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Médicos de La Paz denuncian un posible delito contra la salud pública por el ébola
Casi una veintena de profesionales del hospital que es referencia para el tratamiento de esta enfermedad han presentado en el juzgado una denuncia en la que se detallan sus condiciones de trabajo
El escrito recoge los documentos publicados por eldiario.es, en los que se demuestra que los sanitarios llevaban desde abril advirtiendo a la dirección que no había los medios ni la formación suficientes para enfrentar posibles casos
EFE
Dieciocho médicos intensivistas de La Paz han presentado una denuncia ante los juzgados de plaza Castilla por un posible delito contra la salud pública y la salud de los trabajadores en la gestión de la crisis del ébola, según el escrito tramitado por el sindicato de médicos AMYTS.
La denuncia registrada ayer se fundamenta en los artículos 359 y 316-318 del Código Penal, referidos a supuestos ilícitos que pudieran derivar en un daño a la salud de los ciudadanos y de los trabajadores del hospital.
Según se expone en el escrito, desde que la dirección de La Paz comunicó el 25 de abril a su Servicio de Medicina Intensiva que el hospital fuera designado centro de referencia para detección y tratamiento del ébola, los médicos empezaron a denunciar "la necesidad de una infraestructura, medios y formación".
Tras una carta remitida el 29 de abril al consejero de Sanidad, Javier Rodríguez, a los miembros de los servicios de Urgencias, Medicina Interna y Medicina Intensiva, se les prometió una formación adecuada mediante talleres prácticos.
En su lugar, señalan los denunciantes, el servicio de Protección de Riesgos Laborales del hospital ofreció "en el mes de julio a los interesados una charla explicativa de unos 45 minutos de duración, a lo sumo, y la exhibición de unos trajes de protección que no reúnen las condiciones de seguridad requeridas".
En agosto, ante la inminente llegada del primer misionero infectado y "la ausencia de los medios solicitados", volvieron a dirigirse el día 6 a la Consejería pidiendo la implantación de las medidas con urgencia máxima, algunas de las cuales fueron subsanadas al "reasignarse el hospital Carlos III como centro de referencia" en vez de La Paz.
Aunque el 8 de agosto el jefe de Servicio aseguró en un comunicado haber cumplido las peticiones, los denunciantes aseguran que no fue así, ya que "la estructura de las habitaciones de hospitalización y sus esclusas no reúnen las condiciones necesarias para garantizar la seguridad del paciente y del personal".
El escrito añade que "los trajes de bioseguridad disponibles no son los adecuados" y que "tampoco se ha recibido formación adecuada sobre su colocación ni, especialmente su retirada".
El 6 de octubre, tras una nueva reunión con la Subgerencia de La Paz se proporcionan los trajes solicitados "pero no la formación y entrenamiento adecuados de todo el personal", ni tampoco –en aquel momento– la ampliación de las esclusas cuyo reducido tamaño dificultan la retirada de la vestimenta y descontaminación del equipo.
La denuncia concluye con la petición de inicio de "las averiguaciones mediante las oportunas diligencias previas", con objeto de constatar si los hechos denunciados "son constitutivos de ilícito penal a fin de depurar responsabilidades".
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