Cinco razones por las que la izquierda europea se opone al TTIP
Un repaso a los aspectos clave por los que los partidos de izquierda de la UE están en contra del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
Foto.- Manifestación en contra del TTIP en Madrid, octubre de 2014.
Por Manuel Ruiz Rico, en esglobal.org
El Tratado de Libre Comercio (TTIP, en sus siglas en inglés) que la Unión Europea negocia con Estados Unidos desde febrero de 2013 se ha revelado como un sutil termómetro ideológico en el Parlamento comunitario, cámara donde son constantes, especialmente desde los partidos de izquierda (sobre todo Izquierda Unitaria Europea y Los Verdes) las críticas hacia el PP Europeo, los socialdemócratas del PSD y los liberales por ejercer una supuesta “gran coalición” sobre los temas cruciales para la Unión.
El TTIP se halla sobre esa báscula en este momento que ha cogido en medio a los socialdemócratas: si se alían con los populares europeos serán acusados de ser cómplice de ese rodillo de la derecha; si apuestan por encuadrarse con los partidos más a la izquierda, serán criticados por la derecha, es decir, sus frecuentes compañeros de pacto, de “irresponsables” o, directamente, de “populistas”. Y en medio parece no haber matices ni grises.
Mecanismo de arbitraje internacional. A partir de ahora lo oirá muchas veces: es el llamado mecanismo ISDS, lo que traducido del inglés significaría “mecanismo de resolución de conflictos entre un inversor extranjero y un Estado”. Esta fórmula implicaría implantar los tribunales internacionales de arbitraje cuando una multinacional entre en conflicto con un Estado miembro, por ejemplo, en el caso de que éste realice un cambio en sus leyes.
No es nada nuevo. Los Estados europeos tienen firmados ya 1.400 acuerdos comerciales (a menudo bilaterales) en los que esta cláusula se halla incorporada. Puede tener cierto sentido cuando se trata de un acuerdo comercial con un país dictatorial o cuyo sistema legal sea deficiente o muy poco fiable, pero ¿tiene sentido introducir el ISDS entre EE UU y la Unión Europea?
Estados Unidos ya lo introdujo en 1994 en su acuerdo comercial con México y Canadá (el NAFTA). Las consecuencias no se hicieron esperar. Entre ellas, la demanda que recibió Canadá por la compañía Ethyl, que acusó al Gobierno canadiense de cambiar la normativa de aditivos de la gasolina y hacerle perder dinero. Canadá tuvo que anular su reforma legal. Ethyl le había reclamado 251 millones de dólares de compensación.
Una consulta pública realizada por la Comisión Europea el año pasado y cuyos resultados se hicieron públicos a mediados de enero, revela resultados contundentes: el 95% de los ciudadanos que participaron en ella (150.000 en total) rechaza que el TTIP incluya el mecanismo ISDS.
“Esta cláusula significa otorgarle a las multinacionales el poder para contestar las decisiones de un Estado, es decir, el poder de tumbar la voluntad popular en la toma de decisiones”, explica Yannick Jadot, eurodiputado de Los Verdes.
Armonización legal a la baja. Es otro de los temores que más preocupa a la izquierda europea así como a la sociedad civil y ONG europeas, especialmente las dedicadas a la protección del medio ambiente, de la alimentación y de los consumidores.
El objetivo principal del TTIP pasa por eliminar barreras comerciales entre Estados Unidos y Europa para facilitar el tránsito de mercancías y la compra-venta de bienes y productos entre ambas orillas del Atlántico. Pero, ¿qué sucederá cuando las legislaciones sobre dichos bienes o servicios sean diferentes?
Sin embargo, desde la ONG Food and Water Europe apuntan: “La normativa europea en cuanto a la producción de alimentos es mucho más estricta que la estadounidense. En la UE se controla toda la cadena de producción mientras que en EE UU sólo la última fase, por lo que allí se pueden emplear antes de esa última fase ciertos productos que pueden ser eliminados de cara a controles antes de dicha última fase, y eso en Europa no está permitido. ¿Tenemos que pensar entonces que van a subirse los requisitos en EE UU?”, se pregunta un portavoz de esta ONG, que se responde: “No parece muy realista esta opción. Si el Gobierno de Obama aspira a vender productos de Estados Unidos en Europa lo normal es que reclame rebajas de la normativa en la UE y no un incremento en su propia legislación”.
¿Puerta abierta al ‘fracking’? El conflicto entre Rusia y Ucrania ha levantado ampollas en Europa, pero no por el cariz político o territorial de dicho enfrentamiento sino por las implicaciones energéticas que está teniendo en el sistema energético europeo, dependiente enormemente del gas ruso, sobre todo la industria alemana, el motor económico de Europa.
Ante esta situación europea, en el panorama internacional el precio del petróleo se ha desplomado. La razón hay que encontrarla en Estados Unidos: el país de Obama ha alcanzado el autoabastecimiento energético gracias al fracking (la técnica de obtención de hidrocarburos del subsuelo mediante su fracturación).
Esta independencia energética estadounidense se contrapone a la alta dependencia europea del gas ruso, lo cual puede llevar a introducir en Europa un alto componente de imprevisibilidad económica, según corran o no los vientos en la Rusia de Putin. Y esto no gusta en la UE que está mirando, con el TTIP, cada vez más hacia EE UU y sus recursos del fracking.
Esto podría significar que si Estados Unidos comparte su tarta energética con Europa, la industria energética americana podría tener las puertas abiertas al fracking en este continente. De momento, esta práctica es competencia exclusiva de los Estados miembros. Pero, ¿y si el TTIP estableciera otro orden de cosas?
La izquierda europea, sobre todo Los Verdes, claman contra el fracking. Primero, porque esto no haría sino ahondar aún más en las emisiones de CO2 a la atmósfera; segundo, porque a esto se le incluirían los daños en los ecosistemas terrestres derivados del fracking, entre ellos, contaminación de la tierra, del agua o incluso la provocación de pequeños terremotos.
Servicios públicos privatizados, licitaciones públicas. La izquierda europea alerta de que la entrada en funcionamiento del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos implicaría una ola de privatizaciones en el sector público especialmente en dos ámbitos: la gestión del agua y los sistemas sanitarios europeos.
En el primer caso, la batalla está casi pérdida antes de comenzar, puesto que a lo largo y ancho de Europa ya sucede que empresas sobre todo francesas gestionan los recursos hídricos de no pocos países europeos. El riesgo, sin embargo, sería que, para permitir la entrada de empresas estadounidenses, los estándares relacionados con la calidad del agua o los procesos para su gestión se reduzcan al equipararse con los de EE UU.
En cuanto a los sistemas sanitarios, la preocupación es mucho más honda. Reino Unido, por ejemplo, ya ha escrito a la UE pidiendo explicaciones sobre si su sistema nacional de salud, público, corre el riesgo de sufrir privatizaciones. El jefe negociador de la UE, Ignacio García Bercero, tuvo que responder el año pasado por carta al gobierno de Londres para tranquilizarlo.
“Los gobiernos europeos serán libres de mantener y adoptar medidas de control del acceso al mercado de sus servicios sanitarios por parte de empresas extranjeras”, aseguró García Bercero. Sin embargo, la izquierda europea ve muy difícil que Europa pueda mantener todas estas condiciones en una negociación con Estados Unidos.
Derechos laborales y protección al consumidor. Es otro de los temas claves que rodean al TTIP: si el objetivo final del Tratado de Libre Comercio es rebajar los costes que en estos momentos afectan a las empresas estadounidenses y europeas en su comercio con el otro lado del Atlántico, ¿no reclamará Estados Unidos en las negociaciones que se rebajen las medidas de protección al consumidor y, sobre todo, los derechos laborales que tienen los trabajadores en Europa?
De no ser así, si una empresa se implanta en algún Estado miembro de la UE acabaría teniendo un mayor gasto en este apartado del que tiene en Estados Unidos, de modo que el presunto incentivo que la UE pretende que sea el TTIP desaparecería, mucho más si, como argumenta la patronal europea, BusinessEurope, el TTIP “no sólo sería útil para las grandes corporaciones sino especialmente para las Pyme, puesto que las multinacionales tienen capacidad para afrontar esas diferencias de coste actualmente, pero no tanto las Pyme”, según fuentes de la patronal.
Así que la izquierda europea ve un elevado riesgo de que el TTIP suponga implantar prácticas, en cuanto a la protección al consumidor, de una rebaja, por ejemplo, en los requisitos de etiquetado o el régimen de sanciones a las empresas; y en el ámbito laboral, como el despido libre o el fin de los convenios colectivos. ¿No es la dirección que desde que comenzó la crisis han ido tomando en Europa y a instancias de la Troika las reformas laborales impulsados por los diferentes gobiernos de derecha en la UE?
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