La plantilla del Matadero rechaza el intento de UGT de volver a negociar con la empresa

El sindicato, que mantiene contactos con la gerencia, da un plazo de tres días para replantear la postura antes de que se proceda a la liquidación

La asamblea de trabajadores del Matadero Central de Noreña, ayer, en Pola de Siero. FRANCO TORRE Fotos de la noticia

Lne. 27.12.2014 | 06:01 Franco TORRE

 Los trabajadores del Matadero Central de Asturias, en Noreña, rechazaron ayer, en una tensa asamblea celebrada en la sede de SOMA-FITAG-UGT en Pola de Siero, el intento de este sindicato para reabrir las negociaciones con la empresa propietaria del macelo, Junquera Bobes, para evitar la liquidación. En la asamblea, a la que asistieron algo menos de la mitad de los 86 empleados del macelo, intervinieron el secretario general del SOMA, José Luis Alperi, el secretario comarcal, José Ramón Argüelles, y el secretario de Acción Sindical, Rafael Carrión, que fue quien expuso el parecer del sindicato acerca de la actual situación de la empresa.

"La realidad es que la única propuesta de continuidad que tenemos es la que está presentando Junquera Bobes", afirmó Carrión, que instó a los empleados a votar en asamblea el retomar las negociaciones para aceptar el plan de viabilidad propuesto por Junquera Bobes, que pasa por despedir a 31 trabajadores y someter al resto a un severo ajuste laboral y salarial. Además, Carrión reveló que el pasado viernes, el juzgado de lo Mercantil número 2 de Oviedo remitió a los responsables de la empresa un requerimiento para que, en un plazo máximo de cinco días desde la recepción, presenten la petición de liquidación de la empresa o, en su defecto, den marcha atrás.

En base a estos plazos, los representantes de SOMA-FITAG-UGT estiman en tres días, a contar desde hoy mismo, el margen que tienen los trabajadores para replantear su posición y retomar las negociaciones con los propietarios de Junquera Bobes.

El sindicato, de hecho, considera que puede haber un inversor interesado, pero entiende que sólo aceptará entrar en la empresa si se garantiza la "paz social".

Mas la petición del sindicato ni siquiera fue contemplada por los trabajadores, que consideran que el rechazo al plan de viabilidad ya se acordó en una asamblea anterior. De hecho, varios de los asistentes a la asamblea se mostraron críticos con la actuación de SOMA-FITAG-UGT, afeando a los representantes del sindicato que el martes, 23 de diciembre, se reuniesen con la dirección de Junquera Bobes sin comunicárselo a los integrantes del comité de empresa.

Carrión aseguró que en esa reunión sólo se había tratado de concretar el número de bajas voluntarias que aceptaría la empresa en la aplicación del plan de viabilidad, y que en todo caso había servido para conocer el requerimiento del juzgado.

 

Los trabajadores afines al comité dicen que el sindicato les "traicionó"

Lne. 27.12.2014 | 06:01 F. TORRE

 La asamblea convocada por SOMA-FITAG-UGT puso de manifiesto las diferencias entre esta fuerza sindical y el comité de empresa del Matadero Central. Alberto González, elegido portavoz por los propios trabajadores en una asamblea, no fue invitado a esta reunión en la sede del sindicato en Pola de Siero, por lo que rehusó entrar al edificio y permaneció a las puertas durante toda la asamblea.

Sí que entraron otros representantes del comité de empresa, que se mostraron muy críticos con la postura del SOMA-FITAG-UGT, llegando incluso a hablar de "traición" del sindicato por sus contactos con la dirección de Junquera Bobes. Unos trabajadores que vincularon esta postura con la mantenida por este sindicato durante el conflicto laboral de 2011, saldado con 21 despidos.

Al final de la asamblea, y tras ser informado por los trabajadores asistentes de su contenido, González criticó que la empresa sólo haya informado al SOMA-FITAG-UGT del requerimiento del juzgado para solicitar la liquidación, y atribuyó esta maniobra a un intento de "manipular" a los trabajadores para que acepten las condiciones planteadas en el plan de viabilidad que presenta Junquera Bobes.

"Ahora vienen de salvadores", ironizó González respecto a la postura de SOMA-FITAG-UGT, incidiendo en que los trabajadores ya acordaron en asamblea rechazar ese plan de viabilidad. "Yo no voy a firmar el despido de ningún compañero", añadió González, quien insistió en que la plantilla continuará encerrada en asamblea permanente en el macelo noreñense

Navidades en lucha

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública llama a la ciudadanía a seguir luchando luchando en 2015 por el derecho a la salud de todas las personas

Balance de 2014. Un año de claroscuros para la Sanidad Pública

nuevatribuna.es

Lo  positivo

Las dimisiones-ceses de los consejeros madrileños Lasquetty y Rodríguez y de parte de sus equipos, así como de la ministra de Sanidad Ana Mato, de la secretaria general de Sanidad Pilar Farjas y de Mercedes Vinuesa, personas todas ellas que se habían caracterizado por una desastrosa gestión y ausencia de criterios sanitarios y en algún caso, como los dos primeros por una prepotencia y zafiedad que eran incompatibles con sus cargos.

También hay que señalar en este apartado la retirada de los planes de privatización de 6 hospitales y 27 centros de salud madrileños, de 4 hospitales de Castilla La Mancha y de 2 más en Extremadura. Asimismo la no aplicación de una parte del paquete de medidas regresivas del RD ley 16/2012, como son los copagos en los medicamentos dispensados en las farmacias hospitalarias que todas las CCAA se negaron a efectuar en franca rebelión contra el Ministerio de Sanidad, de los copagos sobre transportes sanitario, dietas, órtesis y prótesis (aunque no se han derogado legalmente).

 

Lo negativo

Ha continuado la aplicación de otros aspectos regresivos del RD Ley 16/2012, como los copagos farmacéuticos en las recetas que ha producido que muchas personas no puedan acceder a los medicamentos que precisan (el 14,76% del total que se eleva al 20,39% de los pensionistas y el 25,92% de los parados) y las exclusiones sanitarias de los inmigrantes no regularizados y las personas con más de 90 días de estancia en el extranjero. Los resultados en salud de estas exclusiones no han sido evaluadas por los responsables sanitarios pero probablemente hayan producido importantes problemas de salud a un gran número de personas (al menos hay 3 muertes documentadas debidas a la exclusión de los inmigrantes irregulares).

También hay que señalar la nefasta e incompetente gestión del problema del ébola por parte del Ministerio de Sanidad y la Consejería de Sanidad madrileña.

Asimismo la continuación de la política de recortes, deterioro, desmantelamiento y privatización de la Sanidad Pública, siendo lo más destacable la privatización (PFI) de los hospitales de Toledo, de Vigo y Valdecilla y el intento de hacerlo también en el hospital de Alcañiz, a ello hay que añadir las derivaciones sistemáticas a los centros privados realizados de manera mas o menos encubierta por la mayoría de las CCAA. 

Otros mecanismos de esta política privatizadora han sido las concentraciones de servicios (laboratorio, radiología, etc), las “externalizaciones” (historias clínicas, informatización, planificación, compras, etc.) y la puesta en funcionamiento de las denominadas “unidades de gestión clínica”.

El resultado es una disminución de los trabajadores de la Sanidad Pública y un aumento de las demoras en espera quirúrgica, pruebas diagnósticas, consultas de especialista y de atención primaria.

Por fin esta el caso del tratamiento de los enfermos de hepatitis C donde una vez más se demuestra la falta de criterio sanitario de la política del PP y como se anteponen los intereses de las multinacionales farmacéuticas al derecho a la salud de las personas.

Con todo conviene señalar que aunque la política de recortes y privatizaciones alcanza a todas las CCAA existe mucha diferencia en su aplicación entre las mismas, destacando negativamente los casos de Cataluña, Madrid, Valencia, Galicia, Castilla la Mancha, Cantabria y Aragón, y también que los nuevos nombramientos no parecen anunciar cambios significativos en la política sanitaria mas allá de un comportamiento con mejor imagen y menos zafiedad.

En conclusión, un año con buenas y malas noticias para la Sanidad Pública de nuestro país, donde continúan los recortes y las privatizaciones, si bien se ha demostrado que las movilizaciones sociales y profesionales, si son unitarias y mantenidas en el tiempo, consiguen resultados.

Desde la FADSP podemos garantizar que continuaremos luchando en 2015 por el derecho a la salud de todas las personas, sin barreras de acceso ni exclusiones, y contra las privatizaciones, y que trabajaremos para conseguir una gran alianza social y profesional en defensa de la Sanidad Pública.

Compartamos el deseo de que 2015 sea el año del cambio y de la ilusión y hagámoslo posible entre todos

Convertir 2015 en el año del cambio

Por Dina Bousselham, politóloga y activista social.

Público.es

“…lo que antes ser muy mal, permanecer todo igual, hoy resultar excelente

Hombre blanco hablar con lengua de serpiente…”

Javier Krahe

El 2014 empezó en las calles, defendiendo la sanidad pública con los compañeros y compañeras de la Marea Blanca, y acaba de nuevo en las calles al grito de No a la Ley Mordaza, una ley que nació con el único objetivo de silenciar las voces del pueblo, criminalizando la protesta y legalizando las deportaciones en caliente. El 2014 fue un año muy intenso con muchas batallas, algunas ganadas y otras pérdidas. Hoy quisiera detenerme y hacer un breve repaso de lo acontecido en enero y en diciembre (sin menospreciar lo sucedido el resto de los meses) y que a mi parecer reflejan muy bien lo que ha sido este año. Si el 2014 fue el año en el que abandonamos la resignación, el 2015 será el año del cambio y de la ilusión.

Enero nos enseño que luchar nunca fue en balde. Gamonal y la renuncia a la privatización de hospitales por parte de la Comunidad de Madrid (que acabó con la dimisión de Lasquety) son un buen ejemplo. Mientras la vicepresidenta del gobierno decía que “los indicadores económicos no casan con las protestas”, los compañeros de la PAH y miles de personas voluntarias defendían el derecho a la vivienda, paralizando desahucios. Algunas veces con éxito, y otras desgraciadamente no, como el caso de Antonio, un disminuido físico al 100% al que desalojaron de su casa de alquiler en Lavapiés. Al tiempo que nos enterábamos a través de los medios de comunicación de cosas que ya sabíamos, como por ejemplo: según Oxfam, España es uno de los países europeos más desiguales (sólo por detrás de Letonia), de hecho la riqueza conjunta de las 20 mayores fortunas de España (77.000 millones de euros) equivale a los ingresos del 20% de la población más pobre del país.

Enero también fue el mes de la vergüenza por otros motivos: intervención del gobierno español para mediar entre el conflicto (económico) de Sacyr con Panamá por la negativa de la constructora a cumplir con el contracto para la construcción del canal de Panamá; protección del gobierno español a la infanta Cristina por posible imputación por delitos de blanqueo de capitales y evasión fiscal; blindaje del gobierno español cerrando la puerta a cualquier intento de celebración de un referéndum en Cataluña, negándole la palabra a los catalanes; aumento del paro hasta el 26%, cerrando Empleo su sexto año de caída; publicación de datos extremadamente alarmantes de la EPA que confirman que España no es país para jóvenes (el 54% está sin empleo) y su destino es estar condenados al paro, al exilio y a la precariedad. De hecho el 80% de los jóvenes asume tener que depender de su familia (y no sólo lo dicen colectivos –imprescindibles- como Juventud Sin Futuro, sino datos que muestra el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud). En enero también nos enterábamos del aumento de la deuda pública que en 2013 alcanzó los 128.000 euros, un 40% más que el año anterior; a la par que el gobierno nos subía los impuestos, nos reducían los salarios y las prestaciones sociales. En enero supimos que el número de personas que viven con menos de 307 euros al mes se ha duplicado y afecta ya a más de 3 millones de personas. También supimos que 1 de cada 3 niños españoles viven en la pobreza (el 25% de los niños sufren malnutrición).

Y mientras todo eso pasaba, los de arriba vendían recuperación y brotes verdes. El FMI hablaba de que la recuperación en España va más rápido, la Comisión Europea decía que España había hecho los deberes gracias a las reformas impulsadas por el gobierno a la par que pedía una segunda fase para la reforma laboral. Botín afirmaba que España se ha convertido en un ejemplo por sus reformas (mientras nos enterábamos de que en 2013 el Banco Santander duplicó sus beneficios en comparación al año anterior, alcanzando los 4.370 millones de euros). La ruptura entre la clase política y la ciudadanía se agudizaba. Y ante este panorama, unos ciudadanos, gente normal, algunos venidos de la Universidad, otros de las incansables luchas de los movimientos sociales, de la indignación de las plazas, organizaron la rabia, haciendo una lectura muy lúcida de la situación, entendiendo que los problemas sólo podían ser resueltos de manera colectiva, siendo conscientes de que veníamos de una gran derrota. En enero movieron ficha y nació Podemos: un instrumento para empoderar a la ciudadanía. Consiguieron despertar a la gente corriente haciéndola participe de la res publica, defendiendo lo que es de todos, montando círculos, juntando ilusiones. Organizando la rabia, sí, y defendiendo la alegría.

Y llegamos a diciembre. La situación no ha mejorado: la crisis la siguen cargando a sus espaldas los jóvenes, los parados, los autónomos, las amas de casa, los abuelos, los que menos tienen, las miles de personas decentes que pagan día tras día los platos rotos de un gobierno que no ha sabido gestionar el país. Los datos del paro siguen siendo alarmantes, son cada vez más los jóvenes españoles que emigran en busca de un futuro mejor que no llega (¿quién no tiene a un familiar o amigo que se ha ido a Berlín o Londres? La ausencia de ellos en estas fechas nos conmueve a todos) la pobreza sigue azotando a miles de familias mientras algunos políticos tienen la desfachatez de hacer burlas sobre el tema (“ahora saco el pañuelo y lloro”, decía la semana pasada un diputado del PP sobre el hambre infantil), la brecha salarial entre ricos y pobres sigue creciendo (nuestros salarios son los más bajos y desiguales desde 1992). Van llegando noticias de que gracias al rescate iniciado por el PSOE y secundado por el PP la banca española obtuvo en estos nueve primeros meses del año un beneficio atribuido de 7.449 millones de euros, sin embargo seguimos sin tener dinero para pensiones, ni para prestaciones sociales, ni para educación, ni para sanidad (el pasado mes de noviembre el gobierno acordó financiar unos fármacos nuevos para combatir la hepatitis C, fármacos que no pudieron llegar a tiempo para salvarle la vida a 1 de los 180.000 enfermos diagnosticados con hepatitis C).

Este mes de diciembre también pudimos ver cómo el Juez Castro acordaba sentar en el banquillo de acusados a la hermana del rey, a pesar de las presiones del Ejecutivo y pudimos leer a través de un informe que España es actualmente el séptimo país del mundo con mayor cantidad de armas vendidas al obtener más de 4.000 millones de euros de beneficios durante el 2013. El mismo gobierno que hace negocios con dictaduras árabes vendiéndoles armas, miente y difama acusando a otros de lo que ellos mismos hacen. Un gobierno que premia a sus miembros acusados por corrupción y castiga a los jueces que luchan contra ella (Garzón, Silva, Ruz. ¿Coincidencias?) ¿Será como decía hace unos días Cospedal que la corrupción es patrimonio de todos? Supongo que lo que habrá querido decir es que el dinero público de la corrupción es patrimonio de todos.

Y finalmente nos hemos enterado de que el gobierno prepara una contrarreforma de la ley de Enjuiciamiento cuyo anteproyecto ya está siendo denunciado en foros internacionales de Derechos Humanos y en la ONU por perpetuar con esta reforma la falta de garantías frente a la tortura y otros malos tratos durante la detención policial. Afortunadamente, frente a esto y todo lo demás tenemos un pueblo valiente y responsable que no dudará en salir a las calles las veces que haga falta para reclamar justicia, soberanía, libertad e igualdad. Frente a la desvergüenza, a la manipulación, a la corrupción, frente al miedo, nos encontrarán unidos, luchando, sonriendo. Las encuestas indican el desmoronamiento del régimen del 78, la caída del bipartidismo, el fin de un ciclo político y la apertura de una nueva época, una regeneración política (de verdad, y no las que promulga el rey). Es la época de estrechar manos (no importa el color de piel), unir puentes, abrir candados, puertas y ventanas. Es la hora de la gente, de respirar aire fresco (o simplemente respirar). Aunque ojo, no serán las encuestas las que hagan temblar y tumbar al gobierno, sino la voluntad de miles de ciudadanos cuyo deseo no es otro que convertir el 2015 en el año del cambio. Como decía Bob Dylan, the times they are a-changing.

Nos vemos en las calles y en las urnas.

Castilla-La Mancha quiere fijar qué farmacia venderá a cada residencia

Dos intentos anteriores están parados por Competencia y los tribunales

Puesto de reparto de medicamentos en una residencia de mayores. / MABEL GARCIA

El País. Emilio de Benito Madrid 24 DIC 2014 - 14:09 CET8

Castilla-La Mancha va a intentar, por tercera vez, sacar adelante la idea de que las residencias privadas de ancianos deben comprar los medicamentos solo en farmacias cercanas. La idea tiene soliviantado a un grupo de boticarios, la Asociación Farmacéuticos, Prescriptores y Usuarios en Defensa de la Libre Elección de Oficina de Farmacia en Castilla-La Mancha. Desde 2006, cuando la Junta hizo el primer intento, esta asociación ha parado ya en los tribunales y en el Comité de Defensa de la Competencia dos iniciativas en este sentido. Ahora se enfrentan a una tercera, un anteproyecto de ley que ha sido remitido a las Cortes regionales... (leer más)

El letrado de la Junta censura la escasa claridad de la ley de Transparencia

El informe de Alberto Arce alerta de que el texto redactado por el Gobierno regional reproduce "a trozos" la legislación nacional

Lne. 26.12.2014 | 02:07 M. J. IGLESIAS

La futura ley de Transparencia del Principado cojea de coherencia y claridad, según pone de manifiesto el informe de técnica legislativa, elaborado por el letrado mayor de la Junta General del Principado, Alberto Arce Janáriz, quien en un exhaustivo examen al articulado de la normativa invita al Gobierno asturiano a "establecer un criterio y seguirlo a lo largo de todo el proyecto", como indica explícitamente el texto.

La disección de la norma, que llegó a la Cámara regional el pasado mes de abril, hace hincapié en que el texto del proyecto asturiano reproduce solamente en parte el articulado de la ley nacional, una técnica que tanto el Tribunal Constitucional como el Consejo de Estado estiman poco recomendable, ya que puede dar lugar a omisiones arriesgadas, según las conclusiones del informe.

El documento del letrado abunda en que en algunos casos se reproducen "a trozos" preceptos de la ley nacional de Transparencia y Buen Gobierno, de diciembre de 2013, una práctica que para el Constitucional supone que "la regulación autonómica está estableciendo una regulación contraria a la legislación básica estatal, al tratarse de omisiones que al no poder considerarse inocuas, indiferentes o neutras alteran el régimen jurídico previsto en la ley".

Entre los preceptos del proyecto que más problemas de técnica normativa presentan, el documento también hace mención a la regulación de las multas coercitivas, apartado en el que los juristas echan de menos la especificación de los lapsos de tiempo en los que pueden imponerse, sucesivamente, como instrumento para propiciar el cumplimiento de la normativa.

Del informe se desprende, asimismo, que el ámbito de aplicación de la ley resultaría más claro si el artículo relativo a las entidades a las que es de aplicación la normativa se descompusiera en dos letras: una para los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales de ámbito autonómico, respecto a los que, según consideran los juristas, el texto asturiano no aporta nada a la norma nacional vigente, y otra relativa a las entidades privadas que perciban ayudas públicas, "sobre las que el proyecto sí supone un plus respecto a la norma estatal", como señala el informe.

La disección pormenorizada del texto aprecia que en uno de los párrafos la redacción no resalta adecuadamente lo que de plus tendrá la normativa autonómica respecto de la norma estatal básica, "no es que con carácter general supere el ámbito subjetivo de esta última, sino que, más concretamente, obliga a las entidades que perciben subvenciones y ayudas públicas, a partir de un importe inferior al mínimo, que a tal efecto establece la norma estatal", indica.

Entre las observaciones figuran otras relativas al empleo de consideraciones de género, con sintagmas como "asturianos y asturianas", lo que, en opinión del letrado, "menoscaba la legibilidad del texto legal".

Bienestar privatiza la gestión de los pisos de discapacidad que abrieron cuatro ONG

Adjudica a Sacyr los pisos que Siloé tiene abiertos en Gijón, mientras que Casta se lleva el centro de Cocemfe de Langreo y Gerusia copa el de Avilés

De izquierda a derecha, sentados Alejandro Alonso (Rey Pelayo), Pilar Conde (Feaps) y José María Alonso (Plataforma Tercer Sector de Discapacidad). Tras ellos Ignacio Prendes (UPyD), Noemí Martín (IU) y Esther Landa (Foro) durante la rueda de prensa en la Junta / DANIEL MORA

El Comercio. CHELO TUYA GIJÓN 24 diciembre 201408:42

«Una puñalada por la espalda. A traición y el día antes de Nochebuena». José Antonio García Santaclara, presidente de la Fundación Siloé, la ONG que él mismo creó hace un cuarto de siglo y que acaba de recibir la Medalla de Plata de Gijón, estaba ayer consternado. Desde que, a primera hora de la tarde, descubrió que los dos pisos tutelados que su fundación abrió en Gijón en 2011, destinados a personas con discapacidad intelectual, van a ser gestionados por la mayor constructora del país.

Según ha decidido la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, Sacyr, titular de la obra del Canal de Panamá, gestionadora de gran parte de la red de autopistas de peaje y copropietaria, entre otras, de Repsol, sustituirá a Siloé en la gestión de los dos pisos que la Fundación tiene en Moreda, en los que viven diez personas con discapacidad intelectual y para los que trabajan ocho personas. Lo hará la empresa del IBEX a través de Valoriza, una de sus filiales, nacida en 2013 y vinculada, inicialmente, a la explotación de depuradoras... (leer más)

"Rey Aurelio" confía mantener la gestión de su piso tutelado

Tal y como dicen desde Yo Sí Sanidad Universal no se trata de errores puntuales, sino que “es una parte más del entramado jurídico, social y sanitario, que sólo sirve para generar sufrimiento”

El TSJ de Catalunya reconoce el derecho a la sanidad a familiares de inmigrantes con papeles

Sentencia que la Seguridad Social aplica erróneamente la normativa al denegar la tarjeta sanitaria a una mujer venezolana cuya hija tiene la nacionalidad española.

L. VILLA, en Público.es

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha reconocido el derecho de Hilda Castro, una mujer venezolana de 77 años, a ser atendida por la sanidad pública de Barcelona. La Seguridad Social había negado la asistencia sanitaria a Hilda, a pesar de que contaba con un permiso de residencia asociado al de su hija, Zulay Marlem Traspalacio Castro, con nacionalidad española.

En agosto de 2013, Hilda solicitó al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) el derecho de asistencia como familiar de ciudadano de la Unión Europea que no ingresa más de 100.000 euros al año. El INSS, en cambio, se la denegó, alegando que tendría que haber contado con un seguro privado para obtener su permiso de residencia y que, por tanto, no le correspondía contar con “sanidad pública y universal”. Ahora, la Sala de lo Social del TSJ de Catalunya le ha dado la razón, en una sentencia que podría servir para las decenas de casos similares.

Según denuncia el colectivo de defensa del derecho de asistencia a inmigrantes Yo Sí Sanidad Universal, el INSS niega cada día la tarjeta sanitaria a personas mayores, madres y padres que, procedentes de países de fuera de la UE, llegan a España para vivir con sus hijos y familiares que llevan ya años residiendo aquí o que incluso cuentan con la nacionalidad española.

“Esto significa que personas mayores y a menudo con enfermedades no pueden ir a centros de salud y tampoco pueden contar con seguros privados, porque las compañías no suscriben pólizas a ancianos enfermos”, explican desde el colectivo, que está repartiendo la documentación necesaria a personas en una situación similar para que interpongan una denuncia. “La sentencia es importante porque otorga un derecho arrebatado a una familia y porque abre la posibilidad de que otras puedan recuperarlo también”, añaden.

El colectivo insiste en que este tipo de decisiones por parte del INSS no son errores puntuales, sino que “es una parte más del entramado jurídico, social y sanitario, que sólo sirve para generar sufrimiento”.

De hecho, el Juzgado de lo Social número 20 de Barcelona ya había dado la razón a Hilda y a su abogada, Laia Costa, en mayo de este año, cuando dictó que la Seguridad Social estaba aplicando erróneamente la normativa y citaba una sentencia similar emitida por el TSJ de Castilla y León de enero de 2014. El INSS planteó un recurso de súplica sin mucho éxito, dado que ahora ha recibido la misma respuesta.

El Sespa registra 902 casos de maltrato en mujeres, pero solo la mitad denuncia

El 13,5% de las afectadas tienen entre 14 y 24 años, grupo de edad en el que el agresor suele ser el novio, padre o padrastro

LAURA FONSECA GIJÓN 23 diciembre 201400:18

Casi un millar de casos de maltrato a mujeres, pero solo la mitad de denuncias. En el Principado, muchas de las asturianas que son víctimas de violencia de género rehusan iniciar acciones contra su agresor. La brecha entre estas dos realidades (los casos detectados frente a las denuncias cursadas) es cada vez mayor. Así lo constata el Servicio de Salud (Sespa) en su último informe sobre malos tratos y para cuya elaboración fueron empleados los datos del Registro de Atención Sanitaria en Violencia contra las Mujeres del Principado de Asturias (Vimpa) correspondientes a 2013.

Según este documento, a lo largo del pasado año se llegaron a identificar 902 situaciones de violencia doméstica. Se trata de la suma de mujeres, tanto adolescentes como jóvenes y mayores, que en contacto con los servicios sanitarios (incluida la red de Salud Mental) o sociales de la región, llegaron a referenciar ser víctimas de al menos un episodio de maltrato... (leer más)