Desde la Consejería de Sanidad en los tiempos del gobierno de Areces
La Sindicatura detecta irregularidades en contratos públicos al grupo La Productora
Dos funcionarios testificarán en mayo por el "caso Mareína", una pieza separada de "Marea" que surgió de un anónimo
28.04.2015, Marián MARTÍNEZ, en La Nueva España.
La Sindicatura de Cuentas ha detectado irregularidades en la adjudicación de contratos de la Consejería de Sanidad a la empresa La Productora entre los años 2007 a 2010 y por importe de 1.049.753 euros. Estas adjudicaciones provocaron la apertura de una pieza separada del "caso Marea", por corrupción en el Principado durante el gobierno de Areces. Los abogados bautizaron esta pieza como "Mareína" y su origen fue un anónimo enviado a la comisión parlamentaria que investigó la pieza principal. El próximo 27 de mayo están llamados a declarar dos funcionarios en calidad de testigos.
El grupo La Productora está constituido por cuatro empresas, dos de ellas con contratos con la Consejería de Sanidad. Según la Sindicatura, "las irregularidades e incidencias detectadas en la tramitación de los expedientes de contratación analizados estarían propiciando una posición de ventaja a favor de una de las empresas".
En líneas generales, en la investigación practicada por la Sindicatura se detecta "falta de concurrencia y de negociación real, manifestada en mínimas rebajas de importes". En ningún expediente se hizo valoración económica del coste del servicio, lo que supone que se desconozca el criterio que se utilizó para determinar los importes de las licitaciones. Además, la documentación preparatoria de los expedientes de contratación no incluye la falta de motivación, y se limita a indicar la falta de medios, pero no justifica la insuficiencia.
La Sindicatura aprecia, también con carácter general, "una falta de control sobre la ejecución de los contratos analizados que implica desconocimiento de los términos finales y la formalización de contratos con objetos similares".
En esta pieza separada del "caso Marea" habían sido denunciados Eva María Sánchez Díaz, ex directora de la Oficina de Planificación y Gestión del Patrimonio Cultural, y Juan José Llaneza, ex director de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, así como tres ex jefas de servicio: dos de Consumo, C.M.G. y A.I.F.F.; y la de Coordinación de las Unidades Territoriales de la Agencia de Consumo, Rosa Urdiales, actual directora general de Ganadería. Eva María Sánchez y su esposo, Víctor Suárez, ex viceconsejero de Comunicación de Areces, habían sido socios de La Productora.
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