¿Votaste al PP? pues vete asumiendo aquello de Roma no paga traidores
«Siempre lo pagamos nosotros», afirman los funcionarios afectados por la nueva rebaja
La reducción salarial para los empleados del régimen especial de baja afecta a 10.800 personas en Asturias, incluyendo a las fuerzas del orden
Oviedo, Félix VALLINA, en La Nueva España
Los trabajadores asturianos adscritos al régimen especial de la Seguridad Social de los funcionarios públicos -10.801, según las últimas estadísticas oficiales- están que trinan tras los últimos movimientos del Gobierno de Mariano Rajoy. No en vano, el Ejecutivo central está estudiando aprobar un plan contra el absentismo laboral en el que se incluiría que éstos dejasen de percibir su salario íntegro durante los primeros noventa días de baja por incapacidad temporal, algo a lo que hasta ahora tienen derecho y que se aplica a los funcionarios de la Administración Civil del Estado, pero no a los de las autonomías y ayuntamientos, que se rigen por el régimen general de la Seguridad Social. «Era lo que nos faltaba, si se nos aplica a nosotros, ya sería una tomadura de pelo», señaló Ramón Rodríguez, secretario general de la Unión de Guardias Civiles (UGC) en Asturias, uno de los colectivos afectados.
Ramón Rodríguez se mostró claro en sus declaraciones: «Si se nos aplican más rebajas, nos van a acabar condenando a la mendicidad. Aunque el mayor problema es que los recortes se están llevando a cabo en todos los sectores y lo que van a conseguir es poner en marcha una revolución social», señaló Rodríguez, que fue más allá: «Deberían tener muy en cuenta lo que hacen, porque las cosas se están poniendo feas, y lo más seguro es que nos necesiten más que nunca».
Miguel Ángel Campo, secretario regional de la Confederación Española de Policía (CEP), otro de los cuerpos dependientes del Ejecutivo central, no fue tan alarmista, y prefirió esperar acontecimientos antes de hacer valoraciones acerca de las intenciones del Gobierno. No obstante, aprovechó para dejar claro que a la plantilla de la Policía Nacional en Asturias ya le rebajan el salario cuando se dan casos de baja que no se produzcan en acto de servicio. «A partir del cuarto día ya perdemos dinero, hay compañeros que, según el destino que tengan, pueden llegar a perder hasta 120 euros al mes», aseguró Campo, que añadió: «A lo mejor lo que quieren es ponerles al resto de trabajadores las mismas condiciones que tenemos nosotros, que ya llevamos tiempo sufriendo la carga de tener menos derechos que los demás».
Otro de los que no se mordió la lengua fue Juan Gavira, portavoz de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). «Ya está bien de criminalizar a los empleados públicos y de enfrentarnos con el resto de ciudadanos, esto sólo lo hacen de cara a la galería. Parece que siempre tenemos que pagarlo todo nosotros, cuando no somos ningunos privilegiados, aunque a veces se quiera dar esa imagen a la sociedad», señaló. Gavira se pregunta: «¿Por qué no se reduce el número de políticos? o ¿por qué no se impide que se alimente a los bancos con fondos públicos?», y asegura que «el absentismo no se puede permitir, pero existen otras maneras de atajarlo, y ellos lo saben».
El presidente del colectivo Conceyu por Otra Función Pública en Asturias, Javier Villa, también considera que la medida que plantea el Gobierno es «claramente demagógica y de corte populista». Villa asegura que «con ella se pretende hacer pasar, de forma injusta, a los funcionarios ante el resto de la sociedad como un colectivo privilegiado e insolidario». Además, afirma que «es una medida política retrógada y socialmente regresiva, pues con ella se persigue una especie de igualdad por abajo, es decir, en recorte de derechos sociales, en lugar de extender las mejoras en coberturas sociales y de protección al conjunto de los trabajadores». Javier Villa lo tiene claro: «Si existe fraude en las situaciones de baja, lo que debe hacerse es reforzar las inspecciones. El absentismo no se combate con reducción de las prestaciones, porque, con carácter general, los funcionarios, como el resto de los trabajadores, no se ponen enfermos por propia voluntad. La verdadera incentivación de los empleados públicos pasa por medidas menos demagógicas», subrayó.
Las 264 páginas con las que el Gobierno del PP desmonta el modelo social en España
Nuevatribuna.es ha tenido acceso al documento que el Gobierno del Partido Popular ha presentado a la Comisión Europea. 264 páginas de un documento que supone un autentico desmontaje del modelo social. El informe recoge las medidas de fuertes recortes que ya ha puesto en marcha el Gobierno y otras muevas programadas para los ’viernes’ del 2012 que profundizan en todos los frentes condenando a este país al deterioro económico y social en la batalla ideológica puesta en marcha por el Partido Popular.
PDF | Texto completo del Plan Nacional de Reformas.
nuevatribuna.es
El Plan enviado por el Gobierno de Rajoy a la Comisión Europea, incorpora tanto las reformas que se han venido aprobando desde hace tres meses, como el anuncio de las próximas reformas.
El gobierno comunica a Bruselas que la reforma laboral, que en los próximos días debatirá el Parlamento, supondrá a partir de 2014 un abaratamiento generalizado del factor trabajo.
Sostiene el gobierno que las reformas que se han ido realizando, más la reforma financiara, supondrá una reducción a corto plazo, de 100 puntos básicos de la prima de riesgo.
Para el desarrollo de la línea de financiación para favorecer en las Administraciones Autonómica y Local, el pago a los proveedores, contempla que deberá ir acompañada del necesario Plan de Ajuste, que entre otras cosas incorpore un análisis de los costes de los servicios públicos y la reconducción de los mismos y la modificación de la organización local.
Anuncia que en los 15 grandes Ayuntamientos se deberán ahorrar algo más de 7.500 millones de euros, así como contemplar un incremento de tasas y precios públicos en el ámbito local para alcanzar ingresos superiores a 1.100 millones de euros.
Los Ayuntamientos deberán establecer, allá donde no existan, las tasas de basura, e incrementar la cuantía de las mismas donde éstas ya estén operando.
Se incide en una línea, sobre la que el ejecutivo de Rajoy ya ha venido reclamando decisión a los gobiernos autónomos, para que las Comunidades Autónomas a la hora de elaborar y presentar Presupuestos Económicos que incorporen la reducción de personal.
Con relación a los empleados públicos, insiste en la reducción de las compensaciones complementarias por Incapacidad Temporal, de las dotaciones de los planes de acción social, señala jubilación obligatoria a los 65 años, sin que puedan ser sustituidos, y la reducción de las retribuciones de los conductores en el Parque Móvil.
En materia sanitaria incorpora la reducción de la cartera de servicios, reducción de las sustituciones, ampliación de la jornada laboral, reducción de las guardias medicas, cierre parcial de hospitales y reducción de los planes de atención bucodentales a la población infantil.
En educación mantiene la puerta abierta a la reducción de plantillas, ampliación de jornada e incremento de alumnos por aula y así como la supresión de aulas y programas de convivencia.
Abre un amplio capitulo sobre reducción de las estructuras administrativas por duplicidades y la supresión y fusiones de empresas publicas y fundaciones.
Plantea una inminente reforma del Sistema de Dependencia, que contempla la revisión de las cuantías de ayuda, demorar la incorporación de nuevas personas, crear nuevas formulas de copago y potenciar el papel del sector privado.
La justicia dejara de ser gratuita por el abuso que se realiza de la misma, creándose un sistema de tasas.
Incorpora el desarrollo de un Plan contra el fraude en las prestaciones por desempleo.
Anuncia una Ley de Mutuas.
Plantea una nueva gestión del modelo de transporte ferroviario, basada en la colaboración publico-privado.
El documento deja entrever un nuevo incremento en el precio del gas y de la electricidad.
Se endurece la nota de corte para acceder a las becas universitarias al igual que el acceso a las lenguas extranjeras.
El documento remitido a Bruselas anuncia el incremento de los precios de los peajes, y abre una puerta a la creación de una tasa por utilización de autovías.
Con relación a la función pública anuncia la disminución de la contratación de interinos y la retribución de los empleados públicos durante los 90 primeros días por baja por enfermedad.
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