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Decenas de miles de embriones congelados esperan su destino

Decenas de miles de embriones congelados esperan su destino

La ley permite destruirlos si no se reclaman pero nadie se atreve a decidir

Foto: Los embriones son una fuente de células madre que ahora está en desuso en España.-

El País. MÓNICA L. FERRADO - Barcelona - 22/04/2011

En España, entre un 10% y un 40% de las parejas se desentienden de los embriones congelados que se conservan en los centros donde se les ha practicado una fecundación in vitro. Solo en Cataluña, la única comunidad con un registro, hay más de 61.000 congelados, de los que el 23% (unos 14.000) llevan más de cinco años, según datos de 2008 del Sistema de Información sobre Reproducción Asistida de Cataluña (FIVCAT.NET). Y el número no deja de crecer. En 2001 eran cuatro veces menos.

Faltan proyectos de investigación para usar los óvulos fecundados

En estos casos, la ley de reproducción estipula que los comités clínicos deben decidir qué hacer. La realidad es que no lo hacen, con lo que muchos centros acumulan embriones sin un destino y sin fecha límite. Estos óvulos fecundados son los sobrantes de los procesos de fecundación in vitro, y deben guardarse congelados por si la pareja quiere tener más niños, a no ser que ya de entrada indique lo contrario. La ley fija que la pareja debe especificar qué desea hacer con ellos: guardarlos, donarlos para investigación, para adopción o que se destruyan. Cuando tras dos intentos de comunicación, en un periodo de cinco años, la pareja no ha dado señales de vida, se considera que se ha desentendido. Entonces, los comités clínicos de los hospitales y centros pasan a custodiarlos y son responsables de su destino.

 

Pero, en la práctica, no deciden nada. "Para nosotros es un problema. No nos atrevemos por diferentes motivos. Además, tampoco estamos seguros de que esa pareja no reaparezca", afirma Alfonso de Lafuente, presidente del grupo de ética y buenas prácticas de la Sociedad Española de Fertilidad y director médico del Instituto Europeo de Fertilidad. "Aún no hemos llegado a estar saturados, pero lo estaremos. De momento, vamos comprando contenedores y nitrógeno líquido", dice Joaquim Calaf, director del programa de reproducción asistida de la Fundación Puigvert, en Barcelona. "Será un problema", coincide José Antonio Castilla, responsable del laboratorio de embriología del hospital Virgen de las Nieves, de Granada. "En una década hemos duplicado los embriones congelados. Y, con el aumento de la demanda y la mejora de las técnicas, la previsión es que en dos años se tripliquen", añade.

 

Una opción sería destinarlos a investigación. "Antes los donábamos al Banco de Células Madre de Andalucía, pero ahora no hay ningún proyecto en marcha con células madre embrionarias", cuenta Castilla. "El problema está en que se deben donar a un proyecto de investigación específico, y no los hay", dice. En la misma situación se encuentran otras clínicas. "Los centros de investigación no los quieren", afirma Marisa López Tejón, responsable del Institut Marqués. En este centro, en 2010, un 48% de las parejas se desentendió de sus embriones. "Hemos notado un incremento, en el 2007 era un 39%. Creemos que es la crisis", afirma.

 

Esta falta de interés de los científicos choca con la voluntad de algunos progenitores. Entre un 5% y un 10% querría donarlos para investigar. "El entusiasmo por las células madre embrionarias ha bajado, ahora hay otras opciones", relata Calaf. "Lo que querríamos es que hubiese más personas que los diesen en adopción", apunta.

 

Pero esta opción tampoco es sencilla. La ley contempla que los embriones para adopción deberán ser fruto de óvulos de mujeres menores de 35 años. Y la realidad es que la mayoría de las que recurren a esta técnica para tener hijos son mayores de esta edad. De hecho, recientemente un hospital público catalán solicitó a la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida (CNRHA) que permitiese que se usasen embriones de mujeres de más de 35 años. La Comisión de Reproducción Humana Asistida de Cataluña apoyaba la iniciativa, pero la respuesta de la comisión nacional fue negativa.

 

En cuanto a destruirlos, existe un doble motivo por el cual los centros españoles no optan por esta decisión. Por un lado, a pesar de que la ley lo permite, existen reticencias y un temor a las reacciones de los grupos conservadores y religiosos. De hecho, cuando las parejas escogen se trata de la opción menos popular: menos del 10% lo elige.

 

Por otro lado, la ley estipula que la destrucción no se podrá llevar a cabo hasta que la mujer haya completado su edad reproductiva. Es decir, aproximadamente hasta que se encuentre alrededor de los 50 años. Y que esto deberá certificarse por dos médicos ajenos al centro que los guarda. "¿Cómo vamos a hacer eso con las parejas que no responden?", afirma López Tejón.

 

En el desentendimiento de las parejas hay centros que ven falta de responsabilidad. Otros, excusan a las parejas argumentando que la carga emotiva que supone decidir les bloquea. "No responden porque cambian de domicilio y no avisan, porque se separan, y no tienen en cuenta que hay unos embriones almacenados... Existe una gran variedad de situaciones", explica Calaf. "También hay muchas que una vez acabado el proceso quieren olvidarse, les resulta incómodo decidir", afirma de Lafuente. "Muchas parejas nos dicen: decide tú por mí", explica López Tejón.

 

Todos coinciden en que las parejas deberían ser más responsables. "Hay que hacer un esfuerzo para que tomen conciencia de que sus actos tienen una trascendencia de la que tienen que responsabilizarse", afirma Josep María Busquets, responsable de bioética del departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña. Desde la Administración catalana se reconoce esta incomodidad de los centros: "No se sienten seguros, sería necesario desplegar alguna instrucción que clarificase mejor qué hacer con estos embriones", dice Busquets. "Algún día, los centros y las Administraciones tendrán que tomar alguna decisión", concluye.

Salud asegura que la obra del ambulatorio del valle de Turón arrancará este año

Salud asegura que la obra del ambulatorio del valle de Turón arrancará este año

Quirós señala que los 150.000 euros incluidos en los Presupuestos de 2011 permitirán iniciar los trabajos

Foto: El antiguo Colegio de La Salle en La Veguina, donde se ubicará el consultorio. fernando geijo

La Nueva España. Mieres del Camino, C. M. B.

 Las obras de construcción del ambulatorio de Turón comenzarán a finales de año. Al menos eso aseguró durante su última visita a la comarca del Caudal el consejero de Salud del Principado, Ramón Quirós, que destacó que la partida que se ha incluido en los Presupuestos de este año será suficiente para que arranquen las obras. «El dinero está destinado para empezar el consultorio este año, a finales», señaló Quirós.

 

La Consejería de Salud destinó este año 150.000 euros a la actuación, que en 2009 tenía consignados 2,5 millones. El consultorio, que se ubicará en las instalaciones del antiguo Colegio de La Salle de La Veguina, está comprometido desde el año 2007 y dará servicio al valle de Turón, con 4.500 vecinos.

 

Son los habitantes de la zona los que más demandaron la construcción de un nuevo centro de salud que sustituya al actual consultorio de La Cuadriella. Hace dos meses, el grupo municipal del PP en Mieres presentó en el Principado casi mil firmas recogidas por Turón reclamando la ejecución de las obras. El PP había calificado de «desfachatez» la reducción de las partidas para la obra en los últimos Presupuestos.

 

El proyecto del centro de salud de La Veguina se puso sobre la mesa en 2007 y parecía que iba a arrancar en 2009 con una asignación presupuestaria de 2,5 millones de euros en las cuentas regionales. Ese presupuesto serviría para poner en marcha el proyecto original de Salud, que incluía un equipamiento con estancias donde desarrollarían su labor cuatro médicos de familia, un pediatra y cinco enfermeros, además de personal administrativo y un celador. También estaba prevista la puesta en marcha de un servicio de emergencias con médico y enfermero y atención, a tiempo parcial, de un odontoestomatólogo.

 

En 2009 el proyecto no acabó de materializarse y en 2010, las cuentas regionales recogieron únicamente un millón de euros para su ejecución. El retraso en la puesta en marcha de las obras se debió, según se argumentó desde el Gobierno regional, a una modificación del proyecto inicial de reforma del antiguo Colegio de La Salle de La Veguina. De iniciarse las obras a finales de 2011, tal y como anuncia ahora Quirós, la actuación arrancará con un retraso de dos años, puesto que estaba previsto su inicio para finales de 2009.

Las negativas para la donación han descendido a menos del 10 por ciento de los casos…

Las negativas para la donación han descendido a menos del 10 por ciento de los casos…

El Principado registra 32 trasplantes y 18 donantes en lo que va de año

"Es una labor dura pero es necesario seguir concienciando a la sociedad de su relevancia", sostiene la doctora Dolores Escudero

EP

El Principado de Asturias lleva registrados un total de 32 trasplantes en lo que va de año, de los que 11 han sido trasplantes hepáticos, 16 renales y 5 cardiacos.

Asimismo, hasta la fecha se han alcanzado los 18 donantes, según ha indicado a Europa Press la responsable de la Unidad de Coordinación de Trasplantes de Asturias, Dolores Escudero Augusto, del Hospital Universitario Central de Asturias.

La doctora Escudero destaca que la población está "cada vez más concienciada" de la importancia de la donación, lo que ha logrado que en los últimos 20 años se hayan mejorado mucho las cifras.

De este modo, resalta que el pasado año 2010 en Asturias se realizaron 85 trasplantes: 44 renales, 28 hepáticos y 13 cardiacos, y se alcanzaron los 40 donantes.

"Hace años era muy laborioso concienciar a los familiares de la relevancia de donar los órganos de un paciente en muerte cerebral", recuerda la doctora afirmando que actualmente "siempre se respeta la voluntad del paciente y sólo se computa un 10 por ciento de negativa familiar".

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

Dolores Escudero explica que el protocolo se activa cuando un paciente entra en muerte encefálica o muerte cerebral y se comunica a su familia. Si el paciente tiene el carné de donante, la familia "no puede oponerse a su voluntad", algo que no suele ocurrir ya que "siempre se respeta su decisión".

Igualmente, si el paciente no tiene carné se pregunta a sus familiares si expresó verbalmente en algún momento su voluntad de donar. "Con eso es suficiente, y en este supuesto la familia también suele respetar la voluntad", señala.

De no conocerse la voluntad del paciente, el equipo médico pregunta a los familiares su opinión y "nunca se lleva a cabo la donación sin el consentimiento familiar", cuya negativa "ha descendido a menos del 10 por ciento de los casos", reitera.

Una vez concedida la autorización, se procede al mantenimiento artificial para conservar los órganos en buenas condiciones mientras se contacta con la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) para informar de las características del donante y ver si existe compatibilidad.

La prioridad la tienen los receptores con urgencia '0', aquellos que pueden fallecer en 48 horas, a los que se les hace el envío a cualquier punto de España. Si no hay pacientes prioritarios compatibles, se analiza la listas de trasplantes del propio hospital o de zonas geográficas próximas "para evitar lo más posible el deterioro de los órganos". De este modo, se realiza una analítica estricta para validar los órganos y se procede a preparar la intervención.

"Las implicaciones emocionales y éticas de este tipo de intervenciones son muy elevadas. Es una labor dura pero es necesario seguir concienciando a la sociedad de su relevancia. Gracias a la divulgación hemos avanzado mucho y la mayoría de la población comprende la importancia de los trasplantes", sostiene la doctora Dolores Escudero.

Mucha cosas han cambiado en 25 años…

Mucha cosas han cambiado en 25 años…

La Ley General de Sanidad veinticinco años después

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública plantea la necesidad de adaptar la normativa a los requerimientos actuales.

nuevatribuna.es

El 25 de abril de 1986 entró en vigor la Ley General de Sanidad (LGS). Impulsada por el ministro E. Lluch, se había aprobado después de catorce borradores y múltiples negociaciones y se puso como ejemplo del fervor democrático y conciliador de la transición política española. Entre sus grandes logros, figura en primer lugar que universalizó el derecho a la asistencia sanitaria, que entonces rondaba el 70% de la población. También que posibilitó la libre elección de médico, reconoció los derechos de enfermos y moribundos, apostó por la calidad y la eficiencia de las prestaciones, y por la integralidad asistencial, según los modelos de Sistema Nacional de Salud (SNS) entonces con mayor predicamento (Canadá, Reino Unido), y porque sentó las bases de una organización orientada  a la promoción de salud descentralizada con base geográfica y poblacional que aún perdura, basada en las transferencias a las CCAA, el área de salud, como unidad de gestión, y en la atención primaria, como base y modelo de prestaciones.

La principal limitación que se achaca a la LGS es su falta de desarrollo reglamentario. Según su articulado, eran necesarias numerosas normativas para completar su implantación, sin embargo muchas de ellas aun no han visto la luz (como ejemplos claros el Plan Integrado de Salud o la nueva regulación de las especialidades médicas) y otras están a punto de verla, aunque con bastantes limitaciones (Ley General de Salud Pública). Por otra parte, persisten grupos poblacionales sin cobertura asistencial; otros mantienen privilegios, como los funcionarios, pese a que la disposición final tercera de la LGS preveía su integración en el SNS; etc, etc.

¿Es necesario adaptar la LGS a los requerimientos actuales?

Tanto desde el punto de vista reglamentario como del económico, parece obvio que hay motivos suficientes para reformar la LGS. Si seguimos creyendo en los principios de universalidad y equidad, habría que redefinir los criterios de accesibilidad al derecho a la salud y de solidaridad, regularizando el acceso universal y la situación de las mutualidades de funcionarios.

La transferencia de competencias a las Comunidades Autónomas (CCAA) abrió un nuevo escenario no contemplado por la LGS. Aunque el capítulo IV de la LGS regulaba la coordinación sanitaria, en la práctica no ha sido capaz de conseguir la cohesión y coordinación deseables entre CCAA pese a la aprobación de la Ley de Cohesión Sanitaria con el apoyo unánime de todas las fuerzas políticas, sindicales y profesionales, situación que ha tenido mucho que ver con la incapacidad de los sucesivos Ministerios de Sanidad para ejercer con su responsabilidad. El Consejo Interterritorial ha sido más una cámara más para el enfrentamiento político que coordinadora de políticas y estrategias de los Servicios de Salud Autonómicos. Esta dejación ha favorecido la irracionalidad y los despropósitos como múltiples calendarios vacunales inaceptables desde el punto de vista epidemiológico, la creación de tarjetas electrónicas incompatibles con modelos de historia clínica diferentes, que limitan la compatibilización de la movilidad y la atención sanitaria etc,…). La descentralización además solo se ha dado entre el Estado y las CCAA, sin que estas lo hayan hecho hacia las áreas sanitarias que han quedado reducidas a meras demarcaciones geográficas y poblacionales sin órganos para la planificación de los recursos en base a las características y necesidades locales, la coordinación de los niveles asistenciales de atención primaria y hospitalaria, salud pública, salud laboral o con los recursos de las administraciones locales. La ausencia de órganos de gestión a nivel de área ha impedido el desarrollo de una auténtica la promoción de salud, prevención de enfermedad y la asistencia integrada. 

La falta de desarrollo del Plan de Salud Integrado a nivel del Estado y un modelo de Financiación objeto de transacciones políticas (ajenas a la sanidad) entre las administraciones central y autonómicas explica que la financiación sanitaria no responda a criterios de necesidad de salud, lo que ha generado una asignación irracional de los recursos, con importantes repercusiones sobre la accesibilidad, la calidad, la eficiencia, la cohesión y la equidad de salud. El crecimiento de las desigualdades, la oferta diferenciada  e irracional de las carteras de servicios y los problemas de sostenibilidad económica de algunos servicios de salud autonómicos son otra consecuencia de esta situación. El interés de grupos de presión empresarial y económica por entrar en el sector sanitario, con la complicidad de algunas fuerzas políticas que gobiernan algunas CCAA, explican que la planificación nunca haya sido desarrollada como instrumento al servicio de la racionalidad y la equidad. 

El modelo de financiación debería redefinirse para mantener su carácter redistributivo, su adaptación a las necesidades de salud y la suficiencia, lo que implica que debería tener carácter finalista, consensuado en el Consejo Interterritorial de Sanidad  y como resultado del Plan Integrado de Salud.

Algunos instrumentos relacionados con la gestión deberían actualizarse, (gestión integrada y participativa a nivel de área con apoyo a la AP, participación profesional en los órganos de gestión hospitalaria, gestión integrada por procesos, guías y vías clínicas, auténticos órganos de gestión dotados de autonomía en la AP..) porque han cambiado las poblaciones y los territorios; la transición epidemiológica avanza hacia una elevada prevalencia de enfermos crónicos, ancianos y afectados de comorbilidad; se han actualizado los conocimientos en torno a la evaluación de tecnologías sanitarias y a la utilidad de las telecomunicaciones, etc…; constantemente se reivindica la necesidad de profesionalizar la gestión, sustrayéndola de la confrontación política, etc…

La Atención Primaria que debería ser la base y eje de un sistema integrado y orientado a la promoción de la salud ha sido la gran perdedora en la batalla con los grupos de presión económica y empresarial que buscan introducir el mercado y la competencia en las relaciones sanitarias y la privatización del aseguramiento y la provisión de los servicios. La dejación de los profesionales de este nivel y los enfrentamientos entre las organizaciones que los representan le ha impedido ganar el protagonismo necesario y asistimos a la vuelta al hospitalocentrismo, la hegemonía de la medicina especializada orientada a la curación, donde la AP ocupa un papel subsidiario encargado de controlar los flujos de pacientes hacia los hospitales.  La reacción de una parte de la misma propició un tímido intento de mejora de su capacidad resolutiva incrementado sus recursos, eliminando las limitaciones de acceso a pruebas diagnósticas, reducción de la burocracia y de mejora de su relación con los hospitales y otros recursos del sistema, que por ahora parecen paralizados y condenados fracaso por el desinterés de las administraciones y las luchas de poder y los protagonismo de algunas organizaciones.

La ofensiva privatizadora debería obligar a blindar el carácter universal, redistributivo, accesible, equitativo y sostenible del sistema.

La LGS tampoco ha resuelto una de sus apuestas: el fomento de la participación comunitaria y profesional, de forma que no existe un protagonismo real y efectivo ni de ciudadanos ni de profesionales en la gestión y el control de los servicios de salud. No es posible el control de calidad de los servicios y su adecuación a las necesidades reales de los ciudadanos sin implicación y participación ciudadana y profesional.

Una de las lagunas más importantes a rellenar con un desarrollo legal adecuado consiste en la necesidad de dotarse de fuentes de información homogéneas en todo el territorio nacional y en todo el SNS. Disponer de información discrecional, transparente, suficiente y equivalente entre todas las CCAA y todos los servicios de salud es un requisito indispensable para tomar decisiones, y también y sobre todo la adecuación del Consejo Interterritorial del SNS a las características de un organismos capaz de establecer objetivos comunes al conjunto del SNS y de hacerlos cumplir garantizando la equidad y el buen funcionamiento de nuestro sistema sanitario.

La FADSP apoyó en su día la puesta en marcha de la LGS. Seguramente, en parte gracias a esta Ley, España ha logrado unos indicadores de salud de los mejores del mundo, un SNS bien valorado por la ciudadanía y un coste de los servicios que sale bien parado en comparación con los países de nivel económico similar al nuestro. Durante estos veinticinco años no hemos dejado de reclamar su actualización. Es el momento de plantearse una reforma de la misma, garantizando sus principios fundamentales porque, si hace veinticinco años la LGS fue la garantía de universalidad que la población española necesitaba, en los momentos actuales, cuando tantas voces interesadas tratan de poner en duda la viabilidad económica del SNS, para orientarlo hacia formas de privatización, es necesario recomponer un pacto político en torno al derecho a la salud, a la accesibilidad a una amplia cartera de servicios, a la justicia distributiva y hacia la calidad asistencial.

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

Asturias gasta cada año en sanidad 200 euros más por habitante que Cataluña

Asturias gasta cada año en sanidad 200 euros más por habitante que Cataluña

El Principado destina a la factura sanitaria más del 34 por ciento de su presupuesto anual pese a los ajustes realizados en los últimos dos años

Foto: Asturias gasta cada año en sanidad 200 euros más por habitante que Cataluña

La Nueva España. OVIEDO, J. A. ARDURA

 Asturias invierte 200 euros más al año por habitante en sanidad que Cataluña, según los datos de población del Instituto Nacional de Estadística. El Principado es la tercera autonomía con mayor gasto sanitario per cápita del país, sólo por detrás del País Vasco y Navarra, mientras que Cataluña figura en el puesto noveno de esa clasificación. La Generalitat catalana acaba de abrir la veda al «tijeretazo» sanitario al decidir un recorte de 1.000 millones de euros anuales sobre un presupuesto de 10.500 millones, un ajuste sin precedentes desde que el Gobierno central transfirió las competencias de ese servicio público.

 

El Gobierno asturiano ha consignado este año en los Presupuestos regionales una partida de 1.546 millones de euros para la sanidad pública, una cantidad que supuso un descenso del 4,5 por ciento respecto al ejercicio de 2010, cuando la factura sanitaria llegó a los 1.635 millones de euros. El Principado viene destinando en los últimos años en torno a 34 por ciento de sus presupuestos a la factura sanitaria, casi diez puntos más que la Generalitat catalana.

 

Este esfuerzo presupuestario se ve correspondido en los últimos años con el índice de satisfacción de los asturianos con su sanidad, a la que ponen una nota del 7,71, la más alta del país por delante de Aragón (7,20) y Navarra (7,06), una clasificación en la que Cataluña se encuentra por debajo de la media nacional, con un 6,45, para ser la cuarta comunidad con menos nota de todo el país. El Gobierno catalán, pese a no estar entre las autonomías que más dinero per cápita destinan a su sanidad pública ni contar con uno de los servicios más valorados, ha decidido poner en marcha un ajuste del 10 por ciento en su presupuesto anual, una medida que según las organizaciones profesionales y sindicales del sector se traducirá en la pérdida de camas de hospital, cierre de quirófanos en las jornadas de tarde y el despido de entre 7.000 y 10.000 profesionales. El consejero de Salud catalán, Boi Ruiz, justificó esos recortes en la delicada situación de las arcas públicas, con un más que elocuente «la Visa no da para más».

 

Las principales fuerzas políticas de Asturias se resisten a asumir que el «tijeretazo» catalán se extienda, cual «efecto dominó», por el resto de comunidades autónomas, mientras que expertos consultados por LA NUEVA ESPAÑA, como el asesor y consultor en gestión sanitaria, Francisco Javier Elola, o el ex viceconsejero de Salud en Andalucía y en la actualidad médico del Hospital San Agustín de Avilés, Enrique González, y el ex presidente del Principado y ex consejero de Salud, Juan Luis Rodríguez-Vigil, plantean que los ajustes serán «inevitables» para garantizar la sostenibilidad de la sanidad pública, más allá de las estrecheces económicas actuales derivadas de la crisis.

 

El médico Vicente Herranz, que irá en los puestos de salida de la candidatura regional del PSOE en las elecciones del 22-M, atribuyó la situación de la sanidad catalana a una «mala gestión, fruto de que los gobiernos de la derecha nacionalista nunca han creído en la sanidad pública», un discurso compartido también por el coordinador general de IU de Asturias, Jesús Iglesias, quien advierte de que tras el debate sobre la insostenibilidad de la sanidad pública se oculta la intención de privatizar la sanidad o someterla a importantes recortes «que irían en detrimento de su calidad». Los populares asturianos dicen estar en contra de fórmulas como el copago y plantean medidas alternativas de ajuste, entre las que se encontrarían motivar a los profesionales de la medicina.

 

Estudio del CES

 

Y en este escenario de crisis económica y debate sobre la sostenibilidad de la sanidad pública, un estudio encargado por el Consejo Económico y Social de Asturias, realizado por Elola, ya advertía de los riesgos que entrañaría el crecimiento de la factura sanitaria en el Principado. Según este estudio, de mantenerse la tendencia al alza en el gasto, registrada entre 2002 y 2009, la factura de la sanidad pública se llevaría el 53,2 de los Presupuestos regionales, una cantidad «probablemente no sostenible para la economía y los presupuestos públicos del Principado», que equivaldría al 8,7% del PIB regional.

Medicina necesita ampliar las plazas de prácticas en el HUCA

Medicina necesita ampliar las plazas de prácticas en el HUCA

La facultad asume el aumento de alumnos sin más medios

La Voz de Asturias. 20/04/2011 00:00 / S.D.M. OVIEDO

Medicina dispone de suficientes recursos para atender a la ampliación de matrícula que la Universidad de Oviedo ha previsto para la facultad a partir del próximo curso. La oferta de plazas en primero pasa de 130 a 140, aunque los números reales de estudiantes siempre son superiores, ya que con la última nota de corte entra más de un alumno. Así, el año pasado con 130 plazas teóricas se matricularon 140. Siguiendo esa tónica, el centro espera que este año entren como mínimo 150. La vicedecana, Begoña Baamonde, afirma que están preparados para asumir este reajuste, pero que los problemas pueden llegar cuando ese incremento en el número de estudiantes llegue a tercero y arranquen las prácticas clínicas. Baamonde teme que no haya plazas suficientes en el HUCA para formarlos a todos.

 

El problema está en que el número de estudiantes de Medicina crece pero la cantidad de servicios y especialidades del HUCA se mantiene, por lo que habría que estudiar cómo conseguir más plazas para las prácticas. Recurrir a otros hospitales públicos fuera de Oviedo no es una alternativa factible porque los alumnos no podrían compaginar las clases en la facultad con la labor clínica.

 

Esta es, por tanto, la cuestión a solucionar, ajustar el incremento de la matrícula a la parte práctica. Porque en el resto no habrá necesidad de mayores ajustes. Se mantendrá la división en dos grupos para las clases teóricas y habrá cuatro grupos pequeños para otras materias. Las prácticas de laboratorio se harán en talleres con 12 estudiantes.

 

Medicina recibió el año pasado, en total, más de 2.000 solicitudes procedentes de toda España y su nota de corte fue una de las más elevadas del país.

 

La ampliación de plazas en esta facultad es una de las pocas novedades que arroja la planificación para el próximo curso en la Universidad de Oviedo. La otra modificación significativa es la de Biología, en la que se recortan 10. El resto sigue igual que estaba. Tal y como adelantó LA VOZ, la Universidad no ha implantando más númerus clausus en ningún grado, una medida que reclamaba algún claustro para frenar la avalancha de nuevos ingresos del curso pasado.

Una sanidad cada vez más privada

Una sanidad cada vez más privada

Elecciones municipales y autonómicas GRANDES TEMAS (1) La sanidad

Los tres hospitales que Aguirre está construyendo los gestionan empresas

La crisis ha impedido cumplir los compromisos electorales de la legislatura

El País. ELENA G. SEVILLANO - Madrid -

En esta serie semanal analizaremos las grandes áreas de gobierno. La primera entrega está dedicada a la sanidad, que ya ha centrado el arranque de la precampaña de las próximas elecciones regionales y municipales

 Esperanza Aguirre no esconde su predilección por la colaboración entre el sector público y el privado. Todo lo contrario. Además, lo ha demostrado con hechos, poniendo en práctica esa filosofía en todas las parcelas en las que ha tenido ocasión de hacerlo. Solo así se entiende cómo ha podido (leer más)

El reto inminente de los nuevos representantes que elegimos en las Elecciones Sindicales...

El reto inminente de los nuevos representantes que elegimos en las Elecciones Sindicales...

Cataluña abre la veda del recorte sanitario 

La Generalitat quiere reducir 1.000 millones de gasto y 10.000 empleos

Los expertos creen que Asturias y otras regiones deberán ajustar su sistema de salud, pero discrepan del método de CiU

Oviedo, J. A. ARDURA, en La Nueva España
Cataluña ha abierto la veda del «tijeretazo» en la sanidad pública. Sólo cinco meses después de ganar las elecciones autonómicas, el Gobierno nacionalista de CiU ha decidido recortar el coste anual de la sanidad pública en 1.000 millones de euros, un 10% de su presupuesto anual. Los expertos consultados por LA NUEVA ESPAÑA consideran que la caída de ingresos por la crisis obligará a todas las autonomías a abordar recortes y ajustes en su sistema de salud, pero discrepan del método seguido por la Generalitat catalana, que se traducirá en la supresión de camas hospitalarias, la reducción de plantilla en cerca de 10.000 empleados, el cierre de los quirófanos por las tardes y el aumento en las listas de espera. Sostienen que la adopción de medidas, inevitable, debe ser liderada por el Gobierno central mediante una reforma del Sistema Nacional de Salud, y no de forma unilateral desde una comunidad autónoma, por mucho que Cataluña haya sido con anterioridad punta de lanza de otras reformas de ámbito nacional, como la del sistema de financiación autonómica.

El recorte catalán.

La Generalitat se ha marcado como objetivo reducir el 10% de su gasto sanitario anual, que se sitúa en 10.177 millones de euros. «La Visa no da para más». Así de directo se expresó Boi Ruiz -presidente de la patronal del sector sanitario concertado hasta que Artur Mas le nombró consejero de Salud-, para justificar un «tijeretazo» sin precedentes en la sanidad pública del país. Las primeras consecuencias de ese ajuste no se han hecho esperar. Los hospitales catalanes tendrán que recortar su presupuesto entre un 8 y un 16%, perderán dos mil camas, algunos centros cerrarán plantas enteras a lo largo del próximo verano y se quedarán sin empleo cerca de 10.000 de los 70.000 trabajadores de su sistema de salud, según afirmó el asturiano José Alvarez, secretario general de UGT en Cataluña. «Los ciudadanos se han movilizado y reaccionado de una manera muy importante porque el Gobierno de CiU ha actuado de una manera muy poco racional. Por ejemplo, se han desprogramado operaciones de pacientes que ya estaban rasurados», sostiene el dirigente sindical.

Dos modelos distintos.

El modelo catalán de salud presenta diferencias significativas respecto al sistema asturiano. Los 70.000 empleados de la sanidad catalana se reparten en tres grandes bloques: 34.000 trabajan para el Instituto Catalán de Salud, 20.000 para el sector concertado, al que la Generalitat contrata aproximadamente el 25% de sus servicios, y 16.000 en consorcios públicos y en centros sanitarios vinculados bien a las diputaciones provinciales o a entidades de ámbito municipal. La sanidad pública asturiana, repartida entre ocho hospitales y ocho áreas de salud, concentra el grueso del personal sanitario de la región, que suma más de 13.000 empleados.

Otra peculiaridad del sistema catalán respecto al sanitario es el importante peso que tienen las mutuas privadas. Cientos de miles de ciudadanos, explica José Álvarez, están afiliados en la mayoría de los casos «por tradición familiar a mutuas que complementan al sistema público, ya que no ofrecen una asistencia global pero sí resuelven intervenciones quirúrgicas que no sean muy importantes». Por el contrario, en Asturias la cobertura pública exclusiva es del 86%, mientras que el 13,5 por ciento tiene una cobertura mixta y sólo el 0,3 por ciento, únicamente privada. Otra de las diferencias entre la sanidad catalana y asturiana es la dispar tendencia demográfica. En Cataluña se ha producido un incremento de 400.000 cartillas desde el año 2006, mientras que en Asturias se han estancado y hasta descendido, por el crecimiento vegetativo negativo de su población, con uno de los mayores índices de envejecimiento del país.

Ajustes inevitables.

Ninguno de los expertos consultados por LA NUEVA ESPAÑA -el ex presidente del Principado y ex consejero de Salud, Juan Luis Rodríguez-Vigil; el consultor y asesor en gestión sanitaria, Francisco Javier Elola, y el médico del Hospital San Agustín y ex viceconsejero de Salud en Andalucía, Enrique González-, discute la necesidad de ajustes y reformas en el sistema de salud. «La sanidad no admite bromas. En Cataluña tienen problemas muy graves de tesorería, pero si dirigieran sus recursos en otra dirección, esos problemas serían menores», afirma Rodríguez-Vigil. «Si hay menos dinero habrá que introducir cambios, pero teniendo muy claro que el sistema sanitario debe ser prioritario porque es el principal factor de igualdad», afirma el ex consejero de Salud.

Francisco Javier Elola, que meses atrás realizó un estudio sobre la situación de la sanidad asturiana, sostiene que «la necesidad de tomar medidas es inevitable y se asumirá de forma generalizada, pero deberían adoptarse en un acuerdo dentro del Sistema Nacional de Salud. Es muy complicado que una autonomía pueda impulsarlas de manera unilateral».

También el dirigente sindical José Alvarez admite la necesidad de introducir «racionalidad y austeridad en el sistema de salud, pero mejorando su calidad y con criterios que lo hagan sostenible. No como ha hecho la Generalitat que quiso cerrar el debate sin abrirlo y ahora, tras la fuerte movilización ciudadana que no se esperaba, explicará los criterios generales de su política», avanzó el secretario general de la UGT catalana.

La caída de los ingresos como consecuencia de la crisis económica tiene relación directa con el «tijeretazo» del gasto sanitario, pero la sostenibilidad del sistema es un asunto que ya preocupaba al Gobierno central y a las autonomías antes de que llegase la recesión. Los expertos sostienen que el debate sobre el sistema sanitario debe librarse al margen del «cortoplacismo» que suelen imponer los intereses electorales porque se trata de «una cuestión de Estado», pero instan a los partidos políticos a que sean sinceros sobre el modelo de sanidad que implantarían en caso de gobernar.

«Los períodos electorales no son los momentos oportunos para abordar estos debates porque en la sanidad hay que huir de la demagogia y de la improvisación como de la peste», plantea Juan Luis Rodríguez-Vigil. «Hay que exigir a los políticos que digan la verdad y que cumplan con sus compromisos. Ha llegado el momento de profundizar la democracia, pues los ciudadanos sabemos distinguir aquellos que nos quieren gobernar juiciosamente de los que nos hablan de pajaritos preñados», defiende Francisco Javier Elola, autor del informe «Futuro del sistema sanitario público del Principado», que le encargó el Consejo Económico y Social de Asturias.

«Las medidas de ajuste van a seguir, gane quien gane las elecciones», sostiene Enrique González, médico del Hospital San Agustín de Avilés y ex viceconsejero de Salud en Andalucía. «Nadie discute el desequilibrio existente entre el gasto comprometido y la capacidad de generar recursos. Los gobiernos tienen que afrontar esta situación económica compleja y los ciudadanos lo saben», afirma González, quien considera que la sostenibilidad de la sanidad «va más allá, no es tanto un asunto de las comunidades autónomas como de país. El Ministerio de Salud, como responsable del marco que son las normas estatales, debe liderar este proceso. La definición del sistema de salud es un asunto de Estado. Todo lo demás son huidas hacia adelante», afirma González.

Rodríguez-Vigil también apela al acuerdo social y político como condición básica para garantizar la sostenibilidad de la sanidad pública. «Hay que mantener la igualdad, la gratuidad y la calidad de la prestación», valora el ex presidente del Principado, quien juzga conveniente «un marco de consenso social con los partidos y los sindicatos». En su opinión ha habido «excesos». Un mensaje que comparte el dirigente sindical José Álvarez: «cuando hablo de introducir criterios de racionalidad y austeridad, me refiero a la conveniencia de analizar la utilización que se ha hecho de la sanidad pública. Por ejemplo, hay habitaciones de hospital ocupadas por enfermos crónicos que debían estar en geriátricos. Hace falta un análisis serio porque que en la sanidad los recortes afectan a personas».

«El gasto no puede crecer al ritmo que lo venía haciendo porque el nivel de ingresos ha bajado. Pero, ¿por dónde se ajusta? ¿Quitan-do prestaciones, cambiando la financiación? Cataluña ha sido la autonomía más avanzada en cuestiones territoriales, pero el Gobierno nacional debe tomar las riendas, definiendo asuntos decisivos como la dotación de recursos o la cartera de servicios que debe ser igual para todos los ciudadanos, vivan donde vivan», plantea Enrique González, quien apunta al refuerzo de la atención primaria como «piedra angular» de la sanidad pública: «hoy en día los médicos de familia son especialistas. Si la atención primaria es más resolutiva, llegarán menos pacientes a los hospitales, donde la actividad resulta más cara». El asesor y consultor en gestión sanitaria, Francisco Javier Elola, también sugiere medidas que contribuirían a la sostenibilidad de la sanidad pública: «se puede mejorar la eficiencia y calidad del sistema sanitario sin gastar más. Mejorar la productividad y el rendimiento de todos los recursos, incluidos los humanos, lo que significa incentivar a los profesionales que mejor trabajan y poder desprenderse de aquellos con un desempeño inaceptable. Y hacer un uso responsable de los recursos, desde las urgencias hasta los medicamentos».