La crisis y la aplicación de las políticas de austeridad impuestas por la Unión Europea, para garantizar el pago de la deuda bancaria, están obligando a los gobiernos central y autonómicos a acelerar el desmantelamiento de la sanidad pública
La política de tierra quemada en Sanidad
La Política sanitaria del Gobierno esta orientada a privatizar la sanidad y apoderarse del sistema.
nuevatribuna.es
FADSP: La política sanitaria del gobierno de Mariano Rajoy se podría resumir en el intento de desmantelamiento y privatización del sistema sanitario público para ponerlo en manos de entidades bancarias, multinacionales sanitarias y fondos de inversión internacional ubicados en los paraísos fiscales.
Unos aliados necesarios en el sector
Esta estrategia esta respaldada, alentada y sostenida por una alianza privatizadora (Club Gertech) que integra a altos cargos de la administración, universidades públicas y privadas, organismos públicos penetrados por el sector privado como el Instituto Carlos III, asociaciones profesionales como el Foro de la Profesión, la Federación de Asociaciones Científicas médicas FACME o la de gerentes sanitarios (SEDISA), y cuenta con el patrocinio de grandes empresas tecnológicas y farmacéuticas (Philps, Medtronic, Roche, Nec Corporation o Citec-B).
Esta poderosa Alianza de intereses financieros, económicos y empresariales, tiene como finalidad apoderarse de la mayor parte de los recursos que el Estado destina a sanidad. Entre sus principales logros esta el haber conseguido incrementar de manera exponencial los conciertos con la sanidad privada, la externalización y privatización de gran parte de los servicios, conseguir importantes subvenciones públicas, participar en la financiación y gestión de nuevos centros sanitaros, y controlar los fondos y actividades de investigación, desarrollo tecnológico y docencia del personal.
El sector privado se ha apropiado de los nuevos hospitales de Madrid, Valencia, Galicia, Aragón, Baleares; controla los sistemas de información, centrales de llamadas e Historia clínica electrónica; consiguió la adjudicación de los servicios de laboratorio y radiología de los hospitales públicos; controla los sistemas de adquisición y evaluación de equipamiento tecnológico; participa en los sistemas de acreditación, docencia pre y postgraduada y de formación continuada; ha logrado el control de los recursos económicos destinados a investigación y desarrollo (I+D+I); etc. Como consecuencia gran parte de los servicios del sistema público han pasado a manos de bancos, empresas multinacionales y fondos de inversión como Bankia, CAPIO, Centene, EFQM, INDRA, IBM, Microsoft, Telefónica, MEC Ibérica, REDSA, CVC, PWC, etc.
Para rematar la faena el Ministerio de Sanidad acordó con el Foro de la Profesión Médica la privatización de la gestión asistencial mediante las nuevas Unidades de Gestión Clínica que transformarán los servicios asistenciales en empresas (dotadas presuntamente de autonomía plena) pero que en realidad estarán dirigidas por directores designados a dedo por la administración para gestionar a su dictado al personal y el presupuesto, con capacidad para competir entre sí vendiendo sus productos en un mercado sanitario interno, en el que estará presente también personal y capital privado.
La austeridad pone en riesgo la continuidad del Gobierno
La crisis y la aplicación de las políticas de austeridad impuestas por la Unión Europea, para garantizar el pago de la deuda bancaria, están obligando a los gobiernos central y autonómicos a acelerar el desmantelamiento de la sanidad pública que representa más del 6% del Producto Interior Bruto del Estado y entre el 30-40% de los presupuestos de las Comunidades Autónomas.
El Partido Popular es consciente (tras las últimas elecciones europeas en las que perdió 2,6 millones de electores respecto a las europeas del 2009 y 6,6 millones respecto a las generales del 2011) de que es más que probable que pierda el poder por su política de recortes sociales como el derecho a una sanidad pública universal, accesible y equitativa; el acceso a la educación pública; la estabilidad laboral y la garantía de unas condiciones de trabajo dignas; un sistema de pensiones suficiente; la atención a la dependencia; etc.; que afectan a la mayoría de la población a gran parte de sus propios votantes. Sin embargo no parece interesado en rectificar en lo más mínimo esta estrategia de cara a las próximas elecciones.
El Gobierno está poniendo en práctica una política de tierra quemada acelerando desmantelamiento y privatización de los servicios sanitarios más rentables que se están siendo traspasados, como anteriormente explicábamos, a grandes empresas multinacionales y fondos de inversión privadas a cambio de unos pagos que multiplican sus costes reales y que suponen un elevado endeudamiento para el sistema sanitario. Esta privatización va acompañada del despido de miles de trabajadores sanitarios (más de 53.000), de la reducción de la oferta de servicios (Carteras de Servicios) y de la generalización de copagos y repagos de los ciudadanos de la atención que reciben.
Hasta ahora parecía que el temor al desgate electoral y a las movilizaciones sociales y sanitarias, modulaba la puesta en práctica de estas medidas, pero ante la certeza de la debacle electoral el Gobierno parece haber cambiado de estrategia acelerando y extendiendo la privatización a todas las áreas del sistema para que antes de las próximas elecciones el desmantelamiento del sistema sanitario se consolide y el proceso esté avanzado. En este escenario cualquier intento de negociación o acuerdo con el Gobierno parece condenado al fracaso
Esta estrategia, aparentemente suicida, tiene como explicación que el actual Gobierno espera que si pierde el poder a manos de un grupo político o una alianza electoral progresista tendría muchas dificultades para recuperar lo privatizado. El rescate de las concesiones y externalizaciones sanitarias podría suponer miles de millones de euros a las arcas públicas al tiempo que la concentración de recursos en manos privadas, como hospitales, laboratorios, servicios de radiología, sistemas de información, etc., haría muy complicada la rescisión de los contratos tanto por motivos económicos como por la dificultad de disponer de recursos alternativos para sustituirlos en el corto plazo (por ejemplo construir un nuevo hospital supone una media de seis años). Por eso el rescate de las concesiones al sector privado es una decisión compleja que exige respaldo popular y profesional y una gran voluntad política
El Tratado de Libre Comercio USA-Unión Europea como blindaje de las privatizaciones
La Comisión Europea está negociando, envuelta en el secretismo, un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, como continuación de los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio y la Unión Europea de liberalizar el sector servicios que han supuesto la privatización del sector público en los países de la UE. Este nuevo tratado otorgará (caso de aprobarse) a las grandes empresas unas amplias facultades para impugnar los acuerdos de los gobiernos con las multinacionales y limitará la capacidad legislativa de los mismos para recuperar los servicios privatizados. El llamando Mecanismo de Solución de Diferencias entre Inversor y Estado (destinado a garantizar la seguridad jurídica de los inversores) contiene disposiciones para paralizar la expropiación de los servicios externalizados (aunque sean por interés público) para proteger las inversiones de las empresas privadas en los sistemas sanitarios. El Tratado incluye la creación de las llamadas Comisiones Arbitrales, de composición desconocida, que serán las responsables de solucionar los conflictos entre gobierno e inversores privados en estas materias pasando por encima de los tribunales de los países de la UE.
El Tratado servirá así de parapeto a para que futuros gobiernos, opuestos a la ideología neoliberal, recuperen los servicios externalizados.
En definitiva el Partido Popular puede perder el poder pero
1.- Dejará un sistema sanitario descapitalizado y en gran medida desmantelado en el que sus recursos y áreas estratégicas habrán sido en gran parte cedidas a multinacionales y fondos de inversión, a las que deberá abonar enormes sumas de dinero. El Sistema perderá así sus principales señas de identidad: La Universalidad, la accesibilidad, la equidad y la sostenibilidad.
2.- Los elevados costes de las rescisiones de los contratos rescate y las cláusulas del Tratado de Libre Comercio USA-UE que otorgan seguridad jurídica a los inversores privados, dificultarán el rescate de los recursos externalizados con medidas legales y económicas.
La experiencia de los países de América Latina que se han enfrentado a las políticas del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial o la Organización Mundial del Comercio, muestran que han sufrido grandes presiones políticas y financieras para recuperar sus servicios públicos privatizados. Estas han ido desde la paralización del crédito y la inversión, las sanciones económicas o los intentos de desestabilización política.
CONCLUSIONES
1.- Es necesario y urgente paralizar el proceso de externalización y privatización de los servicios del actual gobierno antes de que sean traspasado al capital y empresas multinacionales. El sistema Sanitario Público está en riesgo real.
2.- Esta paralización solo será posible mediante la acumulación de poder social con una gran alianza que incluya a la gran mayoría de organizaciones sociales, vecinales, de enfermos, de usuarios y consumidores, sindicatos de clase y corporativos, partidos políticos, organizaciones, colectivos y movimientos sociales. La unidad debería tener articularse en torno a dos grandes objetivos: Hacer frente al desmantelamiento y la privatización del sistema sanitario, rescatar los recursos externalizados y recuperar los derechos sociales y profesionales (en la política del PP la mayoría pierde mucho mientras que ganan unos pocos ligados al poder)
3.- La alternativa a la privatización sanitaria tiene que articularse en torno a objetivos concretos y consensuados públicamente, por una gran mayoría social, profesional y política, para cambiar las estrategias del actual gobierno, de sus aliados internos y del sector privado multinacional. Es necesario incorporar a este acuerdo a gran mayoría social superando las diferencias ideológicas o de actuación que hasta ahora les separan para levantar una gran red en defensa de la sanidad pública.
DESDE LA FADSP PROPONEN COMO PUNTOS BÁSICOS PARA EL ACUERDO:
La paralización de las privatizaciones y supresión de los copagos del gobierno de Rajoy y otras limitaciones de acceso a la asistencia
La revocación de las Leyes de Ordenación Sanitarias y la Ley 15/1997 de Nuevas Formas de Gestión, que favorecen la privatización, del RD 16/1012 de Medidas para la Sostenibilidad del Sistema Sanitario, y de las Unidades de Gestión Clínica.
El compromiso innegociable de recuperar todas las concesiones y externalizaciones de servicios sanitarios y oposición a la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea.
Potenciar a la Atención Primaria como alternativa a los recortes para salir de la crisis. Se deberán incrementar sus recursos hasta alcanzar el 25% del prepuestos sanitario en 5 años, una manera de mejorar su capacidad diagnóstica y terapéutica
Una política sanitaria basada en la Promoción de Salud que oriente y racionalice las actuaciones del sistema, frente a la actual estrategia de medicalización de las relaciones sanitarias y de utilización intensiva de los recursos tecnológicos
Una política de personal que acabe con los recortes y la no reposición de las jubilaciones, basada en la estabilidad laboral, los incentivos profesionales, recuperar los derechos laborales suprimidos por el actual Gobierno
La información, la trasparencia y el consenso deberían ser las claves para ganar esta batalla, compaginando la utilizando de los medios de comunicación tradicional con documentación seria y rigurosa (buscando la complicidad de los profesionales), los canales alternativos y las redes sociales.
En imprescindible articular la movilización social, de los profesionales y trabajadores sanitarios, con debates y apoyos de los grupos parlamentarios de las Cortes del Estado, los Parlamentos Autonómicos, Ayuntamientos, etc., buscando la mayor unidad por encima de diferencias legítimas, en una gran alianza que promueva la mayor movilización sindical, social y profesional posible de todos los que quieran adherirse a la misma sin condiciones previas ni exclusiones.
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