José Luis Rodríguez Zapatero, en la presentación del Informe Económico 2010
Zapatero promete culminar sus reformas en seis meses con o sin consenso
El presidente pronostica que España crecerá en el entorno del 2% o el 2,5%, de media, entre 2011 y 2015
El Comercio. 12.01.11 -CÉSAR CALVAR | MADRID.
Seis meses. Es el plazo fijado por el presidente del Gobierno para rematar las grandes reformas económicas en marcha, haya o no consenso con los agentes sociales. José Luis Rodríguez Zapatero subrayó, en la presentación del Informe Económico 2010, que «en la primera mitad de 2011 vamos a culminar las reformas emprendidas en 2010». Reestructuraciones que afectan sobre todo al sector financiero, al mercado laboral y al sistema de pensiones, y que «se van a cumplir en tiempo y forma conforme al calendario que hemos hecho público», avisó.
El jefe del Ejecutivo aprovechó la presentación del análisis anual de su oficina económica ante un selecto grupo de empresarios para lanzar un mensaje con doble destinatario. Por un lado, los principales sindicatos (cuyos dirigentes no acudieron a la cita en la Moncloa), y por otro a los inversores, que tras el respiro navideño han vuelto a sembrar dudas sobre la solvencia de España, que se han traducido en un aumento de la prima de riesgo de la deuda soberana.
El mensaje es firme: en momentos de turbulencias como el actual -explicó Zapatero- «hay algo peor que la ausencia de consensos amplios para fraguar y aplicar las reformas, que es la ausencia de reformas». «Y como eso sería lo peor, no va a ocurrir, el Gobierno cumplirá sus compromisos con las reformas».
Zapatero dejó clara la intención del Ejecutivo de «intentar, hasta el límite de sus posibilidades, los acuerdos para aprobarlas» porque «las mejores reformas, las que antes surten efectos, son las compartidas». Estas reformas, explicó, permitirán acercar el crecimiento de España a su nivel potencial, que situó «en el entorno del 2% o el 2,5% en el promedio 2011-2015».
Las pensiones
La primera que verá la luz será la reforma del sistema de pensiones. El Gobierno tendrá en cuenta las recomendaciones formuladas el 29 de diciembre por la Comisión del Pacto de Toledo y las demandas de los interlocutores sociales, señaló el presidente, que reiteró su determinación de «aprobar el próximo 28 de enero la reforma que remitiremos al Parlamento». Las medidas que incluye, de las que destacó el retraso de la edad de jubilación a los 67 años, son «imprescindibles» por el progresivo aumento de la esperanza de vida y el envejecimiento de la población.
En ese sentido, avanzó que si en la actualidad por cada pensionista hay cuatro personas en edad de trabajar, «en 2050 solo habrá una y media». La reforma del sistema será «gradual, progresiva y flexible», porque permitirá tener en cuenta el tiempo efectivamente trabajado y la naturaleza del empleo realizado para que una persona pueda jubilarse con anterioridad a la nueva edad de retiro fijada.
La reforma laboral que el Gobierno aprobó por decreto en junio del año pasado será desarrollada «en las próximas semanas» mediante la regulación de las políticas activas de empleo -al objeto de mejorar la formación para facilitar la reinserción laboral-, de los expedientes de regulación de empleo -para que las empresas recurran a procedimientos de ajuste distintos del despido, como la suspensión de contratos o las reducción pactadas de jornada- y de la negociación colectiva.
Flexibilidad
Zapatero definió la reforma de la negociación colectiva como «la más importante de las pendientes en relación con el mercado de trabajo». Su objetivo es «una mayor flexibilidad empresarial, facilitando la adaptación de las condiciones de trabajo a la evolución económica». Si no hay acuerdo con los agentes sociales, avisó, el Ejecutivo «adoptará las medidas que corresponden». Es decir, se hará por decreto.
El presidente hizo hincapié, asimismo, en la necesidad de acabar la reforma del sistema financiero. La fase relativa a la integración institucional de las cajas acabó en 2010, y ahora están en marcha los procesos de reestructuración operativa e integración de actividades, que incluirán ajustes en las plantillas y redes de oficinas. Zapatero admitió que «pese a la solidez general de nuestras entidades de crédito ante la crisis y los positivos resultados de los test de estrés de julio, subsisten dudas sobre su vulnerabilidad frente a una evolución adversa de la economía». Dudas que «afectan negativamente» a sus posibilidades de captar financiación externa para después canalizarla en forma de créditos a empresas y familias españolas.
Negociación de los nuevos ajustes
Cobrar la pensión completa exigirá cotizar 37 años
El Gobierno mantiene la jubilación a los 67, excepto para quienes hayan trabajado 41 años
Los sindicatos alejan el fantasma de la huelga general al proponer un pacto global
MANUEL V. GÓMEZ - Madrid - 12/01/2011, en El Pais
El presidente del Gobierno advirtió el lunes por la noche que para cobrar toda la pensión al jubilarse en el futuro no bastará con tener 67 años, también será necesario haber cotizado más de 35. No precisó cuántos. Eso lo habían hecho los negociadores del Ministerio de Trabajo en las reuniones que habían tenido con UGT y CC OO el fin de semana. La intención inicial del Ejecutivo es que hagan falta al menos 37 años de cotización, según diversas fuentes de ambas partes. La propuesta de Trabajo supone endurecer significativamente los requisitos para tener derecho a cobrar el 100% de la pensión que corresponde al recién jubilado.
Hasta ahora, cuando un trabajador se retira, la Seguridad Social calcula la pensión correspondiente con los últimos 15 años cotizados. Pero solo el trabajador que ha cotizado durante 35 años cobra el 100%, al resto se le aplican coeficientes de reducción.
Para los sindicatos los cambios propuestos son inasumibles, ya que supondrían un recorte en las pensiones del futuro entorno al 20% o el 25% y eso es algo que no están dispuestos a admitir. Además, a UGT y CC OO no les convencen las medidas de flexibilidad que propone el Ejecutivo.
Zapatero y el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, han anunciado reiteradamente "flexibilidad para dulcificar el aumento de la edad legal de jubilación y que los sindicatos pudieran aceptarlo. Una de esas medidas sería permitir que los trabajadores con carreras largas de cotización se pudieran jubilar a los 65 años con derecho a cobrar toda la pensión. Según ha podido saber EL PAÍS, en concreto el Gobierno pretende exigir 41 años de cotización. A este umbral no se llegaría en el mismo momento en que se pusiera en marcha la reforma de pensiones, si no que se crearía un periodo de transición. Así en el primer año de entrada en vigor de la norma, 2013, se exigirían 36 años y luego se iría aumentando hasta llegar a los 41 años en 2027.
A la hora de elaborar esta propuesta, Trabajo se inspira en el modelo francés. Al otro lado de los Pirineos, los trabajadores que han trabajado durante 41,5 años pueden retirarse antes de la edad legal de jubilación (62 años tras la reforma aprobada recientemente) percibiendo la pensión en toda su integridad.
La otra excepción que pretende imponer el Gobierno para que los trabajadores eludan el retiro a los 67 años atañe a quienes desempeñan profesiones de riesgo e insalubles. Pero en este punto los detalles de la propuesta gubernamental no han trascencidido.
El otro punto que molesta a los sindicatos trata sobre la jubilación parcial. Ya el pasado mayo, con el ajuste presupuestario, el Gobierno endureció los requisitos para acceder a esta vía de jubilación. Esto provocó la reacción de UGT y CC OO, que se quejaban de que se ponían en peligro muchos de los acuerdos alcanzados con empresas para suavizar las regulaciones de empleo, sobre todo en la industria del automóvil. La intención ahora es ir más allá, ya que, según ha explicado Valeriano Gómez en alguna ocasión, esta modalidad de retiro se ha convertido en una especie de jubilación anticipada muy onerosa para la Seguridad Social.
En las reuniones del fin de semana, en las que también estuvieron presentes los dos vicepresidentes del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba y Elena Salgado, el Ministerio de Trabajo también precisó que pretende ampliar el periodo de cómputo de los 15 años actuales a 25, como en los casos anteriores habría un periodo transitorio para no perjudicar mucho a quienes ahora se encuentran al borde de la jubilación o cerca de ella.
Según los cálculos de los sindicatos, todo este paquete de reforma supone recortar en un 25% las pensiones en el futuro. Además, también se quejan de que aumentar los periodos de cotización y cómputo perjudica sobre todo a las mujeres y a los jóvenes, que son quienes empiezan más tarde a trabajar y tienen carreras de cotización discontinuas.
Todo esto lleva a los sindicatos a rechazar de plano las líneas básicas de la propuesta de reforma de pensiones del Gobierno. Pero, lejos de levantarse de la mesa, ayer reiteraron su voluntad de diálogo en este campo e, incluso, agrandaron el campo de negociación para un acuerdo sobre pensiones, negociación colectiva, reforma laboral y política industrial y energética, la elaboración de un plan de choque contra el paro juvenil y el paro de larga duración.
Para lograrlo, y que ese pacto lanzara un mensaje de tranquilidad ante la gravedad de la situación económica tanto a ciudadadanos como a los mercados, el líder de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, propuso que a las negociaciones se incorporara también la patronal CEOE y todas las fuerzas políticas. En opinión del secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, es capital que la patronal y el Partido Popular se sumen a esta negociación.
No obstante, los sindicatos no hablan de una mesa general de conversaciones, si no de diálogo sobre los temas que proponen ellos, pero en los ámbitos que le corresponde a cada agente.
Esta propuesta supone, en la práctica, que se aleja el fantasma de la huelga general que los sindicatos habían esgrimido con bastante insistencia hasta el momento. De hecho, el Consejo Confederal de CCOO ayer acordó celebrar una reunión extraordinaria cuando esté claro el futuro de su propuesta. Pero todo depende del futuro de las pensiones. Y ahí el acuerdo es imposible, como recordó el portavoz del sindicato, Fernando Lezcano, si el Gobierno mantiene el retraso de la edad jubilación legal.
