Oviedo se suma a las protestas contra la ley Mordaza
Cerca de un millar de manifestantes exigen en las calles de la capital la retirada de la norma por considerar que ataca derechos fundamentales
Oviedo se ha sumado este sábado a las movilizaciones celebradas en cerca de una treintena de ciudades españolas para exigir la retirada del proyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, popularmente conocido como ley Mordaza. Las manifestaciones han sido convocadas bajo el lema 20D todos a la Calle. Di no a la Ley Mordaza por la plataforma No Somos Delito, que ha recabado el apoyo de otras organizaciones, plataformas y movimientos sociales como el 15-M, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), el SAT, la CGT o Greenpeace.
Los manifestantes, que portaban pancartas con el eslogan El verdadero terrorista es el sistema capitalista, rechazan la nueva ley de seguridad ciudadana por considerar que supone un ataque directo a derechos fundamentales recogidos en la Constitución, como la libertad de reunión o libertad de expresión. En Asturias, algo menos de un millar de personas han tomado las calles de Oviedo para expresar su repulsa al texto legal. Algunas de ellas testimoniaban su rechazo con la boca amordazada. Manifestaciones de carácter similar han tenido lugar por la mañana y por la tarde en cerca de 30 ciudades del Estado.
Oviedo se suma a las protestas contra la 'Ley Mordaza'
Más de treinta ciudades españolas han acogido las manifestaciones contra la nueva legislación que endurece las sanciones por actos de protesta y dificulta el derecho al asilo más
COLPISA / AFP | MADRID
Miles de personas se han congregado en más de treinta ciudades, entre ellas Oviedo, para protestar contra una ley que endurece las sanciones contra ciertas manifestaciones y dificulta el derecho de asilo. "La voz del pueblo no es ilegal, libertad de expresión, libre manifestación", gritaban los manifestantes contra una ley promovida por el Partido Popular, que aún debe ser adoptada por el Senado.
"Estoy aquí para poder expresarme, antes de que me lo prohíban", ha explicado a la AFP Juan José Parrilla, 48 años, empleado de un hospital de Madrid. "Sin pan, sin techo, sin casa, sin tratamiento ¿y ahora calladitos?", se interrogaba en una pancarta otro manifestante.
En Barcelona, se han manifestado unas 3.500 personas, según la Guardia Urbana. Tras una pancarta con el lema 'Ninguna mordaza nos hará callar. Defendamos nuestros derechos', la marcha ha partido de la plaza Universidad de Barcelona y ha recorrido las calles del centro de la capital hasta la delegación del Gobierno. Los manifestantes, entre los que figuraba una nutrida representación de miembros de la Plataforma de Afectados por Hipoteca (PAH), han coreado lemas contrarios a la llamada 'Ley Mordaza' y han enarbolado pancartas que tachan de dictatorial esa normativa.
Numerosos manifestantes han acudido a la marcha con una mordaza en la boca para mostrar oposición a la ley de seguridad ciudadana y otros muchos han lucido máscaras blancas con signos de prohibición sobre la boca, símbolo de las luchas contra los ataques a la libertad de expresión. En la marcha no han faltado consignas y pancartas para exigir la liberación de los jóvenes que fueron detenidos el pasado martes, en el marco de la "operación Pandora", por su supuesta pertenencia a una organización anarquista relacionada con varios atentados con artefactos de fabricación casera.
El texto prevé una batería de medidas contra los frecuentes disturbios de estos últimos años en los que los recortes han provocado manifestaciones con centenares de miles de personas, ocupaciones de viviendas y movilizaciones ciudadanas contra las expulsiones. Estas medidas permitirían al Estado imponer multas muy elevadas -hasta 600.000 euros según los casos- sin pasar por un juez.
Así, se prevén multas en caso de manifestaciones en lugares donde puedan resultar perturbados los servicios públicos, cerca del Parlamento, o con el objetivo de obstaculizar acciones judiciales como expulsiones de viviendas (en este caso con multa de 30.000 euros). La ley, igualmente criticada porque permitiría expulsar a inmigrantes clandestinos sin que éstos puedan interponer una demanda de asilo, es presentada por el gobierno como un texto en favor de la seguridad y por la oposición como una ley "mordaza".
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