Artículo de Manuel Martín García, Presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública.

Deterioro de las condiciones laborales del personal del sistema sanitario público: Causas, consecuencias y alternativas

Desde el inicio de la crisis se han eliminado más de 50.000 trabajadores sanitarios públicos, reducido sus salarios en un 18% y precarizado sus condiciones laborales con la generalización de contratos por días y a veces horas.

Nueva Tribuna

Recientemente algunos profesionales sanitarios están denunciado la precarización de las condiciones laborales en las que trabajan dentro de la sanidad pública. Esta situación, que afecta especialmente a los/as facultativos/as más jóvenes, es el resultado de la política del Ministerio de Sanidad y de la mayoría de las administraciones sanitarias autonómicas gobernadas por el Partido Popular, de recortar el gasto sanitario público reduciendo personal y desmantelando y privatizando el sistema de salud.

 

Se recortan las plantillas

Esta política ha supuesto que desde el inicio de la crisis se haya eliminado más de 50.000 trabajadores sanitarios públicos (de los que más de 3000 son facultativos/as), reducido sus salarios en un 18%  y precarizado su condiciones laborales con la generalización de contratos por días y a veces horas. Para llevar a cabo este ERE encubierto el Gobierno ha recurrido a la jubilación obligatoria del personal sanitario sin reponer vacantes (resulta paradójico que se obligue a jubilarse al personal sanitario a los 65 años mientras se prolonga la del resto de trabajadores hasta los 67), y paralizado las ofertas de empleo público (OPES) en los Hospitales y Centros de Salud.

 

Se deteriora la calidad del sistema

Los recortes de las plantillas de los centros sanitarios públicos está afectando el funcionamiento de los centros sanitarios como demuestra  el crecimiento de las listas de espera hospitalarias, especialmente la quirúrgica que han crecido un 50% desde el año 2010 pasando de 65 días de espera media a 90 a finales del 2014, o el deterioro de la Atención Primaria como consecuencia de la paralización de la Estrategia AP21, acordada por el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas con las organizaciones profesionales para incrementar los recursos humanos y tecnológicos de este nivel (en los masificados Centros de Salud las listas de espera superan la semana en muchos casos).

 

Se castiga a unos profesionales que mantienen el sistema pese a los recortes

No parece razonable que un sistema sanitario público que se ha caracterizado hasta hace poco por su elevada eficiencia (la OMS le reconocía una elevada calidad y un bajo nivel de gasto) gracias al esfuerzo de sus profesionales para afrontar los déficit de recursos, en lugar de premiarlos los castigue reduciendo puestos de trabajo y precarizando sus condiciones laborales. Hay que recordar que el personal facultativo  cobra en España un 19% menos que en la media de la Unión Europea. Cualquier empresa donde sus trabajadores son responsables directos de la asignación de recursos de elevado coste desarrolla una política personal incentivadora en términos de estabilidad laboral y salarial, justo lo contrario de lo que está haciendo la administración sanitaria en nuestro país.

 

¿Qué intereses están detrás de este castigo a los profesionales sanitarios?

Esta estrategia pretende reducir gasto público a expensas del gasto de personal y desprestigiar el sistema para favorecer su desmantelamiento. Los recortes en el sistema sanitario público han favorecido al sistema privado como demuestra el aumento de las primas de los seguros sanitarios que han crecido un 8% desde 2010, con 130.000 pólizas más que en el año 2008.

De no producirse un cambio de política la situación del colectivo sanitario se agravará aún más como consecuencia de dos medidas del Gobierno:

 

1.- La Financiación Público Privada (PFI) de los nuevos hospitales. Los ejemplo de la aplicación de este modelo en (Valencia, Madrid, Galicia, Aragón o Castilla León, etc.) explica que las administraciones sanitarias deben destinar millones de euros a pagar a las empresas concesionarias por la construcción y gestión de sus nuevos centros a expensas del gasto corriente (capítulo supone en torno al 25% de sus presupuestos). Como los conciertos con centros privados suponen más de la mitad de esta partida, los pagos por los nuevos hospitales dejaran sin fondos para funcionar a los centros públicos. Para afrontar esta situación los gobiernos autonómicos deberán recurrir a nuevos recortes en el capítulo de personal que supone entre el 40 y el 45% de los presupuestos sanitarios (la reducción de la partida de gasto farmacéutico que supone entre el 25-30% de los mismos parece definitivamente abandonada por el Ministerio de Sanidad).

 

2.- El Programa Nacional de Reformas 2015 y el Plan de Estabilidad 2015-2018 (enviado por el Gobierno de Rajoy a la Comisión Europea),  que compromete realizar un ahorro de 500 millones    anuales en recursos humanos en sanidad mediante la puesta en marcha de la Gestión Clínica. Este compromiso de recorte de gasto viene a corroborar la denuncia que venimos realizando desde la FADSP y otras organizaciones de que la Gestión Clínica no pretende racionalizar la administración de los servicios sino recortar gasto  en un sistema al borde de la quiebra por falta de recursos financieros.

 

Los profesionales sanitarios deberían rechazar los acuerdos de las cúpulas de algunas de las principales organizaciones corporativas con un Ministerio de Sanidad aislado política y socialmente, para respaldar las Unidades de Gestión Clínica. Consideramos inaceptable que algunos grupos profesionales pretendan conseguir beneficios y  privilegios a costa de los derechos laborales de la mayoría de los/as profesionales, especialmente de los más jóvenes.

Habría que exigir al Ministerio de Sanidad y a los gobiernos de las Comunidades Autónomas

 

◦El abandono del modelo de Financiación Público Privada de los nuevos centros sanitarios y la recuperación de las concesiones para evitar la quiebra financiera del sistema

◦La retirada del proyecto de creación de Unidades de Gestión Clínica y la negociación una política de racionalización de la gestión de los centros sanitarios públicos.

◦La reposición de todas las plazas perdidas por las jubilaciones obligatorias y despidos

◦Convocatorias anuales de todas las plazas vacantes (OPES anuales)

◦Cumplimiento de los acuerdos de la Estrategia AP21 de incremento plazas y de acabar con la precariedad laboral en Atención Primaria.

 

Para conseguirlo se precisa una gran movilización profesional y social en defensa del sistema sanitario público, de la calidad de la atención y de unas condiciones dignas para los/as profesionales y trabajadores /as sanitarios/as.