El Gobierno se prepara para más ajustes ante el próximo rescate
El Ejecutivo baraja nuevas subidas de impuestos y menos gasto en pensiones si en las cifras de recaudación que presentará Montoro no hay signos de mejora
Alejandro Bolaños, Madrid, en El País
Tras un mes de julio histérico y tres semanas de descanso tutelado por los mercados, el Consejo de Ministros del próximo viernes abre el curso político con un solo centro de gravedad: la economía española, pendiente de un rescate exterior. Las declaraciones del presidente, Mariano Rajoy han ido del “no habrá rescate” de hace un mes al “vamos a ver lo que hace el BCE y entonces, tomaremos la mejor decisión para los españoles” de ahora. El rescate, suave o duro, parece hecho, y solo está por ver qué condiciones comporta. Fuentes del Gobierno admiten que el gasto en las pensiones, lo único considerado intocable hasta ahora, ya no lo es; y que los impuestos podrían volver a subir en breve. Hay que cerrar el año con un déficit equivalente al 6,3% del PIB y a ese dios se sacrificará lo que haya que sacrificar.
La petición de ayuda al fondo de rescate, y al Banco Central Europeo (BCE), para que desinflen el asedio de los mercados enfrenta al Gobierno a una disyuntiva complicada. El acuerdo del último Consejo Europeo y los drásticos ajustes asumidos avalan que no sean necesarias nuevas condiciones. Pero condicionar la prima de riesgo española a las compras de bonos que quieran hacer el fondo europeo y el BCE concede a Bruselas un arma de disuasión definitiva ante cualquier desvío del déficit público español.
“No hay nada que nos puedan exigir de fuera que no vaya a hacer ya el Gobierno en los próximos meses. Rajoy está absolutamente decidido a cumplir el objetivo de déficit, con rescate o sin rescate”, defiende un miembro de su Ejecutivo. “Quiere ganarse el crédito de que cumple lo que prometió. Es muy posible que se tomen medidas mucho más drásticas de las que en estos momentos tenemos”, añade.
Según las cuentas del ministro de Economía, Luis de Guindos, el Eurogrupo “definirá el procedimiento” del rescate a mediados de septiembre. Antes de formalizar la petición de ayuda, el Ejecutivo quiere asegurarse de que está en disposición de cumplir con el objetivo de déficit. Porque lo que sí comportará el rescate será una exigencia de información continua a Bruselas sobre gastos e ingresos públicos.
“La evolución del gasto, con los recortes que hemos hecho, más o menos la tenemos clara; lo que no sabemos es cómo van a ir los ingresos”, admiten en el Gobierno. En la primera mitad del año la cosa no fue bien: la recesión y la presión de los mercados —el pago de intereses ha aumentado en 3.000 millones —, han desbordado las previsiones del Ejecutivo. La recaudación por IRPF crece, tras el notable aumento en los tipos, pero no al ritmo previsto. El descalabro del IVA y, en menor medida, de los impuestos especiales, da fe de la debilidad del consumo. Y, por cómo Hacienda presenta los datos, es difícil dilucidar si la reforma del impuesto de sociedades había dado, hasta junio, el resultado esperado. En conjunto, los ingresos impositivos descienden un 3,5% en tasa anual, aunque Hacienda limita la caída al 1,4% por las devoluciones. Muy lejos, en cualquier caso, de lo que presupuestó para 2012: un incremento a un ritmo anual del 4,3%.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, informará al resto del Gabinete a mediados de septiembre sobre cómo ha evolucionado la recaudación en verano. “Si los ingresos siguen cayendo, probablemente habrá que volver a subir los impuestos y volver a recortar el gasto, aunque aquí ya prácticamente no se puede tocar más”, añaden esas fuentes.
En la valoración que pueda hacer Montoro habrá casi tantas certezas como incertidumbres. Hacienda sabe cuánto ahorrará por haber eliminado una paga extra de los empleados públicos (más de 5.000 millones), pero no sabrá si las estimaciones que hizo para la subida del IVA (en vigor desde el 1 de septiembre) o los retoques a la reforma del impuesto de sociedades (desde el mes pasado) van por buen camino. Y a eso hay que sumar una incógnita absoluta: cómo irá la amnistía fiscal, que se cierra a finales de noviembre.
Junto a las incertidumbres, dos certezas lastran el balance: las cuentas de la Seguridad Social, debilitada por un desempleo incesante, y las de las comunidades autónomas, retrasadas en el notable ajuste al que están obligadas, se comerán, como poco, el margen de déficit —del 5,3% al 6,3%—, que Bruselas concedió este año. Y la recesión, más grave de lo que reconoce el Gobierno, obliga a más ajustes para 2013.
En los impuestos, hay aún margen. Con los tipos máximos del IRPF en niveles altos para el promedio europeo, algunos expertos apuntan a las deducciones. Eliminar la deducción por vivienda con carácter retroactivo (se recuperarían 6.000 millones de ingresos) o por aportaciones a planes de pensiones (unos 2.000 millones más) va en la línea de lo que recomiendan organismos internacionales, aunque la factura política sería alta. Un recargo extraordinario para los más ricos o un nuevo impuesto a las grandes fortunas, como pide el PSOE, no están en el guion de Rajoy, pero la crisis ya ha propiciado giros más bruscos.
El Fondo Monetario Internacional aboga por subir más el IVA, pero aprobar otro incremento en 2012, cuando apenas ha entrado en vigor el alza del 18% al 21%, es una pirueta rocambolesca, incluso ahora. En los impuestos especiales, Industria pretende establecer un recargo sobre el gas natural, pero el esquema no está cerrado, ni se puede descartar que no se extienda a gasolina y gasóleo. Aumentar el gravamen en bebidas alcohólicas o tabaco es otra opción, como lo es establecer nuevas figuras tributarias para proteger el medio ambiente, uno de los consejos habituales de Bruselas.
“El único gasto que queda por tocar es el de las pensiones”, reconoce el miembro del Ejecutivo. Es la última línea roja, como ha reiterado Rajoy. Es también la partida de gasto más voluminosa, 115.000 millones si se incluyen los pagos a funcionarios jubilados. Y un caballo de batalla de las autoridades europeas, que creen que es un gasto excesivo en función de la esperanza de vida española, que es un sistema que acabará empujando la deuda pública más allá del 100% del PIB.
De Guindos confirmó este sábado que se va a limitar la jubilación anticipada, para acercar la edad de retiro efectiva a los 67 años que aceptó el Gobierno socialista como nueva edad legal. Además, se abordará también ya la definición del factor de sostenibilidad de las pensiones: es decir, que al fijar la edad de jubilación, la cuantía de la pensión y su revalorización, se tendrán en cuenta las condiciones económicas y la esperanza de vida. Solo un debate exprés, extraño al Pacto de Toledo, y una aplicación radical de ese nuevo criterio —se preveía empezar a usarlo en 2032— podría desembocar en efectos inmediatos.
Rajoy también puede plantearse anular por las bravas la revalorización de las pensiones —el repunte de la inflación por el IVA y otras subidas de impuestos acarrearán un sobrecoste de unos 3.300 millones—. Y, desde luego, congelarlas en 2013, aunque eso le obligaría a tragarse el sapo de hacer lo mismo que criticó con tanta dureza al anterior presidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero. En una situación límite, puede disponer incluso del Fondo de Reserva (acumula 68.000 millones) para cubrir el desfase de las pensiones. Ninguna posibilidad es descartable, sobre todo si se depende del auxilio europeo. Algo que ya está asumido dentro del Gobierno: “Aunque la prima ha bajado, la sensación no es ni mucho menos de que esto haya mejorado. La tensión es la misma. Estamos muy preocupados”.
Intervención del BCE o dicho de otra manera: 2º rescate…
La prima baja de 460 puntos por la confianza en una intervención del BCE
El Ibex mantiene un leve avance inferior al 1% desde el inicio de la jornada
El tipo de la deuda a 10 años cae al 6,3%, nivel de principios de julio
Isabel Lafont, Madrid, 20 AGO 2012, en El País
Los mercados cada vez tienen más confianza en que el Banco Central Europeo (BCE) tomará cartas en el asunto para resolver la crisis de la deuda europea. Así lo refleja la prima de riesgo de los bonos soberanos españoles a 10 años (exceso de rendimiento que se les exige respecto a los alemanes, que se considera inversión sin riesgos), que hoy prosigue la caída de la semana pasada y cae por debajo de los 460 puntos básicos (4,8 puntos porcentuales). En el inicio de la sesión ha llegado a ceder hasta 458, mínimo nivel que toca en un día desde el pasado 2 de julio.
El rendimiento de la deuda a 10 años, como consecuencia, también se relaja hoy, hasta el 6,313%, con lo que se aleja del 7%, nivel que se considera insostenible por la carga de los intereses que supone para el erario público y para las empresas privadas, cuya financiación siempre tiene como referencia la del Tesoro Público. El pasado 25 de julio este tipo llegó al 7,751%, el más alto desde que existe el euro.
Más acusado es el alivio de la presión en los plazos más cortos, donde se centraría la acción del BCE, posiblemente a través de compras de bonos en el mercado secundario, según explicó el presidente del instituto emisor tras la última reunión de política monetaria del banco central del pasado 2 de agosto. La rentabilidad de la deuda pública española a dos años cae hoy en el inicio de la sesión hasta el 3,574%. Este plazo llegó a escalar hasta un disparatado 7,147% el pasado 25 de julio.
La deuda soberana italiana, que también está sufriendo la presión en el mercado y que también podría ser objeto de intervención por parte del BCE, también vive una jornada de relajación. La prima de riesgo cae a 418 puntos básicos, con lo que también regresa a niveles de principios de julio, y el tipo a 10 años, que el 25 de julio llegó al 6,706%, cede al 5,739%. Los vencimientos a dos años también mantienen su descenso de la semana pasada y cae al 2,982%. El 25 de julio alcanzó el 5,262%.
La Bolsa, sin embargo, modera el entusiasmo que la pasada semana la llevó a anotarse un avance del 7,28%. Tras iniciar la jornada con un leve avance del 0,31%, mantiene el alza por debajo del 1%. Hacia las 11.00, el indicador subía un 0,8% y se colocaba en 7.621,7 puntos. Bankia (-4,63%), Grifols (-1,07%) y BBVA (-0,55%) encabezan las pérdidas, mientras que Abengoa (+6,94%), FCC (+5,01%), Mapfre (5%) y Acciona (+4,13%) son los valores que más suben. Las empresas constructoras y de infraestructuras avanzan desde que la semana pasada Brasil anunciara un plan de inversiones públicas por importe de 133.000 millones de reales (53.300 millones de euros), de los que dos tercios se dedicarán a ferrocarriles y el tercio restante, a carreteras. El plan prevé la construcción en régimen de concesión de 10.000 kilómetros de ferrocarriles y 7.500 kilómetros de carreteras.
Según publicó ayer el semanario alemán Der Spiegel, el BCE baraja establecer un umbral de rentabilidad que sirva de detonante de las compras de bonos soberanos de países bajo presión. Durante el fin de semana, el ministro español de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, señaló en una entrevista a Efe que el "procedimiento" de la posible ayuda que el Gobierno debe solicitar al fondo europeo de rescate como condición previa para que el banco central intervenga se definirá a mediados de septiembre.
Guindos estima que el BCE dará a conocer los mecanismos de intervención en el Consejo de Gobierno del 6 de septiembre, día en el que el presidente español y la canciller alemana, Angela Merkel, han programado una reunión en Madrid. Posteriormente, “en el Eurogrupo y el Ecofin que tendrán lugar en la segunda semana de septiembre se definirá cuál es el procedimiento, cuál es el marco. A partir de ahí, el Gobierno español lo considerará, analizará las alternativas disponibles, lo que está ofreciendo el BCE”.
Los líderes europeos han dado por finalizadas las vacaciones estivales y la semana presenta ya una intensa agenda de diplomacia económica. El presidente francés, François Hollande, se reunirá el jueves en Berlín con la canciller alemana Angela Merkel, mientras el primer ministro griego, Antonis Samarás, viajará a la capital alemana el viernes y el sábado a París.
A principios de septiembre, representantes de los acreedores internacionales de Grecia, la llamada troika forma da por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el BCE y la Comisión Europea, visitarán Atenas para evaluar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el segundo rescate recibido por el país heleno, que debe aplicar recortes por importe de otros 11.500 millones de euros en 2013 y 2014.
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