Varapalo de la ONU a España por la muerte de una niña a manos de su padre
Los hechos ocurrieron en 2003 después de que la madre de la menor asesinada hubiera interpuesto treinta solicitudes de protección sin que le hicieran caso
Ángela González, en el centro de la foto, en el entierro de su hija en 2003. EFE
Lne. 05.08.2014 | 05:51 E. G. / Agencias
De las aproximadamente 800 solicitudes de protección frente a la violencia de género que se generan cada año en Asturias se estima en números redondos la mitad. El Principado es junto a Cataluña la autonomía con menor tasa de concesión de estas solicitudes. En España se piden unas 33.000 órdenes de protección cada año y se estiman seis de cada diez.
Los datos sirven para contextualizar el varapalo que el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) dio ayer a España por actuar de manera negligente en la protección de una víctima española de violencia machista, y de su hija, de 7 años, asesinada por el padre en 2003 en una visita sin supervisión.
La organización Women’s Link Worldwide había presentado ante la ONU una demanda en septiembre de 2012 en nombre de Ángela González, madre de la menor, quien estuvo más de diez años pleiteando en varios tribunales de justicia sin éxito.
González había denunciado en más de treinta ocasiones la violencia que ella y su hija sufrían y solicitado medidas de protección para ambas, aunque la menor fue asesinada por su padre en una de las visitas sin supervisión concedidas al agresor, según señaló ayer la ONG en un comunicado.
En la resolución, el Comité explica que la negligencia de los agentes estatales dio lugar a la muerte de la hija de Ángela por el maltratador y reprueba al Estado por no haber protegido ni a ella ni a su hija, no castigar al agresor y no investigar ni indemnizar a la mujer por los daños causados.
Además, insta a España, entre otras cosas, a otorgar a la mujer una "reparación adecuada" y "una indemnización integral y proporcional" a la gravedad de los hechos, así como a llevar a cabo una investigación "exhaustiva" con el fin de determinar qué falló en el caso.
Para evitar la repetición de situaciones similares, pide que España tome las medidas "adecuadas y efectivas" para que los antecedentes de violencia de género sean tenidos en cuenta al momento de estipular los derechos de custodia, de modo que no se ponga en peligro la seguridad de las víctimas, incluidos los hijos.
Las medidas civiles de protección al menor se centran en tres grandes apartados: la suspensión del régimen de visitas, la suspensión de la patria potestad y la de la guarda y custodia.
Desde la organización Women’s Link Worldwide, la abogada Paloma Soria anunció su intención de reclamar al Estado una disculpa pública que, en cierto modo, ya llegó ayer a modo de anticipo. La directora general del Instituto de la Mujer, Carmen Plaza, reconocía en Santander que no se dio a Ángeles González "la protección que hubiese podido prevenir la dramática muerte" de su hija Andrea.
"Este es un caso lamentable, dramático, que ocurrió en 2003 y, desde entonces hemos avanzado mucho", señaló. Es el mismo argumento que la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona. Dice que en la última década "se han adoptado todas las medidas oportunas" para que los menores que están expuestos a la violencia queden "total y absolutamente protegidos". Para Carmona, España tiene "la legislación más avanzada que existe".
Amnistía Internacional calificó de "muy positiva" la resolución. La Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas adelantó su intención de interceder para que se lleven a cabo todas las recomendaciones de Naciones Unidas.
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