Madrid aprueba el mayor plan privatizador de la sanidad pública
La mayoría absoluta del PP avala la ley que permite ceder a empresas la gestión de seis hospitales y 27 centros de salud que atienden a 1,5 millones de personas
Foto: Los diputados del PP Bartolomé González y María Isabel Redondo juegan una partida de Apalabrados durante la aprobación de la ley.
Elena G. Sevillano / José Marcos, Madrid, en El País.
La gestión de la sanidad de cerca de 1,5 millones de madrileños ya puede cambiar de manos. De las públicas a las privadas que se presentarán a los concursos para hacerse con seis hospitales y 27 centros de salud ya construidos, con personal contratado por la Administración y pacientes asignados. El Parlamento madrileño aprobó ayer gracias a la mayoría absoluta del PP la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos para 2013, que entre otras cosas “habilita” al Servicio Madrileño de Salud “para adjudicar contratos para la gestión del servicio público de asistencia sanitaria especializada” en seis hospitales inaugurados en 2008. Es el mayor plan de gestión privada de la sanidad pública puesto en marcha en España.
Se trata de centros construidos con el modelo PFI (iniciativa de financiación privada, en sus siglas en inglés), que permite a la Administración diferir el coste de las instalaciones a 30 años durante los que se va pagando un canon —una especie de alquiler— a las empresas constructoras, que prestan los servicios no sanitarios. Los seis hospitales (situados en Vallecas, San Sebastián de los Reyes, Coslada, Arganda, Aranjuez y Parla) tienen 5.500 trabajadores sanitarios públicos —médicos, enfermeras, auxiliares, técnicos...—, alguno de los cuales consiguió su plaza fija por concurso hace apenas dos meses, y 1,2 millones de pacientes asignados.
Entre otras medidas, como el euro por receta, el Gobierno que preside Ignacio González también tiene previsto ceder la gestión del 10% de los centros de salud (650.000 habitantes) “preferentemente a las sociedades de profesionales con personalidad jurídica propia” o, si los médicos y enfermeras no estuvieran dispuestos a agruparse y crear empresas, a “el resto de personas físicas o jurídicas legalmente constituidas”. Los equipos directivos de los centros de salud han iniciado una campaña de dimisiones masivas en protesta por esta medida. “Bienvenidas sean”, afirmó González la semana pasada. El consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty —el PSOE exigió su dimisión y UPyD su cese—, añadió que los puestos serían cubiertos inmediatamente, algo de lo que dudan los directores.
El primer día de campaña los equipos de 118 de los 270 centros firmaron la carta de dimisión, que se hará efectiva cuando salgan los pliegos para privatizar los centros. Las instalaciones se entregarán vacías a los nuevos adjudicatarios, es decir, sin personal. Los fijos serán recolocados. Los eventuales podrán ser contratados por las empresas, con sus condiciones. Sucede lo mismo con los sanitarios de los hospitales. Será la mayor reordenación de efectivos de la sanidad madrileña. Los médicos de hospitales iniciaron ayer otra campaña para dimitir masivamente de las juntas técnico asistenciales y las comisiones clínicas, órganos consultivos. La negociación de sindicatos y comité profesional con la Administración, que les pidió medidas alternativas para ahorrar 533 millones, está en punto muerto. El Gobierno asegura que con la privatización ahorra 200 millones.
La aprobación ayer de la conocida también como ley escoba —porque se aprovecha para modificar otras leyes de una tacada sin pasar por la tramitación ordinaria (este año, el texto modifica una docena)— supone un punto de inflexión para la marea blanca. El colectivo ha mantenido su protesta con encierros y manifestaciones durante cerca de dos meses. La huelga indefinida de los médicos se ha prolongado durante cinco semanas. Unas 40.000 consultas han sido canceladas. Algunos hospitales, especialmente los afectados por la privatización, cancelado el 75% de las citas previstas. Más de 6.000 operaciones quirúrgicas no urgentes se han pospuesto. Las urgencias, así como los tratamientos e intervenciones de oncología, son prácticamente lo único que ha funcionado sin incidencias.
El Colegio de Médicos de Madrid volvió a ser escenario ayer de la última medida de presión del colectivo. “Soy Belén Padilla, del hospital Gregorio Marañón. Traigo mi dimisión y la de muchos compañeros que no han podido venir. Estamos menos porque los servicios mínimos y las urgencias deben estar cubiertas y la mitad del personal está disfrutando de sus legítimas vacaciones. Yo dimito del comité de infecciones y políticas de antibióticos al que pertenezco hace 20 años y del comité de investigación clínica”. Uno a uno, una decena de facultativos fue presentando ayer su dimisión en el Colegio. Bajaron de sus asientos en el anfiteatro y fueron depositando las hojas sobre la mesa. Un gesto simbólico, puesto que no serán válidas hasta presentarlas en el registro de cada hospital. Muchos lo habían hecho a primera hora de la mañana.
“Se trata de dimisiones de las juntas técnico asistenciales y de las comisiones, excepto las de tumores y docencia”, explicó Fátima Brañas, portavoz de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem), la organización que ha convocado la huelga indefinida de médicos que ha llegado a su quinta semana. “Nuestra colaboración en la mejor gestión de la sanidad queda rota, y no porque la hayamos roto nosotros, sino ellos. Han reiterado lo que opinan de los médicos de Madrid. Hace unos años éramos ejemplares, un orgullo. Somos los mismos, pero ahora somos decepcionantes. Nos han llamado mentirosos, incluso vagos. La relación de confianza necesaria se ha roto, y ha sido por su parte. En ese clima no se puede colaborar. Así manifestamos que no estamos de acuerdo con este plan porque sabemos que supone el desmantelamiento de la sanidad pública. No queremos ser copartícipes de esto”, añadió Brañas.
Varios facultativos llevaron al Colegio de Médicos su dimisión y la de sus compañeros. Pedro Yuste, cirujano del hospital 12 de Octubre, renunció a la junta técnico asistencial y a la comisión de urgencias. “Llevo en ella 10 años y me gustaría seguir, pero esto es necesario. Traigo más dimisiones de otros comités”. Los asistentes corearon lemas como “¡Sanidad pública!” y “¡González dimisión!”. Las renuncias se irán presentando en los hospitales. Ayer, en el acto del Colegio, unos 150 médicos ya habían manifestado su voluntad de dimitir de sus funciones no asistenciales.
“Apalabrados” en la votación
Los diputados del PP Bartolomé González y María Isabel Redondo han sido fotografiados por Álvaro García en plena partida de Apalabrados -un popular juego on line similar al Scrabble- durante la votación de la Ley de Acompañamiento que ha abierto las puertas a la privatización de la gestión de la Sanidad madrileña.
La imagen de los dos políticos distraídos durante la aprobación de una ley de tal trascendencia ha generado una gran polémica en las redes sociales. González, exalcalde de Alcalá de Henares, ha sido el primero en pedir perdón por Twitter: "Mil perdones. No vale ninguna excusa". "Lamento mucho lo sucedido. No hay excusa. Y por supuesto, no volverá a suceder. Lo siento", se ha excusado después Redondo. Desde el grupo parlamentario popular lamentaron lo ocurrido e indicaron que "se les va a pedir explicaciones al respecto", sin aclarar si les sancionará o no. Tanto González como Redondo son miembros de la Dirección del Grupo Parlamentario popular. Además, el exregidor es uno de los tres vicepresidentes del PP de Madrid.
Un diputado raso de la Asamblea de Madrid cobra 3.503,46 euros brutos al mes como salario base en 14 pagas (49.000 al año), a lo que hay que añadir un plus de 1.825,83 euros si además es portavoz del partido. Quienes acuden a la Junta de Portavoces reciben a su vez 1.457,54 euros, mientras que la paga por ser portavoz de una comisión es de 846,97 euros. El 20% del sueldo no tributa IRPF al considerarse “gastos de viaje”.
La izquierda denuncia la "malversación de fondos públicos y de la sanidad" con la privatización
Tanto PSOE como Izquierda Plural arremetieron ayer contra la medida de privatización de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid
PÚBLICO/AGENCIAS, MADRID.
"Pelotazo sanitario" y "barbaridad". Con estas palabras describieron ayer representantes de la oposición al Partido Popular la aprobación en la Asamblea de la Comunidad de Madrid del proyecto para privatizar seis hospitales y 27 centros de salud públicos promocionado por la expresidenta, Esperanza Aguirre, y ejecutado por su delfín y sucesor, Ignacio González. Tanto el Partido Socialista como Izquierda Unida anuncian movilizaciones y acciones en las instituciones de la capital, en las calles, en el Congreso de los Diputados y hasta en los tribunales.
Así lo hizo ver ayer el secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM), Tomás Gómez, quien avisó al PP de que su partido no descarta incluso recurrir la privatización a la Justicia. A su juicio, los conservadores "aprovechan la excusa de la crisis y el poder de la mayoría absoluta para que hagan negocio unos pocos", pero ello no solamente van a estar "con los profesionales sanitarios y con la gente en la calle", sino que estarán "en los tribunales" y si llegan al Gobierno revertirán las "privatizaciones".
Por su parte, el diputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en el Congreso, Gaspar Llamazares, acusó al PP de "malversación de fondos públicos y de la sanidad pública". "Esto supone un pelotazo sanitario que no es solamente injusto ineficiente desde el punto de vista de la salud sino también es inconstitucional", advirtió.
Como ya ha señalado en otras ocasiones, Llamazares mostró su voluntad de que el ataque a la sanidad pública del PP le resulte "muy complicada" y para ello, prometió que va a intentar "por todos los medios sociales, políticos y judiciales bloquear esta barbaridad" de los conservadores que va "en beneficio de sus amigos".
Llamazares insistió en que "el PP ha traspasado todas las líneas rojas" y no dudó en avisar también de que la Izquierda Plural e Izquierda Unida intentará utilizar todos los mecanismos parlamentarios y "también judiciales" a su disposición para frenar las privatizaciones.
El diputado por Asturias recordó que ha solicitado la comparecencia de la ministra de Sanidad, Ana Mato, en el Congreso para que dé cuenta de cuáles van a ser sus planes con la implantación del euro por receta y para conocer "si realmente respeta la salud como un derecho constitucional y defiende la Ley General de Sanidad". Ayer, además de aprobar esas privatizaciones, el PP también dio el visto bueno a la imposición del euro por receta. Cabe recordar que el Gobierno central, paradójicamente, recurrió al Tribunal Constitucional su aplicación en Catalunya.
“Es una ley escándalo, una provocación, nos llevan a los años 40… Hagan juego con los ancianos, con los niños…”
El PP madrileño aprueba con soledad absoluta la ley de privatización sanitaria y los privilegios para Eurovegas
ELPLURAL.COM
El pleno de la Asamblea de Madrid ha aprobado este jueves, con 69 votos del PP y toda la oposición en contra, la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid para 2013, que permite la polémica privatización de la gestión sanitaria y que fomenta la instalación de proyectos como el de Eurovegas en la región.
Esta norma a la que hoy ha dado el visto bueno la Cámara de Vallecas cuenta con medidas que permiten que la Comunidad de Madrid lleve a cabo la externalización los seis hospitales de gestión mixta de la Comunidad, así como la de 27 centros de salud de la región, unas iniciativas que al igual que la regulación del euro por receta, que también contiene la ley, han sido muy discutidas, dentro y fuera del hemiciclo.
A la medida de Eurovegas
En esta norma también se da más libertad a los comerciantes para establecer sus periodos de rebajas y se crean los Centros Integrales de Desarrollo (CID), con los que el Ejecutivo regional busca que se instalen grandes proyectos en la Comunidad de Madrid y que la oposición considera que están hechos para beneficiar al proyecto Eurovegas del magnate Sheldon Adelson. Asimismo, se modifica la ley del juego, se permite contratar a profesores nativos en centros educativos públicos y, entre otras cosas, se da la posibilidad a los trabajadores públicos de pedir una reducción de jornada, pero no se obliga a la Comunidad a reponer este hueco.
Dimisión de Lasquetty
El diputado socialista Antonio Miguel Carmona ha cargado con dureza desde el atril de la Asamblea de Madrid. “No es una ley, es una inmoralidad. No debe haber ventajas para nadie, permitiendo que nuestros menores se puedan pasear por los casinos. Es una ley que es un salvoconducto a la corrupción”, ha criticado. “Es una ley escándalo. No es una ley, es una provocación, nos llevan a los años 40… Hagan juego con los ancianos, con los niños… No dejen nuestro futuro en la ruleta de la fortuna”.En primer lugar se ha centrado en los cambios sanitarios que contiene la ley, que son “un escándalo para la sanidad pública” y que, según ha asegurado, ya se veían venir. “En nombre de mi grupo parlamentario le exijo solemnemente que presente su dimisión”, le ha pedido al consejero de Sanidad, Javier Fernández, Lasquetty, como también lo ha hecho su homólogo de UPyD Luis de Velasco.
“Hagan juego con la sanidad”
Asimismo, ha acusado al presidente de la Comunidad, Ignacio González, de haber convertido la política “en un ataúd en busca de un cementerio”, y ha considerado que la ley “no es una ley”, sino “una inmoralidad” y un “salvoconducto a la corrupción”. Por ello, ha explicado, su posición es “un voto en contra de Adelson, la privatización de la sanidad y en contra de los privilegios”. “Hagan juego con la sanidad, hagan juego”, ha exclamado Carmona, que ha criticado que con esta norma los populares están “haciendo juego con la democracia”.
Black jack
“El black jack no nos va a traer la felicidad”, ha insistido Carmona, quien frente a esta política que atribuye al PP, ha asegurado que sus enmiendas son a favor de la sanidad, la educación y los servicios sociales.
“Ley Voldemort”
Por su parte, la diputada de IU Libertad Martínez ha considerado que la Ley de Acompañamiento es la “Ley Voldemort”, en referencia al personaje de Harry Potter que nunca debe ser nombrado. Y es que ha criticado que detrás de esta norma está Adelson. “Es la ley de la rabia y la ignominia”, ha recalcado Martínez, que ha puesto la vista en los miles de desahucios que se producen en la región, porque, a su juicio, las medidas que lleve a cabo el Ejecutivo regional no deben sólo buscar proveer de vivienda social a los ciudadanos que estén pasando una mala situación, sino de tomar medidas que eviten que se produzca esa situación.
Diversidad de perdones
“El PP perdona 1.800 millones anuales al casino y no pueden dedicar 8 millones a impedir desahucios”, ha criticado Martínez a renglón seguido, para reclamar, como ya ha hecho en todo el debate parlamentario, recuperar la fiscalidad que tenía anteriormente la Comunidad de Madrid. Por último, ha sostenido que los populares han gobernado para los ricos, lo que ha generado “rabia, cabreo e indignación que han sido incapaces de afrontar y responder con valentía”. En este punto, ha rechazado las palabras del presidente sobre el derecho de huelga y ha dicho que ellos seguirán “haciendo huelga”.
República independiente de juegolandia
El portavoz de UPyD en la Asamblea de Madrid, Luis de Velasco, que ha comenzado su intervención reclamando la dimisión del consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, para poder llegar a una solución en el “enquistado” conflicto sanitario, ha mostrado su oposición a la “privatización” sanitaria. Y es que en su opinión, “no es compatible” la búsqueda del beneficio de una empresa con el derecho a la salud de los ciudadanos. En otro orden de cosas, se ha referido a los apartados dedicados a Eurovegas, a pesar de que la ley no les nombra, y ha considerado que la norma lo que hace es “elaborar un traje a medida” a Adelson y así, crear “la república independiente de juegolandia”.
Acciones contra Caja Madrid
En este sentido, ha desgranado que con esta norma, “se permite que intermediarios busquen personas para que jueguen o ir eliminando poco a poco los adelantos realizados en cuando a la prohibición del consumo de tabaco”. Asimismo, ha reclamado a la Comunidad de Madrid que inicie “acciones para exigir responsabilidades penales” en el caso de Caja Madrid.
Defensa de Eurovegas
En respuesta a los grupos, el portavoz presupuestario del PP, Pedro Muñoz Abrines, ha explicado que cuando se habla de Eurovegas se habla de un proyecto de ocio, que pretende invertir 18.000 millones de euros, que son miles de puestos de trabajo. Así, tras criticar el “repentino puritanismo progre” de los socialistas, ha defendido que lo que busca la Comunidad de Madrid con las medidas contenidas en esta norma es atraer inversiones extranjeras.
“Carta a los Reyes Magos”
En materia sanitaria, el otro tema que ha copado la mayoría del debate de este jueves, el popular ha aseverado que “la atención sanitaria en la Comunidad de Madrid seguirá siendo pública, gratuita y de la máxima calidad”. Además, ha defendido que busca la “transparencia” ya que obliga a que las cuentas del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) tengan que ser remitidas a la Asamblea. Por último, en materia de impuestos también ha criticado la opinión de la oposición en la materia, que ha tildado de “carta a los Reyes Magos”. En concreto, se ha referido a la recuperación del impuesto de patrimonio que reclama la oposición, una medida que, de aplicarse, no permitiría recaudar nada.
La sanidad madrileña se "someterá al beneficio empresarial"
La dirigente socialista ha destacado que los facultativos sanitarios siguen "dando la batalla para defender un modelo sanitario público, universal y gratuito, pese a que se han visto continuamente sometidos al descrédito más vil por parte de los dirigentes del PP".
nuevatribuna.es
La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, ha dicho que la sanidad no debe someterse al beneficio empresarial y ha criticado que la mayoría del PP en la Asamblea de Madrid tenga prevista la privatización de 6 hospitales públicos y 27 centros de salud.
Ha resaltado que estos profesionales están poniendo en valor "el único arma de defensa" que les queda ante la ausencia de negociación, el derecho a la huelga, que "tan poco gusta a la derecha".
La número dos del PSOE ha anunciado que el daño a la sanidad "es reversible" y que cuando vuelvan a gobernar restablecerán "nuestro modelo sanitario, que es el que quieren la mayoría de los ciudadanos, incluidos los profesionales".
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