Los expertos emplazan a los partidos a mejorar la ley regional de transparencia

La falta de un régimen sancionador, las dudas en el control de la norma y la similitud con la ley estatal, principales lagunas del texto para los juristas

Por la izquierda, Jesús Sánchez Lambás, David Cabo, Elisa de la Nuez y Bernardo Fernández. NACHO OREJAS Fotos de la noticia

Lne. 04.09.2014 | 04:40J. A. ARDURA

Suspenso de los expertos al proyecto de la ley regional de transparencia. Los juristas y los organismos que velan porque se facilite el acceso a la información en las instituciones informaron ayer a la Junta General de que el texto propuesto por el Gobierno regional resulta demasiado similar a la norma estatal y poco concreto. Aunque los expertos apreciaron también bondades, como la publicidad dada a la tramitación de esta ley, conminaron a los grupos políticos a cambiar y mejorar el texto definitivo a través de las enmiendas. La mayoría de los grupos enmendarán el proyecto legislativo elaborado por el Ejecutivo socialista.

La ley asturiana, todavía en fase de proyecto, tiene para los expertos lagunas importantes como la falta de un régimen sancionador, la "bicefalia" en el control de la ley que dependerá por un lado del Consejo Consultivo y por otro de la Comisión de Transparencia, la excesiva "poda" que se ha hecho del texto original en el anteproyecto definitivo y la conveniencia de dar publicidad a las agendas de los cargos políticos para conocer la actividad de los lobbies, entre otras. También recomendaron que se unifiquen en un texto las normas de transparencia y buen gobierno, que ahora van por separado. Todos los juristas y expertos comparecientes, salvo Javier Junceda, defendieron la creación de una agencia que garantice y vigile la transparencia en Asturias.

Elisa de la Nuez, miembro de la plataforma Pro-Acceso, reclamó "mejoras en el régimen sancionador", una exigencia que fueron repitiendo los expertos que comparecieron ayer ante la comisión de Presidencia. "Hay que precisar las sanciones porque el funcionario, actualmente, tiene muy claro lo que supone la vulneración del deber de sigilo. Si no se precisa más cuándo se infringen las obligaciones en transparencia, los trabajadores públicos tendrán más incentivos para no dar información", afirmó la abogada del Estado, actualmente en excedencia. De la Nuez mostró su "sorpresa" por la "bicefalia" prevista en la ley asturiana en el control de la aplicación de la transparencia. "El Consejo Consultivo es por un lado sujeto de la ley y por otro debe resolver las reclamaciones. Y en la Comisión de Transparencia echamos en falta representantes de la sociedad civil, que siempre son un contrapunto interesante. Nos preocupa que los órganos sean independientes", advirtió De la Nuez.

David Cabo, portavoz de la fundación Civio, afirmó que el cumplimiento de la normativa de transparencia debe estar en manos de "un organismo con poder real y presupuesto propio, de lo contrario no será independiente. Es una vía a mejorar". Ante esas alusiones, Bernardo Fernández, que comparecía como experto a petición de dos grupos parlamentarios después de que el parlamento desestimara su intervención como presidente del Consejo Consultivo, defendió la independencia de este órgano. "Descarten la presunción de dependencia del Consejo Consultivo. Tenemos una trayectoria que nos avala", afirmó Fernández, quien argumentó que "de los 2.614 dictámenes que se nos han encargado, en más de 900 se discrepó de la propuesta de resolución". Bernardo Fernández respondió, a una pregunta de la diputada popular Emma Ramos, que el Consultivo podría asumir la carga de trabajo que supondría resolver las reclamaciones en materia de transparencia "sin incrementar el coste". No obstante, el presidente del Consultivo afirmó que el parlamento autonómico tiene la capacidad de decidir si opta por esta fórmula, si prefiere "crear un órgano específico, con los medios y costes que conlleva" o recurrir a un convenio con el órgano estatal que prevé la ley nacional de transparencia y que aún está por constituir.

El jurista Jesús Sánchez Lambás, secretario general de Transparencia Internacional de España, dejó entrever cierta decepción por el texto definitivo del proyecto de ley regional. "Tengo una duda severa. El expediente fue pura transparencia. Al principio había un trabajo de enorme calidad pero ha sufrido podas", advirtió Sánchez Lambás, quien afirmó que "no es creíble" decir que la puesta en marcha de esta norma no supondrá ningún costo. Los responsables de Transparencia Internacional y de Civio coincidieron en la conveniencia de que el Principado establezca, por ley, la obligatoriedad de divulgar las agendas de sus cargos públicos. "Se pierde la ocasión de regular el control de la actividad de los lobbies, incorporando las agendas electrónicas y los registros de entrada y acceso a los centros públicos", lamentó Sánchez Lambás.

Ignacio Villaverde, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, admitió que el proyecto de ley "tiene bondades", entre las que citó el plan estratégico, y defendió que "la transparencia es la gran revolución del siglo XXI de la administración pública". Hizo hincapié en que se trata de "una cultura", fue de lo más elocuente al comentar que "la administración tiene que dejar de ser una caja negra y dar el paso hacia una administración donde no hay ni caja de cristal y los ciudadanos puedan zambullirse para exigir información sin necesidad de acreditar su nombre y apellidos". Y coincidió con los juristas que le precedieron en que "la transparencia cuesta dinero". El constitucionalista Miguel Ángel Presno indicó que "este proyecto es mejor que el de Buen Gobierno" aunque compartió las críticas a la ausencia de un régimen sancionador. El profesor de Derecho Administrativo, Javier Junceda, lamentó "la inflación" de normas jurídicas porque, dijo, "no es lo mejor producir leyes donde ya existen. La legislación estatal se reproduce aquí con una calidad legislativa inferior". Coincidió con sus compañeros en que es preferible unir las leyes de transparencia y buen gobierno y cuestionó que el proyecto plantee distinguir con un logotipo a los organismos que cumplen con la transparencia.

UGT, CC OO y la Universidad se mostraron partidarios de la aplicación de medidas de transparencia. Hoy comparecen los síndicos y el Gobierno regional.