PRENSA

Desde el día 30 las medidas están presentadas y aquí nadie sabe nada

El PSOE e IU instan al Gobierno en funciones de Cascos a explicar el nuevo plan de ajuste

Los dos grupos parlamentarios exigen conocer las nuevas medidas de recorte propuestas por el Principado ante el Ministerio de Hacienda

Foto: Reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera dónde están representadas todas las CC.AA.

Oviedo, J. A. ARDURA, en La Nueva España

El PSOE e IU quieren poner fin al «mutis por el foro» del Gobierno en funciones de Francisco Álvarez-Cascos sobre el nuevo plan de ajuste entregado por el Principado al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. El Ejecutivo asturiano tenía de plazo hasta el pasado lunes, 30 de abril, para entregar un plan de viabilidad económica a diez años vista, período en el que deberá devolver los 259 millones de euros que la Administración pretende financiar a través del mecanismo extraordinario para saldar la deuda con los proveedores.

El Gobierno en funciones de Foro no ha informado del contenido de ese nuevo plan de ajuste, que podría ascender a varios cientos de millones de euros, al resto de fuerzas políticas con representación en la Junta General del Principado, ni en el seno del Parlamento regional ni en otro tipo de reuniones. Otras autonomías como Valencia y Baleares ya han hecho públicos recortes de 2.260 millones de euros y de 770 millones, respectivamente.

La incertidumbre en el escenario político regional, con un gobierno en funciones y un pleito en el Tribunal Constitucional que debe resolver la adjudicación de un escaño que podría resultar decisivo para el futuro ejecutivo regional de Asturias, alcanza también al plan de ajuste hasta tal punto que tanto el PSOE como Izquierda Unida van a solicitar, o ya lo han hecho, explicaciones al Gobierno de Álvarez-Cascos. El portavoz del Grupo parlamentario Socialista, Fernando Lastra, presentó ayer un escrito en el registro del Parlamento asturiano, dirigido al nuevo presidente de la Junta, Pedro Sanjurjo, en el que requiere al Consejo de Gobierno documentación sobre el plan de ajuste presentado por el Gobierno en funciones ante el Ministerio de Hacienda para poder obtener financiación con la que pagar a los proveedores. El Grupo parlamentario Socialista invoca el artículo 14 del reglamento de la Junta General para solicitar dicha información. Sanjurjo dispondrá ahora de un máximo de tres días para trasladar esa petición al Consejo de Gobierno que, a su vez, tendrá 15 días de plazo o como máximo tres semanas para facilitar a la presidencia del Parlamento el citado plan de ajuste.

«El Gobierno no ha hecho público ese plan y no ha tenido la deferencia de informarnos sobre las medidas contenidas en ese documento, por eso hemos realizado una solicitud de información mediante el correspondiente procedimiento parlamentario», confirmó Lastra.

El diputado socialista considera «conveniente» que el Gobierno asturiano se adhiera al mecanismo extraordinario de financiación para los pagos pendientes «para beneficiar a los proveedores y puedan ser atendidos en un momento tan delicado». Al mismo tiempo, Lastra hizo hincapié en la necesidad de conocer con detalle las medidas contenidas en el plan de ajuste elaborado por el Principado. «La responsabilidad es de quien gobierna pero este plan trasciende el mandato de un gobierno que está en funciones. Estamos de acuerdo con que el Principado se haya sumado a ese mecanismo extraordinario de financiación pero queremos conocer las medidas incluidas en ese plan para pronunciarnos sobre su idoneidad y oportunidad», planteó el portavoz del PSOE en la Junta General del Principado. «No sería muy serio pronunciarnos sin conocer los detalles sobre una cuestión que interesa a todos los asturianos», valoró Lastra.

Izquierda Unida también tiene previsto presentar en los próximos días, vía registro de la Junta General, una petición de información al Gobierno regional ante su silencio sobre el citado plan de ajuste, según confirmaron a este periódico fuentes de la coalición. IU emplaza al presidente del Principado en funciones, Francisco Álvarez-Cascos, a que solicite una comparecencia para informar sobre las medidas incluidas en el nuevo plan de ajuste presentado el pasado lunes ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. De momento, el resto de grupos parlamentarios, PP y UPyD, no tiene previsto «mover ficha» sobre esta cuestión, según aseguraron a este periódico fuentes parlamentarias.

El Gobierno central impuso una serie de condiciones a las autonomías interesadas en optar al mecanismo de financiación habilitado para pagar a los proveedores. El Ministerio de Hacienda impuso a las comunidades que participen de este fondo la limitación de salarios a los altos cargos del sector público regional y la reducción de los consejos de administración adscritos o dependientes de la Administración autonómica. El sector público asturiano cuenta con más de sesenta empresas públicas, fundaciones, organismos, entes y entidades que mueven alrededor de 450 millones anuales y dan empleo a dos mil personas, de las que unas setenta son altos cargos o directivos. Cascos se marcó como objetivo, ya en el primer programa electoral de Foro y al igual que otros partidos como, por ejemplo, el PP, reducir el sector público regional, pero su decisión de convocar elecciones anticipadas abrió un paréntesis en la intención de «suprimir o enajenar» organismos, entidades y empresas públicas.

El plan para pagar a los proveedores

Medidas para financiar 259 millones

-El Gobierno asturiano ha presentado ante el Ministerio de Hacienda más de 85.000 facturas, pendientes de pago a sus respectivos proveedores, por un importe superior a los 259 millones de euros. Todas esas facturas eran anteriores al 31 de diciembre de 2011. La mayoría, según el Principado, correspondían a gasto sanitario.

-El Gobierno central ha habilitado un nuevo mecanismo de financiación para que las administraciones autonómicas puedan abonar esas facturas, cuyo impago ahoga especialmente a las pequeñas y medianas empresas.

-El Ejecutivo central ha impuesto una serie de condiciones a las autonomías para optar al plan.

-Algunas comunidades han declinado adherirse a este nuevo mecanismo de financiación, como es el caso de Galicia y el País Vasco.

-El resto de autonomías que han aceptado participar de esta financiación tenían que presentar un plan de ajuste a 10 años vista ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas antes del 30 de abril.

-Entre las medidas de ajuste exigidas por la Administración central se incluían la limitación de salarios a los altos cargos del sector público regional y la reducción de los consejos de administración que dependen de las comunidades autónomas.

Se profundizará en medidas autonómicas aunque en Asturias hacen “mutis por el FORO” (nunca mejor expresado)

Anuncian recargos en los menús de los hospitales

La asociación Facua denuncia la mercantilización del derecho a la salud ante las propuestas de ajuste

La organización de consumidores Facua denunció ayer  que los ajustes se están encaminando hacia "la mercantilización de un derecho humano como es la salud", en referencia algunas propuestas de las comunidades autónomas de cobrar a los enfermos por su manutención en los hospitales.

Redacción, Diario Médico

Facua mostró su rechazo a una concepción de la sanidad pública que, unida al veto a la atención primaria de inmigrantes, consecuencia del real decreto-ley sobre recortes en el Sistema Nacional de Salud, "está encaminada a convertir los hospitales en centros de recuperación para ricos", lamentó la asociación.

Galicia, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha son algunas de las comunidades autónomas que han anunciado al Gobierno su intención de cargar una parte del coste de los menús a los pacientes de los hospitales públicos.

Facua manifestó que considera una atrocidad "hacer pasar por caja a los pacientes por los menús, la limpieza de sábanas y toallas o el mantenimiento de las camas y que pretendan cargarles hasta por ducharse o dormir mientras permanecen ingresados".

Reacciones autonómicas
Asimismo, ha tachado de "aberrantes" las declaraciones del presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, que ha abogado por sumar a la lista conceptos como "ducharse, comer o dormir en los hospitales públicos", según Facua.

A las críticas de Facua se ha sumado el presidente del PNV, Iñigo Urkullu. El político nacionalista criticó la iniciativa del Gobierno de recortar la asistencia sanitaria a inmigrantes, que, según dijo, van encaminadas a "hacer una sociedad de castas" en la que "pueda caber la exclusión".

Urkullu hizo unas declaraciones en las que reclamó "sanidad para todos, pero primero para los de casa".

En opinión de presidente del partido nacionalista vasco la limitación de los servicios a los inmigrantes también va a causar "problemas éticos en los sanitarios" y tampoco es "acorde con lo que son unos principios éticos de solidaridad".

Se dejará de pagar el sueldo íntegro al funcionario de baja

El Plan Nacional de Reformas incluye un plan para luchar contra el absentismo entre los funcionarios.

L.G.I., en Diario Médico

Se pondrá en marcha este mismo año una reforma de su régimen especial de la Seguridad Social y "se modificará la plenitud retributiva durante los primeros 90 días de baja", de modo que el funcionario dejará de percibir su sueldo íntegro.

En recursos humanos sanitarios se dice además que se ahondará en medidas avanzadas ya por algunas regiones como "reducción de la cartera de servicios, paralización de la carrera profesional,  reducción de las sustituciones, incremento de la jornada laboral de los interinos, eliminación de los periodos adicionales de descanso, actuaciones reorganizativas del personal de atención continuada en primaria y por tareas especiales, disminución de las guardias, modificación de las condiciones de los conciertos y cierre parcial de hospitales". 

Habrá un número mínimo de pacientes por médico

El Plan Nacional de Reformas dice que se fijarán criterios que sirvan a las autonomías para adoptar medidas de eficiencia.

Esto es, criterios comunes entre los que cita "determinar el número mínimo de pacientes por médico o servicio". Además se detalla que "se posibilitará la libre elección de centro médico o facultativo".

Colegiación
Por otra parte, en el documento se detalla que habrá una liberalización de servicios profesionales que podría afectar de lleno a la colegiación, ya que además de eliminar las reservas de actividad de determinadas profesiones (que no concreta) "se reforzará el principio de habilitación única, de manera que quien haya accedido a una actividad profesional cumpliendo los requisitos legalmente previstos en su comunidad autónoma podrá ejercer esa actividad en todo el territorio nacional", para reforzar la libre circulación.

Nos pongan como nos pongan témome que seguirá sin pasar absolutamente nada

Unos funcionarios con mala salud de hierro

El plan del Gobierno de reducir el sueldo a los empleados públicos enfermos pone en duda su profesionalidad y la de los médicos.

Los expertos abogan por una mejor inspección

María R. Sahuquillo / Emilio de Benito, en El País.

Del tópico del cafetito a mediodía al de que los funcionarios se ponen enfermos mucho más que el resto de los ciudadanos. Estos y otros lugares comunes han servido a los sucesivos Gobiernos para añadir argumentos a varias iniciativas que penalizan a los trabajadores públicos: bajadas de sueldo, aumento de la jornada laboral, suplencias y contratos interinos sin cubrir. La última, la propuesta de que estos empleados no cobren su salario íntegro durante los primeros 90 días de baja por enfermedad, ataca una de las partes más sensibles y más incontrolables: la salud. Y además lo hace sin una base estadística que acredite que los funcionarios, en su conjunto, abusen del sistema. El plan presentado esta semana en el paquete enviado a Bruselas, y que ya funciona —aunque con matices— en algunas comunidades, como País Vasco, Galicia o Madrid, para su propio personal, no solo siembra la duda sobre los trabajadores públicos. También pone en la picota el criterio de los médicos, que son quienes otorgan las bajas por enfermedad.

La medida, pensada teóricamente para reducir el absentismo, es de gran calado, pero su justificación no está clara. Al menos, no se sustenta en datos. “Es muy difícil hallar cifras para comparar el absentismo entre los trabajadores públicos y los del sector privado”, explica Jesús Cruz Villalón, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Sevilla. Ni siquiera Octavio Granado, quien fue secretario de Estado de Seguridad Social con el PSOE, tiene cifras globales. Afirma tajantemente que “es imposible” comparar si los funcionarios se cogen más bajas que el resto. De los cinco millones de incapacidades temporales (bajas) que la Seguridad Social registra al año, con una incidencia mensual de 23,60 por cada 1.000 trabajadores, no se especifica cuántas corresponden a los públicos. Y ello, a pesar de que la mayoría de los funcionarios se incluyen ya en el régimen general de la Seguridad Social.

Tampoco se puede llegar a conclusiones a través de las cifras de las mutuas que dan prestaciones a algunos trabajadores públicos y sus familias —como los militares, personal docente o de justicia. Según la memoria de 2010 de Muface —una de esas entidades—, ese año tuvo 12.083 notificaciones de incapacidad temporal, riesgo en el embarazo y riesgo de lactancia. Teniendo en cuenta que tenía 971.540 afiliados titulares, esto quiere decir que registró 12,48 bajas por cada 1.000 personas, la mitad que la media mensual de la Seguridad Social. Es decir, que los funcionarios tienen una salud de hierro.

¿Es eso verdad? Granado lo desmiente: “Lo que sucede es que los funcionarios con ese sistema cobran lo mismo estén de baja o no; y para eso no hace falta darlos de baja. Solo se hace en los casos en que hay que contratar un sustituto”. La diferencia con el resto de los trabajadores es que estos, al menos en teoría, no cobran los tres primeros días de baja, “aunque la inmensa mayoría de los convenios establecen que les pague la empresa, por lo que no lo notan”, aclara. Este periódico ha intentado sin éxito recabar la opinión del Ministerio de Administraciones Públicas.

Fernando García Benavides, director del Centro de Investigación en Salud Laboral en la Universidad Pompeu Fabra, explica que los únicos datos que hay son indirectos. “De los casos de baja que son revisados por la inspección médica, que suelen ser ya de larga duración, se confirman aproximadamente un 75%. De lo que se deduce que tres de cada cuatro casos están justificados”, explica, independientemente de quién contrate.

En el sector privado, explica Cruz Villalón, es la empresa la que paga al trabajador durante los 15 primeros días de baja (por una enfermedad no laboral) y solo tiene obligación legal de cubrir el 60% del sueldo; tras este tiempo empieza a ser la Seguridad Social quien paga al empleado (también solo debe pagarle el 60% del sueldo). A partir del día 20 la obligación es que la Seguridad Social pague al trabajador el 75% del salario. ¿Qué pasa con el resto del salario? Que suele compensarse, explica Benavides, a través de acuerdos y mejoras voluntarias que en algunas empresas suelen cubrir hasta el 100%. Algo que, sin embargo, están empezando a dejar de hacer. Y con el plan del Gobierno, que se acerca más al modelo del sector privado, las empresas pueden encontrar un argumento comparativo para retirar esos beneficios de sus convenios.

Puesto en cuarentena el argumento de que hay un abuso generalizado de los funcionarios, queda acudir a quienes les dan —o no— las bajas: los médicos de primaria. Y en ellos tampoco se encuentran argumentos que avalen la medida. El presidente de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc), Josep Basora, tiene una opinión contundente: “Mi percepción es que los funcionarios tienen las mismas bajas que el resto de los trabajadores, sean por cuenta ajena o autónomos, y no existen estadísticas que digan lo contrario”. Además, “en época de crisis las bajas se cogen con menos frecuencia. En eso han cambiado mucho las actitudes”, afirma el médico. Un hecho cierto. Benavides muestra como ejemplo el caso de Cataluña, donde existe un sistema de información exhaustivo. Ahí, la incidencia por cada 100 afiliados ha disminuido un 10% entre 2008 (33,8) y 2010.

Para Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la Organización Médica Colegial, el plan del Ejecutivo de Mariano Rajoy es sencillamente “un disparate”. “Puede ser que haya colectivos de funcionarios con mayor porcentaje de bajas, que además habría que estudiarlo, pero no se pueden hacer medidas generales que afecten a todos por igual y penalizar de igual forma a quien se comporta bien que a quien no lo hace. Tampoco comparar patologías. Qué pasa con una enfermedad crónica, como un cáncer, o una indiscutible, como la rotura de un hueso. Es una propuesta injusta”, opina. El presidente de los médicos españoles recuerda que no se puede penalizar ni discriminar al enfermo. Cree, además, que hay otros mecanismos para ver de manera inequívoca si hay abuso, como poner más mecanismos de inspección. “Nos parece bien que se limite el absentismo, pero no así”, añade.

Si se pregunta a los afectados, la respuesta es igual de rotunda. Miguel Borra, presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), la mayoritaria entre los trabajadores públicos, cree que, igual que ha pasado con los inmigrantes en situación irregular, a los que se va a retirar la prestación por el abuso de alguno, se pretende hacer lo mismo con los funcionarios. “Parece que lo único que le interesa a los Gobiernos, este o el anterior, es resaltar esos casos”, dice Borra, “cuando las bajas tienen la misma ratio que las del resto”. “Si hubiera un abuso, habría estudios que lo demostrarían. Cuando no los hay es que no se han producido”, añade.

La secretaria de Política Social de UGT, Carmen López, cree que todo el plan está basado en la idea de que los funcionarios son unos corruptos a los que hay que amonestar. “Es lamentable que ponga en la palestra a los trabajadores públicos y a los médicos que les están dando la baja”, dice. López afirma que esto puede tener varias consecuencias. La económica para los propios afectados y la implicación en la salud de estos trabajadores y los ciudadanos que les rodean. Es decir, la medida puede fomentar lo que se conoce como presentismo: que el trabajador, por miedo a perder su empleo o a que le descuenten de su salario, acuda a su puesto enfermo. “Esto puede suponer un problema para muchas personas porque los funcionarios cubren gran parte de los servicios fundamentales, como educadores, trabajadores sanitarios, bomberos. Lo que puede llevar a poner en riesgo a aquellos a quien cuidan”.

López recuerda que el plan del Gobierno ya funciona en comunidades como la madrileña, donde los empleados de baja pueden perder hasta el 40% de su sueldo. “La propuesta presentada por el Gobierno de Rajoy a Bruselas lo que hace es generalizarlo y que se pueda aplicar no solo al personal laboral, como en esas regiones, sino también al estatutario”, explica. No obstante, el plan presentado en la UE es todavía algo opaco. No queda claro si afectará a todos los trabajadores públicos ni si será distinto en función de las enfermedades. Como ocurre, por ejemplo en el País Vasco, donde la regulación, aplicada a 67.000 trabajadores, incluyó muchas excepciones: “Crónicos, graves, accidentes de tráfico, laborales... Al final quedaron solo las enfermedades leves, como las gripes”, explica el exresponsable de Seguridad Social Octavio Granado. A pesar de esto parece que no ha ido del todo mal: el absentismo se ha reducido un 22%.

Ese resultado, sin embargo, no convence a los propios afectados. Como Choni G., técnica especialista en Educación de la Comunidad de Madrid y por tanto personal laboral a quien ya afectó la medida. Esta profesional de 52 años que estuvo de baja 15 días por una neumonía vírica recibió el mes pasado 200 euros menos como consecuencia de esa incapacidad temporal. De los 1.300 que suele cobrar al mes pasó a cobrar 1.100. “¿Quieren que vaya a trabajar enferma? Eso repercute en mi salud y en la de los niños que están en contacto conmigo”, se queja. Pero como este caso hay muchos más. En Madrid, una trabajadora que esté de baja dos semanas puede llegar a perder 500 euros.

Estos argumentos contribuyen a alimentar las dudas que siembra la medida entre los expertos, que sin embargo sí coinciden en una cosa: la necesidad de mejorar el sistema de bajas. “Primero habría que ver los datos de absentismo y después discutir con más calma las medidas para abordarlo, saber si no funcionan los controles para frenarlo en la Administración pública y por qué. Puede que no se tengan esos instrumentos”, analiza el catedrático de la Universidad de Sevilla Cruz Villalón.

Esa es una de las partes fundamentales y más desatendidas. Lo asume José María Morán, médico inspector y vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Inspección de Servicios Sanitarios (Faiss). Morán afirma, por ejemplo, que el sistema que utiliza Muface necesita mucho más control, y que los mecanismos de vigilancia de las bajas del régimen general también es mejorable. “Si tienen indicios de fraude lo que deberían hacer es potenciar la inspección. Pero hay pocos inspectores”, opina.

La función de profesionales como Morán es analizar las bajas. “Tenemos un sistema informático en el que vemos las bajas que dan los médicos y el tiempo de duración de los procesos. Una baja de dos meses por una gripe, por ejemplo, chirría. Es cierto que hay médicos que dan muchas bajas, igual que los hay que recetan muchos genéricos. Así que lo suyo es establecer mecanismos de control para ver qué hacen estas profesionales y también conocer los procesos que duran más de la cuenta”, explica. Para él es “poco científico” decir que de forma general los funcionarios abusan. Su asociación ha elaborado un informe con datos de la Comunidad de Madrid del que se desprende, por ejemplo, que las bajas médicas del personal público duran menos, de media, que las del resto de trabajadores (16,5 frente a 28 días).

También el presidente de la Semfyc opina que los sistemas de control son anacrónicos. “El que tenemos es del siglo pasado. Está excesivamente burocratizado. El método de partes semanales [que el empleado debe entregar en su lugar de trabajo] no se sostiene”, afirma Basora, quien cree que hay que dejar margen a la confianza en los profesionales y la concienciación de los trabajadores. “Donde se ha dado mayor capacidad al clínico, como País Vasco y Navarra, se han conseguido mejoras económicas”, dice el médico. El presidente de CSIF también admite que puede haber mayores controles, aunque sean para todos.

 

El tema tiene muchas aristas. Tanto que no parece lo más correcto abordarlo de forma unilateral. “Una cosa es reducir el absentismo injustificado, y otra es que se haga de manera universal a todo el que se encuentre enfermo. Es un asunto suficientemente delicado como para que se haga un proceso previo de consultas y con evidencias científicas”, opina Cruz Villalón.

Una visión que también comparte el exresponsable de Seguridad Social, Octavio Granado, que cree que este tipo de cambios legislativos deben hacerse con mucho más cuidado. “Al final podría pasar que mandáramos un soldado a Afganistán, le explote una mina, pierda una pierna, y, encima, le vayamos a rebajar el sueldo”, ironiza.

Un sector en permanente sospecha

■ Datos del sector. Los funcionarios son, aproximadamente, 2,7 millones.

■ Control de bajas. La última propuesta del Gobierno es aprobar este año un plan contra el absentismo de los funcionarios que incluye, según las líneas iniciales de planteamiento, que estos no cobren su salario íntegro durante los primeros 90 días de baja por incapacidad temporal.

■ Política de personal. El anterior Gobierno decretó una rebaja de los sueldos del 5% para los funcionarios. Este año, las retribuciones han sido congeladas, pese a la subida del IPC y del IRPF.

■ Sectores en dificultades. Sanidad. Se estudia que un 25% del sueldo corresponda a incentivos por productividad (parte variable). Educación. Se amplía la parte lectiva (para dar clases) en Secundaria de 18 a 20 horas.

■ Aumento de jornada. Los empleados públicos han aumentado en 2,5 horas la jornada semanal.

■ Políticas de empleo. Se suspende la contratación de interinos para cubrir bajas o dar servicios de apoyo (clases de refuerzo, guardias). La tasa de reposición (plazas nuevas que se convocan) será entre el 0% y el 10%. Es decir, por cada 10 trabajadores que se jubilen se incorporará uno como mucho.

■ Comentarios despectivos. Lo peor, para muchos de los afectados, han sido algunos comentarios de representantes políticos. La presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, llamó “vagos” a los profesores públicos. El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, les dijo que se olvidaran “del cafelito y de leer el periódico”.

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Lo que iba a ser el FINBA acaba siendo el IdiHUCA

Un científico de «consenso» dirigirá el Instituto de Investigación del HUCA

Sanidad busca un profesional que actúe de «referente», a la vez que abre el plazo para que los investigadores se incorporen al centro

03.05.12 - LAURA FONSECA | GIJÓN, en El Comercio.

Se llamará IdiHUCA y será el Instituto de Investigación Sanitaria vinculado al nuevo Hospital Universitario Central de Asturias. El Principado ya ha firmado el convenio de colaboración con la Universidad de Oviedo, que participará de forma activa en la gestión de esta nueva entidad. Lo hizo el pasado día 25 de abril, en un acto al que no se le dio publicidad y que contó con la presencia del consejero de Sanidad, José María Navia-Osorio y del rector, Vicente Gotor. Según ha podido saber EL COMERCIO, el Principado acaba de abrir el plazo para la incorporación de investigadores asturianos al IdiHUCA, que comienza así a dar sus primeros pasos.

El instituto nace con la vocación de congregar y acoger a todos los grupos científicos que trabajen en el Hospital Central, así como en otros ámbitos sanitarios de la región, incluida, la Atención Primaria. Así lo precisó el director general en funciones de Innovación Sanitaria de la Consejería de Sanidad, quien señaló que la pretensión es que el IdiHUCA sea el referente para los investigadores de toda Asturias. José Antonio Álvarez Riesgo, que ayer participó en Oviedo en los actos de conmemoración del Año de la Neurociencia, indicó que el modelo elegido es similar al de otros 16 institutos de investigación ya existentes en España.

El del nuevo HUCA dispondrá de un Consejo Rector y de una Comisión Ejecutiva, que serán sus órganos de gobierno. El Consejo Rector estará presidido por el consejero de Sanidad. La vicepresidencia la ostentará el rector. En dichos órganos también estará presente el gerente del HUCA o quien designe el hospital en cada caso. Asimismo, el instituto dispondrá de un director científico. El Principado iniciará una ronda de contactos con los diferentes investigadores de la región con el objetivo de buscar «un científico de consenso y de referencia en Asturias».

Cinco áreas temáticas

Según recoge el convenio de colaboración Principado/Universidad al que ha tenido acceso este periódico, el Instituto de Investigación se centrará fundamentalmente en cinco áreas temáticas: la de neurociencias y envejecimiento; el cáncer; las enfermedades crónicas y patología de sistemas; las patologías infecciosas, víricas e inmunología, y, por último, el área de salud pública, tecnologías sanitarias y evaluación de servicios. Estas serán las líneas fundamentales, pero no excluyentes. Habrá un comité científico externo, compuesto por «siete profesionales de alta cualificación y experiencia reconocida en el ámbito de la investigación», que se encargarán de revisar periódicamente el contenido y las áreas temáticas del IdiHUCA.

Los grupos de investigación ya pueden solicitar su incorporación a la entidad. Las peticiones serán evaluadas por los órganos de gobierno del instituto. En las próximas semanas, la Consejería de Sanidad y la Universidad acordarán los equipamientos y aparatajes que cederán cada una de las partes. El centro deberá «favorecer y desarrollar programas y proyectos de investigación». También tendrá que «promover la formación científica» y buscar «la excelencia» en materia investigadora.

Las personas que ostenten cargos de responsabilidad en el Instituto de Investigación del HUCA (a excepción del consejero y el rector, que serán cesados cuando dejen de desempeñar dicha función) desempeñarán las funciones de su cargo durante 5 años.

«La gestión será pública»

Aunque podrá disponer de financiación privada, la gestión de la nueva entidad «será pública». Según explicó el director de Innovación Sanitaria, la fórmula escogida «apuesta por lo público», aunque el IdiHUCA podrá firmar convenios con compañías privadas vinculadas a proyectos de investigación. Eso sí, el centro tendrá una contabilidad independiente. No podrá, por tanto, ser un apéndice ni de la Consejería de Sanidad ni tampoco del Servicio de Salud del Principado (Sespa). La intención es que funcione con los ingresos que pueda generar externamente, además de los que aporte cada grupo de investigación a través de la entidad de la que provengan (generalmente, hospitales públicos). En materia de patentes, el Instituto hará de mediador, pero la titularidad de las mismas recaerá en el grupo firmante de la investigación.

Tendrá 3.000 metros cuadrados y estará dentro del hospital

La sede del Instituto de Investigación estará dentro del propio hospital. La Consejería de Sanidad reservará 3.000 metros cuadrados del complejo sanitario de La Cadellada para el IdiHUCA. Álvarez Riesgo asegura que «hay espacio de sobra» para estas instalaciones que serán el referente para la investigación en Asturias. Cada una de las áreas temáticas del instituto contará con un responsable, que será elegido entre los propios profesionales. Esa es, al menos, la intención inicial. Al instituto se incorporará el personal docente e investigador del propio HUCA y de la Universidad de Oviedo. También se integrarán los grupos de investigación de Atención Primaria dependientes de la Consejería de Sanidad.

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¿Votaste al PP? pues vete asumiendo aquello de “Roma no paga traidores”

«Siempre lo pagamos nosotros», afirman los funcionarios afectados por la nueva rebaja

La reducción salarial para los empleados del régimen especial de baja afecta a 10.800 personas en Asturias, incluyendo a las fuerzas del orden

Oviedo, Félix VALLINA, en La Nueva España

Los trabajadores asturianos adscritos al régimen especial de la Seguridad Social de los funcionarios públicos -10.801, según las últimas estadísticas oficiales- están que trinan tras los últimos movimientos del Gobierno de Mariano Rajoy. No en vano, el Ejecutivo central está estudiando aprobar un plan contra el absentismo laboral en el que se incluiría que éstos dejasen de percibir su salario íntegro durante los primeros noventa días de baja por incapacidad temporal, algo a lo que hasta ahora tienen derecho y que se aplica a los funcionarios de la Administración Civil del Estado, pero no a los de las autonomías y ayuntamientos, que se rigen por el régimen general de la Seguridad Social. «Era lo que nos faltaba, si se nos aplica a nosotros, ya sería una tomadura de pelo», señaló Ramón Rodríguez, secretario general de la Unión de Guardias Civiles (UGC) en Asturias, uno de los colectivos afectados.

Ramón Rodríguez se mostró claro en sus declaraciones: «Si se nos aplican más rebajas, nos van a acabar condenando a la mendicidad. Aunque el mayor problema es que los recortes se están llevando a cabo en todos los sectores y lo que van a conseguir es poner en marcha una revolución social», señaló Rodríguez, que fue más allá: «Deberían tener muy en cuenta lo que hacen, porque las cosas se están poniendo feas, y lo más seguro es que nos necesiten más que nunca».

Miguel Ángel Campo, secretario regional de la Confederación Española de Policía (CEP), otro de los cuerpos dependientes del Ejecutivo central, no fue tan alarmista, y prefirió esperar acontecimientos antes de hacer valoraciones acerca de las intenciones del Gobierno. No obstante, aprovechó para dejar claro que a la plantilla de la Policía Nacional en Asturias ya le rebajan el salario cuando se dan casos de baja que no se produzcan en acto de servicio. «A partir del cuarto día ya perdemos dinero, hay compañeros que, según el destino que tengan, pueden llegar a perder hasta 120 euros al mes», aseguró Campo, que añadió: «A lo mejor lo que quieren es ponerles al resto de trabajadores las mismas condiciones que tenemos nosotros, que ya llevamos tiempo sufriendo la carga de tener menos derechos que los demás».

Otro de los que no se mordió la lengua fue Juan Gavira, portavoz de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). «Ya está bien de criminalizar a los empleados públicos y de enfrentarnos con el resto de ciudadanos, esto sólo lo hacen de cara a la galería. Parece que siempre tenemos que pagarlo todo nosotros, cuando no somos ningunos privilegiados, aunque a veces se quiera dar esa imagen a la sociedad», señaló. Gavira se pregunta: «¿Por qué no se reduce el número de políticos? o ¿por qué no se impide que se alimente a los bancos con fondos públicos?», y asegura que «el absentismo no se puede permitir, pero existen otras maneras de atajarlo, y ellos lo saben».

El presidente del colectivo Conceyu por Otra Función Pública en Asturias, Javier Villa, también considera que la medida que plantea el Gobierno es «claramente demagógica y de corte populista». Villa asegura que «con ella se pretende hacer pasar, de forma injusta, a los funcionarios ante el resto de la sociedad como un colectivo privilegiado e insolidario». Además, afirma que «es una medida política retrógada y socialmente regresiva, pues con ella se persigue una especie de igualdad por abajo, es decir, en recorte de derechos sociales, en lugar de extender las mejoras en coberturas sociales y de protección al conjunto de los trabajadores». Javier Villa lo tiene claro: «Si existe fraude en las situaciones de baja, lo que debe hacerse es reforzar las inspecciones. El absentismo no se combate con reducción de las prestaciones, porque, con carácter general, los funcionarios, como el resto de los trabajadores, no se ponen enfermos por propia voluntad. La verdadera incentivación de los empleados públicos pasa por medidas menos demagógicas», subrayó.

Las 264 páginas con las que el Gobierno del PP desmonta el modelo social en España

Nuevatribuna.es ha tenido acceso al documento que el Gobierno del Partido Popular ha presentado a la Comisión Europea. 264 páginas de un documento que supone un autentico desmontaje del modelo social. El informe recoge las medidas de fuertes recortes que ya ha puesto en marcha el Gobierno y otras muevas programadas para los ’viernes’ del 2012 que profundizan en todos los frentes condenando a este país al deterioro económico y social en la batalla ideológica puesta en marcha por el Partido Popular.

PDF | Texto completo del Plan Nacional de Reformas.

nuevatribuna.es

El Plan enviado por el Gobierno de Rajoy a la Comisión Europea, incorpora tanto las reformas que se han venido aprobando desde hace tres meses, como el anuncio de las próximas reformas.

El gobierno comunica a Bruselas que la reforma laboral, que en los próximos días debatirá el Parlamento, supondrá a partir de 2014 un abaratamiento generalizado del factor trabajo.

Sostiene el gobierno que las reformas que se han ido realizando, más la reforma financiara, supondrá una reducción a corto plazo, de 100 puntos básicos de la prima de riesgo.

Para el desarrollo de la línea de financiación para favorecer en las Administraciones Autonómica y Local, el pago a los proveedores, contempla que deberá ir acompañada del necesario Plan de Ajuste, que entre otras cosas incorpore un análisis de los costes de los servicios públicos y la reconducción de los mismos y la modificación de la organización local.

Anuncia que en los 15 grandes Ayuntamientos se deberán ahorrar algo más de 7.500 millones de euros, así como contemplar un incremento de tasas y precios públicos en el ámbito local para alcanzar ingresos superiores a 1.100 millones de euros.

Los Ayuntamientos deberán establecer, allá donde no existan, las tasas de basura, e incrementar la cuantía de las mismas donde éstas ya estén operando.

Se incide en una línea, sobre la que el ejecutivo de Rajoy ya ha venido reclamando decisión a los gobiernos autónomos, para que las Comunidades Autónomas a la hora de elaborar y presentar Presupuestos Económicos que incorporen la reducción de personal.

Con relación a los empleados públicos, insiste en la reducción de las compensaciones complementarias por Incapacidad Temporal, de las dotaciones de los planes de acción social, señala jubilación obligatoria a los 65 años, sin que puedan ser sustituidos, y la reducción de las retribuciones de los conductores en el Parque Móvil.

En materia sanitaria incorpora la reducción de la cartera de servicios, reducción de las sustituciones, ampliación de la jornada laboral, reducción de las guardias medicas, cierre parcial de hospitales y reducción de los planes de atención bucodentales a la población infantil.

En educación mantiene la puerta abierta a la reducción de plantillas, ampliación de jornada e incremento de alumnos por aula y así como la supresión de aulas y programas de convivencia.

Abre un amplio capitulo sobre reducción de las estructuras administrativas por duplicidades y la supresión y fusiones de empresas publicas y fundaciones.

Plantea una inminente reforma del Sistema de Dependencia, que contempla la revisión de las cuantías de ayuda, demorar la incorporación de nuevas personas, crear nuevas formulas de copago y potenciar el papel del sector privado.

La justicia dejara de ser gratuita por el abuso que se realiza de la misma, creándose un sistema de tasas.

Incorpora el desarrollo de un Plan contra el fraude en las prestaciones por desempleo.

Anuncia una Ley de Mutuas.

Plantea una nueva gestión del modelo de transporte ferroviario, basada en la colaboración publico-privado.

El documento deja entrever un nuevo incremento en el precio del gas y de la electricidad.

Se endurece la nota de corte para acceder a las becas universitarias al igual que el acceso a las lenguas extranjeras.

El documento remitido a Bruselas anuncia el incremento de los precios de los peajes, y abre una puerta a la creación de una tasa por utilización de autovías.

Con relación a la función pública anuncia la disminución de la contratación de interinos y la retribución de los empleados públicos durante los 90 primeros días por baja por enfermedad.

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En Asturias se estima que unas 50.000 personas son asmáticas, aunque tan solo 10.000 están diagnosticadas

Asturpar reclama más concienciación para el correcto uso de la medicación en el Día del Asma

Foto: Teresa Bazús, a la izquierda, y Beatriz Lara, ayer, en la Laboral

02.05.2012 - D. FIGAREDO, GIJÓN, en El Comercio.

La Sociedad Asturiana de Patología Respiratoria (Asturpar) celebró ayer el Día Mundial del Asma con la mirada puesta en una reivindicación: «Necesitamos una mayor concienciación tanto de profesionales como de pacientes para que el asmático sepa medicarse correctamente». Así lo expresaba la presidenta de esta asociación, la doctora Teresa Bazús, quien señaló la ’corticofobia’, «el temor a consumir cortisona», como el caballo de batalla de los facultativos.

«Mucha gente piensa que la cortisona inhalada -uno de los principales tratamientos para combatir determinados casos de asma- es igual que la cortisona inyectada o ingerida, y no es cierto», subrayó Bazús. «No tiene nada que ver con ella, sus posibles efectos secundarios atañen únicamente al aparato respiratorio y se puede tomar incluso estando embarazada», añadió. El problema radica en que muchas personas «dejan de tomar la medicación por miedo o porque piensan que ya están curados», explicó Bazús. Además, recalcó que el asma «no se cura, los medicamentos eliminan los efectos para poder tener una vida normal».

Asturpar estima que en Asturias unas 50.000 personas son asmáticas, aunque tan solo 10.000 están diagnosticadas. Ante la duda, esta asociación recomienda acudir al médico, quien a través de una prueba de «aspirometría» detectará si la persona padece esta afección.

Bazús: «Si nos interesa la comida ecológica, debería preocuparnos el aire que respiramos»

La presidenta de la Sociedad Asturiana de Patología Respiratoria apela a la importancia de las pruebas de esfuerzo para adelantarse en el diagnóstico

C. JIMÉNEZ, en La Nueva España

Evitar los casos de cáncer de pulmón ajenos al hábito de fumar destacando el posible efecto de las exposiciones medioambientales forma parte de las preocupaciones más recientes de los especialistas en neumología y cirugía torácica. De ahí que los responsables de la Sociedad Asturiana de Patología Respiratoria (Asturpar), que inauguraron ayer en Gijón su congreso anual, demandaran una mayor atención hacia los efectos de un medio ambiente contaminado. «Si todo el mundo se preocupa por la comida ecológica, deberíamos preocuparnos también de respirar ecológicamente», subrayó la presidenta de Asturpar, la doctora Teresa Bazús.

La neumóloga del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) reconoce que cada vez existe mayor conciencia en las instituciones públicas para la elaboración de planes ambientales. «Si tenemos enfermos respiratorios que fuman y, además, inhalan aire contaminado, eso añade un daño», subrayó Bazús. La presidenta de Asturpar destacó que las pruebas de esfuerzo -habitualmente asociadas a la detección de enfermedades cardiacas- pueden determinar si hay riesgo de muerte con una enfermedad respiratoria determinada o cuánto tiempo puede sobrevivir el paciente y si puede soportar una operación. Bazús realizó incidencia también en la atención al envejecimiento, una situación que provoca mucha invalidez en las personas y que precisa de una mayor implicación en las labores de prevención ante problemas crónicos.

Por su parte, la coordinadora del año internacional de las enfermedades minoritarias, Beatriz Lara, explicó que las patologías respiratorias consideradas raras representan el tres por ciento de todas las enfermedades raras. Una de las más comunes es la denominada déficit de alfa-1-antitripsina, que se calcula que suma unos 8.000 enfermos en España, aunque sólo hay diagnosticados unos 400. Medio centenar de ellos corresponde a Asturias. «Muchas de estas enfermedades son de origen genético, no tienen tratamiento curativo y casi la mitad de los pacientes con trasplante pulmonar es por estas patologías», indicó Lara.

Durante la jornada de hoy se expondrán dos experiencias -una de Finlandia y otra de Canarias- acerca de los sistemas de atención a los pacientes con varias enfermedades crónicas, que representan una parte importante del gasto sanitario y de la demanda asistencial. Sobre ello, los profesionales sanitarios apuntarán algunas posibles soluciones a lo largo del congreso. La doctora Bazús considera que puede haber otra forma de asistencia a los pacientes crónicos. «Habrá que reestructurar y marcar prioridades», plantea. No obstante, deja en manos de la Administración cualquier decisión al respecto.

Demandas unánimes en Europa y más, si cabe, en España

CCOO lleva la protesta al corazón de Alemania

Foto: Ramón Górriz, secretario de acción sindical de CCOO, en su intervención en la manifestación de Berlín.

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La Confederación Sindical Alemana (DGB) ha celebrado hoy 1º de Mayo el día del trabajo en Berlín bajo el lema “Trabajo digno en Europa”, con una manifestación a través del centro de la ciudad y que ha culminado en un acto frente a la histórica puerta de Brandenburgo al que han asistido 15.000 personas.

Como único invitado internacional, Ramón Górriz, secretario de acción sindical de CCOO, ha intervenido criticando la situación en Europa y demandando unas políticas más sociales y que respeten los derechos sindicales. “La salida a la crisis no puede ser una democracia formal combinada con la dictadura de los mercados”, ha afirmado Górriz. “Una salida progresista exige más democracia y políticacs económicas que conduzcan a una Europa social. Un nuevo contrato social europeo cuyos grandes capítulos deben ser los salarios – respetando la autonomía de los interlocutores sociales en la negociación colectiva -, las pensiones, la protección por desempleo, la educación y la salud”.

Durante el acto han intervenido también el vicesecretario general de la región de Berlín-Brandenburgo y el secretario general de la federación de Educación. Ambos han saludado la iniciativa de la DGB de haber contado con un invitado internacional, en referencia al representante español Ramón Górriz, “de un país cuyo movimiento sindical apoyamos, y con el que nos solidarizamos plenamente.

Manifestaciones y huelgas en Grecia en un Primero de Mayo marcado por las elecciones

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Grecia vivió hoy varias manifestaciones y huelgas convocadas para conmemorar un Primero de Mayo que estuvo marcado por las protestas contra los recortes sociales y la cercanía de las elecciones del próximo domingo.

En Atenas, la manifestación principal, seguida por unas 5.000 personas según el portal In.gr y convocada por los principales sindicatos, estuvo presidida por el lema "Juntos podemos" y una dura crítica a las medidas de austeridad impuestas por la UE y aprobadas por el Gobierno de coalición socialdemócrata-conservador.

Con vistas a las elecciones, los socialdemócratas de PASOK y los conservadores de Nueva Democracia pueden ser los más perjudicados por el rechazo mayoritario a las medidas de austeridad, ya que si antes agrupaban el 80 por ciento del voto, las encuestas no les dan ahora más del 50 por ciento.

Los análisis electorales también indican que lo más probable es que, tras los comicios, se repita una coalición entre ambos partidos, ya que son las únicas grandes formaciones que apoyan el acuerdo con la Unión Europea (UE) para aplicar medidas de ahorro a cambio de ayuda financiera.

Hasta tres partidos izquierdistas (Partido Comunista, Coalición de la Izquierda Radical e Izquierda Democrática) podrían entrar al parlamento con cerca de un 10 por ciento de los votos cada uno, mientras que otras tres formaciones de derecha y extrema derecha también conseguirían buenos resultados.

"Si entre PASOK y ND no consiguen los suficientes escaños para gobernar y los partidos de la izquierda tienen un buen resultado, podríamos hablar de una coalición", explicó hoy a Efe Vassilis Jristos, de la Coalición de la Izquierda Radical, que ha hecho un llamamiento a la unión de la izquierda.

Sin embargo, el Partido Comunista de Grecia no tiene intención de pactar con otras formaciones izquierdistas, a las que acusa de querer "reformar el capitalismo" y no acabar con él.

Por ello, este partido se manifestó hoy por su cuenta junto a los obreros de la Acería Griega, que han cumplido 6 meses en huelga en protesta por los despidos de su fábrica.

Por otro lado, los sindicatos del transporte urbano y del sector marítimo celebraron hoy huelgas parciales o totales, en función de las rutas, para denunciar el empeoramiento de sus condiciones de trabajo.

En su mayoría, las marchas de Atenas y el resto del país fueron pacíficas, aunque en la capital hubo pequeños incidentes como el ataque a dos quioscos de información electoral de un pequeño partido derechista y de Izquierda Democrática.

En Exarjía, el barrio donde se concentran los movimientos anarquistas, un grupo de 20 personas lanzó piedras a agentes de policía, que lo repelieron con gases lacrimógenos, según el portal informativo In.gr.

Las manifestaciones en Francia, marcadas por las elecciones presidenciales

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Las manifestaciones del Primero de Mayo convocadas en Francia estuvieron hoy dominadas por la cita electoral del domingo 6 de mayo, cuando el conservador Nicolas Sarkozy y el socialista François Hollande se disputarán la Presidencia en segunda vuelta.

Miles de manifestantes comenzaron a recorrer las calles de la capital, París, pasadas las 15.00 horas (local, 13.00 GMT) en dirección a la Plaza de la Bastilla, mientras que otros miles de simpatizantes de Sarkozy se concentraban junto a la Torre Eiffel.

Los sindicatos convocantes en la capital (CGT, CFDT, FSU y Unsa), partían al tiempo que el presidente saliente lanzaba un llamamiento a las fuerzas sindicales para que abandonen la "bandera roja" y se empeñen en la defensa, en su lugar, de la tricolor, la enseña francesa.

"Por la solidaridad internacional y el progreso social" era el lema tras el cual desfilaron en París los sindicalistas, entre los que dominaban los llamamientos a la "derrota" de Sarkozy en la segunda vuelta de los comicios presidenciales.

La asistencia a las manifestaciones en toda Francia sumó 750.000 personas en todo el país, según el sindicato CGT, mientras que en París participaron unas 250.000, afirmó la fuente.

Fuentes policiales rebajaron sustancialmente la cifra de asistentes en la capital, donde acudieron a la manifestación principal unas 48.000 personas, cuatro veces más que en la convocatoria de 2011.

El dirigente Bernard Thibault (CGT) confirmó a la radio Europe 1 que su sindicato "ha llamado a derrotar al actual presidente de la República" en una clara apuesta por Hollande.

El actual presidente de la República, Nicolas Sarkozy, llamó a los sindicatos a defender la bandera nacional y no la "roja" durante su mitin de la Plaza del Trocadero.

"Dejad (el protagonismo) a los partidos porque en la República no gobiernan los sindicatos, sino el Gobierno", recordó Sarkozy, quien exhortó: "Dejad la bandera roja y los partidos y cumplid vuestra misión, (que es) una misión fuerte (...) construid sobre la realidad y no sobre mentiras".

Los sindicatos italianos piden la bajada de impuestos y medidas para activar el crecimiento

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El 1 de Mayo se celebró hoy en Italia bajo la sombra de la crisis económica que afecta al país, con manifestaciones de los sindicatos en todas las grandes ciudades, en las que pidieron al Gobierno que cambie de política, que bajen los impuestos y se tomen medidas para reactivar el crecimiento.

La manifestación unitaria de las tres grandes centrales sindicales -CGIL, CISL y UIL- se celebró en Rieti, a cien kilómetros al norte de Roma, considerada una de las ciudades símbolos de la crisis económica, donde la tasa de paro supera el 30 por ciento, frente a la media del 9,3 por ciento nacional y han desaparecido numerosas industrias.

"Pedimos al Gobierno (de Mario Monti) que cambie su política de rigor y recesión con una de crecimiento. La primera petición que le hacemos es que baje los impuestos sobre el trabajo y reactive el crecimiento", dijo Susanna Camusso, líder de la CGIL, el primer sindicato italiano, durante su intervención.

Raffaele Bonanni, líder de la central CISL, pidió al Ejecutivo que recorte "inmediatamente" las tasas sobre los trabajadores y los pensionistas, así como las que gravan la gasolina, exigió que se dé créditos a quien invierte y aseguró que ningún gobierno en el mundo "carga de tasas a los trabajadores para relanzar la economía".

El líder de la UIL, Luigi Angeletti, insistió en que "ha llegado la hora" de cambiar de políticas para salir de la crisis y dijo que no excluyen nuevas huelgas para presionar al Gobierno.

En esa misma línea, Susanna Camusso aseguró que las movilizaciones sindicales continuarán para lograr una reforma justa del fisco y no se cargue todo sobre los trabajadores y pensionistas.

El jefe del Estado, Giorgio Napolitano, también se refirió a la crisis económica durante la tradicional ceremonia de entrega de las "Estrellas al mérito del trabajo", en la que dijo que el país vive "tiempos duros" desde hace tres años y que es necesaria la responsabilidad y la solidaridad social.

Napolitano subrayó que Italia está en recesión, "sin haber recuperado el terreno perdido en la crisis global de 2008-2009", y denunció que ha aumentado la "pobreza absoluta", sobre todo en el sur, y que la producción industrial ha descendido desde mediados de 2011 hasta ahora.

El jefe del Estado, de casi 87 años, señaló que la tasa de desempleo ha alcanzado el 9,3 por ciento, siendo entre los jóvenes del 30 por ciento, porcentaje que suba más aún en el sur, y expresó su pesar por los casos de empresarios que se han suicidado en los últimos meses debido a la crisis económica.

El mandatario afirmó que no hay alternativa a la lucha "decidida y sistemática" contra la deuda estatal acumulada, que supera el 120 por ciento del PIB.

La ministra de Trabajo, Elsa Fornero, que asistió al acto, dijo que esta jornada "no es un bonito 1 de Mayo" por la falta de trabajo, especialmente, para miles de jóvenes y dijo que es necesario seguir tomando medidas para salir de la crisis.

Fornero defendió la reforma del trabajo aprobada por su Gobierno y que tramita actualmente el Parlamento, señalando que el objetivo es favorecer un mercado de trabajo "dinámico".

En esta jornada, algunos líderes políticos, como el secretario general del Partido Demócrata (PD), Pierluigi Bersani, y el alcalde de Turín, Piero Fassino, también del PD, fueron increpados por sindicalistas y jóvenes cuando participaban en actos del Primero de Mayo.

Este Primero de Mayo concluirá en la tarde-noche con un gran concierto de música moderna organizado por los sindicatos en la plaza de San Juan de Letrán, de Roma, al que se esperan asistan cientos de miles de personas, bajo el lema "No renunciamos, no nos resignamos".

España

La esperanza está en la calle

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UGT y CCOO se han manifestado en Madrid como motivo del Día del Trabajo para expresar su rechazo a la reforma laboral y a la política de recortes en la que "se ha empecinado" el Gobierno de Mariano Rajoy, al que advirtieron de que seguirán saliendo a la calle "hasta que esto acabe".

La manifestación, que comenzó bajo el sol y acabó bajo la lluvia, congregó a 100.000 personas, según los sindicatos, entre ellos a los exministros socialistas de Trabajo Valeriano Gómez y Jesús Caldera, a la portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, al secretario de Formación del PSOE, Rafael Simancas, y al coordinador general de IU, Cayo Lara.

La marcha, en la que se gritaron consignas en favor de una nueva huelga general, transcurrió en un ambiente festivo y sin incidentes, aunque la lluvia hizo que su recorrido (Neptuno-Cibeles-Puerta del Sol) fuera más rápido de lo normal. La manifestación fue ganando fuerza y asistentes en cuanto enfiló la calle Alcalá.

Bajo los paraguas sobresalían las banderas rojas y blancas de los sindicatos, banderas republicanas y pancartas caseras en las que se podían leer cosas como ’Tarifazos mil al pueblo servil’, ’No nos callarán’, ’Eurovegas estatal es la reforma laboral’, ’Rey y yermo. Cuentas, no cuentos. Sobre la ley, ni el Rey’ o ’Contra los recortes, movilización’.

Impulsados por la intensa lluvia que caía en Madrid, los manifestantes, entre los que se encontraban los trabajadores de Unilever Aranjuez, llegaron a la Puerta del Sol poco antes de las 13.00 horas, momento en el que comenzaron los discursos de los dirigentes sindicales, teñidos de críticas a Rajoy y también a la presidente de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.

"LA ESPERANZA ESTÁ EN LAS CALLES"

Durante su intervención en la Puerta del Sol, los secretarios generales de UGT y CC.OO. Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, advirtieron al Ejecutivo de que "no van a olvidar lo que ha hecho" y de que los sindicatos van a seguir expresando en la calle el rechazo a sus medidas con "todas sus fuerzas" y aunque "se pretenda imponer la Ley del Silencio".

"Seguiremos manifestándonos libre, pacíficamente y de manera multitudinaria", ha asegurado el líder de UGT, que ha arremetido contra la reforma laboral por cuanto supone imponer en España los mismos derechos laborales que en China. "Y eso no lo vamos a consentir", ha insistido.

Méndez ha asegurado que a los sindicatos "no los van a callar" y ha criticado al Gobierno por "despreciar" el diálogo y por querer "imponer una revolución ultraliberal en los derechos sociales y una ultraconservadora en los derechos civiles". "Y nosotros procuraremos impedirlo", ha subrayado.

Por su parte, Toxo ha destacado que un millón de personas han salido a las calles en toda España para defender sus derechos y decir no a los recortes del Gobierno. El dirigente de CC.OO., que ha apelado a la solidaridad de los pueblos y ha defendido el 0,7% a la cooperación y el desarrollo, ha recordado que son miles los trabajadores que ven amenazados sus empleos por una reforma laboral "que hay que impedir que se consolide".

"Tardaremos más o menos, pero esta reforma no va a presidir las relaciones de trabajo en España para siempre. El día 29 no fue el final, tampoco este Primero de Mayo. Saldremos a las calles aunque les moleste y hasta que el estado de las cosas no cambie", ha alertado Toxo.

El dirigente de CC.OO. ha insistido en que hay alternativas para combatir la crisis y ha afirmado que se ha estado esperando a esta crisis para producir una "involución en España". "Es su gran oportunidad para recomponer la tasa de beneficios del capital. La crisis es la coartada porque hay alternativas", ha indicado.

Toxo ha señalado que, "dentro de muy poquito, el argumento de la herencia recibida no le servirá" a Mariano Rajoy, al que ha definido como "busto parlante" por "no dar la cara" ante la sociedad. El líder de CC.OO. ha recordado que el paro de los jóvenes llega ya al 52%, cuatro puntos más que en el último trimestre de 2011.

Ignacio Fernández Toxo ha arremetido también contra el Gobierno por intentar acabar con la radiotelevisión pública y por querer un país "resignado" para intentar meter velocidad a sus reformas. "Pero la sociedad sabe hay alternativas. Hay otro rumbo que se puede seguir. Hay esperanza, de la de verdad, y ésta está en las calles", ha enfatizo el líder sindical.

Barcelona vive la manifestación más masiva en años en plena crisis económica

Decenas de miles de personas -100.000 según los sindicatos- han llenado la Via Laietana de Barcelona y la plaza de la Catedral en la manifestación convocada por los sindicatos UGT y CC.OO. con motivo del Día del Trabajador, que ha comenzado a las 12.00 horas en la plaza Urquinaona y que se ha centrado de nuevo en el rechazo a los recortes de la Generalitat y a las reformas del Gobierno.

La de este martes ha sido una de las más multitudinarias de los últimos años en Barcelona, y ha más que doblado la participación de la del año pasado, cuando los sindicatos cifraron la participación en 40.000 personas y la Guardia Urbana en 8.000.

Los dos sindicatos mayoritarios de Cataluña han encabezado una manifestación festiva con el lema ’Trabajo, derechos, dignidad’ y ’Se lo quieren cargar todo’, dando continuidad, con este último, a la protesta de la pasada huelga general.

En la marcha se han visto pancartas como ’Aquí sobran chorizos y políticos de guante blanco’, ’Basta de recortes. Nuestros derechos no se tocan’, ’Rajoy, si te parece a la escuela no voy’, y ’No a la financiación de la Iglesia’, entre otras.

En sus discursos al finalizar la marcha, los secretarios generales de CC.OO. y UGT de Cataluña, Joan Carles Gallego y Josep Maria Álvarez, han puesto de manifiesto el malestar por el elevado nivel de paro de entre los jóvenes, por las políticas de austeridad de Cataluña, España y la Unión Europea, y por las reformas en el mercado de trabajo, en la sanidad y en la educación del Gobierno.

Según Álvarez, la crisis económica se ha convertido en una crisis social, política e institucional y, sobre todo, en una crisis del modelo capitalista, y ha llamado a los catalanes a movilizarse y a acompañar a los sindicatos en las próximas acciones de protesta; la primera el domingo que viene en Barcelona.

Tanto Álvarez como Gallego han hecho referencia al autogobierno de Cataluña, criticando los pactos de CiU con el PP y reclamando una mejor financiación de Cataluña para que pueda recaudar sus propios impuestos.

Ambos líderes sindicales han mostrado su rechazo a la reunión del Banco Central Europeo de esta semana en Barcelona, y han afirmado que se debe aprovechar para reclamar un cambio de las políticas económicas europeas: "Debemos seguir exigiendo con la Confederación Europea de Sindicatos que se ponga fin a la absurda política neoliberal que pretende una salida de la crisis bajando costes laborales y desmontando el modelo social", ha manifestado Gallego.

También han reclamado la libertad de los tres estudiantes y una sindicalista encarcelados por los altercados de la huelga general.

Miles de andaluces rechazan en las ocho capitales la reforma laboral y exigen "trabajo, dignidad y derechos"

Miles de personas -entre 81.000 y 86.000 según CCOO-A y UGT-A, y unos 34.000 según la Delegación del Gobierno-, se han movilizado este martes en las ocho capitales de provincia andaluzas convocadas por las organizaciones sindicales con motivo del Primero de Mayo, Día del Trabajo, bajo el lema conjunto ’Quieren acabar con todo. Trabajo, dignidad, derechos’ y para rechazar la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy.

En concreto, según los datos facilitados a Europa Press por CCOO-A y UGT-A, unas 20.000 personas --unas 12.000 según el Gobierno-- han participado en la manifestación central de las que se han celebrado en Andalucía, que ha tenido lugar en Granada y a la que se han sumado tanto el secretario general de UGT-A, Manuel Pastrana, como su homólogo de CCOO-A, Francisco Carbonero, y que ha transcurrido entre los Jardines del Triunfo y la fuente de las Batallas.

Según han destacado fuentes de la Delegación del Gobierno a Europa Press, que han explicado que los datos que manejan han sido facilitados por la Policía Nacional y se refieren al número de personas que han participado en la totalidad de marchas que se han desarrollado en cada una de las provincias, la jornada ha transcurrido sin incidentes destacables, si bien, a su parecer, ha concluido con un "cierto fracaso" para los sindicatos.

Alrededor de 18.000 personas, según CCOO-A y UGT-A, han expresado sus reivindicaciones entre la Puerta de Jerez y la Plaza Nueva de Sevilla, que ha reunido así a la segunda manifestación más numerosa de las celebradas en las capitales andaluzas. La Policía Nacional, sin embargo, ha cifrado en 10.000 el número de personas que se han movilizado en toda la provincia.

También en la capital hispalense, sin embargo, otro nutrido grupo de manifestantes, salpicados con banderas de los sindicatos CGT o SAT, ha realizado un recorrido alternativo partiendo desde el Altozano, del barrio de Triana, para dirigirse a través de la avenida Reyes Católicos a ’Las Setas’ de la Plaza de la Encarnación, coreando lemas como ’Reforma laboral para la Casa Real’, ’Luchar contra los EREs, se debe, se puede’; ’No queremos pagar la deuda con la salud y la educación’ o ’Expropiación del sistema financiero’.

En Córdoba y Cádiz los sindicatos han cifrado en unas 10.000 las personas que se han manifestado entre la glorieta de la Cruz Roja y el Parque Colón de Córdoba, y entre la Plaza de España y la de la Constitución en el caso de la capital gaditana. El Gobierno ha reducido a 2.500 y 2.000, respectivamente, el número de manifestantes en ambas provincias.

Del mismo modo, unas 8.000 personas, según CCOO-A y UGT-A --alrededor de 2.500, según la Policía Nacional-- se han manifestado en Jaén, en una marcha que se ha iniciado en la plaza de los Perfumes y que ha concluido en la plaza de Santa María.

Por su parte, en la capital almeriense, unas 7.000 personas --según los sindicatos; menos de 2.500, según los cálculos del Gobierno-- se han dado cita en la manifestación que se ha desarrollado entre el Puerto y Puerta Purchena, mientras que la concentración que se ha desarrollado en el paseo Marítimo Antonio Machado de Málaga ha contado con la asistencia de entre 10.000 y 5.000 personas, según los cálculos de los sindicatos, y de unas 1.500, según las cifras del Gobierno.

Por último, Huelva ha acogido una concentración en la plaza de la Merced en la que se han dado cita, según los sindicatos, unas 3.000 personas, cifra que se reduce hasta menos de 500 si la fuente es la Policía Nacional.

Miles de valencianos claman contra los recortes, las privatizaciones y una reforma laboral "injusta"

Miles de ciudadanos de la Comunitat Valenciana han clamado este martes, día 1 de Mayo, contra los recortes, las privatizaciones y una reforma laboral que consideran "injusta, ineficaz e ineficiente". Bajo el lema ’Quieren acabar con todo: Trabajo, dignidad y derechos’, los manifestantes han reivindicado sus derechos adquiridos y han advertido de que no dejarán de luchar.

Las marchas han sacado a la calle, según las cifras aportadas por los sindicatos convocantes --UGT y CCOO-- un total de 100.000 personas en la Comunitat --60.000 en Valencia, 25.000 en Alicante y 10.000 en Castellón--. Frente a estos números, la Policía Local ha cifrado la asistencia en 7.000 asistentes en la ciudad del Turia, 10.000 en Alicante y 1.500 en la capital de la Plana. Por su parte, otras fuentes oficiales han elevado, en declaraciones a Europa Press, estas cantidades a 8.000 en Valencia, 10.000 en Alicante y 3.500 en Castellón.

Las primeras manifestaciones de la jornada han partido a las 11.00 horas desde Elche y Alcoi, mientras que en las tres capitales de provincia lo han hecho a partir de las 11.30 horas. La de Valencia ha estado encabezada por los secretarios generales de CCOO PV y UGT PV, Paco Molina y Conrado Hernández, y también han acudido representantes políticos de la oposición y algún dirigente nacional, como la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano.

El itinerario, que ha partido desde la Plaza de San Agustín para acabar en la Plaza América, se ha abierto con una sonora traca y suelta de globos. Los participantes han comenzado a recorrer el centro de la capital del Turia con sus pancartas y haciendo sonar silbatos.

La manifestación iba precedida de un grupo de música, que durante el recorrido, que se ha prolongado algo más de una hora, ha tocado La Muixaranga, el Himno de Riego o La Internacional. Los asistentes han hecho dos pequeñas paradas: la primera, a la altura del Ayuntamiento de Valencia; y la segunda, en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Allí seguían coreando lemas como ’Es mentira, sí hay dinero, quien lo tiene son los banqueros’.

Asimismo, a lo largo de la marcha, los manifestantes han gritado lemas como ’Si en Argentina se suben los salarios es porque echaron al Fondo Monetario. Para que en España suban los salarios hay que echar al Fondo Monetario’; ’Aquí no hay elefantes, aquí la banca caza pensionistas e inmigrantes’; ’No queremos, no nos da la gana pagar con nuestro sueldo las deudas de la banca’; o ’Mi hipoteca camina pa’lante, mi salario camina pa’atrás...’.

En sus intervenciones finales, Paco Molina y Conrado Hernández han dirigido unas palabras a los asistentes, en primer lugar de agradecimiento por la participación; y en segundo lugar para pedir que no dejen de reivindicar sus derechos y de exigir lo que les corresponde.

En concreto, Molina ha explicado el significado del lema de la manifestación: ’Trabajo, dignidad y derechos’. Respecto al trabajo, ha resaltado que es la primera fuente de la riqueza, de la emancipación y de la prosperidad económica. Por ello, se ha dirigido a los parados y les ha reiterado el compromiso de su sindicato para defender, luchar y buscar su reinserción en el mercado laboral. "Cuantos más parados hay, más dejados de la mano de Dios están", ha dicho.

ACTOS DE ALICANTE

En la provincia de Alicante, los sindicatos se han mostrado "muy satisfechos" con la "respuesta masiva de los ciudadanos y los trabajadores contra los recortes sociales y laborales", ha manifestado a Europa Press Salva Roig, portavoz de CCOO.

Las organizaciones sindicales han cifrado en 25.000 los asistentes en Alicante, mientras que la Policía Nacional y Local ha rebajado la cifra a 10.000 y han destacado la ausencia de incidentes.

También ha habido actos reivindicativos en Elche, donde los convocantes aseguran que se han congregado 10.000 personas; Alcoi (3.000, según las mismas fuentes) y Elda (7.000).

PARTICIPACIÓN EN CASTELLÓN

Por lo que se refiere a Castellón, la Policía Local ha señalado que la marcha --que no ha registrado ninguna incidencia destacable-- ha reunido a 1.500 personas, a las que habría que sumar otras 200 convocadas por CGT.

Sin embargo, el secretario provincial de UGT, Tino Calero, ha asegurado a Europa Press que en la ciudad castellonense se han dado cita más de 6.000 asistentes.

"La respuesta ha sido muy positiva, los ciudadanos han demostrado que están indignados y totalmente en contra de las políticas que está desarrollando el Partido Popular", ha asegurado el dirigente sindical, que ha alertado de que la "situación es extremadamente grave".

Los manifestantes en Zaragoza exigen al Gobierno que rectifique "tanto despropósito"

Miles de personas han secundado este martes en Zaragoza la movilización convocada por los sindicatos UGT y CC.OO., en la que han exigido al Gobierno que preside Mariano Rajoy que "rectifique" y ponga fin a "tanto despropósito", a unas políticas "equivocadas" y que "nos han metido en una recesión económica y en recortes de derechos". Mientras tanto, el Ejecutivo está "ciego y sordo, no quiere ver los efectos negativos" de unas medidas que conllevan "más pobreza, paro y exclusión social".

Así lo han asegurado este martes 1 de mayo, Día del Trabajador, los secretarios generales de CC.OO. y UGT en Aragón, Julián Buey y Julián Lóriz, respectivamente, con motivo de la manifestación celebrada bajo el lema ’Quieren acabar con todo. Trabajo, dignidad, derechos’ en la capital aragonesa y que han respaldado más de 25.000 personas, según las cifras ofrecidas por los sindicatos.

La convocatoria, que ha comenzado en la Plaza San Miguel, ha finalizado junto a la Delegación del Gobierno en la Plaza del Pilar, a la que una hora y media después del inicio de la movilización continuaban llegando manifestantes y donde se han leído manifiestos en contra de las medidas del Ejecutivo central y en rechazo a la reforma laboral y a la "privatización" de la educación y la sanidad.

En la convocatoria se han escuchando proclamas como ’Trabajo precario para el empresario’, ’Así, así, ni un paso atrás, esta reforma la vamos a parar’, ’Empleo sí, estable y con derechos’, ’Gastos militares para escuelas y hospitales’, ’ Oe, oe, oe, hay que hacer un ERE a la CEOE’ o ’Mariano, tururú, a Laponia te vas tú’.

En declaraciones a los medios de comunicación, Julián Buey ha subrayado que con esta movilización desean "hacerle notar al Gobierno" algo que "no quiere ver". En su opinión, "tenemos un gobierno que está ciego y sordo porque no quiere ver cuáles son los efectos negativos de las políticas que está llevando a cabo y que se están traduciendo en mucho paro, pobreza, exclusión social y en una falta de futuro para nuestros jóvenes".

El Ejecutivo de Rajoy "niega el clamor de la calle pidiendo otra forma de hacer las cosas, que hagan política para los ciudadanos y no para los mercados", ha remarcado el secretario general de CC.OO.-Aragón, al incidir en que el Gobierno central "se empeña en negar lo que es evidente: el enorme cabreo de la población que se manifiesta en las calles".

Mientras el Gobierno "permanece ciego y sordo, sigue con mucha soberbia planteando que va a tomar nuevas medidas, que seguirá con la privatización" y ahora, "no contento con laminar derechos laborales, con cargarse la sanidad y la educación devaluándola para privatizarla", anuncian también "que privatizará las infraestructuras que ya habíamos pagado con nuestros impuestos", ha aseverado Buey.

Miles de personas en Castilla-La Mancha piden al Gobierno "sentido común y consenso" ante la crisis

Miles de personas -unas 15.000 según los sindicatos- han secundado las manifestaciones y concentraciones convocadas en las principales ciudades de Castilla-La Mancha con motivo de la celebración del 1º de Mayo, en las que han pedido a los gobiernos de España y Castilla-La Mancha "sentido común y consenso" para abordar la salida de la crisis económica.

En la provincia de Ciudad Real se han celebrado dos manifestaciones, en Alcázar de San Juan y en Puertollano. En esta última --a la que han asistido unas 4.000 personas según los sindicatos y 300 según la Delegación, han acudido los secretarios regionales de CCOO, José Luis Gil, y de UGT, Carlos Pedrosa-

Gil y Pedrosa, en declaraciones a los medios, han señalado que la salida de la crisis económica no se debe encarar sólo con medidas de recortes y que es preciso buscar incentivos al crecimiento y a la creación de empleo.

En este sentido, Gil ha pedido al Gobierno de Castilla-La Mancha "sentido común, consenso, sentarse a hablar y hacerlo lealmente" y no solo "escuchar la letra y la música que ellos componen".

Por su parte, Carlos Pedrosa ha pedido a los gobiernos que escuchen a los ciudadanos y que tomen medidas que beneficien a las personas y "no solo medidas que beneficien a los mercados".

Gil ha demandado a los empresarios de la región que digan "en público lo que dicen en privado, que con este tipo de medidas que se están tomando no se dan solución a los problemas". A su juicio, solo con recortes "el único camino hacia el que vamos es a la ruina".

UGT y CCOO reivindican en Pamplona "trabajo, dignidad y derechos" y rechazan la "agresiva" reforma laboral

Varios cientos de personas, convocadas por UGT y CCOO de Navarra, se han manifestado este martes en Pamplona con motivo del 1 de mayo, Día del Trabajo, jornada en la que han rechazado que la "extremadamente agresiva" reforma laboral "convierte a los trabajadores en los nuevos esclavos del siglo XXI". Así, han reivindicado "trabajo, dignidad y derechos".

UGT y CCOO de Navarra han celebrado esta jornada de forma conjunta, algo que no ocurría desde al menos 16 años. En la marcha, encabezada por la pancarta ’Quieren acabar con todo. Trabajo, dignidad, derechos’, han participado, entre otros, el secretario general del PSN y vicepresidente primero del Gobierno foral, Roberto Jiménez, la senadora del PSN María Chivite, y el coordinador general de IUN, José Miguel Nuin.

Durante la manifestación, a la que han asistido unas 1.700 personas según la Policía Nacional y entre 8.000 y 10.000 según los sindicatos, los participantes han coreado gritos como ’Esta reforma la vamos a parar’ o ’Contra la reforma, huelga general’.

La marcha ha partido a las 12 horas de la antigua estación de autobuses y ha terminado sobre las 13.30 horas con la intervención de los secretarios generales de UGT y CCOO de Navarra, Juan Goyen y José María Molinero, respectivamente, en el paseo Sarasate.

En su discurso, Juan Goyen ha destacado que este 1 de mayo es "un punto y seguido" de la huelga general del pasado 29 de marzo, que a su juicio, "tuvo una incidencia histórica". En este sentido, ha afirmado que "si sigue por este camino de recortes sociales, de ataques a los derechos de los trabajadores y desmantelamiento del Estado de Bienestar, este Gobierno no acabará la legislatura".

Goyen ha criticado que el PP "ha hecho exactamente lo contrario de lo que dijo que haría y que no haría" en campaña electoral. Así, ha destacado que "dijeron que no abaratarían el despido y nos han clavado por la espalda una reforma laboral extremadamente agresiva, que arrebata a los trabajadores sus derechos más elementales y que instaura el despido universal y gratuito, y la devaluación salarial como instrumento para que los empresarios tengan, por lo menos, los mismos beneficios".

"La reforma laboral deja sin contenido el derecho del trabajo y que desequilibra radicalmente la correlación de fuerzas entre capital y trabajo, convirtiendo a los empresarios en los nuevos amos y a los trabajadores en los nuevos esclavos del siglo XXI", ha censurado.

Por otra parte, Goyen ha tenido palabras de agradecimiento para el Defensor del Pueblo de Navarra, Javier Enériz, quien, según ha destacado el líder sindical, "ha juzgado la reforma laboral como la transformación del Estatuto de los Trabajadores en el Estatuto de los Empresarios".

En cuanto a la situación de Navarra, ha señalado que la Comunidad foral "cuenta con 96.300 trabajadores que se encuentran en paro o con un contrato temporal, lo que representa casi un tercio de la población activa" y ha criticado que "las políticas antisociales y antidemocráticas" que está impulsando el Gobierno del PP "están teniendo en el Congreso de los Diputados la complicidad de UPN".

"Si UPN decide renunciar a la defensa de nuestro autogobierno, alinearse con quienes se han propuesto desmantelar nuestro Estado de Bienestar y, de paso, poner en riesgo la viabilidad y el futuro de nuestra Comunidad foral, nos tendrá radicalmente enfrente", ha asegurado.

Miles de personas se movilizan en A Coruña en demanda de "trabajo digno y con derechos"

Unas 30.000 personas, según las organizaciones sindicales, y 14.350, según la Policía Local, han secundado, en A Coruña, la movilización central convocada por UGT y CC.OO en Galicia con motivo de la conmemoración del Día del Trabajador para reivindicar "trabajo digno y con derechos" y en contra de los recortes aprobados por el Gobierno.

Encabezada por una pancarta con el lema ’Quieren acabar con todo. Trabajo, dignidad y derechos", la manifestación ha partido de la plaza de la Palloza en dirección hacia el Obelisco con la presencia, en la cabeza de la protesta, de los secretarios generales de CC.OO y UGT en la comunidad autónoma, Xosé Manuel Sánchez Aguión y José Antonio Gómez, respectivamente.

Representantes políticos, entre ellos el secretario general del PSdeG, Manuel Pachi Vázquez y el presidente provincial del PSOE coruñés, Francisco Caamaño, han participado en la manifestación a la que también han asistido alcaldes del área metropolitana de A Coruña como el regidor de Oleiros, Angel García Seoane, de Alternativa dos Veciños.

La protesta ha transcurrido sin incidentes y con continuas proclamas contra el Gobierno. "¿Dónde están, que no se ven, los empleos del PP?" ha sido uno de los lemas más coreados durante la manifestación, que ha concluido con la lectura de un comunicado con críticas a los recortes del Gobierno y a los Presupuestos Generales del Estado.

Miles de personas protestan ’unidas’ por un trabajo digno, por los derechos y por Canarias

Miles de personas se han sumado este martes a las manifestaciones y concentraciones organizadas por los sindicatos con motivo del 1 de mayo en la Comunidad Autónoma de Canarias, unas protestas que se han desarrollado bajo el lema ’Unidad por el trabajo digno, por los derechos y por Canarias’.

De esta manera, la manifestación del primero de mayo ha contado con el apoyo de CCOO, UGT, USO-Canarias, IC, Convergencia Sindical Canaria, FSOC, Co.bas, STEC, INSUCAN, Sindicato Independiente Canario, SEPCA, OCESP, STU, EA Canarias, SITUCAN Colectivo Independientes de Guaguas y Sindicato de la Elevación, entre otros.

En Las Palmas de Gran Canaria, la protesta se celebró bajo un ambiente festivo donde los participantes hicieron sonar pitos y bocinas, mientras que durante la protesta se escucharon lemas como ’Solucionemos la crisis, compartámosla’ o ’No a los recortes sanitarios’, entre otros.

El secretario general de UGT Canarias, Gustavo Santana, afirmó en declaraciones a los medios que las protestas de este 1 de mayo se engloban en el conjunto de concentraciones que se han producido durante los últimos meses, anunciando nuevas manifestaciones contra los recortes llevados a cabo por el Gobierno regional.

"Nos parece profundamente incoherente estar escuchando discursos como el de la consejera canaria de Empleo en el que quiere presentar un recurso de inconstitucionalidad a los PGE pero no dice cuáles son los aspectos inconstitucionales que también recogen los presupuestos autonómicos que están en vigor", dijo.

Sobre las palabras del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, en las que apuntó que la hoja de ruta del Gobierno de España no se va a cambiar, Santana señaló que, aunque no le extraña este discurso, el popular "va a tener que corregir forzosamente".

Cuestionado sobre la posibilidad de que se produzca una huelga general en el ámbito de la comunidad autónoma, el secretario general de UGT Canarias aseguró que hay conversaciones para ver qué acciones se van a desarrollar y cómo se van a hacer.

"Auguro ya -declaró- que va a haber una manifestación en el marco autonómico para dar contestación a los recortes en el ámbito de la comunidad autónoma y no descartamos la posible convocatoria de una huelga general, pero habrá que definir en qué sectores y cómo lo vamos a hacer".

Miles de manifestantes protestan en Santander por una reforma laboral que "arruina" la negociación colectiva

Miles de personas se han sumado a la manifestación convocada este martes, 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, por UGT y CCOO en Santander, que han protestado contra la reforma laboral aprobada por el Gobierno porque "incide más" en la precariedad del mercado de trabajo y, además, "arruina" la negociación colectiva, que es "el pilar fundamental para salir de la crisis".

Por ello, ambos sindicatos confían en que se incluyan, ya en el trámite parlamentario y vía enmienda, las propuestas que han puesto encima de la mesa para modificar la reforma, y que el Ejecutivo retome el diálogo social "que nunca debió abandonar".

Así lo han manifestado los secretarios generales de CCOO y UGT en Cantabria, Vicente Arce y María Jesús Cedrún, respectivamente, al inicio de la marcha, que ha partido a las doce del mediodía de la Plaza Numancia y que ha recorrido las principales calles de la ciudad hasta llegar a la Plaza de Pombo.

A la manifestación se han sumado destacados dirigentes del PSOE, como la secretaria general, Rosa Eva Díaz Tezanos, y su antecesora en el cargo y exvicepresidenta de la comunidad, Dolores Gorostiaga, los diputados autonómicos Miguel Ángel Palacio y Francisco Fernández Mañanes o la diputada nacional por Cantabria Puerto Gallego, entre otros.

Baleares, Murcia, Extremadura suma y sigue.

Baleares cierra dos hospitales y reducirá más de 2.000 empleos públicos

El Gobierno presenta un "plan para el equilibrio económico" que supone 350 millones de ajuste en el Presupuesto de 2012

Andreu Manresa / Agencias, Palma de Mallorca, en El País.

El Gobierno de Baleares de José Ramón Bauzá, del PP, que goza de amplia mayoría absoluta, anunció este lunes el plan de recortes, ajustes y cierres titulado “plan para el equilibrio económico”, cuyo objetivo es reducir en casi un 10% el presupuesto, con una rebaja de casi 350 millones de euros. Es el segundo que presenta desde su llegado al poder hace diez meses.

El plan prevé el cierre de dos hospitales secundarios de Mallorca, la ampliación de la jornada laboral de los funcionarios, la venta de bienes del patrimonio público (desde la sede del Inquisidor en Palma hasta los nichos de un cementerio). Además, se anticipa la entrada de capital privado en la radiotelevisión autonómica IB3 y la anulación del Consejo Económico y Social y del Consejo de la Juventud. La limitación de personal se extenderá a la Sindicatura de Cuentas.

Con la reducción de interinos y la extinción de contratados temporales en empresas públicas y la no cobertura de jubilaciones, las plantillas autonómicas se reducen en más de 2.000 personas. El Gobierno es renuente a dar cifras concretas; habla de 1.000 interinos no renovados en Educación. Por la tarde, el Gobierno recibió el plantón de los sindicatos progresistas (UGT, CC OO y el STEI) de la Enseñanza, que hicieron sus cuentas: entre 800 y 1.000 docentes interinos dejarán de trabajar mientras que en Sanidad se habla de 2.000 personas "a la calle", según UGT.

Las medidas del "plan para el equilibrio económico", según el presidente autonómico, José Ramón Bauzá, aseguran “por completo” que Baleares “no puede ser intervenida”. Bauzá ha lanzado mensajes políticos sobre “compromisos con nosotros mismos” para tener “las riendas del futuro” bajo el concepto del “ahorro y la estimulación directa de la economía”. El relato de los ajustes y recortes económicos lo ofreció el vicepresidente José Ignacio Aguiló.

Los hospitales tradicionales, de raíz benéfica y popular, son el Juan March (antiguo Caubet) y el General (antiguo provincial), que fue el hospital medieval. Están en Palma y en sus alrededores y se dedican a la atención sociosanitaria. Los pacientes serán transferidos a las clínicas privadas benéficas de Sant Joan de Déu y de la Cruz Roja en Palma. Las plantillas de los centros que se clausuran suman unos 600 profesionales, de los que más de 100 no son fijos. El personal será integrado en la red sanitaria o sometido a procesos de rescisión de contratos en el caso de interinos o sustitutos.

“Un interino, al firmar el contrato, sabe que puede continuar o no al terminar el plazo”, dijo el vicepresidente Aguiló para no cuantificar el número de despedidos cesados.

En Sanidad, Baleares recortará también los horarios de los centros de salud y se reducirán los días de descanso del personal después de guardias. Se cobrará a los empleados y al público por aparcar en el hospital de referencia de Son Espases en Palma. Son Espases se abre a una explotación privada, parcial, por arrendamiento, de algunos espacios vacantes del complejo, quirófanos o áreas hospitalarias.

Los trabajadores públicos ampliarán su jornada laboral de 35 a 37,5 horas semanales, algunos de sus complementos salariales quedarán recortados o suspendidos y se anulará la contratación de interinos. En el conjunto del funcionariado autonómico, se suspenderá la prolongación del servicio activo cuando se alcanza la edad de jubilación, se fomentarán las excedencias, se reducirán los días libres por asuntos propios y se recortarán al máximo las horas extra.

Los sueldos de los altos cargos de empresas públicas se limitarán y estarán ligados al cumplimiento de objetivos. Se creará una central de compras y los departamentos del Gobierno recortarán otros 74,1 millones de sus gastos corrientes.

En Educación no se cubrirán las bajas de profesores que se prolonguen menos de un mes, se suprimirá los complementos salariales de productividad, tutoría y jefatura de departamento en los centros y se anularán las ayudas individuales y a asociaciones, premios y subvenciones. Además de aumentarse la jornada laboral en un 7%, se incrementarán las horas lectivas en secundaria y no se contratará a nuevos docentes.

Las medidas de ajuste suman un ahorro de 263,6 millones de euros a los que el Gobierno de Bauzá quiere añadir otros 84,2 millones por la vía del incremento de ingresos. Es decir, con impuestos y tasas: el céntimo sanitario (0,48 euros por litro de gasolina), que comienza a aplicarse mañana, o la citada venta de inmuebles públicos y la privatización parcial de IB3. El incremento del impuesto de transmisiones patrimoniales ya fue anunciado semanas atrás.

"Nos hemos aplicado en contener la maraña de deudas", ha dicho Bauzà, que ha anunciado que las medidas de ahorro e incremento de ingresos se completarán con otras de impulso de la economía, destinadas a "crear marco el adecuado para promover un crecimiento económico sostenible".

Murcia recorta 623 millones

ELSA GARCÍA DE BLAS en El País.

El Gobierno del popular Ramón Luis Valcárcel presentó la semana pasada su plan de ajuste al Ministerio de Hacienda, con el que prevé recortar 623 millones de euros. Fuentes de la consejería de Economía murciana afirman que el Ejecutivo central ha dado el plácet a su plan y no se lo ha devuelto para corregirlo. El programa reúne esos 623 millones con un tijeretazo de 404 millones en Educación, Sanidad o inversiones y con un aumento de ingresos de 219 millones a cuenta de subir impuestos (implantan el de Patrimonio y aumentan los tipos autonómicos del de sucesiones, actos jurídicos documentados y uno sobre instalaciones que incidan en el Medio Ambiente) o vender inmuebles y puntos de amarre.

En el capítulo de recortes, aumentan a 37,5 horas la jornada de los docentes (lo que conllevará que prescindan de profesores interinos: 360 según el Gobierno regional, miles según los sindicatos), disminuyen las guardias médicas, cierran parcialmente centros asistenciales, reducen las subvenciones a los Ayuntamientos para servicios sociales, el plan de ayuda a la drogodependencia, etc. El Ejecutivo regional ha dejado sin prácticamente presupuesto al Defensor del Pueblo y tiene intención de privatizar la televisión autonómica.

Extremadura

El Consejo de Gobierno del próximo viernes aprobará las primeras propuestas de ajuste relativas a la función pública

MÉRIDA, (EUROPA PRESS)  

El Consejo de Gobierno del próximo viernes, día 4 de mayo, aprobará las primeras propuestas de ajuste del Gobierno de José Antonio Monago vinculadas a la función pública como las incapacidades laborales, la regulación de la jefatura de servicio y el complemento de la carrera profesional.

El consejero de Administración Pública, Pedro Tomás Nevado-Batalla, ha anunciado que estas tres propuestas "se formalizarán el próximo viernes en el decreto ley que posteriormente tendrá que recibir el referendo del Parlamento de Extremadura".

Nevado-Batalla ha afirmado, en rueda de prensa, que estos asuntos han sido abordados en la reunión celebrada este lunes entre los representantes de la Mesa General de la Función Pública que, según ha considerado, ha transcurrido con "buen tono", "cordialidad" y "diálogo como no podía ser de otra manera" con los sindicatos de UGT, CCOO y CSIF.

Acompañado de los consejeros de Economía y Hacienda, Antonio Fernández; de Salud y Política Social, Francisco Javier Fernández Perianes; y de Educación y Cultura, Trinidad Nogales, el consejero ha remarcado "no obstante" que ha habido "algunas diferencias importantes respecto a la interpretación de las medidas que ha había que adoptar".

"Este gobierno insiste en lo que ha insistido durante todo este periodo, estamos en una situación grave, una situación en la que se han alterado sustancialmente las circunstancias económicas con las que entró y hay que tomar las medidas que se estiman más oportunas para resolver esta cuestión, este problema", ha defendido al respecto.

Al mismo tiempo, ha señalado que dichas medidas, junto con las recogidas en el decreto ley del plan de ajuste económico del Ejecutivo autonómico, son "provisionalísimas" y "de carácter temporal".

"Sabemos que es un esfuerzo importante al empleo público, pero también es un esfuerzo que está compartiendo el conjunto de la sociedad", ha aseverado a la vez que ha lamentado que el 43 por ciento de la población extremeña se encuentra "al borde la pobreza".

PORMENORES DE LA MESA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

En la Mesa de la Función Pública se han debatido, según ha explicado Pedro Tomás Nevado, tres cuestiones fundamentales vinculadas a su juicio a la "negociación sindical", como las incapacidades temporales, la regulación de las jefaturas de servicio, y la carrera profesional.

En este sentido y a preguntas sobre las críticas de los sindicatos relativas a que en la Mesa de la Función Público se han planteado temas pero no ha habido "ningún proceso de negociación real", ha señalado que "parece" que los consejeros del Ejecutivo extremeño y las organizaciones sindicales han estado "en reuniones distintas".

"Sí que ha habido un completo acuerdo en relación a la jefatura de servicio" y en los otros puntos, relativos a las incapacidades laborales y al complemento de carrera profesional, "hemos llevado una propuesta susceptible de mejora y modulación, pero no se ha realizado ningún tipo de propuesta concreta que pudiera modular la propuesta que lleva el Gobierno", ha apuntado.

Así mismo, el titular de Administración Pública ha expuesto que en la Mesa de la Función Pública también se ha abordado la ampliación de la jornada laboral. Sobre la misma, ha defendido que la "voluntad" del Ejecutivo extremeño es "que el ajuste horario se haga de manera que sea lo más favorable, lo más beneficioso, para conciliar la vida laboral y familiar".

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