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Lo de Asturias queda para después del 25-M si al final tenemos quién gobierne
El tijeretazo autonómico encarece o merma servicios públicos esenciales
Las comunidades, asfixiadas, comienzan a recortar en sanidad y educación
Tras el ajuste del año pasado, ahora hay que reducir otros 16.000 millones
Los Gobiernos ya han eliminado decenas de empresas y fundaciones
María Fabra, Castellón, en El País.
Recortar los gastos y aumentar los ingresos. Ese es el doble y espinoso objetivo de las comunidades autónomas, enfrascadas en este momento en el estudio de medidas de ajuste con el fin de cumplir el objetivo del déficit para este año: el 1,5% del PIB. O lo que es lo mismo, recortar entre todas casi 16.000 millones de euros.
Y eso ha de hacerse sin tocar servicios públicos esenciales, proclaman todos los Gobiernos autonómicos. Sin embargo, hay algunas que ya han tenido que echar mano de recortes en sanidad y educación: aumentando horarios a los profesores, reduciendo personal o cerrando quirófanos, imponiendo, como Cataluña con las recetas, tasas extraordinarias... Tras varios ejercicios de recortes en salarios, en plantillas o en inversiones, los nuevos sacrificios amenazan directamente al Estado de bienestar de cada comunidad autónoma.
Para este año el tijeretazo será aún mayor. Y probablemente los ingresos se reduzcan, al menos en lo que respecta a los procedentes del Estado. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya ha advertido de que varias comunidades deberán rediseñar unos ya ajustados presupuestos.
Educación y sanidad son las partidas que absorben el grueso del gasto autonómico. Solo en caso de que se produzca “una hecatombe” o “si no hay otro remedio” se tocarán esos dos servicios públicos esenciales, han dicho algunos presidentes autonómicos. Pero ese “desastre” parece estar ya cerca. La sanidad y la educación están siendo cercadas en comunidades que han llegado a 2012 con el agua al cuello.
Cataluña, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha son las que parten de una peor posición, por ser las que más han recortado ya y porque, aun así, tienen que recortar entre 1.900 y 4.400 millones más para cumplir el objetivo del déficit. El tijeretazo durante 2011 ya fue importante. Y las posibilidades de maniobra con los ingresos, escasas. Entre las más deficitarias pero con algo más de margen de maniobra se encuentran Extremadura, Murcia, Cantabria e incluso Baleares. Sin embargo, la primera es una de las que ha aplicado mayores subidas fiscales, con lo que alguna tasa más o los recortes parecen su única opción. Solo una comunidad, Madrid, cerró 2011 con un déficit inferior al tope impuesto por el Estado.
» Cataluña.
El Gobierno catalán (CiU) ha optado por subir impuestos y tasas —la última, la polémica tasa por receta— como medida para equilibrar ingresos y gastos. Pese a eso, las previsiones no apuntan a un aumento suficiente de recaudación para las arcas públicas, con lo que ahora mira hacia las privatizaciones.
» Comunidad Valenciana.
El PP aún no ha anunciado qué medidas adoptará, aunque admite serias dificultades. Planteó una tasa medioambiental, una central de compras y un tijeretazo añadido al de los 1.000 millones de euros que dio en 2011, con un recorte de más de 400 millones en sanidad, pero todavía no ha concretado nada.
» Castilla-La Mancha.
María Dolores de Cospedal, presidenta de la comunidad y número dos del PP, confía en que el gran tajo a los funcionarios, empresas públicas, organismos oficiales y su plan de ahorro en el gasto iniciados en 2011 equilibren la balanza.
» Baleares.
El PP, que se hizo cargo del Gobierno el pasado mayo, ha pegado ya un buen tijeretazo a sus funcionarios, con propuesta de reducción del horario laboral para ahorro en nóminas, y ha suprimido parte de la estructura de departamentos oficial. Quizá por ello, “dada la situación actual, hay una serie de medidas que se están valorando y estudiando”. Es la respuesta que da el Gobierno autonómico sobre la posible aplicación del copago sanitario.
» Andalucía.
Entre las autonomías que se encuentran en una posición media está Andalucía, aunque ha de gastar 2.400 millones de euros menos que el año pasado. Su situación preelectoral ha hecho que ninguna medida en los últimos meses sea drástica, algo que, a buen seguro, ocurrirá cuando pasen las elecciones. Aun así, la mitad de las empresas públicas han sido eliminadas, y el salario de los funcionarios está congelado. El PSOE, en el Gobierno desde hace tres décadas, asegura que no recortará en servicios básicos; el PP también, pero ha sido vago con su posición sobre el copago.
» Aragón y País Vasco
Son dos de las cinco comunidades en las que aún no se aplica ni siquiera el céntimo sanitario (el gravamen sobre la gasolina que estableció hace casi diez años el Gobierno de José María Aznar para dar a las autonomías otro instrumento recaudatorio) y la posibilidad del copago sanitario ni se ha planteado. En recortes, el Ejecutivo vasco (PSE) comenzó a reducir gasto corriente en 2009 y en 2011 llegó el turno de los funcionarios. El problema con los ingresos es que la capacidad recaudatoria está en manos de las diputaciones, de diferente signo político y con las que el Gobierno vasco no llega a un acuerdo. Aragón (PP), por su parte, tiene posibilidad de maniobra tanto en recortes como en ingresos.
» La Rioja, Navarra y Canarias,
con la mayoría de los deberes hechos en cuanto a ajustes, son las otras tres comunidades que no han implantado el céntimo sanitario, que no se plantean el copago y que están muy cerca de cumplir el objetivo del déficit. Las tres sostienen que las cuentas del Estado no coinciden con las propias y que, salvando esas diferencias y manteniendo la contención, no precisarán más medidas.
» Galicia
Está en otra tesitura. Roza ya el objetivo del déficit con los recortes a funcionarios, la supresión de organismos y algunas tasas sanitarias, como la obligación de pagar 10 euros por renovar la tarjeta sanitaria o el cobro de la atención médica a los inmigrantes que lleven menos de seis meses empadronados. Aun así, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo (PP), ha lanzado la propuesta de aumentar el porcentaje que los usuarios de la sanidad pública pagan por los medicamentos con receta, cobrándoles en función de la renta.
» Madrid,
única comunidad que cerró 2011 con un déficit por debajo del permitido, ha adelgazado la estructura del sector público eliminando, entre otras cosas, siete de sus 15 consejerías; ha reducido su personal eventual en casi un 15%; ha eliminado o enajenado 108 organismos; ha aumentado la jornada laboral de algunos de sus funcionarios; ha penalizado las bajas por enfermedad y ha suprimido 2.000 liberados sindicales.
Pero su presidenta, Esperanza Aguirre (PP), no descarta nuevos ajustes y nuevos ingresos a través de la privatización del 49% del Canal de Isabel II, prevista para antes de verano y con el que se aventuran unos beneficios de 4.000 millones.
Con información de José Marcos, Federico Simón, Lourdes Lucio, Clara Blanchar, Sonia Vizoso, Lluís Pellicer y Pedro Gorospe.
Es más que evidente que el actual gobierno del PP ejerce sus competencias o se inhibe a conveniencia
Comunicado de la FADSP
Ante la aprobación por el Parlamento de Cataluña de la ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2012 donde se incluye la instauración de una tasa de 1 € por receta dispensada, desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) tenemos que señalar:
1) El establecimiento de copagos, tasas o tickets moderadores sobre la prestación farmacéutica supera las competencias del parlamento de Cataluña, en tanto en cuanto se trata de una competencia exclusiva del Gobierno, tal y como lo establecen la Ley General de Sanidad, la Ley del Medicamento, la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, el RD 1030/2006 por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y la Ley de Seguridad Social, en la medida en que se trata de una prestación farmacéutica de la Seguridad Social.
2) Los copagos suponen una agresión sobre aquellos grupos de población que tienen mayores necesidades de atención sanitaria (los mas enfermos) y una peor situación económica ( los más pobres), que en un momento de crisis como la actual verán muy dificultado su acceso a los tratamientos necesarios con un efecto muy negativo sobre su salud.
3) Este acuerdo no hubiera sido posible sin el apoyo del PP catalán lo que evidencia el lenguaje engañoso de este partido y abre la vía a su futura implantación generalizada.
Desde la FADSP rechazamos totalmente esta medida y entendemos que el Ministerio de Sanidad y el Gobierno tienen la obligación de recurrirla y paralizar su ejecución porque invade competencias del estado y pone en grave peligro a la salud de un sector muy importante de la población
Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública
15 de marzo de 2012
Inician acciones en defensa de los irrenunciables por imprescindibles fondos mineros, pero ¿no sería mejor todos a una?
Los alcaldes mineros del PSOE convocan una protesta en Madrid en defensa de los fondos
Los regidores, que acusan al PP de pretender «suprimir» las ayudas, se manifestarán el día 21 ante la sede de la Secretaría de Estado de Energía
Pola de Laviana, Luisma DÍAZ, en La Nueva España
Los alcaldes socialistas de los concejos mineros se manifestarán, el próximo miércoles 21 de marzo, ante la sede de la Secretaría de Estado de Energía, en el Paseo de la Castellana de Madrid. Los regidores protestarán por «los recortes de los fondos mineros» que están siendo aplicados por el Gobierno central, que «además no ofrece explicaciones sobre si la supresión de fondos va a ser más amplia» antes de las elecciones autonómicas del día 25.
Alcaldes y tenientes de alcalde socialistas se reunieron ayer en Pola de Laviana para mostrar su «profunda preocupación» por el futuro de los fondos mineros y del sector del carbón «y por su repercusión en la creación de empleo». Como portavoces ejercieron el anfitrión, el alcalde de Laviana Adrián Barbón, y Marcelino Marcos, regidor de Tineo. Con ellos estuvieron los alcaldes Esther Díaz (Langreo), Enrique Fernández (San Martín del Rey Aurelio), David Moreno (Aller), Tomás Cueria (Caso), José Antonio Muñiz (Riosa), Marcelino Martínez (Sobrescobio), José Belarmino Álvarez (Teverga), Ovidio García (Quirós) y los tenientes de alcalde Fernando Alonso (Morcín) y Miguel Ángel Sainz-Pardo (Ribera de Arriba).
Marcelino Marcos explicó que el pasado 5 de marzo la Secretaría de Estado de Energía «recibió un escrito en el que los alcaldes mineros reclamábamos una reunión antes del día 25 de marzo». Los regidores «queremos saber con exactitud qué va a pasar con los fondos mineros, y cómo van a verse representados en los presupuestos generales del Estado». Tras no recibir «ni contestación», los alcaldes socialistas decidieron «que es momento de pasar a la acción».
Por este motivo van a llevar a cabo una concentración «pacífica», tal y como especificó Marcos, delante de la sede de Energía, en el Paseo de la Castellana, el miércoles día 21. Esta protesta, a la que «están invitados alcaldes, concejales y vecinos de lugares afectados por el recorte de los fondos mineros de toda España» comenzará a mediodía y concluirá a la una y media de la tarde. «Hay que hacer patente nuestro rechazo a la más que posible supresión de los fondos, a su no continuidad. Hay que garantizar que lo firmado va a cumplirse, y que en los próximos años los fondos van a seguir existiendo», afirmó el alcalde de Tineo. Marcelino Marcos acusó al Gobierno del PP de «no explicar antes de las elecciones cuáles son sus planes. Antes de las generales dijo una cosa y luego hizo otra, recortar. Ahora, con otros comicios en pocos días, vamos a protestar por sus decisiones».
Adrián Barbón auguró la «supresión de los fondos» tras el 25 de marzo, algo que «va a afectar muy negativamente a todas las obras que estaban comprometidas y como no, a los vecinos de las zonas mineras». Los alcaldes también manifestaron su «preocupación» por el futuro del sector del carbón, por el que hay que hacer «que perdure más allá de 2018. Debe existir al menos esa voluntad, reclamándoselo y defendiéndolo en la UE». «En la calle», apuntó Barbón, «también preocupa la repercusión que los recortes pueden tener con las becas y con las ayudas a empresas. Tememos que estos puntos se supriman», concluyó el alcalde de Laviana.
Los socialistas exigen una reunión de la permanente de Acom-España
Pola de Laviana, L. M. D., en La Nueva España
Los alcaldes socialistas reunidos ayer en Laviana pusieron sobre la mesa otras dos reivindicaciones: la convocatoria de la permanente de Acom (Asociación Comarcas Mineras) de España para que el colectivo «tome medidas» ante la situación de los fondos mineros y una reunión con la nueva presidenta de Hunosa, María Teresa Mallada, para que «explique sus planes para la empresa y su compromiso con las Cuencas».
Marcelino Marcos, alcalde de Tineo y propuesto en su día por el PSOE para presidir Acom-España, reclamo al presidente en funciones del colectivo, el popular Ángel Calvo, que «convoque la comisión permanente» porque «es necesario que desde Acom se tomen medidas. No podemos estar de brazos cruzados vistos los incumplimientos del Gobierno central con los municipios mineros». Respecto a Hunosa, «ya hemos solicitado un encuentro con la nueva presidenta», a la que los alcaldes socialistas pidieron que «demuestre su compromiso con las comarcas mineras tratando de frenar el cierre de pozos», lo que supondría renunciar al plan de cierre realizado por el equipo de García Secades.
La protesta minera camina a Madrid
El PSOE llama a una concentración en la capital para denunciar el recorte de fondos
17/03/2012, J. M. Huerga, Laviana, en La Voz de Asturias
Los alcaldes mineros saldrán a la calle contra la supresión de los fondos mineros anunciada por el Gobierno y para reclamar la defensa de la minería más allá de 2018. Así lo harán al menos los socialistas asturianos de las comarcas carboneras, que llaman a los regidores de todos los municipios mineros de España a respaldar la concentración que han convocado el próximo miércoles en Madrid.
Este es el “mensaje de combate”, según el alcalde de Laviana, Adrián Barbón, con el que los regidores quieren mostrar al Gobierno del PP que “vamos a dar un paso al frente porque queremos saber la verdad de lo que va a pasar”. No sólo con los fondos, también “con la pervivencia de la minería, las ayudas empresariales y las becas” que, según Barbón, “parece que también se van a suprimir”.
El llamamiento a la concentración, entre las 12.00 y las 13.30 horas del próximo día 21, ante la sede de la secretaría de Estado de Energía en Madrid, se hace “a todas las comarcas mineras, sea cual sea el signo político”, a los 90 alcaldes que los presiden, no sólo de Asturias, sino de Castilla y León, Teruel y la región de Puertollano. Así lo especificó el alcalde de Tineo, Marcelino Marcos Líndez, que explica que la protesta es “para hacer patente el rechazo al anuncio de la supresión de los fondos mineros y para pedir que se establezcan las bases que garanticen estas ayudas”.
Junto con la concentración, Líndez anunció que pedirán al presidente en funciones de Acom-España que convoque una reunión de la comisión permanente para “tomar decisiones tras los incumplimientos del Gobierno central”.
Cita con Mallada
También en defensa de la minería se entiende la reunión que solicitarán a la presidenta de Hunosa. Los alcaldes mineros del PSOE quieren que María Teresa Mallada “nos explique el futuro y la planificación de la empresa y su compromiso con las comarcas mineras”.
Junto con los alcaldes de Laviana y Tineo, ayer se reunieron en el ayuntamiento lavianés los regidores socialistas de Langreo, San Martín, Sobrescobio, Caso, Teverga, Quirós, Riosa, Aller y los tenientes de alcaldes de Ribera de Arriba y Morcín. Todos ellos, tal como expresó Barbón, temen que el Gobierno “esté guardando en un cajón las soluciones definitivas a la minería hasta que pase el 25-M”. Una salida que pasa “por la supresión de los fondos, esa es la solución favorita de la derecha”. Una decisión “insólita y criticable” teniendo en cuenta, según Barbón, que “suprimir los fondos es suprimir las posibilidades de desarrollo de las Cuencas porque los programas de inversión fundamentales de los ayuntamientos se basan en los fondos mineros”.
El repago sanitario mal llamado copago se destapa en la agenda del PP para el día después al 25-M
Rajoy da luz verde a las autonomías para el copago
La aprobación del euro por receta en Cataluña abre un debate entre los barones del PP con el visto bueno del Ejecutivo
A. MONTILLA | MADRID, en El Comercio.
Mariano Rajoy sigue cruzando las líneas rojas que él mismo trazó durante la campaña electoral que le llevó hasta la Moncloa el pasado 20 de noviembre. Tras decretar de manera sorpresiva un incremento en el IRPF e IBI, contraviniendo una de sus máximas en política económica, el presidente del Gobierno dio luz verde a las comunidades autónomas para que asuman fórmulas de copago sanitario. Y esto supone traspasar una de las fronteras del estado del bienestar que Rajoy se comprometió a proteger si llegaba a gobernar.
Era una fórmula que el Ejecutivo quería mantener en secreto hasta después de las elecciones andaluzas y asturianas, pero que ha quedado al descubierto tras aprobar el Parlamento de Cataluña el recargo de un euro por receta médica, a propuesta de CíU pero gracias a la abstención del PP. La estrategia ha desconcertado a varios barones autonómicos del partido, en especial a Javier Arenas, inmerso en una dura pelea electoral por lograr a mayoría absoluta en Andalucía el próximo 25 de marzo.
Pero se trata de una discusión bendecida por Rajoy, como dejó claro la ministra de Sanidad, Ana Mato, quien explicó que la extensión a todo el país de la tasa de un euro por receta podría ser una de las propuestas que analice el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, siempre que la proponga alguna de las comunidades.
Arenas, presionado por las críticas de su principal rival, el socialista José Antonio Griñán, declaró en Almería que «en principio» no está de acuerdo con el copago sanitario, pero sí defiende la necesidad de un pacto que garantice la viabilidad del sistema sanitario y del gasto financiero.
Rajoy, para frenar este revuelo político, ordenó a los dirigentes de su partido bajar el tono de sus declaraciones y distanciarse de la decisión de CiU. Un ejemplo claro de esta estrategia es Alberto Núñez Feijóo. El presidente gallego aseguró en una entrevista matinal en la cadena Ser su apuesta por hacer pagar las recetas médicas a las rentas más altas, antes que cobrar por alguna de las prestaciones médicas. Sin embargo, tras reunirse con Rajoy en la Moncloa, eludió volver a referir al copago y solo dijo: «Haremos un excelente trabajo si con una crisis económica como la actual evitamos que un ciudadano pague por una consulta o por una intervención quirúrgica», indicó.
Feijóo, no obstante, aseguró que no iba a «criminalizar» a ningún presidente autonómico que apuesta por el copago sanitario, aunque él no comparta esta fórmula. El mandatario gallego apeló a la necesidad de mejorar la gestión para reducir costos y, sobre todo, a alcanzar un pacto en esta materia entre todas las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad.
De hecho desveló que ya se han producido encuentros entre la ministra Ana Mato y los consejeros de Sanidad de varios gobiernos autonómicos. Feijóo puso el acento en que la realidad es que España tiene una deuda sanitaria de 15.000 millones «y hay que pagarla». Entretanto, desde las comunidades gobernadas por el PP las opiniones eran para todos los gustos, pero en general fueron contrarias a instaurar el copago, al menos «por el momento». Esta fórmula utilizaron la presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, y el consejero de Sanidad extremeño, Francisco Javier Fernández.
El PP de Madrid, por su parte, aseguró que el Gobierno regional «nunca» implantará esa fórmula por voluntad propia, otra cosa será, dijo el portavoz popular en la Asamblea autonómica, Iñigo Henríquez de Luna, si el Ejecutivo central toma medidas en ese sentido. Más rotundo fue el portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago, que aseguró que el copago «no está en la agenda» del Gobierno autonómico.
Rajoy negocia con las autonomías la generalización del copago de la sanidad
Varias comunidades están dispuestas a seguir los pasos de Cataluña y cobrar un euro por receta
16/03/2012, Agencias, Madrid, en La Voz de Asturias.
Varios gobiernos autonómicos del PP han abierto la puerta a estudiar fórmulas de financiación de la sanidad como el copago de las recetas farmacéuticas aprobado en Cataluña, pero siempre que sean medidas estudiadas junto al Ministerio de Sanidad y aplicadas en todo el territorio nacional. En Asturias, el candidato socialista a la Presidencia del Principado, Javier Fernández, ha garantizado que el copago “ni ningún otro tipo de privatización” se van a implantar en esta comunidad si el PSOE gana las elecciones del próximo día 25.
La propia ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha explicado ayer que la extensión a todo el país de la tasa de un euro por receta podría ser una de las propuestas valoradas en el próximo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), ya que se espera que los consejeros expongan ésta y otras propuestas para empezar a trabajar en un Pacto por la Sanidad.
La posibilidad de estudiar el asunto entre todos ha sido admitida desde Galicia, Madrid y Castilla y León, aunque han querido aclarar previamente que no han previsto por el momento aplicar esta medida, según Europa Press.
En este contexto, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, se ha negado a “criminalizar” a Cataluña por instaurar un sistema de copago farmacéutico e, incluso, ha afirmado que es un “debate” que se debería abrir en el marco de las reuniones sectoriales del Ministerio de Sanidad con las autonomías.
“Si un presidente autonómico decide instaurar una tasa farmacéutica, yo no le voy a criminalizar. Cada comunidad autónoma tiene problemas y a partir de ahí cada uno tiene que hacer sus propuestas”, ha explicado Feijóo en rueda de prensa en Moncloa tras reunirse con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con quien ha dicho que no ha abordado específicamente este asunto.
Algo parecido ha manifestado el consejero de Sanidad de Castilla y León, Antonio María Sáez Aguado, que ha asegurado que el Ejecutivo autonómico no contempla el copago sanitario, si bien considera que si se planteara alguna iniciativa en este sentido debería ser para el conjunto del Sistema Nacional de Salud y no medidas “aisladas” de las comunidades autónomas. También el portavoz de la Junta castellano-leonesa, José Antonio de Santiago-Juárez, ha reiterado este jueves a preguntas de los medios que no está en la agenda del Ejecutivo ningún tipo de tasa como la aprobada en Cataluña para las recetas.
Desde Madrid, el portavoz del PP en la Asamblea de la Comunidad, Iñigo Henríquez de Luna, ha declarado que el Ejecutivo de Esperanza Aguirre “nunca va a tomar ‘motu propio’ una iniciativa de copago”, así como que están a la espera de que el Gobierno de Rajoy “tome las medidas que considere oportunas”.
Asimismo, el candidato del PP a la presidencia de Andalucía, Javier Arenas, ha asegurado que “en principio, no está de acuerdo”, pero ha añadido que todas las regiones y el Gobierno de la Nación se deben plantear “muy seriamente” un pacto sociosanitario que garantice la “viabilidad” del sistema sanitario y del gasto farmacéutico, “algo que se tiene que hacer preservando todos los derechos básicos de los ciudadanos”. Sin embargo, su oponente, el presidente de la Junta y candidato a la reelección por el PSOE andaluz, José Antonio Griñán, ha alertado a los andaluces de que el PP de Javier Arenas pondrá el copago sanitario “allí donde pueda”.
IU emplaza al Gobierno a interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Generalitat por la tasa por receta
MADRID, (EUROPA PRESS)
El portavoz de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en la Comisión de Sanidad del Congreso, Gaspar Llamazares, ha emplazado al Gobierno a interponer un recurso de inconstitucionalidad por conflicto de competencias contra la Generalitat de Cataluña por el pago de un euro por cada receta farmacéutica y le pida que pare esa medida, que se aplicará a partir del 1 de junio.
En rueda de prensa en la Cámara Baja, Llamazares ha hecho esta solicitud después de que el Parlamento catalán aprobara este miércoles con los votos de CiU y la abstención del PP la creación de nuevas tasas, entre ellas el pago de un euro por cada receta farmacéutica que se dispense en la sanidad pública.
El parlamentario de IU ha querido dejar claro que se trata de una iniciativa "ilegal" en tanto en cuanto la Generalitat catalana tiene intención de hacerse cargo de una competencia sobre productos sanitarios que es exclusivamente del Gobierno central.
UN FRAUDE ELECTORAL
Por ello, ha reclamado al Ejecutivo que presente un recurso de inconstitucionalidad contra la misma antes de que entre en vigor porque, ha avisado, si el Gobierno deja pasar este "repago injusto", su formación buscará una fórmula para recurrir una medida que, a su juicio, supone una "burla", bien a través de un recurso de amparo, bien a través de la Defensora del Pueblo o de otro mecanismo.
Y es que, según ha denunciado, esta tasa supone un "asalto" al Sistema Nacional de Salud con la "connivencia" y la "pasividad" de un Ejecutivo cuyos dirigentes se comprometieron en la última campaña electoral que no iba a haber "ni copagos, ni repagos, ni tasas, ni tiques moderadores".
Es más, Llamazares ha llegado a decir que esta medida decidida por el Gobierno catalán supone "un fraude electoral" porque, según ha insistido, ni los nacionalistas catalanes ni los 'populares' anunciaron en campaña ninguna tasa por receta. De hecho, ha recordado que una de las líneas rojas de Mariano Rajoy fue precisamente el rechazo al "repago" en el sistema sanitario.
UN INGRESO ADICIONAL DE 1.000 MILLONES
Pero, a su juicio, lo peor de todo es que, dentro de los mecanismos del ajuste del PP, el Ministerio de Sanidad no sólo "justifica" la tasa por receta en Cataluña, sino que está preparando extender esta decisión "a nivel de todo el Estado", lo que, según ha precisado, podría supone un ingreso adicional de 1.000 millones de euros que lo pagarían "los más débiles".
"No es ninguna tontería, sino que significa un expolio del derecho a la sanidad, además de una vulneración de la Ley del Medicamento y del reglamento que establece las prestaciones del Sistema Nacional de salud", ha concluido.
Llamazares ya había preguntado al Gobierno en el Congreso por la posibilidad de que las comunidades introdujeran el "repago" en la sanidad. El Ejecutivo le contestó defendiendo un modelo de sanidad pública "universal y gratuita", aunque también admitió la capacidad de Cataluña para aplicar tasas: "La Generalitat ha establecido una tasa por la gestión de una prestación administrativa, como existen otras en vigor en diversos ámbitos", se limitó a comentar.
Lo segurísimo de los nuevos recortes es que en el PP no nos lo quieren contar hasta después de votar el 25-M
UGT dice que cumplir con Bruselas es incompatible con la protección social
Según Cándido Méndez, se puede producir un "coma irreversible" en los servicios públicos fundamentales.
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Durante una entrevista en Tele 5, Méndez ha dicho que el Gobierno "no ha conseguido nada" en referencia a que ayer aceptó reducir su nivel de déficit para 2012 hasta el 5,3 % del PIB, cinco décimas más de lo previsto, y que el anuncio es solo "fuego de artificio" porque el problema vendrá en 2013.
"Se puede producir un coma irreversible en los servicios públicos fundamentales" que afectará a la sanidad, la educación, los trabajadores de la función pública y, además, subirán los impuestos y no se reducirá el déficit, ha subrayado Méndez.
Ha insistido hoy en que el Gobierno tiene en su mano el que los sindicatos desconvoquen la huelga del próximo día 29, pero que la "puerta está cerrada", lo que "aleja" la posibilidad de hacerlo, aunque mientras haya tiempo CCOO y UGT no pierden la esperanza.
Ha recordado que de las dos cartas que CCOO y UGT han enviado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sólo han recibido un "acuse de recibo" de la segunda y ha reiterado que no ha habido reuniones tripartitas para negociar el contenido de la reforma laboral.
"El Gobierno confunde deliberadamente lo que son reuniones técnicas" a las que los sindicatos sí han asistido, en las que sólo "pretende" explicar "algo que ya conocemos bien".
Además, incluso en este tipo de encuentros, el Ejecutivo "ha vulnerado el espíritu" del diálogo porque han sacado una norma nueva de desarrollo de los ERE "y no nos han dicho nada", ha recalcado Méndez.
Ha añadido que España "necesita soluciones" y que por eso los sindicatos han convocado la huelga que, ha insistido, es un ejercicio de un derecho "democrático y constitucional".
"Usamos un medio constitucional para exigir soluciones y que se tenga en cuenta de forma prioritaria el problema del paro, del que el Gobierno se ha desentendido".
Méndez ha acusado al Ejecutivo de tener un "doble lenguaje" al decir en España que la reforma es una oportunidad mientras que en la UE señala que se van a destruir este año 630.000 empleos, y a su juicio el Gobierno "debería rectificar".
El PP apunta a "impuestos especiales" para reducir el déficit
MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -
El vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano, ha afirmado este jueves que las nuevas medidas de ajuste del Gobierno de Mariano Rajoy pueden estar relacionadas con "figuras tributarias que por las pistas que se están dando pueden ir por los temas relacionados con algunos impuestos especiales".
En una entrevista a Telecinco recogida por Europa Press, el dirigente del PP ha afirmado que la subida del IVA le pareció un injusticia porque este impuesto "lo paga igual quien tiene el salario mínimo interprofesional y quien cobra 100.000 euros".
"Ahora nos vamos a alejar del IVA. Se está hablando de otra figuras tributarias que por las pistas que se están dando pueden ir por todos los temas relacionados con algunos impuestos especiales", ha anunciado.
En cuanto a la subida del IRPF, Floriano ha subrayado las palabras del presidente del Gobierno Mariano Rajoy porque el "gran objetivo" es bajar este impuesto "en cuanto sea posible". "Nuestro objetivo es bajar los impuestos", ha resaltado.
Preguntado por la cifra de recorte del gasto público impuesta desde Bruselas, Floriano ha subrayado que se ha ganado "casi un punto" respecto a la cifra anterior. "No va a ser sobre el 5,8, no va a ser sobre el 4,4 está más cerca del 5,8 que del 4,4", ha apostillado.
El dirigente del PP ha considerado que con la nueva cifra el gobierno ha llegado a un punto en el que tiene la posibilidad de realizar los ajustes "sin que tengan que pagar quienes peor lo están pasando por esta crisis".
PSOE DISFRAZA SU DEBILIDAD INTERNA CON PROTESTAS
Cuestionado por la huelga general, Floriano ha asegurado que cree que "quien convoca la huelga es el PSOE y Rubalcaba" y ha recordado declaraciones del secretario de Organización del PSOE, Óscar López, en las que decía a Rajoy que tenía "veinte días para conseguir que se desconvoque la huelga".
Por ello, ha criticado el papel de los socialistas durante las protestas. "Me preocupa mucho ver al PSOE tratando de disfrazar su situación de debilidad interna poniéndose delate de las pancartas que o bien convocan indirectamente o bien se suman de una manera irresponsable", ha valorado.
Preguntado por el papel de los sindicatos, Floriano ha subrayado que "los abandonos" de las comisiones técnicas lo han protagonizado los representantes sindicales y ha recordado que han tenido más de 32 reuniones. "El diálogo es diálogo, no es dar la razón a nadie es intentar llegar a puntos de acuerdo", ha manifestado.
En este sentido, ha acusado a los sindicatos de no decir la verdad porque su partido siempre está "dispuesto a dialogar". "Siempre estamos dispuestos a dialogar pero no a darles la razón porque sí porque darles la razón durante mucho tiempo supuso que no se moviera la legislación laboral y que la mitad de los jóvenes están en el paro", ha añadido.
Sobre la reforma laboral, el dirigente del PP la ha defendido porque nos acerca a Europa y la diferencia entre los datos del paro de los países comunitarios y de nuestro país es la legislación laboral. "Porque eso garantiza el empleo", ha añadido.
Cuestionado por las elecciones asturiana, el vicesecretario de Organización del PP ha aventurado que la candidata ’popular’ Mercedes Fernández "va a ser la próxima presidente del principado". Al hilo de esto, ha puntualizado que los votantes del PP en las elecciones generales saben que lo mejor para la región es un gobierno ’popular’. "Estoy convencido de que va a articular una gran mayoría", ha añadido.
Es para estar perplejo: ¿dónde están o estuvieron hasta hoy el Colegio y ese código deontológico, al que apelan, cuando no se cumplían los principios y/o la salud era y es, para algunos, un negocio?...
La calidad "debe primar" con independencia del modelo
El Colegio de Médicos replica a Navia-Osorio que conoce "perfectamente" las Unidades de Gestión Clínica
Rechaza la "perversión" de dar incentivos para cumplir con los principios del código deontológico
OVIEDO, 13 Mar. (EUROPA PRESS)
La presidenta del Colegio de Médicos de Asturias, Carmen Rodríguez, ha replicado este martes al consejero de Sanidad del Principado, José María Navia-Osorio (Foro), que conoce "perfectamente" el modelo de Unidad de Gestión Clínica.
Así lo ha dicho en declaraciones a Europa Press en respuesta a unas declaraciones de Navia-Osorio, quien este lunes dijo sobre las críticas del Colegio al modelo que "seguramente" no lo conozcan "a fondo", ofreciéndose a enseñárselo e incidiendo en que profesionales y usuarios están satisfechos.
Al respecto, Carmen Rodríguez ha argumentado que las críticas al modelo que impulsó el anterior consejero socialista, Ramón Quirós, no son "por desconocimiento" sino por considerar que las unidades son "perversas" en su esencia, ya que intentan ahorrar recursos a través de incentivos, cuando el código deontológico ya indica que el médico debe consumir los recursos finitos del sistema de acuerdo con "su saber y entender".
Por ello, afirma que el uso responsable de los recursos y la calidad asistencial "deben primar" con independencia del modelo, e insta al consejero a asumir su responsabilidad si es que los centros en los que no se desarrollan las Unidades de Gestión Clínica tienen peores resultados o registran una menor satisfacción por parte de usuarios y profesionales.
Además, dice que ya trasladó al consejero la posición del Colegio en dos reuniones en las que Navia-Osorio "no se brindó a dar explicaciones".
Con todo, Carmen Rodríguez asegura que le gustaría "por el bien de la sociedad asturiana y de los profesionales" que "funcionara" un modelo que parece "irreversible que se implante", aunque se muestra reacia al recordar que se intentó implantar sin éxito en el Insalud y que ha tenido resultados "catastróficos" en la Atención Primaria de Cataluña.