ACTUALIDAD

VAMOS A PASAR DEL CABREO A LOS HECHOS.

El DÍA 15 DE FEBRERO (HOY) DÍA DEL CONSUMIDOR, apagón general de electricidad en los hogares españoles a las 22 horas en señal de protesta por la subida abusiva que se ha llevado a cabo en las tarifas eléctricas.

La única forma que tenemos de luchar los consumidores contra estas prácticas abusivas, es con medidas como esta por eso os convocamos a seguir esta iniciativa Que comenzara a las 22 horas y durara 5 minutos.

CON SOLO 5 MINUTOS HAREMOS UN HUECO EN SUS ARCAS, QUE SE ACORDARÁN DE TODOS NOSOTROS.!!!

Diversas organizaciones de consumidores animan a los usuarios a participar en esta iniciativa para mostrar su rechazo a la brutal subida de la luz que se ha producido este enero y a la política energética del Gobierno, plegada a los intereses de las empresas del sector energético.

Alrededor de 300.000 personas se han sumado ya al evento creado en Facebook convocando un "apagón de luz colectivo".

Por su parte, Facua  enviará este mediodía varias decenas de miles de correos electrónicos fomentando la iniciativa, a través de su Red de Consumidores en Acción.

Asimismo, la asociación invita a los usuarios a que escriban al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para mostrarle su rechazo a la subida de la luz. Pueden hacerlo en la web: Facua.org/contraeltarifazo.

Noticia de hoy directamente relacionada:

La subida de la luz dispara la inflación hasta el 3,3%

Con este incremento, la tasa interanual alcanza su cota más alta desde el mes de octubre de 2008

EFE / MADRID

La tasa de inflación se situó en enero en el 3,3%, tres décimas más que en diciembre, pese a que los precios cayeron 0,7 puntos en el primer mes del año, según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En enero, los componentes que más influyeron en el aumento anual fueron la vivienda, cuya tasa subió más de dos puntos y alcanzó el 7,8%, la mayor desde septiembre de 2008, y las bebidas alcohólicas y tabaco, con un aumento de nueve décimas y una tasa del 16,1%.

La inflación subyacente -que excluye la variación de los precios de los alimentos frescos y la energía- se situó en el 1,6% en tasa interanual, una décima por encima de la registrada en diciembre.

Asimismo, el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) situó su tasa anual en el 3,0%, una décima superior al de diciembre.

Por comunidades, los precios bajaron en enero en todas, especialmente en La Rioja -un 1,3%- y en Galicia y Navarra, ambas con descensos del 1,1%, cuatro décimas más que la media nacional.

En el conjunto de España, el IPC descendió un 0,7 por ciento en tasa mensual, al igual que la tasa acumulada.

Además de los descensos más significativos de La Rioja, Galicia y Navarra, los precios bajaron más en el País Vasco y Andalucía, ambas con caídas del 0,9 por ciento, así como en Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha y Castilla y León, todas ellas con bajadas del 0,8%.

Por debajo de la media nacional (-0,7%) se situaron las comunidades de Madrid, Extremadura, Comunidad Valenciana y Cataluña, todas ellas con descensos del 0,6%.

Donde menos descendieron los precios en enero fue en Cantabria (-0,5%), Baleares (-0,4) y Canarias (-0,3).

Los precios experimentaron un descenso significativo en las dos ciudades autónomas, un -1,4% en Melilla y un -1,3% en Ceuta.

En cuanto a la tasa interanual (en los últimos doce meses), los precios subieron en todas las comunidades, y lo hicieron en mayor
medida en Castilla-La Mancha y Asturias, ambas con un 3,7, así como en Andalucía y Cantabria, con un 3,5 las dos.

La tasa interanual se situó por debajo de la media nacional (3,3) en las comunidades de Madrid y País Vasco, ambas con el 3,1, y en Navarra, con un 3,0%.

Es obligado tener más agilidad y compromiso...

Los sindicatos culpan al Principado de los «continuos retrasos» de los fondos mineros
El Gobierno regional abrió ayer el debate para repartir 138 millones de 2010 y propuso 22 proyectos, entre ellos el tren-tranvía del Nalón y varios polígonos
Oviedo, L. M. D., en La Nueva España

Los sindicatos SOMA-FIA-UGT y Federación de Industria de Comisiones Obreras (CC OO) criticaron ayer en la Mesa Regional de la Minería ante el Consejero de Industria los «continuos retrasos» en la tramitación de los fondos mineros, un dinero «que en esta época de crisis debería invertirse con mayor agilidad». Las centrales pusieron como ejemplo el propios encuentro de ayer, en el que comenzaron a discutirse «los proyectos a financiar con los fondos de 2010, estando ya en febrero de 2011». Entre las obras que plantea el Gobierno regional se incluye la construcción de varios polígonos industriales en los valles del Nalón y del Caudal y las primeras obras para poner en marcha el tren-tranvía del Nalón.

En la mesa regional de la Minería estuvieron presentes, entre otros, el consejero de Industria y Empleo del Principado, Graciano Torre; el nuevo secretario de organización del SOMA-FIA-UGT, José Luis Alperi; el responsable de Reactivación de la Federación de Industria de CC OO, Juan Carlos Ramos y el presidente de la Asociación Comarcas Mineras (Acom) y alcalde de Aller, Gabriel Pérez Villalta.

Juan Carlos Ramos criticó duramente la «tardanza» en las convocatorias de las mesas de trabajo en las que se deciden los proyectos que se van a desarrollar cada año. «Hoy tenemos una propuesta inicial para los proyectos de 2010. Aún tenemos que analizarlos y devolverlos a Industria en una nueva reunión. Y ya estamos en febrero de 2011. Las decisiones tendrían que tomarse con la suficiente antelación ante las necesidades que tienen las comarcas mineras». Ramos afirmó tras el encuentro que había propuesto «empezar a trabajar sobre los fondos que deben repartirse para este año», pero que la propuesta no fructificó. José Luis Alperi también subrayó que una de las prioridades es «corregir los retrasos» en los proyectos financiados con fondos mineros. «Espero que este año se ponga en orden la reactivación en las comarcas mineras, para trabajar en el asentamiento de población y en la creación de empleo».

El responsable de Reactivación de CC OO expuso que «aún hay unos 200 millones de euros en proyectos que todavía no tienen ni convenios. El retraso entre su aprobación y su puesta en marcha es de por lo menos dos años. Por eso, cuando los proyectos de los que hablamos hoy se empiecen a hacer, habrá pasado al menos este tiempo». Graciano Torre rechazó «hablar de retrasos» porque, en su opinión, los proyectos de los fondos mineros «conllevan unos trámites administrativos que hay que hacer con rigor».

Los asistentes a la reunión eludieron citar los proyectos puestos sobre la mesa por la Consejería de Industria del Principado. Tanto sindicatos como alcaldes aseguraron que son propuestas «que aún hay que analizar», mientras que Graciano Torre sólo adelantó que los 22 proyectos presentados se dirigen principalmente a la creación de empleo gracias al «suelo industrial» y que entre ellos «no hay ninguna carretera». Entre estas propuestas se encontraba el tren-tranvía del valle del Nalón, cuyo proyecto ya está redactado.

El coste total de los proyectos, tal y como señaló Juan Carlos Ramos, ascendería a los 98 millones de euros de fondos mineros, a los que habría que añadir otros 40 millones adicionales procedentes del Principado de Asturias. «Se trata de una cantidad importante de recursos en los que se tocan tanto proyectos para generar empleo como infraestructuras», apuntó por su parte José Luis Alperi. «Nuestro objetivo», añadió el representante de CC OO, «es que salgan adelante la mayor cantidad de proyectos productivos y generadores de empleo».

Gabriel Pérez Villalta, por su parte, explicó que además de los 22 proyectos analizados en la Mesa Regional de la Minería también se «tocaron algunas de las propuestas pertenecientes a las iniciativas de carácter municipal», que suponen un 30 por ciento de los fondos mineros destinados a infraestructuras. El presidente de Acom-España también fue crítico con los retrasos en las firmas de los convenios de los proyectos del plan minero aunque apuntó que «se han dado pasos importantes», como el recorte de seis meses en la tramitación conseguido con los proyectos municipales.

La próxima reunión de la mesa regional podría producirse «en unas tres o cuatro semanas», adelantó el consejero de Industria.
La Reunión
Orden del día

En la reunión se trataron, principalmente, 22 proyectos propuestos por Industria para ser financiados a cargo de los fondos mineros de 2010.

Proyectos

Entre las iniciativas se encontraban el inicio del tren-tranvía del Nalón y varios polígonos industriales para las Cuencas

Críticas sindicales

Tanto la Federación de Industria de CC OO como el SOMA-FIA-UGT criticaron la tardanza en la tramitación de los proyectos de los fondos mineros. Como ejemplo, la reunión de ayer celebrada ya en 2011 para hablar de dinero de 2010.

Publicado en el BOPA de hoy el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Principado de Asturias que considera solventadas las cuestiones planteadas por la integración del personal del Hospital Grande Covián...

VER RESOLUCION
Y ADEMÁS...
Sin papeles en el hospital
El Grande Covián se suma a la digitalización de historias clínicas y placas de rayos

14.02.11 - ANA MORIYÓN | ARRIENDAS, en El Comercio.

La frase tan recurrente de ’tienes letra de médico’ tiene los días contados. Varias Áreas Sanitarias del Principado de Asturias se han subido ya al carro de la digitalización y hace unos días lo hacía el hospital Grande Covián. Tras un fin de semana de emigración de datos y agendas de todo el año, se puede decir que el hospital del Oriente trabaja ya sin papeles.
El equipamiento hospitalario ha comenzado a trabajar hace unos días con una nueva herramienta informática de gestión clínica (Selene) que permite digitalizar el historial de todos los pacientes para que pueda ser consultado con total comodidad en cualquier departamento e incluso desde la consulta de Atención Primaria. Y, lo que es aún más importante, podrá ser consultado de forma fácil, sencilla y rápida desde cualquier hospital de la red del Principado de Asturias. «Esto permite que si un paciente del Oriente es atendido en Jove, los médicos puedan consultar todo su historial clínico», explica el gerente del centro, Íñigo de Diego. Esto incluye, destaca, las radiografías o los escáner que se pueda ir haciendo un paciente a lo largo de su vida. «Todas las herramientas informáticas que usa cada uno de los departamentos del hospital quedarán integradas en este nuevo programa», resume. El hospital ya trabaja con esta nueva herramienta y se espera que en breve lo puedan hacer los centros de salud.
La principal ventaja que encuentra el gerente del Grande Covián, al que la incorporación al Selene ya le pilló durante su estancia en el Hospital de Avilés, es la «seguridad» que esta herramienta ofrece al ciudadano, «porque todo queda registrado, existe total trazabilidad sobre qué es lo que se le prescribe a un paciente, en qué momento y de qué manera». Además, bromea De Diego, se acaba con los problemas de legibilidad que en ocasiones presentaban los historiales por escrito. «Ahora todos escribiremos en Times New Roman», celebra.
Otra de las ventajas del nuevo sistema es la «rapidez y agilidad» con la que se podrá acceder a los resultados de cada una de las pruebas que pueda realizar el paciente. «El acceso a las pruebas será mucho más rápido porque antes había que esperar, por ejemplo, a que el resultado de una analítica en el laboratorio nos llegara por papel, pero ahora nada más que estén los resultados podremos consultarlos por el programa informático», explica. En el futuro, añade De Diego, toda esta información digitalizada servirá también para tener «una base de datos muy amplia» que permita «realizar estadísticas» sobre las diferentes dolencias y tratamientos, un adelanto importantes también para mejorar la asistencia sanitaria.
Aunque el archivo tradicional aún tiene un hueco en el hospital Grande Covián, se espera que paulatinamente vaya desapareciendo para dar paso a los nuevos tiempos. Y, así, de paso, ahorrar papel.

Las empresas que recortan empleo en las Cuencas recibieron 25 millones para crearlo

Las grandes compañías que han enviado al paro a cerca de 500 trabajadores con la crisis se beneficiaron de los fondos de reactivación

 Trabajadores de Venturo XXI, durante una protesta en contra de los despidos en la planta. fernando rodríguez

La Nueva España.Langreo / Mieres, P. C.

 

Las grandes empresas de las Cuencas que han regulado o destruido empleo durante los últimos meses obtuvieron casi 25 millones de euros de fondos mineros para crearlo o consolidarlo. A esas ayudas hay que sumar, en la mayor parte de los casos, participaciones públicas (ya sea a través de los organismos del Principado o de la empresa estatal Hunosa) y cuantiosas subvenciones del Instituto del Carbón para la formación de los empleados.

 

Todas las grandes compañías que han tramitado expedientes de regulación en los valles del Nalón y el Caudal al calor de la crisis o que se han acogido a concurso de acreedores recibieron anteriormente importantes inyecciones de fondos mineros para crear empleo. Estas empresas han enviado temporalmente o definitivamente al paro a cerca de 500 trabajadores. Ante esta situación, los sindicatos mineros ya han destacado la necesidad de establecer cambios en el modelo de gestión de las ayudas del plan del carbón y la aplicación de mayores controles sobre el dinero de la reactivación.

 

La empresa de las Cuencas que más fondos mineros captó para generar empleo fue Alas Aluminium. La aluminera de Ciaño logró 13.534.466 euros de las convocatorias de 2005 y 2006 de las ayudas empresariales del Plan de la Minería y ahora Trabajo acaba de dar luz verde a un expediente de regulación de empleo que afectará durante cuatro meses a sus 270 trabajadores. La compañía acumula una deuda de alrededor de 70 millones de euros y ha dado el primer paso ante el juzgado de lo Mercantil para acogerse de forma voluntaria al concurso de acreedores. En su caída, Alas Aluminium ha arrastrado a Kerkus Metals, empresa de Mieres en la que participa y que era su principal suministradora de materia prima (tochos de aluminio para a fabricación de perfiles). Kerkus, que había recibido 3.483.360 euros de fondos mineros para ponerse en marcha en 2008, ha aplicado un expediente de regulación de empleo durante tres meses para los 39 operarios de su plantilla, lo que supone el segundo ERE en la corta vida de esta empresa ubicada en la antigua nave de Thyssen Guss.

 

Otras empresas que recibieron fondos mineros están en trámites de liquidación y han despedido a todos sus trabajadores. Es el caso de la farmacéutica Diasa, que recibió 3.470.006 euros de los fondos mineros de 2001 y 2002 para generar 90 empleos en la factoría de Turón o de Venturo XXI, empresa de San Martín del Rey Aurelio a la que el Instituto del Carbón concedió 1.637.777 euros de los fondos de 2005 para generar 73 empleos. Ahora, el organismo dependiente del Ministerio de Industria ha iniciado los trámites para reclamar a Venturo XXI, en el marco del concurso de acreedores, la devolución de las ayudas al no cumplir los compromisos de mantenimiento de la inversión y de empleo. El Instituto del Carbón también hizo lo propio con la panificadora industrial Friovivo de Lena, que había obtenido 466.065 euros de fondos mineros y dejó en la calle a sus más de 40 empleados.

 

Empresas históricas de las Cuencas, como las filiales de Duro Felguera en Langreo, también se beneficiaron de los fondos mineros para mantener su empleo y ahora tienen en marcha expedientes de regulación. Felguera Melt recibió 1,9 millones de euros del plan del carbón para crear nuevos empleos y durante un año ha aplicado un ERE que ha afectado a 130 trabajadores. Asimismo, Felguera Construcciones Mecánicas, que obtuvo casi dos millones de fondos mineros, negocia un plan de ajuste para el tallerón de Barros.

 

Además de estas empresas, otras compañías que recibieron fondos mineros también aplicaron EREs durante los últimos tiempos aunque salieron del bache. Es el caso de Rioglass, que captó 9.318.219 euros de las convocatorias de 2000, 2001 y 2002 para generar 180 puestos de trabajo y durante los últimos años ha puesto en marcha tres EREs; Perfilados del Norte, ubicada en Caborana, que logró 3.379.427 euros de las convocatorias de 2004 y 2007 de los fondos y puso en marcha un ERE que afectó a 21 trabajadores; la multinacional Vesuvius, que obtuvo 657.077 euros de las convocatorias de 1998 y 2007 para consolidar empleos en su planta de Langreo y aplicó un ERE que afecto a 80 trabajadores; el grupo Llaneza, que obtuvo 320.000 euros de los fondos de 2005 para su filial Perfiles del Principado en Riaño y puso en marcha un ERE que afectó a 33 trabajadores; Inbulnes, ubicada en Mieres, que captó 867.386 euros de 2001 y 2002 y acordó un expediente para 40 trabajadores, y Astersa, también deMieres, que captó 400.556 euros de los fondos de 2006 y encadenó dos EREs que afectaron a 17 empleados.

 

En la asamblea de trabajadores del taller de Barros que se celebró ayer en la sede de CC OO del Nalón

La plantilla de Barros asume el recorte de 75 empleos tras el ultimátum de Duro

Los trabajadores volverán a negociar con la empresa y exigen garantías para los operarios que van a ser trasladados y un plan industrial para la planta

Langreo, L. M. D., en La Nueva España

Los trabajadores de Felguera Construcciones Mecánicas, el «tallerón» de Barros, aceptan con condiciones la última propuesta de Duro para la factoría langreana, que incluye un recorte de 75 empleos. En una larga asamblea de más de tres horas, los trabajadores de Barros decidieron abrir de nuevo los cauces de negociación con la compañía, que esta misma semana había lanzado un ultimátum en el que amenazaba con el cierre definitivo de la filial.

La reunión de trabajadores comenzó a las diez de la mañana en las instalaciones del sindicato CC OO del Nalón en Langreo. Pablo Barroso, secretario del comité de empresa, señaló al término de la asamblea que los trabajadores habían decidido, por mayoría (68 votos a favor, 33 en contra y 6 abstenciones), reabrir las negociaciones con Duro Felguera y retomar las conversaciones «tomando como base la última propuesta de la empresa», que en principio sería aceptada «con condiciones» por la plantilla.

De esta forma, los trabajadores aceptarían dejar la plantilla definitiva de Felguera Construcciones Mecánicas en 69 personas. Para llevar a cabo el ajuste, Duro Felguera procedería a la prejubilación de 35 empleados; se tramitaría la baja por incapacidad a nueve y otros nueve más serían trasladados «a centros de trabajo en el Principado», según apuntó Pablo Barroso. Además, 22 operarios se incorporarían de forma definitiva a las filiales de Duro a las que ya han sido desplazados temporalmente. Hasta ahí, lo que la plantilla estaría dispuesta a aceptar. A partir de este punto, habría que «negociar algunos detalles antes de poder dar por cerrado un acuerdo con la empresa». Estos puntos en los que aún hay divergencias con la dirección de la compañía son los relacionados con la elaboración de un plan industrial para la factoría de Barros y, sobre todo, una serie de condicionan tes para los nueve empleados trasladados a otros centros de trabajo. Así, el comité de empresa pedirá a la dirección que estos trabajadores tengan una cláusula por la que no podrán ser despedidos de forma improcedente; la posibilidad de retornar a Barros en caso de que haya vacantes y que se les mantenga su antigüedad y categoría en el taller al que se trasladen.

El secretario del comité de empresa de Felguera Construcciones Mecánicas también criticó los métodos utilizados por Duro en el conflicto laboral. Esta misma semana, la empresa afirmó que estaba dispuesta a cerrar directamente el taller de Barros si no se seguía con las negociaciones. «Podemos calificar directamente su actitud como terrorismo patronal, chantajea a la plantilla no abonándole su paga cuando el grupo empresarial ha tenido este año 107 millones de euros de ganancias», señaló ayer Pablo Barroso.

Los conflictos laborales en el «tallerón» de Barros se han sucedido de forma intermitente durante los últimos tiempos. Sin tener que remontarse a las grandes huelgas de la década de los años 90, en 2006 la plantilla ya protagonizó varios días de protestas y negociaciones con Duro que acabaron con la firma de un ERE (expediente de regulación de empleo) para el taller por el cual se aseguraba su continuidad, pero se reducía la plantilla. A finales del año pasado, Duro propuso un nuevo ajuste de empleo para el taller de Barros, por el cual se reducirían en 86 sus puestos de trabajo, una medida que incluía el despido de 47 de ellos. El plan fue rechazado frontalmente por los trabajadores, que a partir de ese momento comenzaron una serie de duras movilizaciones, con cortes de carreteras y del tráfico ferroviario.

A mediados de enero, la Dirección General de Trabajo rechazó los argumentos esgrimidos por Duro en la petición formal de ERE que realizó ante la administración. Según la dirección del grupo Duro Felguera, el taller de Barros «ha soportado constantes pérdidas anuales», que la empresa estima en 77 millones de euros desde 1990. Según la compañía, hasta el momento «ha evitado su liquidación y disolución» gracias «a la inversión de 22 millones de euros» en los talleres. Sin embargo, esta misma semana la empresa se mostró dispuesta a «tomar cualquier tipo de medida», incluido el cierre, antes de seguir con la actual situación. Ahora las negociaciones se retomarán.

¡¡AQUI ESTAMOS, NOSOTROS NO FIRMAMOS!!

Nuevo éxito de participación en Murcia en la octava manifestación contra Valcárcel

Los organizadores cifran en cerca de 40.000 personas el número de manifestantes que han mostrado su rechazo al ’tijeretazo’ del presidente ’popular’ Ramón Luis Valcárcel.

CCOO y UGT rechazan la oferta de Valcárcel

nuevatribuna.es 

Decenas de miles de personas tomaron este jueves de nuevo las calles de la capital murciana en una manifestación convocada para protestar por el plan anticrisis del presidente de la región, el ’popular’ Ramón Luis Valcárcel. La manifestación -la octava en el último mes y medio- se había convocado después de que algunas organizaciones firmaran el miércoles un preacuerdo que reduce a la mitad el recorte salarial a los empleados públicos.

Al grito de “Aquí estamos, nosotros no firmamos”, decenas de miles de personas volvieron a recorrer la Gran Vía de la capital murciana en la octava manifestación contra el “Tijeretazo” del Gobierno de Valcárcel, una manifestación que ha querido expresar el rechazo de los empleados públicos al preacuerdo al que llegaron en la noche del pasado miércoles el Gobierno regional y 6 de las organizaciones hasta ese momento integrantes del “Comité de crisis”, en concreto, ANPE, CSIF, SATSE, CESM, SAE y SIDI.

Estas dos últimas organizaciones manifestaban en la noche del jueves su posición en contra del preacuerdo, y algunos de sus dirigentes estuvieron presentes en la manifestación, informan en fuentes de Comisiones Obreras-Murcia. Hay que señalar, no obstante, que los tres sindicatos contrarios al preacuerdo, CCOO, UGT y STERM-Intersendical, ostentan el 56% de la representación sindical en número de delegados y delegadas.

La manifestación salió pasadas las 18.00 desde la Plaza Circular y terminó en la Plaza de la Cruz Roja casi dos horas después, un poco más de un kilómetro de recorrido por el discurrieron cientos de pancartas, la mayoría de ellas han sido utilizadas por los centros de enseñanza en sus concentraciones de las últimas semanas, y en las mismas un único lema: “Más recortes en Educación, Menos futuro para la Región”; eso sí, en variedad de soportes y registros gráficos, a fin de cuentas el lema “no oficial” que se había pasado de boca a oreja durante estos días era: “Manifestación a la carta, lleva tu propia pancarta”.

Al grito de ’Aquí estamos, nosotros no firmamos’ y bajo cánticos de ’Resistiré’ del Dúo Dinámico, ’La Parranda’, ’Mensajes del agua’ de Macaco que dice ’somos una marea de gente’ o versiones de ’Nada de esto fue un error’ de Coty han exigido la dimisión del presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, "por mal gestor" y porque "se creía Superman cuando había mucho dinero y ahora nos está buscando la ruina".

El secretario general de CCOO en la Región, Daniel Bueno, marchaba al frente de la pancarta de cabeza que volvía a repetir el lema de estas movilizaciones. “Contra la agresión social de Valcárcel, Dignidad y Resistencia”, junta a Bueno también se encontraban el secretario general de UGT, Antonio Jiménez, y Antonio Carrasco, del secretariado regional de STERM-Intersindical, acompañados de miembros de las direcciones regionales de las tres organizaciones.

Bueno, en relación a la última oferta de la Administración, ha señalado que "El maquillaje del Gobierno regional es insuficiente y la sociedad demuestra que está de acuerdo con las organizaciones que han mostrado su rechazo al mismo", por lo que espera que el Ejecutivo murciano "escuche la voz de la calle" y "cambie finalmente, derogando esa Ley".  
Al final del acto se volvió a leer un manifiesto en el que se expresaba el total rechazo a las medidas del “Tijeretazo” y al preacuerdo.

Todos los dirigentes sindicales coincidieron en la necesidad de continuar con las medidas de presión, las concentraciones y asambleas, sin descartar la posibilidad de convocatoria de una huelga general.

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Sobresueldo generoso para unos pocos

Diez directivos de Caja Madrid se asignaron 25 millones en bonus en plena crisis financiera

Rato elimina para el futuro el incentivo que creó Blesa y aplaza los pagos hasta que se devuelvan las ayudas públicas

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 El Gobierno de Esperanza Aguirre expresa su sorpresa y malestar. Economía

La Nueva España. Madrid / Oviedo, J. C.

Caja Madrid ha suspendido el desembolso de 25 millones de euros para remunerar a diez de sus directivos y ex directivos, entre ellos el anterior presidente de la entidad, Miguel Blesa, en aplicación del bonus o incentivo por su gestión desde 2007. El nuevo presidente de Caja Madrid, Rodrigo Rato, propondrá el lunes al consejo de administración de la entidad la cancelación de este mecanismo de incentivo, ligado a resultados. No obstante, los ejecutivos mantendrán el derecho a cobrar los 25 millones ya devengados, aunque no se liquidarán hasta que la entidad haya devuelto las ayudas públicas (4.465 millones del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, FROB) obtenidas por Caja Madrid para la fusión que lidera.

 

El derecho a cobrar ese sobresueldo se generó en plena crisis económica y pese a que en el cuarto trimestre de 2009 (el último bajo la presidencia de Blesa) Caja Madrid declaró pérdidas de 66 millones. Además, en julio la fusión que lidera la entidad obtuvo un aprobado ajustado en las pruebas de «stresst test» (obtuvo un 6,3 cuando el mínimo exigido era un 6) y es el quinto grupo que más precisa capitalizarse. Además es el grupo de cajas con mayor exposición al sector inmobiliario en términos absolutos.

 

La decisión de Rato, que sustituyó a Blesa al frente de la caja madrileña en enero de 2010, obedece a la elevada necesidad de recorte de gastos y mejora de ratios al que debe hacer frente Caja Madrid para cumplir con las crecientes exigencias de solvencia que el Gobierno va a exigir a las entidades financieras.

 

El sistema de incentivo operaba como un bonus especial que se justificaba por cumplimiento de objetivos y cuya cuantía se ligaba a los resultados. Según «Expansión», este sistema millonario se lo repartían sólo diez personas de la alta dirección. De ellos, cinco ya no están en la entidad: se trata de Miguel Blesa, que fue presidente de Caja Madrid -por designación del PP- entre 1997 y 2010; Juan Astorqui, ex director de Comunicación; Carlos Martínez, ex director de la Obra Social; Mariano Pérez Claver, ex consejero delegado de la Corporación Financiera; y Ricardo Morado, ex director de Organización y Medios.

 

Los otros cinco se mantienen en puestos de alto nivel en la entidad: Ramón Ferraz, directivo de Cibeles (sociedad de cartera que agrupaba las participaciones empresariales de la caja); Rafael Spottorno, director del patronato de la Fundación Caja Madrid; Matías Amat, director de empresas participadas; Carmen Contreras, directora de Acción Social, e Ildefonso Sánchez, director financiero de Bancaja Madrid. Cada uno de ellos se benefició entre 2007 y 2010 de una media de 2,5 millones, adicionales a la remuneración salarial que tenían asignada.

 

Miguel Blesa (Linares, 1947), licenciado en Derecho, carecía de experiencia financiera cuando su amigo José María Aznar, poco después de llegar a la Presidencia del Gobierno en 1996, lo promovió al frente de la cuarta entidad financiera del país. Ambos se conocieron en 1977 en las oposiciones al Cuerpo de Inspectores de Hacienda y compartieron destino en Logroño.

 

El incentivo al que ahora quiere poner fin Rato entró en vigor en Caja Madrid el 1 de enero de 2007. Se configuró como un incentivo a largo plazo (IPL), consistente en una remuneración adicional, en función de resultados. El sistema opera como una póliza de seguro que Caja Madrid nutre con aportaciones cuatrienales y que los beneficiarios podrán rescatar para sí cuando cumplan 65 años. Además tres de los beneficiarios (Blesa, Astorqui y Morado) percibieron en conjunto 6 millones como indemnización por abandonar la caja en 2010.

 

De arriba abajo y de izquierda a derecha, Miguel Blesa, Juan Astorqui, Ricardo Morado, Rafael Spottorno y Matías Amat, cinco de los diez beneficiados por el plan de incentivos ligados a resultados que puso en marcha Caja Madrid en 2007 para su alta dirección, y en virtud del cual los diez ejecutivos se repartieron en diciembre 25 millones de euros.

La nueva ayuda a los parados beneficiará a 80.000 personas

La vicepresidenta Elena Salgado asegura que la reforma de las pensiones permitirá ahorrar 3,5 puntos de PIB en 2050

El Comercio. 11.02.11 - ANDER CARAZO | MADRID.

Foto: El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, junto a la vicepresidenta económica, Elena Salgado. :: EFE

El Consejo de Ministros aprobará hoy el decreto que regula la nueva ayuda de 400 euros para parados sin cobertura, que estará obligatoriamente ligada a la formación durante seis meses. Este nuevo subsidio tendrá un coste anual de 400 millones de euros y beneficiará a cerca de 80.000 desempleados al mes, según fuentes del Ministerio de Trabajo.

El lunes, 14 de febrero, concluye el periodo de funcionamiento del actual Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción (PRODI), los 426 euros que hasta ahora percibían los parados sin ingresos. La nueva ayuda será una paga de acompañamiento a la formación equivalente al 75% del Indicador Público de Rentas Múltiples (IPREM), marcador que sirve como referencia para la obtención de numerosos beneficios sociales y que actualmente está fijado en los 532,51 euros. Según anunció hace dos semanas el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, los parados podrán acceder a ese servicio durante un periodo máximo de seis meses, tras aceptar someterse a «un itinerario individual y personal de inserción».

Como ya ocurrió con el PRODI -un subsidio que solo se podía cobrar durante seis meses- la nueva ayuda no podrá ser percibida por quienes ya se han visto favorecidos por planes anteriores.

El borrador, que no se ultimó hasta ayer, también regula el calificado por el Gobierno como «plan de choque de empleo». En el texto se han incluido garantías en los contratos temporales para luchar contra la precariedad del empleo juvenil, un requisito exigido por las organizaciones sindicales durante la negociación del acuerdo social y económico.

Este programa busca «la transición hacia la contratación estable». Está dirigido, de forma especial, a los menores de 30 años y los desempleados de larga duración, y conlleva una reducción de las cuotas empresariales a la Seguridad Social durante el primer año de vigencia del contrato. La jornada de estos nuevos empleados a tiempo parcial debe oscilar entre el 50% y el 75% de la habitual.

Según explicaron fuentes de Trabajo, las empresas que se acojan a estas bonificaciones estarán obligadas a mantener el nivel de empleo. De no cumplir esta exigencia tendrán que devolver la parte que se han deducido.

La vicepresidenta económica, Elena Salgado, y el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, defendieron ayer ante la comisión del Pacto de Toledo la reforma de las pensiones firmada con los agentes sociales. Salgado destacó que la modificación del sistema de la Seguridad Social permitirá un ahorro de 3,5 puntos del Producto Interior Bruto (PIB) en 2050.

Eso supondrá que este índice se reducirá del 15,7 pronosticado por la Unión Europea para mediados de siglo a un 12,2. «Si nos retrasamos, lo que es una ventaja hoy se convertirá en un inconveniente mañana», expuso Elena Salgado.

Necesidad

La vicepresidenta reiteró la necesidad de esta reforma. De no adoptarse, denunció, el sistema de pensiones hubiese incurrido en déficit en menos de diez años. Los portavoces en la comisión le reprocharon esas predicciones, ya que «en cada comparecencia son diferentes a la anterior» e incluso la Fundación Ideas -el instituto de pensamiento político del PSOE- auguró la semana pasada que esto sucederá en 2014.

Pacto de Toledo

Valeriano Gómez subrayó que la reforma mantiene la esencia de las recomendaciones del Pacto de Toledo. El ministro recalcó que así se da confianza y se tranquiliza a la sociedad española, mientras «fortalece el corazón del estado de bienestar».

«Se va a hacer la reforma que quiere el Gobierno y solo nos piden que nos unamos a él, sin realizar ninguna modificación», censuró el portavoz del Partido Popular, Tomás Burgos.

Las minorías de izquierda del Congreso de los Diputados también fueron muy críticas con el acuerdo económico y social, ya que se guía por el dictado de los mercados financieros.

El representante del PNV, Emilio Olabarría, tildó de «solemnes» las comparecencias de Salgado y Gómez, pero censuró que adolecieran de falta de «contenido útil» y con poco debate posible. «Se están haciendo las cosas razonablemente bien, pero está claro que el Ejecutivo hubiese podido gobernar mucho mejor si no hubiese postergado estas decisiones», manifestó el parlamentario de CiU Carles Campuzano.