LA SANIDAD DESPUES DE LAS ELECCIONES AUTONOMICAS Y MUNICIPALES
Las elecciones del 24 de mayo han supuesto importantes cambios en los gobiernos de muchas CCAA y ayuntamientos, cuyas características generales han sido la necesidad de acuerdos para la constitución de los gobiernos, acabando con las mayorías absolutas que se han convertido en excepcionales, y a su vez un giro en la mayoría de los casos hacia gobiernos progresistas y/o de izquierdas.
¿Qué repercusiones tendrán estos cambios para la Sanidad?. Por supuesto aún resulta un poco pronto para saberlo con certeza, pero es evidente que el mayor impacto lo tendrán los cambios autonómicos porque la Sanidad es una competencia transferida a las CCAA y se ha producido cambios en los gobiernos de 7 de ellas (Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla la Mancha, Extremadura, Navarra y Valencia) y todos ellos en el mismo sentido, es decir hacia gobiernos progresistas y con acuerdos de gobierno o de investidura que incluyen aspectos sanitarios muy relevantes.
Estos acuerdos contienen en general cuatro cuestiones bastante positivas:
Una, garantizar la atención sanitaria a las personas excluidas por el RDL 16/2012, es decir inmigrantes irregulares y los españoles que hayan tenido estancias en el extranjero superiores a 90 días y no tengan cobertura en otro país. Asimismo comprometerse con el acceso de todas las personas a las prestaciones farmacéuticas, de manera que no haya personas que no retiran los medicamentos prescritos por motivos económicos (en el País Vasco ya hay un sistema en funcionamiento).
Dos, paralizar las privatizaciones y recuperar lo privatizado, la paralización es relativamente fácil porque se trata de dejar la utilización sistemática de los centros privados cuando existe una alternativa en el sistema sanitario público, la recuperación es mas compleja y va a ser la verdadera prueba de fuego de los acuerdos de investidura, el caso de Alcañiz en Aragón es el que plantea menos problemas, simplemente hay que decidir no realizar la adjudicación del concurso, mas complicado es el caso de Toledo y Valdecilla donde se adjudico el concurso, y mas aún los de los centros sanitarios de Baleares y Valencia que llevan años en funcionamiento (si bien conviene recordar que en esta última el contrato de Alzira acaba en 2018). Se trata pues de una cuestión que va a poner en evidencia la voluntad política real del cambio en el modelo sanitario. Complementariamente varias CCAA han anunciado la elaboración de legislación que blinde el papel de la provisión sanitaria pública, y por supuesto habrá que ver en que términos se produce esta nueva regulación.
Tres, aumentar los recursos de la Sanidad Pública, recuperando personal, servicios y prestaciones, lo que supone un esfuerzo económico para recuperar los presupuestos y las inversiones en la Sanidad Pública de los tremendos recortes que se han sufrido desde 2009, entre otras cosas porque es imprescindible para poder asumir las derivaciones que ahora se hacen al sector privado y la utilización intensiva de los recursos públicos. Aquí el margen de maniobra esta limitado por el actual modelo de financiación autonómica, y por el techo de gasto que el Gobierno impone a las CCAA, aunque es obvio que hay muchas opciones en las distintas CCAA (por ejemplo en Valencia el gasto sanitario público es el 40,2% del gasto total de la Comunidad cuando el promedio de las CCAA esta en el 46,1%, y la que mayor porcentaje dedica se sitúa en el 58,8%), pero también es obvio que las CCAA no gobernadas por el PP, que ahora son mayoría, podrían presionar para mejorar la financiación y conseguir una financiación finalista para la Sanidad.
Y cuatro, establecer mecanismos de participación y control de ciudadanos y profesionales sobre el funcionamiento y la gestión del sistema sanitario público, algo que viene siendo prometiendo desde la Ley General de Sanidad (1986) y sobre lo que prácticamente no se han realizado avances significativos.
Lógicamente cada una de las CCAA tiene sus peculiaridades y muchos aspectos concretos en los que se han comprometidos cambios importantes que deben tenerse en cuenta. Así en aquellas en las cuales gobierna el PP en coalición con Ciudadanos, deberían hacerse propuestas iguales a las de las gobernadas por partidos progresistas y de izquierdas, por parte de los grupos políticos progresistas en la oposición, ya que Ciudadanos se ha comprometido en su programa con la sanidad pública.
El papel de los ayuntamientos es mas reducido, primero porque la nueva legislación sobre Administraciones locales ha limitado mucho sus competencias y su capacidad de actuación en los temas sociales y sanitarios, y además porque con excepción de las grandes ciudades, su presupuesto es pequeño, a veces tienen grandes deudas, y su margen de maniobra es escaso.
En todo caso es evidente que se pueden hacer muchas cosas, algunas muy importantes, porque la situación de proximidad de las administraciones locales facilita su actuación, y solo a titulo de ejemplo pueden identificar de manera participativa los principales problemas y necesidades de salud y las consecuencias de los recortes sobre la salud de las ciudadanía especialmente sobre los grupos más vulnerables, favorecer la atención sanitaria de las personas excluidas, ayudar a que se siga teniendo acceso a medicamentos necesarios, luchar contra las privatizaciones, canalizar y favorecer las reivindicaciones sanitarias, etc. Sobre ello hay un amplia experiencia y muy positiva en toda la geografía del país.
Obviamente el nuevo panorama supone cambios muy favorables para la Sanidad Pública, también en aquellas CCAA donde continúan los gobiernos conservadores porque van a ver limitada sus actuaciones por la ausencia de mayorías absolutas (por ejemplo en Madrid hay un compromiso del nuevo gobierno de no realizar mas privatizaciones que ya veremos en que queda). Aun así hay muchos aspectos de la política sanitaria que no se pueden solventar en las CCAA y para los que es necesario un cambio en el gobierno central.
El marco general
La sanidad pública española se ha enfrentado a un proceso sistemático de recortes, deterioro, desmantelamiento y privatización que ha producido un daño tremendo a nuestro sistema sanitario público y que supone un riesgo real de llegar a una situación de casi imposible retorno.
El triunfo del Partido Popular en 2011 ha supuesto la generalización de las políticas que este partido venia aplicando sistemáticamente allí donde gobernaba: Recorte de recursos públicos y potenciación de los conciertos con el sector privado, endeudamiento inasumible a medio y largo plazo al recurrir al sector privado para la financiación y gestión de los nuevos centros, cesión de la asistencia de grupos de población a empresas multinacionales, eliminación de áreas sanitarias como espacios para la planificación y asignación de los recursos para favorecer la creación de mercados, marginación de la Atención Primaria, potenciación de la privatización y utilización excesiva y no justificada de la alta tecnología, abandono de los servicios de salud pública, deterioro de las condiciones laborales de los profesionales y de la políticas de personal incentivadora, potenciación de la competencia frente a la colaboración e integración de los recursos, fragmentación del sistema en múltiples servicios independientes trasformando el Consejo Interterritorial en un órgano de confrontación partidista en detrimento de su función integradora del sistema, o la eliminación de los servicios de salud pública.
El resumen de todo ello es que nos enfrentamos –lamentablemente como parte de una estrategia global- a un proceso consciente y deliberado de suprimir el Estado del Bienestar y más en concreto de su principal pilar, la Sanidad Pública. Todas estas estrategias y algunas otras convergen en la dirección de privatizar la asistencia sanitaria por la puerta trasera intentando sortear la previsible oposición que originaria un ataque mas frontal. Es preciso decir muy claro que se trata de desintegrar y deteriorar la Sanidad Pública utilizando la crisis como una coartada para convertir la atención sanitaria en un objeto de consumo.
Frente a estos riesgos que supondrán el fin del Sistema Nacional de Salud establecido por la Ley General de Sanidad, los partidos progresistas tendrían que aparecer ante los ciudadanos como la única garantía política frente a la privatización y la oportunidad para su mejora
La política sanitaria de LOS PARTIDOS PROGRESISTAS debería basar su oferta a los ciudadanos en DOCE estrategias:
1.- Derogar el RD Ley 16/2012 garantizando el derecho a la salud de todas las personas, eliminando la fragmentación de la cartera de servicios y los copagos.
2.- Recuperar las dotaciones de personal e infraestructuras que existía previamente a los recortes, incrementando la dotación de personal de los servicios sanitarios y volviendo a poner en funcionamiento las camas, quirófanos, puntos de atención continuada y consultas cerradas.
3.- Garantizar sostenibilidad de la Sanidad Pública mejorando su financiación (un punto más de PIB para equipararnos a los países europeos) y el carácter finalista de los fondos destinados a sanidad frente a las políticas neoliberales de recorte, financiación privada, medicalización de la vida y el uso intensivo no justificado de los recursos sanitarios.
4.- Profundizar en la integralidad del sistema frente a la fragmentación del mismo en 17 sistemas de salud autonómicos independientes enfrentados entre sí por relaciones de competencia.
- Potenciar el papel del Consejo Interterritorial como órgano de colaboración de los servicios de salud autonómicos y del Ministerio de Sanidad
- Recuperar el Plan Integrado de Salud contemplado en la Ley General de Sanidad que permita planificar los recursos en todo el estado en función de las necesidades y problemas de salud de la población y que garantice la adecuación, suficiencia y equidad en la distribución de los recursos
- Reforzar los fondos de cohesión y garantizar su distribución en función de los objetivos del Plan Integrado de Salud consensuado en el Consejo Interterritorial, para evitar situaciones de desigualdad o de insuficiencia de recursos
- Incluir las prestaciones sanitarias de MUFACE en el Sistema Nacional de Salud.
- Integrar la salud laboral en el sistema sanitario público
5.- Garantizar el carácter público de los recursos sanitarios (titularidad, financiación y gestión) frente a la política de privatización de los centros sanitarios y su cesión a empresas multinacionales y de capital riesgo, manteniendo el carácter complementario de los recursos privados. Incluyendo la recuperación de los centros privatizados y rechazando las unidades de gestión clínica. Habría que derogar la Ley 15/97, y aprobar una legislación para blindar la provisión y la gestión pública del sistema sanitario.
6.- Incrementar la racionalidad y la eficiencia del sistema y de los centros sanitarios
- Potenciar la Atención Primaria como eje del sistema para
- Garantizar la accesibilidad de los ciudadanos a los servicios en condiciones de equidad.
- Combatir la medicalización, el elevado coste y los riesgos para la salud de una sanidad basada en el uso intensivo de las tecnologías y los medicamentos en contraposición a la promoción de estilos de vida saludables y prevención de la salud, apoyándose en la extensión de la cultura de la salud y del autocuidado.
- Incrementar su capacidad resolutiva con un impulso decidido de la Estrategia AP 21 (consensuada con todos los profesionales de Atención Primaria) que contempla la mejora en el equipamiento y el acceso de los centros de salud a los recursos diagnósticos para cerrar en este nivel gran parte de los procesos asistenciales que son derivados actualmente los hospitales con la consiguiente retraso en la atención, las listas de espera, incremento del gasto y la incomodidad de los pacientes.
- Garantizar los cuidados y el acceso a la asistencia en sus domicilios a las personas en situación de dependencia con enfermedades crónicas y degenerativas
-Incrementar para ello las plazas de profesionales de enfermería.
- Promover la utilización plena de los hospitales y de sus recursos en jornadas de mañana y tarde.
- Articular y potenciar los centros de referencia supracomunitarios al nivel estatal y entre Comunidades Autónomas para evitar el derroche innecesario de recursos y garantizar la calidad de la atención más especializada.
- Crear una Agencia Única de Evaluación de Tecnología para asignar de manera racional estos recursos y evitar costes innecesarios
- Potenciar la Agencia Única de Compras para equipamiento sanitario con la participación de todos los Servicios de salud Autonómicos y coordinada por el Consejo Interterritorial de Sanidad.
- Crear una Red de Centros para la Atención de Enfermos Crónicos, más adecuada para hacer frente a la mayor demanda de esta atención por el envejecimiento de la población y de menor coste que los centros de agudos.
- Culminar el despliegue de las áreas sanitarias –frente al desorden tras su desaparición deliberada- como espacios para la planificación y asignación equitativa y adaptada a las necesidades de la población, para la gestión integral e integrada de todos los recursos sanitarios y la participación ciudadana.
- Coordinar las redes asistenciales con los servicios de atención a la dependencia para mejorar la calidad de la atención y la duplicación de actuaciones
- Avanzar en la política de reducción del gasto farmacéutico aplicando medidas que no supongan restricciones de derechos o el acceso de los ciudadanos a los medicamentos (precios de referencia, prescripción por principio activo o potenciación de los medicamentos genéricos, subastas de medicamentos, etc)
- Continuar con los esfuerzos de desarrollo de la atención integrada de salud continuando los esfuerzos para establecer de guías clínicas, protocolos y vías clínicas para los procesos asistenciales más importantes basados en pruebas científicamente comprobadas y la colaboración entre los servicios de atención primaria y especializada)
- Potenciar los servicios de Salud Pública para promover la salud y hacer frente a los riesgos medioambientales y a las nuevas epidemias vinculadas a la globalización
- Desarrollar una política de personal sanitario incentivadora que potencie la dedicación exclusiva y el desarrollo de las la Carreras Profesionales (eliminadas en algunas CCAA por el PP), los incentivos que estimulen la dedicación y la calidad de la atención (eliminados por CiU y el PP en las CCAA donde gobiernan para ahorrar gastos), la estabilidad en el empleo y una remuneración justa
- Potenciar la investigación en salud pública y biomedicina (con recursos públicos)
7.- Mejorar la formación del personal sanitario.
- Incorporar a la universidad la Atención Familiar y Comunitaria creando cátedras y departamentos de esta asignatura en todas las facultades.
- Formación postgraduada a cargo del los servicios de salud con prepuestos suficiente
- Los hospitales públicos no podrán ser utilizados por las Universidades Privadas.
8.- Estrategia I+D+I con recursos públicos independientes de las multinacionales farmacéuticas y tecnológicas.
9 .- Promover la economía de escala en todos los ámbitos:
Además de las compras farmacéuticas, extenderlo a las vacunas, fungibles, tecnología y también a las políticas de comunicación y a las campañas sanitarias dando unidad a las ahora descoordinadas y caras que promueven las CCAA.
10.- Incrementar la transparencia del sistema sanitario
- Publicitar las listas de espera aplicado criterios y estándares homogéneos en todas las Comunidades Autónomas que incluyan los criterios de priorización, posición de los pacientes en las mismas y la eliminación de las listas ocultas de pacientes (listas estructurales)
- Establecer un Sistema de Información Sanitaria (de gestión pública ) con indicadores homogéneos en todos los servicios de salud autonómicos que permitan conocer la situación de salud , a nivel global y en cada CCAA, evaluar las actuaciones de los diferentes servicios y detectar y corregir las situaciones de desigualdad)
- Desarrollar los órganos de participación y control social del sistema actualizando la LGS, para garantizar la calidad de los procesos asistenciales y su adecuación a las necesidades reales de los ciudadanos.
- Establecer auditorias sobre las externalizaciones, financiación público privada, y gastos de las Consejerías de Sanidad de las CCAA, y garantizar a transparencia de los gastos sanitarios
11.- Garantizar y consolidar derechos ciudadanos en el ámbito de la salud
- Salud sexual y reproductiva: COF de orientación integral, acceso a anticonceptivos, Interrupción voluntaria del embarazo en la red pública
- Derecho a cuidados paliativos y a una muerte digna y sin dolor
12.- Oposición a la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, al tratado de libre comercio entre Canadá y la UE (CETA) y el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA)
Invitamos a los partidos progresistas a sumarse a estas propuestas, y a participar con la FADSP y con otras organizaciones afines en un gran movimiento ciudadano que anime la participación electoral. Porque pensamos que los ciudadanos sí saben valorar en su justa medida las conquistas sociales y los beneficios de un Estado basado en la justicia social, y porque tenemos confianza en el efecto movilizador de las propuestas que promueven una sociedad más equitativa basada en la educación y la sanidad públicas y en la protección al desempleado, al pensionista y a las personas con dependencia.
Desde la FADSP entendemos que las próximas elecciones son una oportunidad difícilmente repetible para recuperar un sistema sanitario público universal, de calidad, sin barreras económicas en el acceso, y basado en la atención primaria y las políticas de salud. Es necesario que las organizaciones políticas y sociales sean conscientes de la importancia del momento actual. Por suerte noviembre no esta tan lejos y todo parece indicar que es bastante probable que se consiga propiciar alternativas por una Sanidad Pública universal y de calidad y un gobierno que incluya este objetivo entre sus actuaciones más urgentes
Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública
13 de julio de 2015
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