Hospitales y centros de salud, encerrados contra la privatización
Los trabajadores de la sanidad madrileña pasan 24 horas en sus centros de trabajo para avivar la protesta contra el plan aprobado por el Gobierno regional
ANNA FLOTATS, Madrid, en Público.es
Un mes después de que el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, anunciara la privatización de la sanidad madrileña, los trabajadores de la salud han dedicado 24 horas a demostrar que no se rinden y que la lucha no terminará hasta que la Comunidad retire el plan que aprobó a finales de año.
Después de cuatro jornadas de huelga y cinco mareas blancas, médicos, enfermeras, personal no-sanitario y pacientes de más de 20 hospitales y una treintena de centros de salud han pasado 24 horas encerrados en sus centros. Como el encierro en los ambulatorios, el pasado 26 de noviembre, la protesta empezó a las 22.00 horas de este miércoles y terminará a las 22.00 de este jueves. Público lo ha contado en directo, con informaciones de Jairo Vargas, Marta Rodríguez y Cristina Moreno.
Los manifestantes, convocados por la Plataforma Asamblearia de Trabajadores y Usuarios de Salud (PA-TU Salud), dedicaron las primeras horas del encierro a hacer la cena, preparar las colchonetas que les servirían de cama, y a difundir su protesta por las redes sociales bajo el hashtag #MeEncierro, que logró ser trending topic en España.
Los encerrados fueron madrugadores y a las 08.00 horas, después de un reconfortante café, comenzaron a elaborar pancartas y a organizar las mesas informativas en sus centros de trabajo. En el Hospital La Paz, lo hicieron bajo un pancarta que rezaba "Hay recortes que matan". En La Princesa, agotaron los folletos y tuvieron que hacer más fotocopias.
Minutos después, la noticia sobre los papeles de Bárcenas, publicada por el diario El País, también llegaba a los hospitales y a los centros de salud. "¿Para cuándo un ERE en política?", se preguntaba un cartel improvisado en La Princesa mientras en el vestíbulo del Gregorio Marañón, los manifestantes gritaban "¡Sí hay dinero, lo tiene el tesorero!".
A media mañana, y después de algunas asambleas, varios centros han salido a la calle, sobre todo para informar de la marea blanca a nivel nacional del próximo 17 de febrero. "Esto es una película que hay que terminar y lo vamos a conseguir", "por primera vez nos hemos unido todos", decía un médico de La Paz.
En todas las propuestas se ha recordado la situación del Hospital Puerta de Hierro, que afrontará hasta 400 despidos a partir de mañana viernes. En ese sentido, los empleados han mostrado su rechazo a la gestión de hospitales y centros de salud por parte de empresas con ánimo de lucro como Carpio y Ribera Salud.
Los trabajadores de la Sanidad han aprovechado las asambleas para debatir acciones de futuro, como realizar una consulta ciudadana el próximo 13 de marzo. Recuerdan que está en juego la privatización de seis hospitales y de 27 centros de atención primaria.
El hospital Puerta de Hierro, en huelga por los despidos y traslados
Los sindicatos cifran el seguimiento en el 80%, cifra que Sanidad reduce a apenas el 5%
El centro protesta por la privatización de servicios no sanitarios, que afectará a 400 trabajadores
Lola Hierro, Madrid, en El País.
“Estamos al límite”, dice Asunción Chiquero, trabajadora del Hospital Puerta de Hierro. “Solo sé que mañana tengo que venir a trabajar, pero de pasado mañana ya no sé nada, puede que sí o puede que no, puede que me quede una semana o un mes”, cavila.
Ella y su compañera Maite Crespo son dos celadoras interinas que llevan trabajando en este centro 15 y 12 años respectivamente. Hoy han hecho huelga de 24 horas para protestar por el plan de "externalización de servicios no sanitarios” que la Comunidad de Madrid va a efectuar en este hospital de Majadahonda, que atiende a medio millón de madrileños al año. El Puerta de Hierro es el primero donde se aplica, y lo que va a ocurrir es que Sanidad irá prescindiendo de los trabajadores de las cocinas, la lavandería, la limpieza, administración, mantenimiento... Y dejará en manos de empresas privadas la prestación de estos servicios. Los 220 empleados fijos serán trasladados a otros centros hospitalarios, y los 180 interinos serán despedido. En total, 400 trabajadores se verán afectados por la medida, los mismos a los que el Gobierno regional ha estado pagando la nómina los últimos cuatro años, desde el traslado del hospital de Madrid a Majadahonda, pese a que, en realidad, trabajaban para la concesionaria que presta los servicios no sanitarios al hospital.
Es por la tarde y por las dependencias del hospital caminan celadores, enfermos y médicos; el vestíbulo esta medio vacío y todo funciona con aparenta calma y normalidad. La huelga no se ha notado especialmente en el Puerta de Hierro, pero sí en los ánimos de sus empleados.
Junto a un pasillo empapelado con pancartas y pegatinas de protesta, Maite y Asun aseguran que en la práctica, nadie les ha comunicado su despido de manera oficial. “Hoy hemos subido a ver al gerente del centro y nos ha entregado el planillo de turnos del mes de febrero”, relata Asunción. “Solo nos ha dicho que si nadie nos ha comunicado que no vengamos, es porque tenemos que trabajar”.
La huelga ha arrancado con un seguimiento de apenas el 5,02% entre el personal del turno de mañana, según cifras de la Consejería de Sanidad, mientras que los trabajadores han elevado el respaldo al 80%. En todo el día no ha habido incidencias y se han cumplido los servicios mínimos pactados, según la Comunidad de Madrid y las organizaciones de trabajadores. Las urgencias funcionan con normalidad y la actividad en el resto es como la de un día festivo.” Los servicios oncológicos, de diálisis, radioterapia o quimioterapia funcionan al cien por cien porque se consideran servicios de urgencias”, explica Nieves Rebollo, delegada sindical de Comisiones Obreras.
Según la Consejería de Sanidad, en el turno de noche no hubo ningún trabajador en huelga, mientras que por la mañana no se han presentado en su puesto de trabajo 34 médicos, 17 profesionales sanitarios de distintas categorías y 41 no sanitarios, un 5,02% de la plantilla. De acuerdo con los datos de los sindicatos, en el turno de mañana han secundado la huelga un 80% de los médicos y "en los mismos parámetros" lo ha hecho el resto del personal.
En el caso de los trabajadores con plaza en propiedad, de momento se desconoce dónde recalarán. Han hecho su petición de destino y se decidirá “en función de las necesidades del servicio”, señala un portavoz de Sanidad. Tras el Puerta de Hierro irán todos los demás hospitales públicos: las categorías no sanitarias —26 oficios— se han declarado “a extinguir”. Contra estas medidas, los trabajadores del Puerta de Hierro no descartan encerrarse de nuevo en el centro hospitalario —ya lo hicieron durante 50 días—.
Juan Carlos Molina es celador fijo y resultará un poco menos perjudicado que sus compañeras celadoras porque no será despedido, sino trasladado, pero su enfado es evidente. “No me importa cambiarme de centro, lo que me indigna es que se haga de manera forzosa. El consejero Lasquetty se aprovecha de la crisis y de la supuesta falta de dinero para cambiar el modelo sanitario no por necesidad, sino para contentar a sus amigos”, asegura.
La única posibilidad que Maite y Asun tienen para conservar su trabajo es enviar su currículo a la empresa concesionaria y esperar a que les llamen para hacer una entrevista de trabajo. Si les contratan, tendrán un periodo de prueba de 15 días. “¿Es que no cuentan los quince años que llevo trabajando aquí? Me parece una falta de respeto”, exclama Asun, a quien se le quiebra la voz cuando habla.
En el caso de entrar a trabajar para la empresa concesionaria, deberán cesar en su puesto, con lo cual su despido se convertiría en renuncia voluntaria. “Chantajean; ofrecen un posible trabajo que igual luego ni siquiera dan por no pasar el periodo de prueba y a cambio se quitan despidos improcedentes, lo que les interesa es reducir las posibilidades de ser denunciados”, explica Rebollo, de CC.OO.
Pese al desconocimiento y a la indignación, Asun asegura que ellas trabajarán “al doscientos por cien” mientras puedan. “Yo estoy en Urgencias y no puedo decir que no llevo a un paciente a hacerse una radiografía urgente. Hasta el último día voy a estar trabajando”.
Sueldos públicos, empleos privados
El traslado del hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, hoy en huelga, dejó situaciones laborales que ahora obligan a Sanidad a reclamar millones pagados de más
Elena G. Sevillano, en El País.
El hospital Puerta de Hierro, en Majadahonda, que atiende a algo más de medio millón de madrileños, es el primero en el que la Comunidad de Madrid ha empezado a aplicar lo que llama “externalización de servicios no sanitarios”. El Gobierno regional pretende, poco a poco, ir prescindiendo de los trabajadores de las cocinas, la lavandería, la limpieza, administración, mantenimiento... Y pagar a empresas para que se ocupen de prestar esos servicios. Hoy es el último día de los 400 empleados públicos no sanitarios del Puerta de Hierro. Sanidad recolocará en otros hospitales a los 220 fijos y despedirá a los 180 interinos, algo por lo que protestan hoy con una huelga. Son trabajadores a los que ha estado pagando la nómina los últimos cuatro años pese a que, en realidad, trabajaban para la concesionaria que presta los servicios no sanitarios al hospital.
Sueldos públicos para empleos privados. Una anomalía que ahora, cuando empieza la “externalización”, es necesario regularizar. Entre finales de 2008 y diciembre de 2011, la Comunidad de Madrid pagó casi 11 millones de euros en sueldos, pese a que al mismo tiempo pagaba un canon a la empresa concesionaria que le daba el servicio con esos y otros trabajadores. Sanidad ha abierto un expediente administrativo para cobrar el dinero que le ha estado adelantando a la concesionaria, tal y como publicó este diario ayer. Pero no es el único caso de nóminas pagadas con dinero público que revierten en la privada. Sanidad también ha estado al menos cuatro años abonando los salarios de cerca de un centenar de trabajadores del centro de especialidades de Argüelles, en la calle Quintana de Madrid, pese a estar gestionado por la Fundación Jiménez Díaz, propiedad de la empresa Capio Sanidad.
Ambas son situaciones insólitas cuyo origen está en el traslado del hospital Puerta de Hierro de su emplazamiento original, en Moncloa-Aravaca, a un nuevo edificio en Majadahonda, a finales de 2008. Se hizo mediante una concesión de obra pública: una empresa construía el edificio y gestionaba todo lo no sanitario a cambio de un canon anual. Es decir, se privatizaba parcialmente la gestión. Pese a ello, la Consejería de Sanidad acordó con los sindicatos que los trabajadores no sanitarios del antiguo Puerta de Hierro podrían seguir en el nuevo. Lo que no ha hecho hasta este año —y no está claro cuánto tardará en hacer efectivo el abono— es restar a la concesionaria las nóminas que ha estado pagando por esos empleados.
Algo parecido sucedió con Argüelles. Al llevarse el Puerta de Hierro fuera de Madrid, Sanidad cedió a Capio el edificio de Argüelles para que instalara a su personal y pasara a atender a los habitantes de la zona. Pero permitió que 98 personas (médicos, enfermeras, técnicos de laboratorio, celadores, administrativos...) se quedaran allí. Trabajaban bajo gestión de Capio, pero cobraban de la Administración. Sanidad asegura que, a diferencia de la concesionaria, ha estado exigiendo a Capio que se lo compensara anualmente.
La Fundación Jiménez Díaz cobra a la Administración por cada proceso que atiende (consultas, pruebas, operaciones...). Para calcular cuánto suponen los 98 trabajadores públicos, “se cuantificó qué actividad clínica realizaban, con precios públicos por consulta, prueba de rayos, etcétera”, explica una portavoz de Sanidad. Ese cálculo puede funcionar para el personal sanitario, pero no para el no sanitario (32 personas). “La cantidad resultante se le deduce a la Jiménez Díaz de la liquidación”, afirma la portavoz, pero a petición de EL PAÍS no aporta cifras y señala que el acuerdo fue verbal y que por eso no se puede consultar ningún documento que lo recoja. Un portavoz de Capio precisó ayer que Sanidad le resta un millón de euros del canon anual por esos trabajadores. Según un cálculo aproximado de este diario, los sueldos ascenderían al menos a 2,6 millones al año.
La Consejería de Sanidad admite que estas situaciones anómalas derivan de decisiones que se tomaron durante el traslado del Puerta de Hierro para “evitar la conflictividad laboral”. Según sus explicaciones, el pago de las nóminas de los 98 trabajadores de Argüelles se compensó desde el primer momento, pero no ha sucedido así con la concesionaria del Majadahonda. El expediente administrativo, iniciado porque la empresa no estaba de acuerdo con la cantidad que le reclamaba Sanidad, le reclama 7,9 millones —resultan de restar de los 10,8 millones de las nóminas otros gastos que Sanidad pidió a la concesionaria (subrogarse la contrata de limpieza y la de la cafetería, entre ellos)— por algo más de tres años. El ejercicio 2012 aún no está cerrado ni contabilizado. Podría suponer otros tres millones de euros.
La polémica cesión de Argüelles
E. G. S., en El País
La cesión del centro de especialidades de Argüelles a Capio a finales de 2008 fue muy controvertida. En el edificio, de siete plantas y propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social, el Servicio Madrileño de Salud atendía a una población de 250.000 personas. A partir del 1 de enero de 2009, la Comunidad de Madrid se lo cedió a la Fundación Jiménez Díaz (propiedad de Capio) para que instalara allí sus consultas. Organizaciones como la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (ADSPM) criticaron el hecho de que la Comunidad cediera un edificio público del antiguo Insalud a “una empresa privada con ánimo de lucro”. Apelaba al Real Decreto 1479/2001 según el cual “los bienes inmuebles del patrimonio de la Seguridad Social” revertirán al Estado “en el caso de no uso o cambio de destino para el que se adscriben”.
Aquella cesión procedía de un acuerdo secreto que firmaron en 2006 la Consejería de Sanidad —el titular era entonces Manuel Lamela— y Capio. El pacto, al que no se dio ninguna publicidad y que este diario desveló en 2008, consistía en que la Comunidad de Madrid transferiría a la Fundación Jiménez Díaz la atención sanitaria de más de 400.000 habitantes de Madrid. La fórmula jurídica fue un concierto sanitario que permitía a Capio hacerse cargo de dos grandes ambulatorios, Pontones y Argüelles. El primero atendía a población asignada hasta entonces al hospital 12 de Octubre. Por primera vez, un centro de especialidades se cedía a una empresa privada. Los médicos de Capio se instalaron en Pontones unos meses antes, en abril de 2008.
Los pagos que hizo la Comunidad de Madrid a la Jiménez Díaz aumentaron un 50% entre 2006 (140 millones) y 2009 (209 millones).
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