La Administración autonómica, como en todos los casos de otros ámbitos institucionales similares, perdió facultades de control sobre el contratista en el momento en que cedió el proyecto a GISPASA
La Sindicatura de Cuentas dictamina que los sobrecostes del nuevo HUCA eran innecesarios
El hospital costó cien millones más de lo presupuestado en un principio
RTPA
La construcción del nuevo Hospital Central en Oviedo iba a realizarse inicialmente en cuatro años y medio, pero finalmente se ha hecho en ocho años y un mes.
Estos retrasos han supuesto el incumplimiento de los plazos para la entrega del equipamiento por lo que las empresas adjudicatarias no están obligadas actualizar el material suministrado.
También podrían pedir la resolución del contrato aunque ninguna de ellas ha optado por esta vía.
En su alegación, la consejería de Hacienda asegura que el retraso no ha sido tan largo ya que la obra estaba conluída en junio de 2011 y no en julio de 2013. Esos dos años sirvieron para rematar las obras incompletas.
Respecto a la construcción del edificio, la obra salió a licitación por 244 millones aunque finalmente fue adjudicada en casi 190 millones.
Sin embargo, los modificados del presupuesto elevaron su coste a los 270 millones, a los que hay que añadir otros 15 en contratos menores.
La Sindicatura de Cuentas considera que la mayor parte de las modificaciones no eran estrictamente necesarias para la conclusión del proyecto licitado por lo que deberían haberse tramitado como obras accesorias o complementarias.
Hacienda asegura que dichas modificaciones no eran obra nueva sino alteraciones al proyecto original inseparables del mismo por lo que no se podían separar del contrato principal.
Por su parte, el Partido Popular considera que este informe demuestra que las denuncias que realizó el partido a la gestión de GISPASA eran ciertas.
Los populares critican al Ejecutivo de Areces y al entonces secretario general de los socialistas asturianos y hoy presidente del Principado de engañar por inaugurar en 2011 una obra que no estaba acabada.
Asimismo, el PP denuncia el incremento del precio de la obra que refleja el informe.
El PP acusa al Principado de «manifiesta ilegalidad» en la gestión de la obra del HUCA
Aluden al informe de la Sindicatura de Cuentas que ve innecesarios los sobrecostes pagados por el centro y cree que los modificados tenían que haber salido a concurso
31.12.13 - R. MUÑIZ | OVIEDO, en El Comercio.
La Sindicatura de Cuentas acaba de emitir un informe sobre las obras del futuro Hospital universitario central de Asturias (HUCA) que refrenda la «manifiesta ilegalidad de los procesos», según el PP. La formación concluye que el trabajo acredita «las irregularidades que veníamos denunciando en los últimos años», si bien llega demasiado tarde. «Nos da la satisfacción de haber tenido razón, pero todo lo que ha ocurrido es algo que ya no tiene solución», explicaron en rueda de prensa los diputados José Agustín Cuervas-Mons y Victoria Delgado.
El informe definitivo fue aprobado el pasado día 19, analiza el HUCA desde su gestación hasta el acta de recepción definitiva el 17 de julio de 2013 y, ciertamente, no escatima reproches. Los síndicos subrayan que el Principado cargó con el diseño del complejo hospitalario y después optó por crear una sociedad pública, Gispasa, para que se hiciera cargo de las obras sin que éstas computasen en su déficit.
Según los auditores, el 4 de agosto de 2004, cuando el Principado firmó el convenio que constituyó Gispasa «no existía norma legal que le sirviera de amparo», toda vez que el Estado tardó nueve meses más en aprobar una que diera cobertura. En contra de lo que marca la Ley, el citado convenio no ha sido publicado. Paradójicamente, un año después de su constitución, el endeudamiento de Gispasa sí pasó a formar parte del perímetro que consolida al Principado. Aún hoy la sociedad no ha incluido en sus estatutos que sea un medio propio de la Administración regional por lo que, formalmente, «no puede aceptar encargos» de ésta. «La construcción del HUCA fue un encargo 'de facto'», reza el informe.
Los síndicos albergan dudas sobre la creación de Gispasa, pero también sobre sus primeros pasos. Así, advierten que la Administración autonómica perdió facultades de control sobre el contratista en el momento en que cedió el proyecto a la empresa. Sobre el contrato del seguro para la obra, constatan que el mismo se adjudicó en marzo de 2006 y las pólizas «se emitieron con efectos retroactivos al día 8 de junio de 2005», cuando la Ley de Contratos del Sector Público impide este tipo de vuelta atrás.
Uno de los puntos más polémicos ha sido la revisión del concurso de construcción. La ejecución del HUCA se ofertó en 230 millones, recibió seis propuestas, y terminó siendo adjudicado en 189,58 millones a la Unión Temporal de Empresas (UTE) de Sacyr, San José y Sánchez y Lago. Para resolver la puja, Gispasa había fijado un pliego de condiciones según el cual los aspirantes podrían obtener un máximo de 1.000 puntos.
Concurso «predeterminado»
De ellos 300 tuvieron «una valoración que no se concreta en los pliegos», apunta el informe. Es más, la forma en la que fueron distribuidos «no es respetuosa con la interpretación dada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas para garantizar la efectiva igualdad de trato». El comportamiento seguido en este punto «puede distorsionar» la puja y «de hecho predetermina el resultado definitivo».
En esos apartados el contratista logró una puntuación muy superior al resto. El que medía el control de calidad propuesto, por ejemplo, estaba retribuido con un máximo de 150 puntos, la oferta ganadora obtuvo 100 y ese dato resulta un 173% superior al promedio del resto. El apartado de seguridad ofrecía también un máximo de 150, la UTE captó 100 y este número resulta un 236% mejor que el que promediaron los demás.
Los síndicos reconocen que el adjudicatario había puesto sobre la mesa la propuesta más económica, pero encuentran «incoherente» que tuviera la mejor puntuación en materia de seguridad cuando su oferta «es la peor en cuanto a mejoras cualitativas respecto al estudio de seguridad y salud» y la segunda peor en «mejoras cualitativas respecto al control de calidad». El efecto conjunto de ambos apartados permitió a la UTE «arrebatar el primer puesto a la oferta técnicamente más solvente», advierten los expertos.
Los problemas se reprodujeron una vez lanzadas las obras. El concurso preveía un tiempo de obra de 72 meses y estaba dispuesto a otorgar hasta 100 puntos a quien redujera el calendario. El contratista se comprometió a levantar el HUCA en 54 meses pero finalmente ha necesitado 97,37 meses.
Dos modificados han elevado el coste final facturado a los 254,61 millones, siendo las fachadas, la instalación eléctrica y la climatización del edificio principal las unidades de obra que más se han encarecido respecto a lo contratado. A juicio de la Sindicatura los modificados son, «en su mayor parte, no estrictamente necesarios para la conclusión del proyecto tal cual fue licitado, por lo que deberían haberse tramitado como obras accesorias o complementarias». Así lo aconsejaban las mejoras reclamadas y el propio coste de las mismas; la normativa pide un nuevo contrato cuando los cambios exceden del 20% de lo ya adjudicado y el primer modificado, de 46,9 millones, excede ese límite en siete millones.
97 millones en intereses
Sobre el modelo de financiación, Gispasa optó por solicitar un crédito al Banco Europeo de Inversiones por 165 millones, en tramos gravados con tipos de interés de entre el 3,81 y el 4,47%. El acuerdo supone que por el nuevo HUCA la empresa acabará pagando 97 millones en intereses bancarios, una suma que se habría ahorrado de haber usado fondos presupuestarios.
En sus alegaciones al informe, la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, defiende que Gispasa se creó porque la Administración regional carecía de medios técnicos y humanos para coordinar el proyecto. Asumir la obra desde el Principado «presentaría el inconveniente de un control presupuestario muy difícil de cuadrar y gestionar»; confiársela a una empresa privada habría supuesto un coste «muchísimo superior». Carcedo recuerda que el HUCA ha salido a 955 euros el metro, cuando el nuevo hospital de Coslada subió a 1.210, el de Majadahonda 1.171 y Manises 1.256.
El PP califica de "absoluto fiasco" la gestión de la empresa pública Gispasa en el nuevo HUCA
Oviedo, P. R., en La Nueva España
El PP calificó ayer de "absoluto fiasco" y "verguenza para los socialistas" la gestión de la empresa pública Gispasa en la construcción del Nuevo HUCA, tras conocer el informe de la Sindicatura de Cuentas en el que el órgano fiscalizador da cuenta de una serie de irregularidades cometidas durante todo el proceso, ya adelantadas por LA NUEVA ESPAÑA el pasado día 21. Los diputados Victoria Delgado y José Agustín Cuervas-Mons comparecieron ayer en la Junta General para denunciar la "vulneración flagrante de las normas de la ley de contratos" desde el primer momento de la constitución de Gispasa ya que, según la Sindicatura, cuando se firma el convenio con el Principado, el 4 de agosto de 2004, "no existía norma legal que le sirviera de amparo", lo que según el PP es "una manifiesta ilegalidad".
El informe de la Sindicatura destaca que las modificaciones introducidas en la construcción del nuevo HUCA "son, en su mayor parte, no estrictamente necesarias para la conclusión del proyecto tal cual fue licitado, por lo que deberían haberse tramitado como obras accesorias o complementarias". También subraya que las obras iban a realizarse en 54 meses (4 años y medio) y finalmente se emplearon 97 (algo más de 8 años). Costaron 271 millones sin tener en cuenta el IVA, casi cien más de los previstos y aunque la obra se recibió el 17 de julio de este año, en 2011 el gobierno de Álvarez Areces lo inauguró varias veces, "con la complicidad del actual presidente que entonces era secretario general de la FSA", señaló Cuervas-Mons. Y añadió: "Han tomado el pelo y engañado a los asturianos, sabían que la obra estaba inacabada y la utilizaron con fines electoralistas".
Cuervas Mons reprochó, además, que se vayan a gastar un total del 2,5 millones de euros en el proceso de retirar y volver a plantar los árboles de la finca de La Cadellada, donde se ubica el nuevo HUCA. "El informe de la Sindicatura ratifica todas y cada de las denuncias que en todo el proceso hizo el PP", indicó.
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