CONTRARREFORMA NO

Simplemente de “progresista” nada de nada

ACUERDO PSOE/CIUDADANOS (REFERENCIAS A LA SANIDAD PUBLICA)

Foto.- El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, durante la firma del acuerdo de investidura y legislatura alcanzado entre los dos partidos.

Un acuerdo ambiguo, con algunas mejoras, pero insuficiente para la Sanidad Pública

La situación de la Sanidad Pública, tras las políticas de recortes, desmantelamiento y privatización llevadas a cabo por el Gobierno de Mariano Rajoy,  podría caracterizarse como crítica. Así puede comprobarse en el aumento de personas que señalan la Sanidad como principal problema que más les afecta y de las reclamaciones sanitarias ante el Defensor del Pueblo. El Sistema Sanitario Público ha perdido sus principales señas de identidad como eran la universalidad, la equidad en el acceso y la calidad.

Desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública  consideramos que un gobierno progresista debería afrontar con decisión y voluntad política los principales problemas que afectan al sistema sanitario, antes que su deterioro sea irreversible:  El Real Decreto Ley 16/2012 privó a los inmigrantes y jóvenes del derecho a la asistencia y generalizo los copagos (especialmente a los colectivos más débiles como los pensionistas) poniendo barreas económicas de acceso a los medicamentos; los recortes presupuestarios y de personal sanitario han mermado la calidad de la atención  e incrementado las listas de espera; la utilización de la colaboración público privada (CPP, PFI, Concesiones Sanitarias, etc.) para construir y gestionar los centros sanitarios han disparado  el coste y privatizado la gestión de los mismos;  la externalización de servicios esenciales como la historia clínica, la receta electrónica o las centrales de llamadas han puesto estos servicios esenciales para la planificación en manos de multinacionales, fondos de inversión y auditoras; la privatización  de la compra de equipamiento tecnológico, investigación (I+D+I) y docencia ha traspasado a la industria farmacéutica y de la electro- medicina gran parte del presupuesto sanitario. 

Por ello vemos con preocupación el acuerdo de gobiernos suscritos por el PSOE y Ciudadanos en materia sanitaria porque:  

1.- Aunque plantea eliminar la necesidad del aseguramiento para tener derecho a la asistencia sanitaria, se vincula la recuperación del mismo al empadronamiento, lo que supone una barrera y discriminación para muchos inmigrantes no regularizados, dadas las trabas históricas de muchos ayuntamientos a empadronarlos por motivos ideológicos. Entendemos que muchas CCAA han solventado este problema de una manera más valiente y efectiva.

2.- No se plantea  blindar la gestión sanitaria pública ni el rescate de los centros privatizados por el PP mediante Concesiones (Comunidad Valenciana), Iniciativas de Financiación Privada- PFI (Madrid, Castilla y León o Galicia), a pesar de que en la práctica totalidad de los casos los costes multiplican por cuatro a siete veces sus precios reales, recortan drásticamente los recursos, ofertan servicios de peor calidad y  vulneran la legislación del Estado y de la Unión Europea. Al mismo tiempo se mantiene la Red de Utilización Pública por la que multitud de centros privados, en manos de empresas multinacionales, bancos y fondos de inversión se están repartiendo una parte sustancial del presupuesto sanitario.       

3.- No se hace ninguna referencia a recuperar el nivel de gasto público ni a los profesionales eliminados con la política de unos recortes que son de los mayores de los países de la Unión Europea y que además de deteriorar el sistema han incrementado los niveles de desigualdad.

4.- Parece que se pretende poner en manos privadas la evaluación de la calidad del sistema, los recursos de información sanitaria y la renovación tecnológica de los centros asistenciales. El Plan Nacional de Big Data de la Salud puede poner en manos privadas toda la información de salud de la población española, satisfaciendo unos de los objetivos estratégicos de las multinacionales de la información y comunicación, para poder diseñar sus estrategias de penetración y apropiación del Sistema Nacional de Salud.

El acuerdo no aborda los grandes problemas de la sanidad ni especifica con claridad las medidas a adoptar para recuperar el carácter público, la calidad y la equidad en la atención a la salud. Su formulación en muchos temas es excesivamente ambigua e imprecisa  y por lo tanto los resultados de su desarrollo son impredecibles. Desde la FADSP entendemos que debería de apostarse de una manera más clara e inequívoca por la recuperación de la Sanidad Pública y el derecho a la protección a la salud de la población.

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

26 de Febrero de 2016

En PUNTO DE VISTA de Acta Sanitaria

Reflexiones sobre los necesarios cambios en la Sanidad Pública

Por Marciano Sánchez Bayle, portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP)

 

El autor ofrece un análisis de los pasos que, a medio y largo plazo, deben darse para que la Sanidad Pública lo siga siendo, además de cumplir con su papel en el conjunto del Estado. Y es que las medidas a corto plazo sólo pueden enquistar los problemas existentes.

 

Vivimos una complicada situación en cuanto a la gobernabilidad del país que, como no podía ser de otro modo, afecta al sistema sanitario público y, en otro lugar, ya he expuesto con detalle, y la FADSP también lo ha hecho, los cambios que estimamos urgentes para recuperar el pulso de nuestra Sanidad Pública. No obstante los problemas urgentes no nos deberían hacer olvidar los problemas de fondo porque, si fuera así, a medio y largo plazo tendríamos serias dificultades para mantener un sistema público, universal y de calidad.

 

¿Cuáles son estas cuestiones de fondo que hay que abordar en la Sanidad Pública? Como siempre, muchas, porque el sistema sanitario toca casi todos los aspectos de la vida social; pero algunas de ellas pienso que tienen carácter estratégico y hay que irlas comenzando a plantear desde ahora mismo para planificar una respuesta razonable de nuestro sistema sanitario en los próximos años. Con estas limitaciones, señalaré las cuestiones que pienso van a ser decisivas para la evolución de la Sanidad Pública… (leer el artículo íntegro en la publicación original)

La deuda a proveedores de sanidad en Asturias es de sólo 78.342 €, en el conjunto del estado es de 7.834 millones de €

VER LA NOTICIA SOBRE LA DEUDA EN ASTURIAS EN EL DIGITAL DE ASTURIAS…

 

La FADSP indica que la deuda sanitaria a los proveedores se debe a los recortes

Madrid, Acta Sanitaria

 

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha indicado, a colación de “las noticias de que existe una deuda sanitaria de 7.834 millones de euros a los distintos proveedores”, que ésta “es el resultado de los recortes, la infrapresupuestación y las privatizaciones”.

 

A juicio de esta organización, “la infrapresupuestación crónica del sistema sanitario es bien conocida y, en gran parte, proviene de un inadecuado sistema de financiación de las comunidades autónomas, que hace que la financiación sanitaria sea insuficiente y no finalista, con lo que los presupuestos sanitarios per cápita desde hace, al menos, 10 años tienen una variación de más de 500 euros entre la comunidad autónoma que más destina a la Sanidad y la que menos”.

 

“Los recortes se han agravado en esta situación, porque el sistema sanitario público, manteniendo la disparidad presupuestaria antes señalada, ha tenido un recorte entre 12.000 y 20.000 millones de euros”, continúa la Federación, que añade que “las privatizaciones, que incrementan el coste de los servicios, hacen la situación aún más complicada porque se suma a los dos efectos anteriores”.

 

Según expone la FADSP, “la deuda sanitaria elevada genera otro problema añadido, que es la dificultad de negociar precios con los proveedores, encareciendo los costes y los intereses de los mecanismos de financiación de la misma”. Además, declara que “se entiende que las dos comunidades autónomas más adeudadas sean Cataluña y Valencia, en las que concurren todos los fenómenos; que la tercera sea Andalucía, la de menor presupuesto per cápita; y el espectacular aumento de la misma en Galicia, con la desastrosa apertura del hospital semiprivatizado de Vigo”.

 

Por último, esta organización manifiesta que “la solución a este problema de deuda debe de abordarse solucionando los problemas señalados: una financiación suficiente y finalista, acabar con los recortes recuperand el presupuesto sanitario global de 2009 y planificando un incremento del mismo; acabar con las privatizaciones y recuperar lo privatizado, y poniendo en funcionamiento una agencia estatal de compras que permita los ahorros de una economía de escala en el conjunto del Sistema Nacional de Salud (SNS)”.

 

El 69% de la deuda autonómica es sanitaria (Redacción Médica)

A la hora de ir a votar este domingo está prohibido olvidar de dónde venimos, lo que hicimos y nos hicieron, y lo que somos y por si nos fallara la memoria, nada mejor que este pequeño recordatorio a través de nuestros enlaces

NUESTRA SECCION: “CONTRARREFORMA NO”   

 

MANIFIESTO A FAVOR DE LA SANIDAD PÚBLICA

En defensa de la sanidad pública: por la derogación de la reforma sanitaria (Real Decreto Ley 16/2012), la mejora de la financiación y la recuperación del empleo

VER EN pdf EN LA WEB DE LA FADSP

 

El Sistema Nacional de Salud (SNS) es un instrumento de solidaridad y redistribución social mediante la atención integral a la salud. A pesar de ello, ha sido y es objeto de políticas que lo ponen en riesgo, alterando su gestión, provisión, producción y financiación.

 

Uno de estos últimos ataques fue la aprobación del RDL 16/2012, que con el objetivo de reducir el gasto sanitario provocó una reforma que supuso el cambio del aseguramiento y, como consecuencia, la exclusión de grupos de población en función de su situación administrativa, renta y edad; la fragmentación de la cartera de servicios, para introducir nuevos copagos; y la modificación de la prestación farmacéutica, para ampliar el copago y extenderlo a los pensionistas.

 

Su efecto inmediato fue el aumento de los problemas estructurales del Sistema Nacional de Salud (SNS). Junto a ello, los duros recortes económicos han agravado, especialmente, la insuficiencia presupuestaria del SNS.

 

Pero el Real Decreto-ley 16/2012 y su fallido desarrollo  reglamentario, han generado nuevos problemas, como la exclusión del sistema sanitario en condiciones de equidad a cientos de miles de personas y el impacto negativo del actual modelo de copago farmacéutico, especialmente para las personas con niveles de renta más bajos, y su inadecuación para las situaciones de especial necesidad vinculadas a cronicidad o pluripatologías.

 

La consecuencia ha sido el aumento de la desigualdad entre las personas.

 

Además, los recortes presupuestarios en los servicios autonómicos de salud han conllevado la pérdida de miles de puestos de trabajo y la precarización de las condiciones de trabajo; el cierre de algunos centros, unidades o servicios; el incremento de las listas de espera; la prevención y la salud pública han perdido peso en la estructura sanitaria; la atención primaria ha visto reducido su presupuesto; la satisfacción de los usuarios cae por tercer año consecutivo; las urgencias siguen colapsadas. Sin embargo, el gasto en conciertos sanitarios apenas ha tenido reducción y el gasto sanitario de los hogares ha crecido mientras que se reducía el de las administraciones públicas.

 

Por otro lado, las CCAA han adoptado diferentes fórmulas, tanto para dar respuesta a las necesidades de asistencia sanitaria a los excluidos, la mayoría de ellos inmigrantes en situación administrativa irregular, como para gestionar los copagos farmacéuticos hospitalarios, entre las que se incluye también el incumplimiento de las normas.

 

El resultado en el sistema sanitario ha sido el aumento de la desigualdad territorial.

 

Se han producido numerosas protestas, movilizaciones y manifestaciones contra las medidas llevadas a cabo desde todos los frentes posibles, organizaciones y asociaciones humanitarias, sindicales, profesionales y movimientos ciudadanos que confluyeron en una Declaración Institucional por la Universalidad del Derecho a la Salud apoyada por todos los partidos de la oposición.

 

Estos años de gobierno del PP han sido un gran fracaso que no ha solucionado los problemas existentes y ha creado otros nuevos con consecuencias en la salud de las personas, provocando el rechazo político, social e institucional. En este período se ha intensificado las privatizaciones, totales y parciales, sobre todo en las CCAA gobernadas por el partido que sustenta el Gobierno.

 

Unas políticas que han sido y son objeto de rechazo político, social e institucional.

 

Por último, en Enero de 2014 el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) concluyó que el Real Decreto-Ley 16/2012 no es conforme a la Carta Social Europea (CSE), debido a la exclusión del acceso a la atención médica para los extranjeros adultos en situación irregular. Lo hace estableciendo que “la crisis económica no debe dar lugar a una disminución de la protección de los derechos reconocidos por la Carta. Por lo tanto, los gobiernos deben tomar las medidas necesarias para garantizar que estos derechos estén efectivamente garantizados cuando la necesidad de protección sea mayor” o que “la crisis económica no puede ser un pretexto para la exclusión o restricción del acceso a la atención sanitaria que afecta a la esencia misma de ese derecho”.

 

España incumple, pues, los artículos 11 y 19 de la CSE sobre protección en materia de asistencia sanitaria.

 

En definitiva, reformas y recortes que son un fracaso porque no han solucionado los problemas existentes y han creado otros nuevos con consecuencias en la salud de las personas.

 

Por todo ello, proponemos:

 

• Garantizar un SNS universal, equitativo y gratuito en el momento del acceso a las prestaciones. Promover una normativa que determine la naturaleza pública del SNS y garantice su financiación, gestión, provisión y producción públicas.

• La derogación del Real Decreto-ley 16/2012, de su desarrollo reglamentario y de la normativa acompañante y relacionada con el espíritu de esta reforma, restituyendo el derecho universal a la protección de la salud y a la asistencia sanitaria, en condiciones de equidad. Evaluar los efectos en la salud y el incremento de desigualdades ocasionados por el Real Decreto-ley 16/2012 y las políticas de las CCAA, en especial, las restricciones presupuestarias, la colaboración público-privada y los modelos de gestión y organización.

• Derogación de la Ley 15/1997 y el conjunto de la normativa sobre las diversas formas de gestión y la colaboración público-privada (concesión de obra y concesión administrativa) para la financiación de la construcción y gestión de centros sanitarios, con el fin de eliminar dichas prácticas y la participación de las empresas privadas en la sanidad pública.

• Rechazar los nuevos copagos en la atención sanitaria (transporte sanitario no urgente, prestación ortoprotésica, productos dietéticos...) y el actual modelo de copago farmacéutico por su impacto negativo.

• Establecer un modelo de financiación sanitaria que garantice la suficiencia de los recursos y sirva para atender los servicios de asistencia sanitaria en el conjunto del SNS y en cada una de las CCAA, además de asegurar la equidad y recuperar los recursos económicos perdidos a lo largo de la crisis.

Recuperar el Fondo de Cohesión en relación con sus fines de cohesión sanitaria, equidad, solidaridad y corrección de desigualdades, y dotarlo del presupuesto adecuado para ello.

• Dar mayor protagonismo a la Salud Pública y a la Atención Primaria e incrementar sus presupuestos.

Proponer una mejora de las urgencias en todos los niveles de atención que garantice una respuesta inmediata a la población, con los recursos necesarios.

• Asegurar la suficiencia de profesionales y la planificación de recursos humanos y recuperar el empleo destruido en el SNS y crear el necesario como objetivo de las políticas de cohesión del sistema sanitario, incrementando, entre otras, las plazas de personal de formación sanitaria especializada.

• Promover en las Administraciones Públicas el fortalecimiento del modelo de participación social en todos los niveles territoriales con competencias en el SNS, según lo establecido en la Ley de Cohesión y Calidad en el SNS y la Ley General de Sanidad y originado en la Seguridad Social.

 

Madrid, 3 de Diciembre de 2015

La sanidad en los programas electorales de los principales partidos

Particularmente tengo muy presente que dónde unos ven servicio – la izquierda -, otros ven oportunidad de negocio – la derecha - …¡¡tu verás!!

PP y Ciudadanos excluyen a los sin papeles de la sanidad pública

PSOE, Podemos e IU, a favor de la cobertura universal gratuita y en contra del copago

 

PÚBLICO

 

El Partido Popular no hace alusión en su programa electoral a la atención sanitaria que deberían recibir los ciudadanos en situación administrativa irregular, aunque el Gobierno de Rajoy decidió hace tres años negarle a los sin papeles la tarjeta sanitaria. La reforma supuso que sólo tenían acceso las embarazadas, los menores y los casos de urgencias. Luego se amplió a la atención primaria, aunque en realidad depende de cada comunidad.

 

La postura de Ciudadanos también es estricta, aunque sobre el papel plantean una propuesta vaga: "Un pacto europeo para asistencia sanitaria a inmigrantes sin tarjeta de residencia que unifique la cobertura mínima exigible a los países de la Unión".

 

A la izquierda, el PSOE, Podemos y Unidad Popular abogan por una cobertura universal gratuita. En el caso de los dos últimos partidos, también se muestran frontalmente en contra del copago y de la privatización de la sanidad. Éstas son sus propuestas:… (leer más)

 

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Propuestas para la mejora de la Atención a la Salud Laboral en el Sistema Sanitario Público

Pide crear empleo de calidad y recuperar los derechos perdidos

La FADSP propone cambiar el modelo productivo para mejorar la atención a la salud laboral

Acta Sanitaria

 

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha hecho público el informe “Propuestas para la mejora de la atención a la salud laboral en el sistema sanitario público”, documento en el que aboga para ello por un “cambio de modelo productivo” en el territorio nacional.

 

A juicio de esta organización, llevar a cabo esta medida “para crear empleo de calidad, recuperar los derechos sociales y laborales perdidos, eliminar las reformas laborales, y disminuir las desigualdades a través de una política de redistribución de la riqueza, mediante impuestos progresivos”, serviría para conseguir un acercamiento hacia el mencionado objetivo.

 

“Promover la unidad, organización y movilización de los trabajadores, parados y de la sociedad en su conjunto para detener al neoliberalismo” es otra de las propuestas de la FADSP, así como “aumentar la protección social, incrementar el salario mínimo, potenciar servicios públicos de calidad como la educación, la Sanidad y la atención a la dependencia”.

 

A juicio de la Federación, es necesario “potenciar la Salud Laboral”, para lo que reclama “recuperar la dimensión política de la salud laboral, implicando a los partidos progresistas en su defensa, porque la situación es una consecuencia de la lucha de clases y un determinante social de la salud”. “Es urgente actualizar la normativa de salud laboral a la realidad actual, teniendo en cuenta las relaciones de poder, las laborales y las desigualdades sociales entre los trabajadores, protegiendo especialmente a los colectivos más vulnerables”, explica.

 

No debe dejar fuera a los parados

“La salud laboral debe atender a todos los trabajadores, incluyendo a los parados”, continúa la FADSP, que considera necesarios “programas urgentes de apoyo psicosocial para preservar su salud mental”. Además, exige “tener en cuenta las diferencias sociales entre hombres y mujeres, de edad, empleo, condiciones de trabajo, categorías y lugar de origen”.

 

Esta organización propone, además, “garantizar el derecho a la salud y a la seguridad en el trabajo por la Administración Pública, integrar las mutuas en el sistema público, garantizar la formación de los profesionales sanitarios en salud laboral, crear departamentos o unidades de salud laboral publicas y dar participación a los trabajadores en la prevención de sus riesgos laborales”.

 

Por último, la FADSP apuesta por “servicios de prevención públicos, cumplimiento de la normativa en prevención de riesgos laborales y reforzar los instrumentos de control, actualizar el cuadro de enfermedades profesionales, potenciar la investigación en salud laboral, potenciar la cultura preventiva en la sociedad y reorientar el sistema público de salud hacia la prevención y la atención comunitaria”.

 

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Entrevista a Ana Castaño, responsable de sanidad de Podemos en NuevaTribuna

"Los procesos de privatización sanitaria tienen que ser revisados uno por uno"

La responsable de Sanidad de Podemos apuesta por incrementar en 9.000 millones de euros la partida presupuestaria para la sanidad pública. Ana Castaño también aboga por derogar la ley de 1997, "punto de partida para la ruta de la privatización", afirma.

 

nuevatribuna.es | Isabel G. Caballero

 

Nuevatribuna | ¿En qué situación se encuentra la sanidad pública española tras estos años de recortes y gobiernos de la derecha? 

 

Nuestra sanidad pública, desde hace un tiempo ha venido perdiendo su excelencia de manera progresiva, llegando a la situación actual, a la que califico de desastrosa sin ninguna duda, y esto lo podemos confirmar utilizando el barómetro Sanitario del CIS, por cierto nada sospechoso, que mide la proporción de ciudadanos que consideran que ha habido un deterioro en los diferentes niveles de atención, por poner un ejemplo: en el año 2009, el porcentaje en Atención especializada de insatisfacción era de un 9,7% pasando en 2014 a un 37,3%. Esto es un buen reflejo de cómo los recortes, en donde ha habido una disminución del personal sanitario que es difícil de cuantificar, ya que esto incluiría también el aumento de contratos precarios, ha afectado de forma directa a la atención sanitaría que recibimos. No sólo se trata de recortes, tenemos el grave problema de la externalización de servicios de mantenimiento que son esenciales para un adecuado cuidado y una pésima gestión en todo lo relativo a la Salud Pública, listas de espera o el colapso en las urgencias. Como se ha venido escuchando en las convocatorias de la Marea Blanca, nuestra sanidad se desangra.

 

Financiar la sanidad pública sigue siendo el caballo de batalla de todos los gobiernos. A su juicio, ¿cuál sería la partida presupuestaria óptima para garantizar una cobertura universal?

 

La financiación debe ser suficiente y permitir dotaciones orientadas a reformar e innovar las estructuras del sistema de Salud. Es necesaria la voluntad política que apueste por no disminuir el % del PIB que se asigna a gasto sanitario, que no ha dejado de disminuir en esta legislatura. Somos conscientes que estamos en un momento difícil, en donde los efectos de la crisis continúan, aunque se nos diga lo contrario, por lo que no vamos a decir cifras imposibles sino realistas, viables, por eso una partida presupuestaría válida sería incrementar en torno a 9 mil millones de euros en el primer año, justo lo que se ha ido perdiendo, suficiente para garantizar la cobertura Universal. De todos modos, en el corto plazo deberíamos ir dando prioridad a hablar de euros por habitante y no dejarlo todo a expensas de un PIB que mide muchas cosas pero no se encuentra en relación con las necesidades de la población, que debería ser el indicador principal de ajuste de la financiación.

 

La sanidad pública es una competencia transferida a las CCAA. Ustedes defienden la necesidad de revertir los procesos de privatización llevados a cabo en algunas autonomías, especialmente en Madrid, Valencia y Galicia, entre otras. ¿Cómo se puede actuar desde la administración central para devolver a la gestión pública los servicios privatizados, entre ellos, por poner un ejemplo, las donaciones de sangre?

 

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Hay una merma en la calidad del material que, como suele pasar siempre, tiene consecuencias negativas

Padres de niños diabéticos, contra los recortes

Cuarenta familias asturianas, varias de ellas de las Cuencas, se organizan en una plataforma para denunciar la merma de calidad del material para tratar a sus hijos

Foto.- Elías Campillo, con los sistemas de medición de glucosa.

 

11.11.2015, Langreo, M. Á. G., en La Nueva España.

 

Cuarenta familias asturianas con hijos diabéticos -entre ellas varias de Langreo, San Martín del Rey Aurelio y Mieres- se han organizado en una plataforma para reclamar a la Consejería de Sanidad la mejora de los materiales médicos utilizados por los niños para inyectarse insulina y realizar las mediciones del nivel de glucosa en sangre. Los padres piden que se recuperen las agujas suministradas hasta marzo y que fueron reemplazadas por otras que generan mayor abrasión a los menores al inyectarse la insulina. También piden que se subvencionen sistemas de monitorización continua, que evitan que los pequeños tengan que pincharse una decena de veces al día para controlar su enfermedad.

 

La plataforma se ha creado en torno a las redes sociales, bajo la denominación de "Dulces guerreros asturianos". Este cauce ha servido para compartir experiencias y poner en marcha actividades de sensibilización. Actualmente impulsan una recogida de firmas que quieren entregar al Principado, con el objeto de rechazar recortes en sanidad en diabetes… (leer más)