¡¡Si se puede, si se puede, si se puede!!

Madrid renuncia a la privatización sanitaria tras el varapalo del TSJM

El presidente de la CAM, Ignacio González, deja "sin efectos" la externalización de los hospitales Infanta Sofía, Infanta Cristina, Infanta Leonor, del Sureste, del Henares y del Tajo

El anuncio se produce tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de mantener la suspensión cautelar del proceso para evitar "graves e irreparables daños"

Los magistrados argumentan que los cálculos de ahorro de la Comunidad son "meramente estimativos e hipotéticos" y que "pueden no responder después a la realidad"

El consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, presenta su dimisión tras el revés judicial. Será sustituido por Javier Rodríguez, portavoz del ramo en la Asamblea de Madrid

González afirma que no habrá más recortes, aunque "seguirá ajustando gastos"

AGENCIAS, Madrid.

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha anunciado hoy la renuncia definitiva de su Gobierno a llevar adelante el plan para privatizar la gestión de seis hospitales públicos, una decisión que se ha cobrado la dimisión del consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty.

En una convocatoria de prensa convocada esta tarde, González ha avanzado que su Ejecutivo deja sin efecto el traspaso de la gestión a las empresas Sanitas, Ribera Salud e HIMA San Pablo ante la "incertidumbre" generada por la sucesión de resoluciones judiciales sobre el proceso, cuya legalidad ha defendido.

El último de estos fallos judiciales ha tenido lugar hoy, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha ordenado mantener la suspensión cautelar del concurso que en agosto de 2012 adjudicó a las empresas los centros Infanta Leonor, Infanta Sofía, Infanta Cristina, Hospital del Henares, del Tajo y del Sureste.

El titular del Ejecutivo madrileño ha indicado que la decisión de dejar sin efecto la externalización no supondrá nuevos recortes, aunque sí obliga a seguir ajustando los gastos y profundizar en las medidas incluidas en el plan sanitario aprobado en 2012 y ya puestas en marcha. El presidente de la Comunidad de Madrid, que ha recalcado que sigue considerando "legal" y "posible" el modelo de externalización hospitalaria, ha rechazado que dejar sin efecto este plan suponga un "fracaso".

Ha servido, según indicó, para "concienciar a toda la sociedad de la necesidad de hacer cada vez una gestión más eficiente" de los recursos públicos y del trabajo conjunto en la reducción del gasto "sin afectar" a los servicios "esenciales". González ha precisado que las empresas a las que en agosto de 2012 se adjudicó la gestión de los hospitales deberán acatar también el fallo del TSJM y no ha aclarado si se les indemnizará por esta suspensión definitiva.

 

Dimisión de Lasquetty

Igualmente, ha agradecido el trabajo del consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, cuya dimisión ha aceptado y que después de casi tres años como responsable sanitario en la Comunidad de Madrid será sustituido en el cargo por el actual portavoz de Sanidad del PP en la cámara regional, Javier Rodríguez. Lasquetty, que ha comparecido junto a González ante los medios de comunicación y mantendrá su acta de diputado en la Asamblea de Madrid, ha significado que su decisión obedece a su sentido de la responsabilidad y a que fue él quien propuso y puso en marcha el proyecto de externalización.

La oposición, por su parte, se ha alegrado del revés judicial y el paso atrás del Gobierno regional. Tras la comparecencia de González, el secretario general del PSM, Tomás Gómez, ha celebrado la paralización de las externalización y ha considerado que, tras un año "duro", ha merecido la pena "dar la batalla" por la sanidad pública. El coordinador general de IUCM, Eddy Sánchez, se ha felicitado también por la renuncia, que ha achacado a la "enorme presión ciudadana del último año", y ha reclamado la dimisión del propio presidente tras considerar que la dimisión del consejero "no es suficiente". Desde UPyD, su portavoz en la Asamblea de Madrid, Luis de Velasco, ha reclamado diálogo con los sectores implicados tras el fracaso del plan privatizador y con el objetivo de mejorar la gestión sanitaria pública.

CCOO de Madrid ha valorado el fin de un proceso de privatización que considera "plagado de irregularidades", mientras que UGT ha argumentado que se ha demostrado que la marea blanca de protesta sanitaria "tenía razón" cuando exigía parar la "privatización".

 

Revés judicial

La sección tercera del TSJM desestimó hoy el recurso de la Comunidad de Madrid contra la suspensión del proceso de externalización sanitaria, dictada en septiembre a petición de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM). Además de mantener la suspensión del proceso, el TSJM ha hecho extensivo el fallo a otros dos recursos contenciosos interpuestos por la Asociación de Médicos y Titulados Superiores (Amyts). El objetivo de la suspensión, según los jueces, es evitar "perjuicios de imposible reparación", ya que el asunto afecta "al interés público y a la propia economía y Hacienda Pública de la Comunidad de Madrid" . 

La Comunidad de Madrid pretendía ahorrar 169 millones de euros anuales con el traspaso de la gestión hospitalaria, medida contra la que se sucedieron 22 días de huelga entre noviembre de 2012 y junio del pasado año y decenas de manifestaciones. Hoy, los profesionales expresaban su "satisfacción plena", aunque lamentaban que la decisión haya llegado "a base de doblegar intenciones" por la vía judicial y no "mediante el diálogo y del entendimiento", declaró Julián Ezquerra, secretario general del sindicato de médicos Amyts.

 

El TSJ de Madrid confirma la suspensión cautelar de la privatización sanitaria

Nuevo varapalo a la Comunidad de Madrid y a las empresas adjudicatarias, cuyos recursos son rechazados por los jueces.

ANDRÉS MUÑIZ/AGENCIAS, en Público.es

Nuevo varapalo de la justicia al proceso privatizador de la sanidad madrileña planeado por el Gobierno de Ignacio González (PP). La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha acordado mantener la medida cautelar de suspensión de la externalización sanitaria, al rechazar el recurso de reposición presentado por la Comunidad de Madrid y las empresas adjudicatarias. El objetivo de la suspensión, según los jueces, es evitar "perjuicios de imposible reparación", ya que el asunto afecta "al interés público y a la propia economía y Hacienda Pública de la Comunidad de Madrid" .

De ese modo, el tribunal ratifica el auto de 11 de septiembre de 2013 por el que la misma Sección, a petición de la asociación médica AFEM, acordó paralizar la ejecución de la citada resolución.

La decisión se produce después de que el Pleno de la Sala rechazase asumir los recursos en esta materia y decidiese devolver el asunto a las secciones Tercera y Octava, que los tramitaban inicialmente. El intento de elevar estos recursos al Pleno fue del anterior presidente de la Sala, Gerardo Martínez Tristán, cuya recusación por ser marido d euna consejera del Gobierno del PP en Castilla-La Mancha no prosperó, y que hoy es vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del partido de Rajoy.

El recurso de Afem impugnó la resolución de 30 de abril de 2013 de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid por la que se hizo pública la convocatoria para la licitación del contrato de servicios denominado ‘Gestión por concesión del servicio público de la atención sanitaria especializada correspondiente a los Hospitales Universitarios Infanta Sofía, Infanta Leonor, Infanta Cristina, Del Henares, Del Sureste y del Tajo'.

En la misma línea, los magistrados que integran la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso han declarado también la suspensión del proceso de externalización sanitaria por la vía de otros dos recursos contenciosos, en esta ocasión a solicitud de la asociación médica AMYTS.

La Sección Tercera considera, en todos los casos, que dadas las circunstancias que concurren y que pormenorizadamente se exponen en las tres resoluciones, de no aceptarse la petición de medida cautelar de suspensión se podrían producir perjuicios de difícil o imposible reparación.

Los magistrados argumentan que los cálculos de ahorro de la Comunidad son "meramente estimativos e hipotéticos que pueden no responder después a la realidad". Y añade que los perjuicios si la resolución impugnada se ejecutara y luego anulara "afectaría también al interés público y a la propia economía y Hacienda Pública de la Comunidad de Madrid".

Y esgrimen también que el interés público exige "proceder con cautela para evitarle los graves e irreparables daños que se producirían en caso de que la resolución administrativa se ejecutara y después tuviera que anularse".

Asimismo, los magistrados niegan que la decisión de suspender el proceso suponga "un desapoderamiento al Gobierno de la Comunidad de Madrid de su competencia para aplicar en su ámbito territorial su política sanitaria y de implementar en unos concretos centros hospitalarios un determinado modelo de gestión".

Por su parte, en los autos referentes a la asociación Amyts, la Sala considera que, "sin verter consideraciones sobre el nuevo modelo", "la modificación del sistema de gestión en la atención sanitaria especializada de seis hospitales es de unas dimensiones cuantitativas extraordinarias". En su opinión, esa circunstancia "haría muy difícil, sino imposible, en caso de que no se accediera a la medida cautelar de suspensión, volver a la situación anterior".

"La no adopción de la medida solicitada haría que el recurso pudiera perder su finalidad, creándose situaciones jurídicas irreversibles haciendo ineficaz la sentencia que se dicte e imposibilitando el cumplimiento de la misma en sus propios términos", agrega el fallo.

En esta situación, la Sala entiende que "procede acceder a la medida cautelar de suspensión, lo que tan sólo supone mantener la situación existente hasta la fecha y que la prestación sanitaria se siga prestando provisionalmente en la misma forma en la que se hace".

La Sección Tercera considera, en todos los casos, que dadas las circunstancias que concurren y que pormenorizadamente se exponen en las tres resoluciones, de no aceptarse la petición de medida cautelar de suspensión se podrían producir perjuicios de difícil o imposible reparación.

Con la decisión de la Sección Tercera, el tribunal mantiene la medida cautelar que decretó la sección tercera de la Sala a raíz de un recurso presentado por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) por la corrección de errores que se hizo en los pliegos sobre las garantías exigidas a las empresas.

Concretamente, ese recurso de AFEM se sustentaba en que la corrección de los errores en los pliegos de la externalización de estos centros suponía una modificación sustancial del proceso, pues se pasaba de exigir a las adjudicataria el 5 por ciento del importe del contrato al 5 por ciento anual.

El 30 de abril de 2013 de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria habilitaba la externalización de los hospitales Infanta Sofía, Infanta Cristina, Infanta Leonor, el Hospital del Sureste, el del Henares y el del Tajo.

En julio TSJM suspendió ya cautelarmente la externalización a petición del PSM aunque posteriormente levantó la paralización al considerar que los socialistas no tenían legitimidad para recurrir al no ser "parte interesada" en este proceso.

El 16 de octubre, el entonces presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJM, Gerardo Martínez Tristán acordó la agrupación de todos los recursos presentados sobre la externalización, argumentando que con ello se evitaban posible contradicciones de las resoluciones por parte de diferentes salas. Luego, el 9 de enero, dicho Pleno se reunió y acordó devolver a las secciones de origen los recursos planteados.

PRIMERAS REACCIONES:

Los médicos celebran la retirada del proyecto de privatización sanitaria

Los facultativos ven con recelo al sustituto de Lasquetty, Javier Rodríguez Rodríguez

Consideran que es otro "gran defensor" del modelo recién anulado

La oposición destaca que la paralización supone un "triunfo ciudadano"

Madrid da marcha atrás a la privatización sanitaria tras el último revés judicial

Elena G. Sevillano / Felipe Betim, en El Pais,

Hubieran preferido que las formas fueran otras, pero les convence el resultado. Médicos, personal sanitario y oposición han celebrado el anuncio de marcha atrás del proceso de privatización sanitaria que ha confirmado este lunes el presidente regional, Ignacio González. Lo consideran "un triunfo ciudadano" pero siguen expectantes. Tras la dimisión recién presentada del consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, los médicos recelan del sustituto. Consideran que Javier Rodríguez Rodríguez, portavoz de Sanidad en la Asamblea de Madrid, ha sido otro de los grandes valedores del plan que han acabado frenando los tribunales.

» Amyts. El secretario general de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores (Amyts), Julián Ezquerra, ha manifestado la "satisfacción plena" del sindicato médico mayoritario por "la retirada definitiva del proyecto de privatización" de los seis hospitales públicos. "Queremos entender, pese a que González no lo ha mencionado, que también desiste de privatizar los centros de salud como dijo que tenía previsto. Le pediremos que sea así”, ha añadido. Acerca de la dimisión del consejero, Ezquerra ha recordado que lleva meses pidiéndola, puesto que “ha demostrado sobradamente su incompetencia para llevar a cabo un proceso de diálogo con los profesionales”.

“Hay que darle tiempo”, ha afirmado sobre el sustituto de Javier Fernández-Lasquetty. “Javier Rodríguez al menos es médico y sigue activo en el hospital Gregorio Marañón. La faceta que yo conozco de él, la de portavoz de Sanidad en el Parlamento regional, es muy diferente a la de consejero. Lo que procede ahora es esperar a que se asiente en el cargo y ver qué primeros pasos da. Lo lógico sería que de forma inmediata restaure la comunicación con los profesionales”, ha añadido.

Ezquerra cree que en la decisión de González de suspender su plan ha pesado más la parte política que la judicial: “La decisión final de los tribunales llegará en plena precampaña o incluso campaña para las autonómicas de 2015. Creo que ha intentado evitar eso, puesto que sigue afirmando que su plan es bueno”.

» Afem.  "Es una pena que este anuncio haya tardado tanto cuando hace un año que les ofrecimos ayuda para gestionarlo de otra manera", ha señalado Fátima Brañas, vicepresidenta de Afem (Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid). Ha considerado, además, "necesaria" la dimisión presentada por Lasquetty porque "su único interés era llevar a cabo un proceso de privatización al margen de cualquier otro argumento".

Brañas ha mostrado su sorpresa por el nombramiento del sustituto, Javier Rodríguez, porque se trata "de uno de los principales defensores del plan de privatización". La portavoz de Afem teme que sea una señal de que el Gobierno regional pretende retomar estos planes, algo que el presidente González no ha desechado explícitamente durante su intervención.

» ADSPM. La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (ADSPM) ha manifestado, a su vez, que la retirada de la externalización es "una victoria de las movilizaciones sociales y profesionales, que llevan ya un año y medio", según el secretario de la asociación, Marciano Sánchez. Considera que "no hay que bajar la guardia, hay que continuar vigilantes, porque hay muchas cosas que se quieren privatizar, como la extracción de sangre y la lavandería central hospitalaria". La retirada del plan debe ser "motivo de optimismo para los que defendemos la sanidad pública", según Sánchez para quien "es la demostración práctica de que con movilizaciones mantenidas en el tiempo, sí se puede", ha dicho.

» SATSE. El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha mostrado su satisfacción por "mantener un modelo de gestión pública" de la sanidad madrileña, y ha manifestado que cualquier decisión que se tome sea de modo consensuado con las organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial y los profesionales sanitarios.

» PSM. El secretario general del PSM, Tomás Gómez, valora que, aunque ha sido un año "duro", ha "merecido la pena dar la batalla". Gómez ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa convocada de urgencia tras la decisión de González de paralizar la privatización sanitaria.

"Han perdido en los tribunales y en las calles porque no tenían razón, la razón la tenía la sociedad madrileña", ha añadido, al tiempo que ha criticado al Ejecutivo madrileño por llevar los intentos "hasta las puertas de una campaña electoral".

Aún así, Gómez ha señalado que no confía en que esta paralización sea definitiva. "No creemos que el PP tire la toalla para siempre ni que vaya a renunciar a sus ansias privatización porque está en su ADN", ha dicho. Por ello, ha anunciado que el PSOE mantendrá el recurso que había presentado ante el Tribunal Constitucional, ya que "todas las cautelas y prevenciones siempre van a ser pocas".

El portavoz de Sanidad del PSM en la Asamblea de Madrid, José Manuel Freire, ha opinado a su vez que el proceso privatizador va a llevar al PP "a perder las elecciones" y ha sostenido que la Marea Blanca ha hecho que "los Gobiernos de otras comunidades, como Castilla-La Mancha, hayan puesto una barrera y hayan dejado aparcados algunos de los planes locos que tenían". "Las elecciones de 2015 las van a decidir la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales. No van a ir de otra cosa", ha advertido.

» IU. “Estamos ante una victoria de las movilizaciones y de la marea blanca, que ha forzado al Gobierno a dar marcha atrás”, ha expresado el coordinador general de IU, Eddy Sánchez, que reclama una auditoría “que permita conocer el alcance del daño ocasionado a la sanidad pública”. Para Sánchez la dimisión de Lasquetty “no es suficiente”. “Hay que depurar responsabilidades, la cúpula de la sanidad madrileña de la última década sigue imputada por las privatizaciones ya realizadas”, ha recordado, en alusión a Manuel Lamela y Juan José Güemes, predecesores de Lasquetty e imputados por cohecho y prevaricación.

El responsable de Sanidad de IU en la Asamblea de Madrid, Rubén Bejarano, considera que el presidente González no tenía "más opción" que retirar la privatización de los hospitales porque la decisión del TSJM le había dejado "solo y desautorizado". Según Bejarano, es "un triunfo de la movilización de los profesionales y de la ciudadanía". El diputado añade que "el método para solucionar los problemas económicos ha sido un fracaso".

» UPyD. El diputado y portavoz del Grupo Parlamentario de UPyD en la Asamblea de Madrid, Luis de Velasco, cree que el anuncio del Gobierno regional de paralizar el proceso de privatización sanitaria “es un nuevo fracaso" del Ejecutivo. Velasco destaca que González "no ha tenido más remedio que dejar sin efecto esta medida, a la vista del enorme malestar social en todos los estamentos de la sociedad madrileña, desde los médicos hasta los ciudadanos”. El veterano diputado le pide que "a partir de ahora" gestione un plan sanitario "con todos los sectores implicados", según recoge una nota remitida por la formación.

» CC OO. La secretaria de la Federación de Sanidad de CCOO de Madrid, Rosa Cuadrado, ha destacado que el proceso de privatización "ha estado plagado de irregularidades". "El que no se lleve a cabo [la privatización de la gestión de seis hospitales] es una garantía para todos los ciudadanos de la Comunidad de Madrid", ha añadido. Sobre el cese de Fernández-Lasquetty, Cuadrado ha recordado que el sindicato lo viene pidiendo desde hace tiempo y ha considerado que era "lo más consecuente" que podía hacer.

» UGT. El secretario del sector de Salud de la Federación de Servicios Públicos de UGT de Madrid, Ignacio Hernández, ha considerado a su vez que la dimisión de Fernández-Lasquetty era "lo más justo" porque, en su opinión, "se ha equivocado desde el principio". Asimismo, Hernández ha sostenido que "se ha demostrado" que la Marea Blanca, en la que están los profesionales de la sanidad, los sindicatos y la ciudadanía, "tenía razón" cuando exigían la paralización de la privatización de los seis hospitales públicos.

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Y el PP en la dirección opuesta hoy la cadena SER ha tenido acceso la "análisis de impactos" de la reforma del aborto contemplada en la memoria elaborada por el ministerio de justicia

Más de 1.500 intelectuales y artistas se suman al manifiesto del Tren de la Libertad

27.01.2014, La Nueva España.

El Tren de la Libertad, la iniciativa organizada por grupos feministas asturianos para pedir que no se cambie la ley del aborto, continúa sumando adhesiones desde toda España con trece comunidades autónomas ya movilizadas. Además esta semana, a iniciativa de la analista y crítica de cine Pilar Aguilar, más de 1.500 intelectuales y artistas -entre ellas, Rosa Montero, Soledad Puértolas, Elvira Lindo, Ana Belén y Maribel Verdú- han suscrito el manifiesto por el que las mujeres exigen al Gobierno que retire el anteproyecto de ley del aborto de Gallardón. Las mujeres del cine grabarán un documental en el tren, que partirá hacia Madrid el próximo día 1.

 

Europa se moviliza en favor de las mujeres españolas y su derecho a elegir

El próximo miércoles, en Bruselas, el Partido Socialista belga y organizaciones como Abortion Right, Y European Humanist Federation convocan una manifestación a la que asistirán dirigentes del PSOE.

nuevatribuna.es

 

La Secretaria de Igualdad del PSOE, Purificación Causapié, la diputada Ángeles Álvarez y eurodiputados socialistas españoles representarán al PSOE el próximo miércoles 29 de enero en Bruselas en la manifestación de apoyo a las mujeres españolas y contra la ley del aborto del Gobierno de Rajoy que organiza el Partido Socialista belga.

 

Bajo el lema ‘En apoyo a las españolas y por el derecho a abortar en Europa’, la movilización defenderá, según la convocatoria, que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos y que es necesario defender el derecho al aborto seguro en todos los países europeos.

 

La protesta arrancará a las 17:00 ante la Embajada Española, Rue de la Science, 19 de Bruselas y terminará ante la sede del Parlamento Europeo. La marcha, además de estar organizada por los socialistas belgas, está secundada por el PSOE Bruselas y organizaciones como Abortion Right, European Humanist Federation, European Women’s Lobby, International Planned Parenthood Federation y Marie Stopes International.

 

La de Bruselas es solo una de las numerosas movilizaciones que se van a celebrar a lo largo de esta semana en diferentes ciudades europeas como Londres, París o Roma. La Vicesecretaria General del PSOE, Elena Valenciano, como Vicepresidenta del Partido Socialista Europeo, está coordinando las acciones reivindicativas que organizan los partidos socialistas en los diferentes países para denunciar el retroceso en derechos y libertades en España.

 

También en América, en ciudades como Buenos Aires, Quito y Santiago de Chile habrá concentraciones para respaldar las acciones que, tanto el PSOE como organizaciones de mujeres de España, vienen realizando en nuestro país contra la ley del aborto que pretende aprobar el gobierno de Mariano Rajoy.

 

ULTIMA HORA DE HOY…

 

El gobierno cree que la reforma del aborto tendrá un efecto positivo en la economía (¡…?)

Confía en un "impacto neto positivo por los beneficios esperados por el incremento de la natalidad"

 

CADENA SER, 27-01-2014 - 07:38 CET

 

La Cadena SER ha tenido acceso a la memoria del impacto normativo de la reforma de la ley del aborto elaborada por el Ministerio de Justicia. Una especie de radiografía de los motivos por los que se lleva a cabo la reforma y de los objetivos que se quieren alcanzar.

 

El Ministerio de Justicia ha elaborado un cuadro que recoge un "análisis de impactos" de la reforma del aborto en cuyo apartado sobre efectos económicos puede leerse literalmente que producirá: "impacto neto positivo por los beneficios esperados por el incremento de la natalidad".

 

El Gobierno espera que la reforma del aborto aumente la natalidad gracias a las nuevas trabas para interrumpir el embarazo. Esa esperanza en que el aumento de la natalidad traiga beneficios a la economía, sin embargo, es puesta en duda más adelante en el propio documento, ya que sus redactores admiten que "el impacto económico es difícilmente cuantificable" y que "no debe ser asociado directamente a la aprobación de la norma" puesto que no es ese su principal objetivo.

 

 

Datos sin actualizar

Leemos en el texto elaborado por el Ministerio de Justicia que el primer motivo que justifica la reforma es "la NO disminución del número de abortos practicados", aunque resulta que los datos en los que se basa esa afirmación son erróneos, no están actualizados. La ley se aprobó el viernes 20 de diciembre y solo tres días después, el lunes 23, el Ministerio de Sanidad publicó en su web que el número real de abortos en 2012 había bajado un 5% respecto a 2011 con la actual ley de plazos aprobada por el Gobierno de Zapatero. Los últimos datos que se conocen dicen que los abortos habían descendido y no aumentado: de 118.000 a 112.000.

 

 

Fuerte carga ideológica

El borrador de impacto del Ministerio de Justicia refleja la fuerte carga ideológica que tiene esta reforma de la ley del aborto. Por ejemplo, considera que estos cambios refuerzan la libertad de elección de la mujer, a pesar de que obligan a alegar peligro psicológico de la madre incluso en el caso de que una mujer quiera abortar un feto enfermo que vaya a morir nada más nacer.

 

El texto insiste varias veces en que se ha eliminado lo que llama "aborto eugenésico", un término que utilizan las asociaciones pro-vida para describir el caso de interrupción del embarazo en caso de malformación fetal. Incluso si el feto tiene malformaciones incompatibles con la vida que signifiquen que morirá en el periodo "neonatal". Hasta en ese caso, la mujer tendrá que alegar que la pronta muerte de ese feto le va a provocar "grave peligro" para su propia salud psíquica. Ni siquiera cuando se da esa terrible circunstancia se puede abortar explicando que no se quiere gestar un feto que va a fallecer poco después de nacer.

 

Además, el documento insiste en que esta ley "protege la libertad de decisión" de la mujer pero la realidad es que obliga a superar toda una carrera de obstáculos: esa mujer tiene que alegar "grave peligro" para su salud (que tiene que ser certificado por dos médicos especialistas distintos) debe recibir asesoramiento sobre las consecuencias del aborto y debe tomarse 7 días para "analizar y reflexionar" sobre su decisión. No parece que la decisión sea muy "libre" como dice la reforma. Ahora se puede abortar sin dar explicaciones hasta las 14 semanas de gestación.

 

 

"Impacto de género positivo"

El cuadro que analiza el "impacto de género" de la reforma del aborto que estima sorprendentemente que será positivo porque "se deja de considerar el aborto como un derecho de la mujer" y porque, entre otras cosas, "se apoya a la maternidad". Una maternidad que, por lo que se desprende del documento, parece que solo provoca un impacto positivo en el género "mujer" y no en el hombre. Un análisis que resulta bastante chocante en este siglo 21.

 

 

Complicada rectificación de Rajoy

Leyendo el texto resulta muy difícil imaginar que el Gobierno de Rajoy pueda aceptar introducir en la reforma del aborto un supuesto que permita la interrupción del embarazo en caso de malformación fetal como tenía la ley del 85. Es más, parece que impedir ese aborto ese caso es el centro de esta ley que abandera el ministerio de Gallardón.

 

De hecho el texto menciona varias veces como justificación de la reforma la Convención de los Derechos de las personas con Discapacidad de la ONU que fue ratificada por España y que habla -según él texto del Ministerio de Justicia- del "derecho a nacer diferente". Esa convención fue ratificada por el Gobierno de Zapatero en 2008 que, consultado por la Cadena SER, asegura que ese tratado no se refiere en ningún caso al "nasciturus", sino a las personas ya nacidas e insiste en que la Convención tiene más que ver con las ayudas a la dependencia o a la igualdad de trato.

 

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Entrevista en El País a RAFAEL BENGOA, exconsejero vasco de Sanidad, a propósito del bloqueo de camas en los hospitales por pacientes crónicos

“Los crónicos son más una solución que un problema del sistema de salud”

El asesor cree necesario dar velocidad a los cambios para adaptar la sanidad a su demanda real

Ania Elorza, Bilbao, en El País.

 

El hogar como centro de cuidados y los enfermos crónicos como la vía para garantizar la sostenibilidad de la sanidad. Rafael Bengoa (Caracas, Venezuela, 1952), exconsejero vasco de Sanidad y hoy en día asesor de la UE y de la reforma sanitaria de EE UU por el modelo que implantó en Euskadi, subraya que es necesario imprimir velocidad a los cambios para adaptar la sanidad a su demanda real.

 

Pregunta. ¿Es habitual en España y la UE tener camas bloqueadas por pacientes crónicos?

 

Respuesta. Sí, es habitual. Eso mismo confirma que no es un problema de las familias o de los crónicos, sino del modelo asistencial. Los crónicos son más una solución que un problema. Necesitan un modelo asistencial muy diferente, porque los datos dicen que la mitad de los crónicos hospitalizados podrían haberse evitado si hubiésemos hecho las cosas bien antes y después. Si están ahí es culpa del modelo, que no les previene de entrar en el hospital y no les da soluciones para la salida. Y cada vez habrá más casos.

 

P. ¿Están a tiempo los gestores sanitarios de hacer cambios?

 

R. Estamos a tiempo, pero hay que empezar ya. Todos los partidos saben que el modelo asistencial actual es incompatible con la carga de enfermedad que viene de la calle. El cambio se está haciendo en el País Vasco, en media Europa y se hará en EE UU.

 

P. ¿En qué dirección?

 

R. En todos estos lugares, las reformas sanitarias tienen tres componentes: un paciente activo al que se forma para que use mejor los servicios y controle su enfermedad, lo que genera un ahorro entre el 8 y el 21% del gasto; la integración de cuidados, para hacer más en casa y en Atención Primaria y menos en los hospitales; y el impulso tecnológico para facilitar la atención en casa. Hay que dar el salto tecnológico ya realizado en otros sectores.

 

P. Son medidas a medio o largo plazo…

 

R. Sí, pero se puede ir más rápido de lo que se piensa. Al final de la legislatura pasada, en el País Vasco ya empezaban a verse resultados, en tres años hay más de 3.000 pacientes activos formados. Van menos al sistema, controlan mejor su enfermedad. Con 10.000 habrá mejores resultados.

 

P. Si esos crónicos llegan al hospital, ¿qué alternativa queda? ¿crear hospitales para ellos?

 

R. Todo el mundo quiere estar en casa el máximo tiempo posible. Es el punto de partida, el hogar como centro de cuidados, pero no es el modelo que nos está saliendo, sino una trayectoria fragmentada de un paciente sociosanitario. Eso pasa porque no hemos partido de sus necesidades, sino de lo que pensamos los de arriba. Entre primaria y el hospital de agudos sí hace falta un centro de crónicos. Solo para rehabilitarte e ir a casa, no es un aparcamiento de crónicos. Nuestra obsesión, en todo caso, era el hogar y primaria, por eso hicimos más centros de salud.

 

P. Pero muchos de los crónicos tienen necesidades sociales. ¿Hay que empezar a hablar de un sistema sociosanitario?

 

R. Hay un baile de pacientes entre lo sanitario y lo social, y la continuidad de cuidados es sociosanitaria. No es necesaria una única agencia que lo gestione, basta con un presupuesto único y una planificación conjunta. Es bueno para las personas y la economía. Hay que hacer evaluaciones conjuntas de cada caso, personalizar la respuesta. En Euskadi estratificamos la población y vimos que el 5% acapara el 50% del gasto. ¿Por qué no ofrecerles un paquete sociosanitario? Media España tiene mimbres para hacerlo. Es algo que se puede hacer rápido y tiene ahorro. Donde no lo hay es en los copagos, que es lo que más se hace en España hoy.

 

P. Parece que el Ministerio está aparcando nuevos copagos.

 

R. Ya hay cuatro o cinco comunidades del PP que están haciendo lo que yo le planteo. Pero todos necesitamos acelerar el paso. De lo contrario vamos a tener que racionar, que no racionalizar, ofrecer menos servicios, menos medicamentos y menos tecnologías. El Ministerio de Sanidad ha hecho un plan, pero no ve el carácter estratégico de la cronicidad. No se puede no dotarlo de presupuesto y esperar que ocurra algo. Estamos perdiendo una legislatura focalizada en copagos.

 

P. ¿Es la crisis un obstáculo para este tipo de reformas?

 

R. La crisis nos ha venido muy bien para que el sector sanitario vea que es necesario cambiar. Irlanda del Norte ya está moviendo un 4% del presupuesto a casa y primaria, y el País Vasco también había empezado. Los sindicatos deben apoyar estos cambios, que exigen más flexibilidad para moverse de puestos, con incentivos y desincentivos. Si no, la resistencia sindical irá creando condiciones para no cambiar el modelo y eso lleva a un modelo de racionamiento o de privatización, que tampoco es la solución.

 

P. ¿La red privada se beneficiaría de ese inmovilismo público? En Canarias, de los 400 pacientes que bloquean camas, 300 están en camas concertadas.

 

R. Sí, indirectamente la red privada se beneficia de la falta de transformación del sector público, de su falta de liderazgo, energía y velocidad. Los cambios tienen que ir rápido. Las privadas también necesitan el nuevo modelo, porque si no tendrán más costes, deberán elevar las cuotas y perderán clientes.

 

P. Hablaba de desincentivos.

 

R. En algunas organizaciones americanas y en Inglaterra, el pagador dice que si el paciente reingresa en los 30 días siguientes al alta, no lo financiará. Eso es duro, en España no pasa, pero va a ocurrir. El reingreso, que está en el 23%, se va a castigar porque no se ha hecho un buen seguimiento.

 

P. Emplea para lo público lenguaje de lo privado.

 

R. Hay que empresarializar el sector público para salvarlo, con una gestión más ágil. Si no, se crean condiciones para decisiones más graves. No hace falta esperar mucho, ya está pasando.

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Jaime Prats, Valencia, en El País.

 

Con 56 años ya casi no puede moverse, apenas habla. Roberto tiene alzhéimer y acaba de ser trasladado temporalmente a un centro de larga estancia en Gran Canaria. Antes, había pasado siete meses en un hospital de agudos, a pesar de tener el alta médica. Su hija Carla, de 34 años, se negó a llevarlo a casa. Dado el avanzado estado de su enfermedad, no podía hacerse cargo de él, ni tampoco afrontar el coste de una residencia privada. Roberto y Carla son nombres ficticios; su caso, no. Como tampoco el de los 390 pacientes que, como señaló a principios de la semana pasada el presidente de esta comunidad autónoma, Paulino Rivero, permanecen en hospitales generales del archipiélago, a pesar de estar dados de alta. Una situación que no es exclusiva de las islas.

 

“En España no está bien resuelta la transición entre los sistemas sanitario y social”, comenta David Casado, del Instituto Catalán de Evaluación de Políticas Públicas, con 15 años de experiencia en el análisis de la asistencia sociosanitaria. “Este es el gran reto actual del sistema sanitario”, añade Laura Pellisé, directora del Centro de Investigación en Economía y Salud de la Universidad Pompeu Fabra. “Un reto que consiste en la adaptación a la atención de la patología múltiple y a los pacientes crónicos; pasar del sistema actual a otro con continuidad entre lo sanitario y lo social. Es un proceso lento y un desafío de alcance mundial”, añade.

 

Los hospitales se están convirtiendo en espacios cada vez más tecnificados orientados hacia la rápida rotación de pacientes, y es aquí, en el aumento de la actividad, donde se centran los esfuerzos. Pero, en ocasiones, cuando llega el momento del alta, la continuidad de los cuidados no está garantizada: no hay camas de media estancia o residencias. Es entonces cuando los especialistas hablan de alta sanitaria y baja social, como apunta Eduardo Zafra, autor de distintos estudios sobre la materia: “Es gente cuyas condiciones sociales no hacen posible sacarlos del hospital”.

 

El paciente sigue en el hospital, rodeado de una tecnología que no necesita y sin recibir la atención sanitaria de baja o media intensidad o los cuidados sociales que requiere. Ante la falta de alternativas, la hospitalización se alarga innecesariamente, lo que repercute no solo en el paciente. Aumenta el gasto —una cama de cuidados intermedios cuesta hasta seis veces menos que de atención aguda— y se interfiere la actividad programada. A más camas bloqueadas, menor actividad y mayor lista de espera.

 

No es fácil determinar la magnitud del problema en España. Al margen de la información ofrecida por Rivero, no hay datos oficiales públicos, como admite el Ministerio de Sanidad. Algo muy distinto a lo que sucede en países con mayor tradición de transparencia como Inglaterra. La sanidad pública británica (National Health Service) ofrece datos sobre bed blocking —camas bloqueadas— en su página web. Los registros muestran que los datos actuales son los más altos de los últimos tres años. En noviembre, había 4.190 pacientes con el alta médica que seguían ingresados en Inglaterra (Gales y Escocia contabilizan los datos al margen) debido, fundamentalmente, a retrasos a la hora de evaluar a los pacientes y por falta de plazas en geriátricos.

 

En España, la Fundación Edad & Vida (integrada por aseguradoras sanitarias y empresas de residencias de mayores) eleva a 5.238 las camas de hospitales de agudos ocupadas por pacientes con perfil sociosanitario, “con un coste de 1.500 millones de euros al Sistema Nacional de Salud”.

 

Los especialistas consultados destacan dos factores clave en el bloqueo de camas en España. Por un lado, la falta de camas de cuidados intermedios (media y larga estancia). Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, de 2011, por cada 10 camas públicas en hospitales de agudos hay una en centros de media y larga estancia, el recurso más indicado para pasar una larga convalecencia o un proceso de rehabilitación. “Hay pocas y al final el hospital de agudos hace esta función”, señala Agustina Hervás, jefa de la unidad de trabajo social del hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

 

El otro gran cuello de botella es el atasco que sufre el sistema de dependencia. La lista de espera para acceder a los servicios sociales que contempla la ley (residencias, centros de día, ayuda domiciliaria) alcanza a 190.000 beneficiarios que tienen derecho a las prestaciones, pero que aún no las reciben.

 

Las necesidades que plantean los pacientes crónicos y dependientes son consecuencia del éxito en el manejo de la enfermedad. Con el incremento de la expectativa de vida han aumentado las patologías crónicas (la prevalencia de la diabetes ha pasado en 10 años del 7% al 17% en mayores de 75 años), se solapan las enfermedades (más de un 25% de mayores de 45 años tienen más de una patología crónica), se incrementa el número de enfermos de edad avanzada y de dependientes. Y no hay que olvidar que con la enfermedad se agrava la dependencia y viceversa.

 

Ante este escenario, los hospitales están desarrollando estrategias para evitar el bloqueo de camas, como apunta Bernardo Valdivieso, responsable de planificación del hospital La Fe de Valencia. Por ejemplo, con el control de pacientes crónicos con riesgo de desestabilizarse, para reducir visitas a urgencias que acaben en ingresos. También se trabaja en la gestión de las salidas del hospital. En los grandes centros hay equipos que comienzan a planificar el alta en el mismo momento del ingreso, de forma que si se prevé que será necesaria algún tipo de asistencia social se trabaja desde el principio para tener un recurso listo. O, por ejemplo, potenciando la hospitalización a domicilio.

 

Pero la adaptación a las necesidades que plantea el (no tan) nuevo perfil de paciente cronificado y pluripatológico no se resuelven solo desde el ámbito hospitalario. Ni siquiera desde el estrictamente sanitario. “Debe haber una mayor continuidad de cuidados, y para ello se debe reorganizar las Administraciones tanto sanitaria como social, conseguir una reasignación de roles tanto en atención primaria, como en especializada y en los servicios sociales que desemboque en la integración de los espacios sanitario y social”, apunta Laura Pellisé.

 

Hasta el momento, los mayores esfuerzos en este sentido han tenido lugar “especialmente en Cataluña y País Vasco”, añade. Pero las experiencias realizadas han sido muy heterogéneas, no solo entre las autonomías, sino con servicios muy distintos entre áreas de salud, hospitales y municipios de una misma región.

 

A raíz de las declaraciones de Rivero, el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales recordó que está trabajando en un plan de integración de la asistencia sociosanitaria “con el objetivo de atender de forma integral la salud de las personas”. Estos trabajos los sigue muy de cerca la patronal de residencias de mayores, con más de 50.000 plazas vacías, que ya ha ofrecido sus centros para liberar camas de agudos. “Entre el 50% y el 60% de nuestras instalaciones son adaptables para atender a estos pacientes”, sostiene Alberto Echevarría, responsable de la Federación de Empresarios de la Dependencia.

 

Mientras tanto, Roberto sigue a la espera de una solución definitiva. “Si todo va bien, en 12 meses mi padre tendrá una plaza definitiva en un centro sociosanitario público”, comenta su hija Carla. Hace ya tres años que comenzó los trámites para conseguirla.

 

Con información de María Sosa Troya, Patricia Tubella, Reyes Rincón y Sonia Vizoso.

 

Más enfermos crónicos y más envejecidos

 

• Canarias es una autonomía especialmente infradotada de recursos de cuidados intermedios. De las 7.663 camas de hospital que tiene, 200 son de media y larga estancia. Además, es la comunidad con menor porcentaje de población atendida por la dependencia: 0,54% frente a la media estatal del 1,6%.
• España es, con 31,1 camas de larga estancia por 1.000 habitantes, el tercer país por la cola en este tipo de recurso asistencial en la OCDE. Solo van detrás Italia (17,5) y Polonia (19,8). La media es de 49,5.
• El 20% de los pacientes crónicos que ingresan en los hospitales de agudos podrían ser atendidos en centros de media y larga estancia, con un coste por cama de hasta seis veces menos.
• Entre el 70% y el 75% del gasto sanitario está relaciondo con las enfermedades crónicas.
•  En España, según la Encuesta Europea de Salud (EES) 2009, el 45,6% de la población mayor de 16 años padece al menos un proceso crónico y el 22% de la población, dos o más.
•  Las enfermedades crónicas son la causa del 80% de las consultas de atención primaria.
• La edad media de hospitalización en el Sistema Nacional de Salud, en 2010, fue de 53,9 años, casi cuatro más que los datos de 2010. Excluyendo las altas tras el parto, el grupo de edad de 75 y más años es el más numeroso.

El presupuesto de 2014 es de 57.632 millones de euros, de los que 52.200 millones corresponden a los presupuestos de las CCAA, que alcanzan una disminución del 18,72% desde 2009

Los recortes presupuestarios llevan a la sanidad al desastre

Por Marciano Sánchez Bayle, portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

nuevatribuna.es

 

Como siempre los medios de comunicación se hacen eco de casos concretos: aumentos de las listas de espera, demoras excesivas en urgencias, problemas para los ingresos, etc, pero muy poco de las causas, que son bien conocidas.

Desde 2009 nuestro sistema sanitario público esta viviendo un proceso de recortes y descapitalización que es muy importante. En ese año el presupuesto sanitario público liquidado fue de 70.464 millones de €, del que el gasto correspondiente a las CCAA alcanzó 64.272 millones € (datos del Ministerio de Sanidad), pues este gasto sanitario ha ido disminuyendo progresivamente, de manera que el presupuesto de 2014 es de 57.632 millones €, de los que 52.200 millones corresponden a los presupuestos de las CCAA, que alcanzan una disminución del 18,72% desde 2009.

Obviamente las diferencias entre presupuestado y liquidado deben ser vistas con prudencia porque es habitual una cierta desviación al alza, pero esta es relativa (alrededor de un 5%) y este año con los presupuestos de las CCAA vigilados estrechamente por Hacienda es previsible que esta desviación sea menor.

Por otro lado en el gasto sanitario público se incluye una partida (915 millones en el presupuesto liquidado de 2011) que corresponde a las administraciones locales que ha ido históricamente en disminución en estos años y que de acuerdo a la nueva ley de bases de régimen local dejan de ser de su competencia por lo que es previsible que vaya disminuyendo progresivamente hasta desaparecer, aunque se ha incluido en el calculo del presupuesto para 2014, lo que hace que este sobrevalore la situación real.

Está es la situación, 12.832 millones € menos de presupuesto sanitario público total y 12.072 millones menos de presupuesto para las CCAA (18,21 y 18,78% de reducción respectivamente).

Obviamente en estas circunstancias es imposible mantener los mismos servicios, y aunque los efectos del RD 16/2012 en cuanto a copagos y exclusión de medicamentos han supuesto una disminución del gasto farmacéutico público en recetas de 1.955 millones €, convine recordar que no incluye el gasto hospitalario (que ha continuado creciendo), que este gasto hasta ahora en descenso ha tenido un crecimiento mantenido los últimos 3 meses y que se hace a costa de trasladar gasto sanitario público a gasto privado generando numerosas desigualdades ( un 18% de los pensionistas no retiran medicamentos prescritos) y de daños desconocidos para la salud y sobre el sistema sanitario (el abandono de medicaciones necesarias empeora la salud, aumenta los ingresos y las visitas a urgencias).

Los efectos se han notado especialmente en recortes de personal (25.500 trabajadores sanitarios menos entre enero y julio de 2013 según el Ministerio de Hacienda, 55.000 menos en los últimos 4 años según CCOO), también en recortes en las estructuras sanitarias (cierres de camas, de turnos de tarde, de servicios de urgencias, etc), por supuesto con incidencia distinta en las diferentes CCAA.

Además los fenómenos privatizadores, en muchas CCAA, presionan hacia un mayor recorte en los servicios públicos, porque detraen fondos del presupuesto, porque tienen unos costes muy superiores al sistema público y porque se hacen con contratos que les aseguran una revisión anual al alza de sus ingresos, mientras los presupuestos sanitarios continúan descendiendo.

Aunque los datos que se tienen sobre los resultados en salud de los recortes son pocos (ya se encargan las distintas administraciones sanitarias de ocultarlos), todo lo que se sabe indica que la salud de la población se esta deteriorando y así lo señalan numerosas publicaciones internacionales (Lancet, British Medical Journal, etc) de manera que incluso quienes han propiciado esta política suicida de recortes han lanzado señales de advertencia (OCDE, UE, FMI), porque saben que España nunca ha tenido un problema de exceso de gasto sanitario público.

En fin, nos encontramos en una situación presupuestaria que es insostenible para la Sanidad Pública, porque además conviene recordar que los recortes que se están produciendo en otros ámbitos (empleos, pensiones, ect) hacen a la salud de población más vulnerable e incrementan la demanda de atención sanitaria.

Desmenuzando la inseguridad de los profesionales en esta aberración legislativa propuesta por Gallardón

Ginecólogos y psiquiatras ante el aborto: entre la mentira y la cárcel

Prestigiosos ginecólogos se declaran dispuestos a desobedecer la ley del aborto de Gallardón, si llega a aprobarse

Los psiquiatras denuncian que se les obligará a mentir, realizando un diagnóstico imposible, o a negar a la mujer su derecho a decidir

Cualquier ciudadano podría denunciar a los profesionales implicados, que se arriesgarían a penas de entre uno y tres años de cárcel y de entre uno y seis de inhabilitación especial

 

Paz Vaello Olave, en eldiario.es

 

"Me tocará, ya en la vejez, volver a coger las armas", dice José Luis Carbonell con convicción, y también con un poco de sorna. El fundador y director de la clínica Mediterránea Médica, con sedes en Valencia y en Castellón, lleva más de 30 años defendiendo el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad. En su larga vida profesional este ginecólogo ha convivido con tres marcos legales y ha tenido que lidiar con varios procesos judiciales, acusado de realizar abortos ilegales. Y como él, son muchos los profesionales que están dispuestos a saltarse la ley que impulsa el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

 

"Las leyes injustas no deben cumplirse", afirma Diego Fernández, director y uno de los fundadores de la madrileña  Clínica Dator, otro de los médicos que se declaran públicamente "insumisos" al anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 20 de diciembre. Muchos de ellos acudieron a la embajada francesa a pedir 'asilo sanitario' para huir de una legislación que, de aprobarse tal y como está redactada, en opinión de Fernández "supone el retroceso a una España en la que no existían los derechos civiles".

 

Fernández añade un elemento más. Sostiene que la reforma impulsada por el Ministerio de Justicia genera una falta absoluta de garantías para los profesionales, sobre los cuales recae la responsabilidad del delito. Por eso, defiende, sólo realizarán las intervenciones "aquellos que tengan una conciencia muy fuerte y unas ideas muy claras".

 

"Yo pienso seguir haciendo todos los abortos de las mujeres que me lo pidan. No me preocupan las que puedan viajar fuera, sino la mayoría que no va a poder hacerlo porque no tendrá medios económicos. No sé si volveré a realizar abortos clandestinos en las casas o venderé pastillas, ya veré, pero que sepan que por mi parte van a tener una campaña de desobediencia ante esta ley", sentencia el doctor Carbonell. Fernández, en cambio, no quiere plantearse aún de qué forma llevaría a cabo esa insumisión. "Eso significaría resignarse y admitir que va a salir adelante, y yo voy a pelear con uñas y dientes para que no llegue a aprobarse", explica.

 

 

"Sé que acabaré en la cárcel"

 

José Luis Carbonell ha sido el principal introductor del aborto farmacológico en España y en América Latina. El método es sencillo y se puede llevar a cabo hasta las nueve semanas de gestación, lo que engloba la inmensa mayoría de los abortos que se realizan. Consiste en la combinación de dos fármacos: la mifepristona o RU-486 y el misoprostol, comercializado en 120 países para el tratamiento de la úlcera de estómago pero que resulta ser "el más potente abortivo que existe", según ha probado el doctor. En España se vende como Cytotec y, aunque "lo más correcto es combinar ambas pastillas", es el fármaco que utilizan hoy en día millones de mujeres en los países en los que la interrupción del embarazo está prohibida y que prácticamente ha acabado con las muertes por abortos en condiciones infrasanitarias. Por esa razón, la OMS lo ha incluido en la lista de los 300 medicamentos esenciales para la humanidad.

 

Tras unos años de relativa tranquilidad con la ley de 2010 en vigor, Carbonell prevé una vuelta a las denuncias y a la inseguridad jurídica. "La propuesta del ministro Gallardón es mucho peor que la del 85", se queja. La Ley Orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada recoge tan sólo dos supuestos –riesgo grave para la salud física o psíquica de la mujer y violación– y prevé un complejo proceso de entrevistas y papeleos para justificar la intervención. El supuesto de malformación fetal desaparece como tal y queda supeditado al daño que genere en la mujer. "Con este marco legal de hecho casi se suprimiría el derecho al aborto, ya que solamente se podría realizar el 1% de las intervenciones que hacemos hoy en día", destaca Carbonell.

 

"Es una ley disuasoria", coincide Fernández, "que va a generar dos realidades sociales: las mujeres que tengan medios económicos van a viajar a extranjero y van a interrumpir su embarazo en condiciones sanitarias y legales correctas, y las que no estarán abocadas a un aborto clandestino sin ningún tipo de garantía sanitaria". Al igual que Carbonell, Fernández ha pasado por varios procesos judiciales.

 

"No hablo como director de la Clínica Dator, porque en ella trabajan muchos otros profesionales que pueden estar de acuerdo o no conmigo, pero yo ante esta ley estaría por la desobediencia civil", concluye Fernández. "Sé que acabaré en la cárcel", remata Carbonell. Pero ninguno de los dos está dispuesto a cumplir "una ley que clasifica a la mujer como un ser inferior, que no tiene capacidad para regirse a sí misma y que debe ser tutelada por unos psiquiatras que deciden por ella si debe abortar o no, lo que supone un retroceso de 40 años", en palabras del director de Mediterránea Médica.

 

 

Mujeres víctimas, médicos culpables y alguna trampa

 

Marta del Pozo, profesora de Derecho Procesal de la Universidad de Salamanca, corrobora desde el punto de vista jurídico los argumentos de estos médicos. La mujer en principio no será penalizada por someterse a un aborto ilegal, ya que está considerada como una víctima, es decir, "una persona incapaz de tomar una decisión libre, voluntaria y consciente y que, por tanto, no puede ser castigada por esa decisión". Sin embargo, destaca Del Pozo, podría acabar siendo sancionada en último término puesto que "sería testigo principal del proceso contra el médico que le haya realizado la intervención". Esta profesora se pregunta si, como contempla la ley para estos casos, se va a perseguir a las mujeres que no vayan a declarar, o se les va a abrir diligencias por falso testimonio en el caso de que no quieran reconocer los hechos.

 

Pero sin duda quienes más complicado lo tendrán si el anteproyecto del Gobierno se convierte en ley son los ginecólogos y los psiquiatras. "Con el texto tal y como está, aquel médico que no cumpla a rajatabla con los supuestos que marca la futura ley cometerá presuntamente un delito recogido en el Código Penal, y será castigado con una pena de entre uno y tres años de prisión y de entre uno y seis de inhabilitación especial". Además, al ser un delito público, "es perseguible de oficio y lo puede denunciar cualquier ciudadano, con lo que el profesional queda en una situación de inseguridad jurídica total".

 

Del Pozo recalca que, en contra de lo que ha manifestado el Gobierno, esta ley no respeta la doctrina de 1985 del Tribunal Constitucional, "ya que no pondera los derechos fundamentales de la madre y la protección del bien jurídico que es el no nacido, sino que hace prevalecer al segundo por encima de la primera". Por estas razones, la profesora de Derecho Procesal opina, como los ginecólogos, que se trata de una ley "absolutamente restrictiva, retrógrada, clasista, que nos aleja de Europa y que nos devuelve a los años sesenta y setenta, en los que no había legislación al respecto y morían entre 200 y 400 mujeres al año por someterse a abortos clandestinos…". En definitiva, "es una ley que pisotea y anula los derechos fundamentales de las mujeres y, por tanto, inconstitucional".

 

 

Los psiquiatras, en el margen de la ley

 

Entre los psiquiatras el debate no es si cumplir o no la ley, sino si es posible hacerlo. "En la Asociación Española de Neuropsiquiatría no hemos tenido ni una sola comunicación por parte del Ministerio de Justicia ni del de Sanidad sobre cómo podríamos llevar a cabo la tarea que nos encomienda la ley, que es prácticamente sustituir la voluntad de las mujeres, considerarlas como incompetentes o como enfermas mentales, y decidir por ellas si están en condiciones o no de tener un hijo", afirma Eudoxia Gay, su presidenta.

 

La psiquiatra considera imposible "predecir fehacientemente que una persona va a sufrir un daño grave y permanente por un evento estresante, como es un embarazo no deseado", de forma que la ley pondría a estos profesionales "entre la espada y la pared". Tal y como ha salido del Consejo de Ministros, según Gay obligaría a los psiquiatras a realizar "prácticas sin base en evidencia científica y, por tanto, no éticas": a mentir, emitiendo un informe para permitir a la mujer interrumpir su embarazo, o bien, ante la duda o el miedo a posibles denuncias, negarle el certificado y obligarla a continuar con la gestación. "Hiciera lo que hiciera, se hallaría en una situación de inseguridad jurídica total". Tesis que confirma Marta del Pozo, que explica que los psiquiatras podrían ser considerados incluso como "coautores o cómplices" del delito de aborto ilegal.

 

Si a esta dificultad para conseguir un informe favorable sumamos que, como recuerda Gay, "actualmente en algunas Comunidades una cita para una consulta especializada de Psiquiatría tarda hasta dos meses", este trámite podría alargar el proceso y "hacer imposible cumplir con los plazos para un aborto legal". A diferencia de la ley de 2010, que dejaba cierto margen bajo el supuesto de riesgo para la salud física o psíquica de la mujer, al que esta podía acogerse durante todo el embarazo, este proyecto establece el límite en las 22 semanas, más allá de las cuales sólo será posible abortar en caso de riesgo vital para la madre o una enfermedad del feto incompatible con la vida.

 

"Es un agravio hacia las mujeres y un cuestionamiento de la ética de los profesionales de la salud mental", resume Gay. "Alguien debe de pensar que nosotros estamos aquí para extender certificados al gusto de la moral dominante o por caridad hacia las mujeres".

 

 

La alternativa a la insumisión, el compromiso de conciencia

 

Isabel Serrano es ginecóloga y portavoz de la plataforma Decidir Nos Hace Libres, que agrupa a diversas organizaciones de mujeres, de profesionales –entre ellas ACAI y la Clínica Dator–, de planificación familiar o jurídicas y sindicales. Serrano aporta un nuevo concepto, paralelo a la objeción de conciencia: el "compromiso de conciencia", esto es "actuar con el conocimiento científico existente en favor del paciente para que no ponga en riesgo su salud".

 

"Sabiendo que la OMS establece que hacer abortos en condiciones de ilegalidad produce muchos más riesgos de enfermedad y muerte para las mujeres, nuestra ética profesional y nuestro compromiso de conciencia nos obligaría a los profesionales a hacer todo lo posible para evitar abortos de riesgo", argumenta. Y sentencia: "Las leyes por supuesto que importan, pero nosotros tenemos un deber sanitario que es evitar sufrimientos y riesgos innecesarios".

 

La ginecóloga cuenta que este compromiso de conciencia es un concepto sanitario, no jurídico, habitual en otros países. Marta del Pozo aclara que ahora mismo en España "no está contemplado como tal en el Código Penal como atenuante o eximente", aunque, de ser alegado por los médicos en los procesos penales por abortos ilegales, "podría, en su caso, ser asumido por la jurisprudencia encajándolo en el correspondiente artículo". En todo caso, resultaría fundamental que no fueran hechos aislados para que "no se pusiera en peligro a los profesionales, sino, al contrario, se buscara la forma de protegerlos", matiza Serrano.

 

Las palabras de José Luis Carbonell resumen el sentir de la mayoría de los implicados en este tema: médicos, psiquiatras, juristas: "Esta ley está en contra de la mayoría de la sociedad, como demuestran las últimas encuestas" y, cuando eso ocurre, "no hay más opción que rebelarse y desobedecer civilmente, por mucha mayoría absoluta que tenga el Gobierno".

 

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Muy buen artículo de Juan José Téllez hoy en Público.es

El tren de las mujeres

Vienen del norte, vienen del sur, hacia Madrid, el rompeolas de todos los abortos, allí donde mueren prematuramente los derechos adquiridos durante siglos o décadas para convertirnos a todos en nasciturus de un nuevo orden que suena a viejo: el de la precariedad y el de la mordaza, el de la beatería y el clasismo, donde el liberalismo queda reducido a billetes de curso legal y la religión no sólo entra en los colegios públicos sino en las camas ajenas.

Le llaman el tren de la libertad y recorre España rumbo a la estación término del próximo 1 de febrero en Madrid. Se trata de una movilización nacida en Asturias pero que se ha extendido al resto del Estado para intentar paralizar la reforma de la Ley del Aborto que no sólo criminalizará en gran medida su práctica sino que nos devuelve a debates que ya pensábamos zanjados treinta años atrás: como el de cuándo se le puede llamar ser humano a un ser humano, sin que la respuesta esté definitivamente en el viento como hubiera querido Bob Dylan.

Es un tren que pretende que no descarrile la actual ley Aido, aprobada en 2010 y generalmente aceptada por la ciudadanía salvo para la clerecía del Partido Popular, la de quienes interpusieron un recurso de inconstitucionalidad contra dicha norma y ni siquiera parecen dispuestos a esperar que el Tribunal Constitucional se pronuncie al respecto. Lo llevábamos en el programa, proclamaba esta semana Mariano Rajoy, sin duda el presidente español que más incumplimentos programáticos acumula desde Adolfo Suárez.

La locomotora de este tren está hecha de convicciones meditadas y combatidas por las mujeres desde antaño y no desde la perspectiva de la ginocracia que denunciaba esta semana el obispo de Alcalá de Henares, ese barbián que está a punto de excomulgar a Clara Campoamor por haber logrado el sufragio universal y la participación femenina en los comicios electorales. El chucuchú de ese expreso atraviesa un país supuestamente aconfesional pero integrista cuyos ministros se encomiendan a Santa Teresa o a la Virgen del Rocío como las vituperadas teocracias musulmanas apelan a Allah o a Mahoma, que es su profeta.

Ellas sólo pretenden acudir al Congreso de los Diputados para entregar copias del manifiesto “Yo decido” al presidente del Gobierno, al ministro de Justicia a la titular de Salud, al presidente de dicha Cámara y a los diferentes grupos parlamentarios. Ese quizá sea el meollo de esta terrible encrucijada política: el temor del poder a que no sólo decidan las mujeres, hurtándoles y hurtándonos el derecho a gobernar su cuerpo, su maternidad, su presente y su futuro. Se han instalado en el dogma y de ahí, esta semana, las terribles palabras de Alberto Ruiz Gallardón: “Si sus derechos los ejerce frente a un concebido y no nacido, ¿quién me dice que después, en otra legislación, no va a intentar ejercer sus derechos frente a una persona que efectivamente haya nacido?”. El ex alcalde progre emulando a Blas Piñar, nuestro Le Pen más cutre,  al sugerir que la izquierda es asesina. Salvadas las distancias, ese derecho a matar a los adultos lo ejerció el franquismo, una dictadura de cuyo ala reformista nació el partido al que ahora representa y que quizá por ello se niegue a investigar sus crímenes.

Llegará presumiblemente a buen puerto ese tren. Pero hará falta nuevos vagones. Para que en esa movilización, por ejemplo, no sólo se sumen las mujeres sino aquellos hombres que creen que las políticas de igualdad no van en su contra sino en contra del machismo, esa galera turquesa que nos esclaviza a todos y a todas. Creíamos que las conquistas sociales eran irreversibles pero ahora empezamos a darnos cuenta de que avanzamos en un tren cremallera, a paso de cangrejo y que no sólo, en esa cuestión tan sensible que es la del aborto, retrocedemos hasta mucho más atrás de 1985. Viajamos en el tiempo rumbo al nacional-catolicismo, esa anacrónica y feroz concepción del mundo, que provoca que un flamante cardenal andaluz del Papa Francisco pueda permitirse decir que la homosexualidad es una enfermedad y puede curarse, que un profesor pueda perder su plaza por ser gay o por haberse divorciado, o que un abogado de cuyo nombre prefiero olvidarme inicie desde su bufete una campaña dando por sentado que la mayor parte de las denuncias por malos tratos constituyen un embuste, en el país donde el feminicidio no se ha visto afectado por la crisis.

En los apeaderos de estos trenes, presentes y futuros, que buscan recobrar el kilométrico del progreso, deberíamos hacernos preguntas. Como, por ejemplo, ¿por qué al Partido Popular le está resultando tan fácil liquidar en dos años a buena parte de la España democrática? Quizá sea porque el PSOE y la izquierda en general olvidaron movilizar a sus feligreses, misa a misa, domingo a domingo. Sería deseable que cuando recobremos las vías de alta velocidad de las utopías a corto, medio y largo plazo, no dejemos que se humedezca demasiado la leña de los sueños; ese carbón imprescindible y en desuso al que alguna vez llamamos ideología. Nuestros adversarios la mantienen. Quizá por ello nos estén llevando a una vía muerta y hacia un túnel sin luz. Lo mismo tendríamos que cambiar, con cierta urgencia, de guardagujas.

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Alerta de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios

Sanidad aconseja suspender el uso de un fármaco contra la osteoporosis

26.01.2014 – REDACCIÓN, GIJÓN.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, recomienda a los profesionales sanitarios no iniciar nuevos tratamientos y evaluar los actualmente en curso con ranelato de estroncio -comercializado por Servier como Protelos y por Rovi como Osseor- para tratar la osteoporosis.

El consejo se produce tras conocerse el informe del comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia europeo, organismo dependiente de la Agencia Europea del Medicamento, que tras revisar del balance beneficio-riesgo ha concluido que es desfavorable, por lo que ha recomendado la suspensión de la autorización de comercialización. La venta de Protelos y Osseor está autorizada mediante un procedimiento de registro centralizado europeo, por lo que su suspensión requerirá ahora de varios trámites que tardarán aún unos meses.

La licencia se otorgó en su día, pero con el paso del tiempo se han reconocido riesgos que en su momento no se percibieron. En abril de 2013, una evaluación periódica reveló un mayor riesgo de infarto de miocardio en pacientes tratados con ranelato de estroncio, lo que ya desembocó en un primer aviso para aplicar el fármaco con restricciones en tanto se revisaban sus bondades.

Las pruebas determinaron que el compuesto aumenta el riesgo cardiovascular, con 4 casos cardiacos graves añadidos cada 1.000 pacientes. La eficacia en la prevención de fracturas graves es además limitada. Estas conclusiones se han obtenido con un ensayo clínico con 3.803 pacientes tratados con ranelato y 3.769 con placebo.

VER LA NOTA EN LA WEB DE LA AEMPS