Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública – Andalucía, a 20 Agosto 2015…
“Normalizar el caos”
El Sistema Sanitario Público en España había logrado algo que, por desgracia, no es muy frecuente. Tenía prestigio tanto a nivel nacional como internacional, la población lo aprecia mucho, y estos hechos tenían más mérito considerando que la eficacia que demostraba no era consecuencia de los altos porcentajes presupuestarios que se destinaban a dicho cometido (siempre hemos estado por debajo de la media con respecto a la comunidad europea en cuanto al PIB destinado a Salud), sino a una notable eficiencia, en muchos casos basada en el sobreesfuerzo de muchos trabajadores del sistema.
Pues bien, aprovechando la crisis financiera que han convertido en drama social, los poderes fácticos neoliberales y la economía especulativa deciden que es un buen momento para atacar de nuevo al estado del bienestar social y debilitar los servicios públicos. Una de las razones es que esta crisis había provocado estallar la burbuja inmobiliaria y había que buscar nuevos nichos de mercado y los servicios sanitarios asistenciales, “debidamente gestionados”, tienen un atractivo comercial indudable.
Desde el año 2007, estamos comprobando como en las comunidades autónomas gobernadas por el PP han aplicado políticas que estaban desmantelando los servicios sanitarios públicos. Este hecho en muchas ocasiones no es apreciado por la población, que acude a hospitales concertados sin la clara percepción que se trata de derivar recursos públicos a entidades privadas. Se estaba llegando a la perfección: centros construídos y financiados con dinero público que después “sorprendentemente” se cedían a empresas privadas para que los gestionen, los rentabilicen y en definitiva hagan negocio con la salud de la población.
En la comunidad autónoma andaluza no han llegado a estos extremos en sus políticas privatizadoras pero la situación es también muy preocupante. Uno de los criterios que más criticamos son las políticas de reposición de las plantillas, tanto a nivel hospitalario como también en Atención primaria: el porcentaje de sustituciones por cualquier concepto (jubilaciones, bajas laborales, vacaciones reglamentarias, etc) es ínfimo. Esta estrategia, mantenida en el tiempo, consigue obviamente disminuir la calidad del sistema. Las listas de espera diagnósticas y quirúrgicas son sencillamente indignantes e inaceptables para los ciudadanos y para cualquier sistema organizativo, ya que conducen a situaciones indefendibles: un ciudadano puede estar esperando incluso meses tras haber sido diagnosticado de una enfermedad con criterio quirúrgico, aunque ésta sea grave y, por otro lado, una persona puede estar esperando incluso meses sin saber el diagnóstico final, que puede ser grave.
A estas reducciones de los recursos humanos se le añade el que se mantienen o incluso se añaden funciones en las carteras de servicio, lo que supone una sobrecarga a los trabajadores sanitarios que está consiguiendo que la realidad generalizada actual sea de hartazgo cuando no también de agotamiento.
Pero no queda ahí el estado de la cuestión. Existen decisiones políticas que empezaron siendo “escandalosas” y que actualmente se aceptan como normales. Es lo que podríamos denominar como “normalizar el caos”: todos los veranos (pero veranos sureños: desde julio hasta finales de septiembre) se cierran, de forma programada, camas hospitalarias y recursos asistenciales básicos y fundamentales: quirófanos para actividad programada, hospitales de día, servicios centrales, etc. La repercusión de estos parones cada vez más frecuentes (no sólo ocurren en verano, sino en cualquier período vacacional) son evidentes: colapso de los servicios de urgencias, puede llegar a 24-48 horas el tiempo que se tarde en ingresar una persona con criterio de ingreso hospitalario, incremento obvio de las listas de espera al suspender las actividades programadas, etc.
Este fenómeno es el lastre fundamental que padecemos en los servicios sanitarios públicos y el motivo fundamental de queja de los ciudadanos. La consecuencia es así mismo lógica, están aumentando de forma exponencial la situación en la que toda aquella persona que se lo puede permitir, contrate un seguro privado que compatibiliza con el sistema público. Una nueva desigualdad originada directamente por decisiones políticas.
Otra estrategia auténticamente desastrosa para la sostenibilidad del sistema son los porcentajes de eventuales que se mantienen, a pesar de las promesas pre-electorales. Es imposible pretender mantener los niveles de calidad cuando más del 60% de los profesionales renuevan cada pocos meses sus contratos y son al 75% o al 50%. Esta precariedad laboral injusta e inadmisible origina también dinámica sencillamente indignante: en muchas ocasiones se abusa de la profesionalidad y humanidad de estos eventuales que, a pesar de estar con contratos parciales, su rendimiento está muy por encima de lo que se les debería exigir. Mantener esta situación, que lleva años, es no tener sensibilidad política.
El deterioro del Sistema Sanitario Público en Andalucía (SSPA) es una realidad creciente que venimos denunciando desde hace años y está poniendo en peligro los logros que hemos podido alcanzar históricamente.
Las respuestas que estos hechos están originando, son sectoriales y mal dirigidas: no es una cuestión de ningún sector sino tenemos que conseguir que exista un pacto para la preservación del SSPA en sus condiciones más saludables para la población: atención universal, financiada y gestionada por criterios públicos, gratuita y equitativa. El peligro de involución es muy evidente.
La propuesta de ley de sostenibilidad del SSPA nos parece muy positiva y necesaria dada la tendencia privatizadora que se esta viviendo en otras CCAA, no obstante si no se cambian las prácticas políticas tan negativas que se han señalado anteriormente, puede quedarse en un posicionamiento teórico, con un efecto más mediático que una mejora práctica de la Sanidad Pública.
Es totalmente cierto que los recortes a los que somete a la Junta de Andalucía el Gobierno del PP condicionan gravemente los presupuestos andaluces, pero no podemos admitir el diagnóstico erróneo de la situación real de la sanidad andaluza, obviando decisiones políticas que están deteriorando la calidad del SSPA.
Vamos a transmitir nuestro análisis de situación a las nuevas autoridades sanitarias andaluzas desde una organización de la que no se puede dudar que defiende la sanidad pública, convencidos de que aumentando los presupuestos sanitarios, priorizando los gastos, tomando decisiones que repercutan directa e inmediatamente en mejorar la Salud de la población y posibilitando la participación de ésta en la gestión de “su propio sistema sanitario” (Consejos de Salud), se puede lograr modificar las tendencias actuales. Estas son las políticas públicas que necesitan los ciudadanos.
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