expone que la prestación sanitaria en tales casos ‘conllevará facturación al usuario’.
En el documento (que se adjunta), se hace referencia a la legislación nacional e internacional en relación con la atención sanitaria a personas con procesos que puedan generar riesgos ciertos para la salud pública, por lo que el documento enmarca estas situaciones que han de ser atendidas por interés de la salud pública. Se señala como ámbito de aplicación las situaciones que supongan un riesgo para la salud pública en base a la probabilidad de que se produzca un evento que pueda afectar adversamente a la salud de la población, considerando la posibilidad de que se propague a nivel nacional o internacional, o que pueda suponer un peligro grave y directo para la salud pública. Y, asimismo, se determina como tal ámbito de aplicación el siguiente: ‘Personas que no ostenten la condición de asegurado o beneficiario en base al RD 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del SNS y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones’.
Y después de determinar las situaciones que supone un riesgo para la salud pública, se determina la prestación sanitaria en los siguientes términos:
- La prestación sanitaria incluye las acciones preventivas, asistenciales, de seguimiento y de control, dirigidas a preservar y, en caso necesario, a recuperar la salud pública de la población.
- La prestación sanitaria se dará hasta el alta médica del proceso en curso que haya supuesto un riesgo para la salud pública.
- La prestación sanitaria se ofrecerá preferiblemente en atención primaria e incluirá acciones preventivas, diagnósticas, terapéuticas y de control del problema en curso, incluidas interconsultas al segundo nivel asistencial.
- La prestación sanitaria conllevará facturación al usuario y, en su caso: se imputará a cargo de los convenios especiales que puedan ser formalizados por las CCAA; o será remitida a través del órgano competente, a su país de origen, en virtud de los convenios bilaterales de Seguridad Social suscritos por España.
- La medicación necesaria para el tratamiento de estas enfermedades, en caso de que demuestre la no disponibilidad de recursos, se contemplará como “campaña sanitaria” y se entregará en el dispositivo habilitado al efecto en el servicio de salud.
La Sociedad Madrileña de Medicina de Familia y Comunitaria (SOMAMFYC) y el colectivo ciudadano Yo Sí Sanidad Universal han creado el Registro Estatal para la Denuncia de la Exclusión Sanitaria (REDES) con el fin de visibilizar los efectos "negativos" que está teniendo sobre la salud de los ciudadanos el Real Decreto 16/2012, aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy.
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"Es un registro de los casos de vulneración del derecho a la salud, recogido por el artículo 43 de la Constitución, que se están produciendo en España y que, especialmente, afectan a la población inmigrante", ha informado el presidente en funciones de SOMAMFYC, Alberto López.
Y es que, según ha señalado López, desde la aprobación de esta medida unas 900.000 personas se han quedado sin tarjeta sanitaria, rompiendo así el principio de universalidad que "siempre" ha regido en el Sistema Nacional de Salud (SNS) y que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad está "vulnerando".
Por todo ello, la asociación y el colectivo han puesto en marcha REDES, una herramienta con la que profesionales sanitarios y usuarios de la sanidad, con o sin derecho a recibir asistencia sanitaria, pueden responder a un formulario en el que se plasma, entre otros aspectos, la situación administrativa de la persona, la residencia y el centro sanitario en el que han tenido problemas de acceso a la sanidad como, por ejemplo, negación de pruebas, de asistencia o que hayan recibido información "disuasoria".
"Es un cuestionario estatal y, con el fin de garantizar el respeto a la privacidad de los afectados por la exclusión sanitaria, y dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos, se va a omitir cualquier referencia que dar lugar a la identificación de las mismas", ha explicado la representante de Yo Sí Sanidad Universal, Raquel Rodríguez.
Asimismo, el registro se va a nutrir también, tal y como ha comentado otra de las integrantes del colectivo, Alejandra Calvo, de los grupos de acompañamiento que han surgido de la mano de esta iniciativa ciudadana y que están constando la vulneración del derecho a la salud, "a pesar de que el Gobierno lo niega constantemente".
"Esta va a ser una herramienta que va a corroborar todo lo que nosotros presenciamos cuando acompañamos a una persona a un centro sanitario. Por eso, queremos demostrar que se está produciendo un cambio de modelo y que, sobre todo, lo está sufriendo la población inmigrante", ha zanjado Calvo.
Con todos los datos que se obtengan de este registro, el colectivo y SOMAMFYC van a elaborar diferentes informes de ámbito estatal con el fin de mostrar las "nefastas consecuencias" que está produciendo el Real Decreto de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del SNS y la calidad y seguridad de sus prestaciones.
Nace en Madrid el Registro Estatal para la Denuncia de la Exclusión Sanitaria, R.E.D.E.S.
El colectivo Yo Sí Sanidad Universal y la Sociedad Madrileña de Medicina de Familia y Comunitaria (SoMaMFyC) han presentado hoy el Registro Estatal para la Denuncia de la Exclusión Sanitaria (REDES)una herramienta “con la que profesionales sanitarios, usuarios y usuarias...
... así como organizaciones de todo tipo, podrán registrar los casos de vulneración del derecho a la salud, protegido por el artículo 43 de la Constitución Española, que se están produciendo en el Estado español”, han indicado fuentes de ambos colectivos. La rueda de prensa corrió a cargo de Alberto López, vicepresidente de SoMaMFyC, y Alejandra Calvo, integrante de Yo Sí Sanidad Universal.
El objetivo del nuevo dispositivo es visibilizar la situación que viven muchas personas a raíz de la aprobación, el pasado 24 de abril de 2012, del Real Decreto Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y la calidad y la seguridad de sus prestaciones, “a través de la elaboración de informes que saldrán de la explotación estadística y el análisis de los datos recogidos”, indicaron. Las dos organizaciones han desarrollado un formulario al que podrá acceder cualquier persona que disponga de información sobre este tipo de situaciones.
“Cabe señalar que, con el fin de garantizar el respeto a la privacidad de los y las afectadas por la exclusión sanitaria, y dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos, se ha decidido omitir cualquier referencia que pueda dar lugar a la identificación de las mismas”, han explicado en la presentación.
Así, para justificar la puesta en marcha de la herramienta de registro, Alberto López, presidente en funciones de SoMaMFyC, recordó que “las medidas adoptadas tras el RDL 16/2012, con la excusa de garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, atentan contra la universalidad del modelo sanitario”. Además, afirmó que “una sanidad no universal deja de ser sostenible y de calidad, al aumentar las desigualdades en salud” y recordó que su organización, “como sociedad científica de médicos de familia, procura mejorar la competencia clínica e investigadora de sus profesionales, y vela por el adecuado desarrollo de una atención primaria”.
Además, la SoMaMFyC aseguró hoy que un 80% de los médicos de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid rechazan la aplicación del RDL 16/2012 y piensan que puede tener consecuencias negativas en la salud de la población. La organización ha obtenido estos datos tras realizar una encuesta a 393 médicos de la región, de los cuales el 29,16% se ha registrado como objetor de conciencia en lo concerniente a la aplicación del Real Decreto. Esta normativa, que entró en vigor el 1 de septiembre de 2012, ha dejado sin tarjeta sanitaria a 873.000 extranjeros residentes en España, según las cifras aportadas por el propio Gobierno, de los cuales 55.792 corresponden a Madrid, modificando las características esenciales de accesibilidad universal, atención integral y continuidad de la atención sanitaria.
Por su parte, Yo Sí, Sanidad Universal es un colectivo que organiza una campaña de desobediencia civil frente a la reciente reforma sanitaria y desarrolla “líneas de acción para articular y visibilizar la objeción de conciencia de los profesionales al RD y para organizar, sostener y proteger la desobediencia civil de profesionales y usuarias para mantener la atención sanitaria”, según indican desde el propio colectivo.
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