Ejecutar sentencias, modificar las leyes oportunas y adaptarlas a la unánime jurisprudencia y dictámenes técnicos cualificados, generalizar y extender a todos los ámbitos en definitiva, acabar con el talón de Aquiles de esta administración: LA LIBRE DESIGNACION.
La oposición exige al Gobierno que cumpla las sentencias y reduzca la libre designación
UPyD pone «en cuarentena» su iniciativa para reformar la ley promovida por el Ejecutivo arecista en 2010, cuestionada por los tribunales
20.04.2013, Oviedo, J. A. ARDURA, en La Nueva España.
La oposición urgió ayer al Gobierno regional a cumplir las sentencias judiciales que consideran abusivo el uso de la libre designación en el Principado y a reducir los nombramientos «a dedo» para puestos de rango intermedio en la Administración regional. La disposición del diputado de UPyD, Ignacio Prendes, a retirar la toma en consideración de una reforma legal que pretendía poner coto a las designaciones «a dedo» entre el personal funcionario, evitó ayer una derrota en el Parlamento regional al Gobierno de Javier Fernández, que ahora tiene un plazo de dos meses para reducir los supuestos de la libre designación implantados por el Ejecutivo socialista de Vicente Álvarez Areces en 2010 y que han sido rechazados en numerosas sentencias de los juzgados de lo contencioso-administrativo, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias y hasta el Tribunal Supremo.
«No retiramos la iniciativa, la ponemos en cuarentena», desveló el portavoz de UPyD, Ignacio Prendes, minutos antes de que comenzara el Pleno del parlamento asturiano que tenía previsto debatir la reforma del artículo de la ley asturiana de Función Pública referente a la libre designación. El partido magenta pretende reducir los nombramientos «a dedo» y que, por ejemplo, no sea aplicable ese procedimiento «en puestos de trabajo de contenido esencialmente técnico y correspondiente a tareas profesionales reservadas a cuerpos concretos y a escalas de funcionarios». Prendes aceptó la propuesta del Gobierno socialista porque fija «un plazo de tiempo concreto» para cambiar una ley regional cuestionada repetidamente por los tribunales. El Gobierno evitó ayer ofrecer más detalles sobre el contenido de su reforma, si bien se ha comprometido a reducir la libre designación «al mínimo imprescindible».
UPyD, partido que incluyó la reforma de la ley de Función Pública como condición para apoyar la investidura de Javier Fernández, justificó ayer la reforma «urgente» del artículo sobre la libre designación en el hecho de que «no se podía dilatar mucho más, por respeto a las decisiones judiciales». El Gobierno asturiano tiene pendiente de cumplimiento varias sentencias relacionadas con el uso abusivo de la libre designación sobre denuncias que ya fueron formuladas contra nombramientos y concursos promovidos por el Gobierno arecista. Pese a la «relación fluida» que el portavoz de UPyD aseguró mantener con el Ejecutivo regional, también reconoció que se había visto obligado a llevar esta cuestión al Pleno de esta semana «porque no habían coincidido los tiempos del Gobierno con los nuestros». La decisión de Prendes de llevar la reforma de la libre designación al Pleno semanal no sentó nada bien en la Consejería de Hacienda y Sector Público, que dirige Dolores Carcedo, que le había pedido un margen de tiempo para acometer una reforma global de la citada ley. El Gobierno regional se ha comprometido ahora a negociar el contenido de la reforma de la libre designación en la mesa general de negociación de la función pública, un aspecto valorado ayer «positivamente» por el diputado de UPyD, que rechazó categóricamente haber cedido a las presiones del Gobierno socialista. «Hemos sido nosotros quienes planteamos esta iniciativa. Otros partidos, con más capacidad política al tener más escaños, no lo han hecho», contestó.
La retirada de la toma en consideración de la reforma defendida por el partido magenta evitó que el resto de partidos que forman el arco parlamentario regional se pronunciara sobre el uso de la libre designación en el Principado. Tanto Foro como el PP e Izquierda Unida han sido críticos con la ley arecista, por lo que parecía bastante previsible que la iniciativa de UPyD prosperase en el caso de que Ignacio Prendes hubiera decidido someterla a votación.
El partido de Francisco Álvarez-Cascos ha criticado con dureza la ley regional de Función Pública en las últimas dos campañas electorales pero, pese al compromiso contraído también con los sindicatos, no llegó a tocar ni una coma de su articulado durante los diez meses que estuvo al frente del Gobierno.
El PP, por boca de su «número tres», Luis Venta, funcionario de carrera del Principado, también ha cuestionado de manera reiterada «el caos existente en la Administración regional» por la incertidumbre que genera entre los funcionarios la reiterada jurisprudencia contraria a la aplicación de la libre designación. «Son muchos los puestos en el aire por las sentencias que han tumbado concursos y relaciones de puestos de trabajo. Respetamos la decisión de UPyD, porque era su iniciativa, pero creemos que hubiera sido bueno el debate en la Junta, para que cada partido apretara el botón del voto y se viera, muy posiblemente, que el PSOE estaba solo», valoró Venta, quien sostuvo que «más allá de la reforma de ley, que también es necesaria, el Principado debe cumplir las sentencias y abandonar, de una vez, su intransigencia hacia los fallos de los jueces y su enrocamiento en una huida adelante para defender la ley promovida por el Gobierno de Areces».
NEGOCIACION A LA MESA GENERAL (MESONA)… ¿Se acordarán “nuestros” sindicatos de la “libre designación” en el SESPA que llega hasta encargados de turno, supervisoras, jefes de grupo o de taller… etc?
«Supongo que llegarán con una propuesta casi cerrada como en ocasiones anteriores», afirman los funcionarios
Oviedo, J. A. A., en La Nueva España
Los sindicatos de la función pública asturiana llevan cargando contra el uso abusivo de la libre designación en Asturias desde la entrada en vigor de la ley arecista en 2010. La decisión del Ejecutivo de Javier Fernández de someter la reforma de esa ley y, más concretamente, los criterios que deben regular en el futuro esas designaciones directas a la negociación en la mesa general de la función pública, fue acogida ayer con cierto escepticismo entre los representantes sindicales.
«Estamos abiertos a la negociación, como no podía ser de otro manera, pero es lógico que tengamos cierto recelo porque tenemos pruebas del escaso talante negociador del actual Gobierno», manifestó José Luis González, coordinador de Usipa, sindicato que ha ganado varios pleitos relativos a la libre designación al Principado en los últimos años y ante diversas instancias judiciales. De hecho, USIPA ha tenido que urgir el cumplimiento de dos sentencias firmes en las últimas semanas que han llevado a los jueces a fijar un plazo de un mes a la Consejería de Hacienda y Sector Público para que cumpla los fallos pendientes desde hace un año bajo la amenaza de imposición de multas y, llegado el caso, del inicio de acciones penales.
«Recelamos porque meses atrás Función Pública se había comprometido a eliminar de los concursos de méritos la memoria y la entrevista, que introducen criterios subjetivos y en los nuevos concursos han mantenido esos requisitos. Sólo querían ganar tiempo», reprochó González, quien confirmó que el Gobierno forista «tampoco hizo nada sobre la libre designación».
Miguel Ángel González, presidente de la junta de personal funcionario del Principado, comparte la desconfianza acerca de la voluntad negociadora del Principado. «Supongo que llegarán con una propuesta casi cerrada, como en ocasiones anteriores, y admitirá algún cambio», afirmó González.
Los tribunales echan abajo la ley de Función Pública del Gobierno de Areces
- El Gobierno de Vicente Álvarez Areces promovió en diciembre de 2010 una reforma en la ley de Función Pública para poder designar «a dedo» a la mayoría de los cargos intermedios del Principado.
- La reforma impulsada por el anterior Gobierno socialista extendió la libre designación para los jefes de servicio, los letrados del servicio jurídico del Principado, asesores, coordinadores, secretarías y chóferes.
- La ley de Función Pública también daba más valor a los años de desempeño de los funcionarios en comisión de servicios, una medida que también beneficiaba al personal designado «a dedo» a la hora de optar a concursos de méritos. A esas alturas los tribunales ya habían anulado algunos concursos convocados por el Gobierno arecista.
- La decisión del Gobierno arecista de ampliar los supuestos de la libre designación fue contestada por los expertos en derecho administrativo al considerar que ponía en solfa la independencia del funcionariado.
- Los servicios jurídicos del Parlamento regional también cuestionaron la reforma de la ley de Función Pública. El informe del letrado de la Junta, que indicó que el texto iba en contra de lo que permite el Estatuto Básico del Empleado Público, fue desoído por el gobierno.
- Sindicatos de la función pública y el colectivo Conceyu por otra Función Pública han ganado numerosos pleitos en los últimos años, pero ni el Gobierno de Foro ni el actual, hasta ahora, han introducido cambios en la polémica ley arecista.
