PRENSA

Datos y más datos para el debate de la reforma de las pensiones que viene

Casi la mitad de los trabajadores se jubila antes de los 65 años

El debate sobre el retraso de la jubilación a los 67 años es uno de los retos más complicados del nuevo ministro de Trabajo

Sólo 138.000 mayores de la edad legal de retiro permanecen afiliados a la Seguridad Social

El Comercio. 31.10.10 - JOSÉ LUIS GALENDE

Elevar la edad real de jubilación a los 65 años, frente a los 63 años y nueves meses actuales, es la alternativa de quienes se oponen al retraso de la edad legal de los 65 a los 67 años. Esta propuesta del Gobierno promete ser el asunto más polémico de la reforma de las pensiones que discuten los grupos políticos en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo. Las protestas contra una medida similar -en este caso, de los 60 a los 62 años- han colocado a Francia al borde del colapso y bajo mínimos la popularidad de su presidente, Nicolas Sarkozy. En España, donde más del 40% de los trabajadores se retira de forma anticipada, los sindicatos ya han anunciado que no la aceptarán.

La edad de la jubilación es sólo uno de los laberintos a los que el nuevo ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, deberá encontrar una salida en los próximos meses. Además, deberá lidiar con las consecuencias de la reciente reforma laboral, afrontar la reforma de la negociación colectiva si no hay acuerdo entre sindicatos y patronal, y emprender una necesaria modificación de las políticas activas de empleo. Sobre ellas ya ha dicho que deberían llevarse más dinero que las pasivas, cuando ahora apenas suponen una cuarta parte, aproximadamente.

Retrasar la edad real de retiro supondrá actuar sobre un colectivo de unas 100.000 personas que cada año se jubilan antes de los 65, aunque las posibilidades de acción son bastante limitadas al estar ya muy próximo el tiempo real de abandono -63 años y nueve meses- al fijado por la normativa vigente.

Presión de los mercados

España es ya uno de los países europeos en que los trabajadores abandonan más tarde la actividad, pero eso no es suficiente para garantizar a largo plazo el sistema de pensiones. Así lo sostienen expertos, instituciones internacionales y el propio Gobierno, quien adelantó a comienzos de año su intención de alargar la vida laboral obligatoria a los 67 años para, entre otras cosas, tranquilizar a los mercados mundiales en un momento en que la credibilidad de la solvencia de España estaba en entredicho y encarecía de forma alarmante el coste de la deuda pública.

En España existen unos 368.000 perceptores de pensiones de jubilación menores de 65 años, lo que representa un 7% del total. Sin embargo, los últimos datos del Ministerio de Trabajo indican que el 41% de las nuevas prestaciones de ese tipo se generan antes de que el beneficiario cumpla los 65 años. Por otro lado, son poco significativos los retiros más allá de los 65, pese a los incentivos aplicados. Apenas se superan los 138.000 cotizantes mayores de esa edad; una cifra que ha crecido un 37% en cuatro años, pero que no tiene dimensión suficiente para alterar los principales parámetros del sistema.

Por otro lado, los perceptores de una pensión por jubilación flexible -jubilados que combinan un contrato a tiempo parcial con una parte de la pensión- son solo unos pocos miles -3.700 en 2007, menos de un 1 por mil del total-, aunque la cantidad se ha multiplicado por diez desde 2002.

Todo esto deberá ser tenido en cuenta por los legisladores y el Gobierno si quieren renunciar a alargar la edad de jubilación a los 67 años, una medida impopular donde las haya. Y ello, desde dos premisas básicas: que en España es muy fácil jubilarse antes de los 65, aunque sea a costa de perder parte de la pensión, y que los incentivos para seguir trabajando después de esa edad son escasos.

¿Qué ventajas aporta el retraso a los 67 años?

La principal es que el trabajador cotiza durante más y cobra dos años menos de pensión. Un doble mecanismo de equilibrio de las cuentas, aunque para que el primero sea efectivo se necesita tener pleno empleo, ya que de nada sirve que una persona siga cotizando a partir de los 65 años si existen desocupados a la espera de ocupar su puesto.

¿Qué inconvenientes acarrea retrasar la jubilación?

Con la edad, la productividad puede ser menor. Algunos colectivos ya tienen difícil llegar a los 65 años en buena forma, lo que elevará la invalidez. La iniciativa no tiene mucho sentido con un paro juvenil elevado como el actual -en torno al 40%-, mientras que se agravaría el riesgo de expulsión del mercado en la última fase de la vida laboral, que ya es un grave problema y que tiene importantes repercusiones en la cuantía de la pensión.

¿Qué alternativas hay?

La oposición y los especialistas contrarios a la iniciativa del Gobierno proponen aumentar los incentivos para retrasar voluntariamente la edad de retiro. El Ejecutivo ha apuntado, sin concretarlo, la posibilidad de compaginar una pensión con el trabajo retribuido. Otra línea puede ser dificultar las jubilaciones anticipadas, como las parciales por contrato de relevo -35.000 al año-, que tienen cada una un coste de unos 125.000 euros para la Seguridad Social; o encarecer esos retiros previos a los 65 años, a los que ahora acceden los asalariados, pero no los autónomos.

¿Qué se puede hacer con las prejubilaciones?

El Gobierno puede no autorizar con cargo a sus arcas las prejubilaciones -no confundir con las jubilaciones anticipadas-, fórmula ampliamente utilizada en los casos de reconversión industrial. Pero poco puede hacer con las que se realizan por la vía privada, que son un pacto entre las partes disfrazado de despido improcedente. Sí tiene margen cuando estas medidas son fruto de un expediente de regulación de empleo -con frecuencia, pactado en la negociación colectiva y supervisado por los sindicatos-, que puede denegar.

¿El retraso sería suficiente para garantizar el futuro del sistema?

Los expertos dicen que a largo plazo serán necesarias medidas adicionales para pagar las pensiones. El Gobierno también apunta la necesidad de ampliar el periodo de cómputo, situado en 15 años, lo que dificultaría el fenómeno denominado ’compra de pensiones’, pero que supondría un recorte de la prestación final. Tal medida, no obstante, puede beneficiar a los trabajadores expulsados del mercado en la última fase de su vida activa.

LECTURA RECOMENDADA

Nueva protocolo para las colonoscopias

El Principado sostiene que se hacen demasiadas colonoscopias y fija criterios restrictivos

La Consejería de Salud y los especialistas establecen un protocolo frente al riesgo elevado de cáncer colorrectal, el más frecuente, con 835 casos anuales

Oviedo, Pablo ÁLVAREZ, en La Nueva España

La Consejería de Salud del Principado considera que «un porcentaje significativo» de las colonoscopias que se practican en los hospitales asturianos «no están adecuadamente indicadas o justificadas», una circunstancia que origina «una sobrecarga innecesaria de esta actividad».

En consecuencia, las autoridades sanitarias, en colaboración con diversos especialistas en aparato digestivo de la región, han elaborado un protocolo de detección precoz del cáncer colorrectal dirigido a personas sometidas a un riesgo elevado de padecer el tumor maligno más frecuente entre la población general.

En Asturias se diagnostican unos 835 casos anuales de cáncer de colon y recto, con una incidencia que tiende a aumentar en ambos sexos, particularmente, entre los varones. El tumor colorrectal es el tercero más frecuente en la población masculina (sólo superado por el de próstata y pulmón) y el segundo en mujeres (por detrás del cáncer de mama). La región registra unas 454 muertes al año por cáncer colorrectal.

El documento establece el modo de proceder en los casos de «riesgo elevado» de padecer un cáncer colorrectal. ¿Quién está en riesgo elevado? El protocolo enumera tres colectivos: lo que padecen síndromes hereditarios conocidos, los que presentan historia familiar y los individuos con patología colorrectal previa. A estos tres grupos de población se prescribe de forma prioritaria la realización de colonoscopias, también recomendadas a pacientes mayores de 50 años que sangran por el recto (rectorragia) y a personas en las que se ha constatado una patología mediante un estudio de radiodiagnóstico, entre otras indicaciones.

En la actualidad se está completando un estudio prospectivo sobre las colonoscopias realizadas en cinco hospitales del Sespa. Sus resultados propiciarán «un análisis que permita unificar y optimizar criterios de cara a abordar de forma realista un programa de cribado dirigido a personas de riesgo alto y que pueda ampliarse a un programa poblacional en personas de riesgo medio».

En los últimos años han sido muy frecuentes los debates en torno a los criterios relativos a la realización de colonoscopias. Incluso no faltan quienes han propugnado programas de detección precoz del cáncer de colon y recto dirigidos a amplias capas de la población. En ellos, las exploraciones del intestino grueso mediante un colonoscopio desempeñarían un papel similar al de las mamografías en la búsqueda de tumores de pecho.

«Los programas de cribaje de cáncer de colon suscitan controversias», señala Adolfo Parra, especialista del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y uno de los autores del protocolo. Según el doctor Parra, «nadie duda de que la realización masiva de colonoscopias permite identificar tumores de forma temprana y de que esta rapidez facilita su curación». El problema radica en que «requeriría unos recursos de los que no disponemos actualmente, y por ello en nuestro medio, así como en otros países europeos, probablemente la estrategia más realista sería hacer cribado poblacional con test inmunológico de sangre oculta en heces, y realizar la colonoscopia a los que den un resultado positivo, que suelen ser en torno al 7 por ciento».

El protocolo elaborado por la Consejería de Salud y los especialistas en digestivo señala que lo adecuado es emplear la colonoscopia como «confirmatoria ante resultados positivos del test de sangre oculta en heces», además de ser «la prueba idónea en el cribado de población de alto riesgo».

Colonoscopias justificadas e injustificadas

Casos en los que se debe solicitar una colonoscopia

1) Rectorragia en paciente mayor de 50 años. 2) Personas con riesgo familiar. 3) Personas con riesgo personal por antecedente de pólipos. 4) Hallazgo patológico en estudio de radiodiagnóstico. 5) Hallazgo patológico en exploración física. 6) Estudio de anemia ferropénica. 7) Diarrea crónica (con más de cuatro semanas de duración). 8) Cambio de hábito intestinal. 9) Tenesmo (sensación de evacuación incompleta).

Situaciones no adecuadas para la realización de una colonoscopia

1) Colonoscopia normal (efectuada por la misma indicación) en los cinco años previos, si se alcanzó el ciego y la calidad de visión fue adecuada. 2) Colonoscopia solicitada a personas asintomáticas como control de pólipos o por antecedentes familiares, si se programa por la misma indicación antes del intervalo recomendado, siempre que en la colonoscopia previa se hubiera alcanzado ciego y con adecuada calidad de visión. 3) Colonoscopia solicitada como seguimiento de cáncer de colon en las siguientes situaciones: fuera de los intervalos recomendados (primer y cuarto año), edad superior a 80 años y comorbilidad importante. 4) Colonoscopia solicitada por rectorragias con síntomas anales en menores de 45 años, salvo que persista duda diagnóstica tras exploración anorrectal adecuada (inspección anal, tacto rectal, anuscopia-rectoscopia).

El nuevo protocolo del Principado está plenamente justificado

«Podemos detectar lesiones casi invisibles»

Oviedo, P. Á., en La Nueva España

Adolfo Parra es especialista en aparato digestivo del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Su currículum incluye una amplia formación en endoscopia adquirida durante una estancia de cuatro años en Japón, país en el que esta disciplina está poderosamente desarrollada.

-¿Puede resumir los avances recientes más reseñables en el ámbito de la exploración endoscópica del aparato digestivo?

-En la última década el avance en el diagnóstico de tumores digestivos incipientes ha sido quizás el más importante. Hemos aprendido a detectar lesiones a veces casi invisibles, existen endoscopios con alta definición de imagen, e incluso dotados de un microscopio o de un ecógrafo en su extremo. Por otra parte, la endoscopia permite tratar lesiones que aún no invaden las capas profundas de la pared digestiva, y las técnicas son cada vez más sofisticadas, pero también más complejas. Y algo fundamental: en el siglo XXI la endoscopia debe realizarse con las mínimas molestias para los pacientes gracias al empleo de tecnología avanzada y a la aplicación de sedación.

-El nuevo protocolo del Principado fija límites a la indicación de la colonoscopia. ¿Están justificados?

-Sí. Los motivos son básicamente dos. En primer lugar, la demanda de colonoscopias aumenta, y esto genera listas de espera, lo cual puede propiciar un retraso en el diagnóstico de pacientes con cáncer. Sabemos que al menos el 10 por ciento de las colonoscopias que se solicitan no están bien indicadas, por lo que es importante determinar quién necesita realmente la prueba y quién no. En segundo lugar, la colonoscopia es una técnica eficaz y segura, pero no deja de ser un procedimiento invasivo, que se asocia a algunos riesgos, y no debemos abusar de ella si no la necesitamos.

-En ocasiones el elemento más problemático de la colonoscopia es el proceso previo de limpieza del colon. ¿Hay novedades al respecto?

-El objetivo es encontrar métodos de limpieza eficaces y seguros, sin efectos secundarios graves, y bien tolerados por los pacientes. Lo más importante para conseguir una limpieza excelente del colon es simplemente la administración de la preparación, al menos en parte, pocas horas antes del momento de la colonoscopia, no el día anterior como se hacía hasta hace poco tiempo. Esto se sabía desde hacía años, pero sólo se ha comenzado a aplicar de forma más o menos amplia recientemente. Si el colon no queda completamente limpio, podemos pasar por alto pólipos que en poco tiempo progresen a un cáncer.

Encuesta sobre intención de voto en Asturias de Asturbarómetro para EL COMERCIO

El PP ganarías las elecciones al PSOE con Cascos y perdería con Espinosa

El ex ministro obtendría el 47,2% de los votos y la edil de Oviedo se quedaría en el 37,8%. Los socialistas prefieren a Javier Fernández que a Areces como candidato en Asturias.

31.10.10 - ANDRÉS SUÁREZ | OVIEDO.

El dictamen de las urnas será muy diferente si el cabeza de lista del PP en Asturias es Francisco Álvarez-Cascos o si lo es Isabel Pérez-Espinosa. El análisis demoscópico concede a los populares una holgada mayoría en caso de presentar como cartel electoral al ex ministro de Fomento, que se haría con el 47,2% de los votos y dejaría al PSOE casi doce puntos por debajo. En caso de optar por la hoy concejala de Educación del Ayuntamiento de Oviedo, el PP perdería los comicios. Porque en este supuesto, Javier Fernández sumaría el 41,6% de los votos y Espinosa el 37,8%. La llegada Cascos también afectaría a IU, aunque en menor medida. La coalición seguiría como tercera fuerza política en el Principado, y su respaldo electoral, similar al de 2007, oscilaría entre el 9,7% si la candidata del PP es Pérez-Espinosa y el 9% si es Cascos.

La salida a escena de Javier Fernández es bien vista por los votantes del PSOE. En concreto, un 42,4% se inclinan por el también secretario general del partido como la mejor opción para encabezar la lista, frente al 30,5% que preferirían que ese puesto fuera ocupado por el actual presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces. En el caso del PP, la interpretación de los datos arroja conclusiones todavía más nítidas y evidentes. Un 81,5% de sus votantes apuestan por Francisco Álvarez-Cascos como mejor candidato para concurrir a las urnas.

Marcelino una enorme pérdida.

«Se nos va el icono de CCOO»

Triqui y Francisco Prado recuerdan la figura de Marcelino Camacho y su vinculación con Asturias

30/10/2010/ Pablo A. Rubio, Oviedo, en La Voz de Asturias

Finales de los años 50. Asturias comienza desperezarse tras años de hambre y represión. La región vuelve a poner al franquismo en el punto de mira y la base de acción no podía ser otra: el movimiento obrero. En 1957, trabajadores de la mina La Camocha organizan una comisión obrera dentro del pozo. Nacía así, el germen de lo que luego sería Comisiones Obreras y la perpetua vinculación entre el sindicato y Asturias.

Marcelino Camacho, el eterno líder de la organización, sabía de ese vínculo. Su fallecimiento ha vuelto a recordar a muchos de sus compañeros asturianos, el cariño que tenía Camacho hacia Asturias.

Emilio Huerta, Triqui , que fuera secretario general de CCOO en Asturias entre 1981 y 1994 resumía la figura de Camacho con la siguiente frase: “Se nos va el icono de CCOO”.

A Triqui le vienen muchos recuerdos a medida que habla de su “camarada”. Por ejemplo, las visitas de Camacho a Asturias, “en un 127 y sin guardaespaldas, nunca los quiso”. Huerta tiene múltiples anécdotas en su memoria. “Siempre que viajaba a Asturias nunca quería quedarse en un hotel. Prefería alojarse en la casa de un camarada”, relata.

Consolidación Tras el primer paso que se dio en La Camocha, el avance de CCOO se hizo imparable. Tras años de encarcelamiento, con la agonía de la dictadura y la llegada de la democracia, la organización se legalizó como lo que había sido durante años, un sindicato, pero ahora, legal.

El lugar elegido fue Barcelona. Allí estaba otro asturiano, Francisco Prado Alberdi. Corría el año 1976. “Marcelino es un referente de la lucha obrera”, comenta. Prado siempre recordará, al igual que Triqui , las visitas de Camacho a Asturias. El actual presidente de la Fundación Juan Muñiz Zapico era entonces trabajador de Ensidesa. “A Camacho siempre le organizaban las visitas a la fábrica, pero él siempre se saltaba el guión”, añade. “Cuando le llamaban la atención, él les contestaba que no había venido a ver la fábrica, que había venido a visitar a los trabajadores”, asegura Prado.

Tensión con el PCE Tanto Prado como Huerta también rememoran y alaban, la actitud de Camacho a la hora de intentar evitar al máximo las ingerencias del Partido Comunista de España (PCE) en la dirección del sindicato. “Marcelino entendió que CCOO no podía ser una cadena de transmisión del PCE”, añade Triqui . Pero que nadie se confunda. “Ha muerto siendo un comunista”, prosiguió.

Justamente, al frente del partido estaba en ese momento otro histórico, el también asturiano Santiago Carrillo. “A estos conflictos, Camacho los llamaba vientos de fondo”. Pero el tiempo parece que lo cura todo. Carrillo no tenía dudas a la hora de calificar al fallecido como una de las figuras más notables de la lucha antifranquista” y “uno de los más enérgicos y entregados luchadores por la causa de la libertad del pueblo español”.

Prado también recuerda aquellas tensiones que terminaron con la llegada de otro asturiano, Gerardo Iglesias, que fue quien sustituyó a Carrillo al frente del PCE en un duro proceso. “Siempre fue comunista, pero defendió a ultranza la independencia del sindicato. Huerta ensalza en ese momento la figura de Iglesias. “Gerardo provenía del movimiento obrero y tenía muy claro cómo debían funcionar ambas organizaciones”, añade.

Al PCE también perteneció el hoy presidente de Asturias, Vicente Álvarez Areces. Para el dirigente socialista, Camacho es “un ejemplo de honradez, coherencia y militancia. El pueblo español tiene que rendir un tributo de admiración”.

Camacho no solo tuvo que enfrentarse a Carrillo. UGT había renacido de sus cenizas y luchaba con CCOO por el liderazgo en las fábricas y empresas. “Fue una etapa muy complicada”, añade Prado. Pero de aquella pugna nació la unidad de acción, de la que “Camacho es el padre”.

Una enorme pérdida

30/10/2010, en La Voz de Asturias

Acabamos de perder a una de las figuras más representativas y respetadas de nuestra historia reciente. Pocas personas públicas han reunido en nuestro país tanta admiración como el fundador y primer secretario general de CCOO, del que ahora nos vamos a despedir con una extraña mezcla de tristeza y gratitud. Marcelino Camacho ha dejado de respirar, pero su ejemplo palpitará para siempre en la historia de nuestro sindicato y del movimiento obrero español.

Marcelino Camacho estaba además muy unido a Asturias, cuna del sindicato al que dedicó tantos años de su vida. Y no sólo porque en los duros años de clandestinidad y cárcel compartió la lucha con otros asturianos, referentes históricos de nuestra organización, como su querido Juan Muñiz Zapico, sino porque sentía un profundo aprecio por esta tierra. Recuerdo muy bien cuando nos visitó por última vez para participar en los actos programados en Oviedo con motivo de los 25 años del sindicato en Asturias. Entonces, Marcelino, con su cercanía habitual, nos recordó los orígenes de la organización, los tiempos de la clandestinidad, la época de la Coordinadora de Organizaciones Sindicales, el Proceso 1.001 , los años de cárcel, la huelga general de 1976, su amistad con Juanín, hasta llegar a la Asamblea de Barcelona y el Congreso Constituyente de 1978.

Nos emocionó a todos cuando señaló que venir a Asturias no es ir a cualquier sitio. Y nos hizo levantarnos de nuestros asientos para aplaudir cuando recalcó que en nuestro sindicato no debemos aceptar nada que no avalen los trabajadores, una máxima que no ha dejado de ser guía en la actividad de CCOO desde que él la pusiera en práctica hasta hoy. A Marcelino Camacho le debemos la esencia de este gran sindicato, el mayor de nuestro país, unitario, socio-político, de clase, democrático e independiente de todos los Estados y de todos los partidos.

Algunos años después, el 9 de octubre de 2009, con motivo de la inauguración de una calle con su nombre en Langreo, nos acompañó su hija Yenia en un emotivo homenaje a Marcelino y a su inseparable Josefina. Y nos trajo unas palabras de su padre, tan lúcidas y verdaderas como siempre: “Nunca nos regalaron nada”. Por eso, también entonces nos animó a permanecer alertas, porque “el gran capital amenaza nuestras conquistas”.

Se nos ha ido un hombre íntegro, atento a sus compañeros y enraizado a su clase, como recordaba su propia hija. Un dirigente excepcional, que aceptaba de manera natural la crítica y la discrepancia, destacó Nicolás Sartorius. “La historia, biografía y comportamiento de Marcelino Camacho es una lección magistral de honestidad, coherencia y lealtad a las convicciones y a la autoridad moral”, dejó escrito el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Carlos Berzosa.

Nos deja un hombre verdaderamente extraordinario y un defensor incansable de las libertades democráticas y los derechos de la clase trabajadora. Un ejemplo de integridad.

S. GENERAL DE CCOO

IV Aulas de Salud de la Liga Reumatológica Asturiana (LAR) celebradas el 28 y 29 de octubre

Quirós apuesta por una mayor implicación de la Atención Primaria para coordinar la asistencia a enfermos crónicos

OVIEDO, (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud y Servicios Sanitarios del Principado, Ramón Quirós, ha destacado este viernes la apuesta de su departamento por potenciar una mayor implicación de la Atención Primaria en los procesos de enfermedades crónicas para ofrecer una asistencia más cercana y coordinada a los pacientes.

De este modo, durante su intervención en la inauguración de las 'IV Aulas de Salud' de la Liga Reumatológica Asturiana (LAR), Quirós incidió en el "importante papel" de los profesionales de Atención Primaria, especialmente del personal de enfermería, en el tratamiento de los enfermos crónicos.

El consejero quiso así mandar un "mensaje de esperanza" para quienes padecen una enfermedad crónica, como las reumáticas, ya que con una mayor coordinación entre pacientes, asociaciones y profesionales de Primaria y Especializada se puede lograr hacer el proceso "más llevadero". Algo que dijo es "un compromiso" del Gobierno asturiano.

La mayor parte de las enfermedades crónicas están vinculadas a procesos reumáticos. Así, unos 200.000 asturianos están afectados por enfermedades reumáticas, lo que supone un 17 por ciento de la población.

Además, según datos facilitados por LAR, el reuma es la principal causa de consulta (32%) y de discapacidad. Por ello, desde la asociación piden una mayor coordinación entre los profesionales sanitarios para mejorar la atención a los pacientes.

La Audiencia ha convocado al Ejecutivo y a las eléctricas a una vista el próximo miércoles para escuchar sus alegaciones antes de resolver

La Audiencia Nacional paraliza el Decreto del carbón

Las nuevas ayudas al consumo de mineral autóctono quedan suspendidas hasta que el tribunal adopte el miércoles una decisión definitiva sobre la norma

30.10.10 - CÉSAR CALVAR | GIJÓN, en El Comercio.

El Gobierno cosechó ayer dos fracasos en su batalla con las eléctricas, a las que pretende obligar por decreto a quemar carbón de extracción nacional en sus centrales térmicas hasta 2014.

La sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional admitió las medidas cautelares planteadas por las empresas contra uno de los desarrollos reglamentarios del decreto del Ministerio de Industria, cuya entrada en vigor -prevista el 1 de noviembre- queda paralizada momentáneamente hasta el miércoles 3, cuando el tribunal decidirá si deja o no sin efecto la norma.

Las eléctricas recurrieron ante la Audiencia Nacional la obligación que establece el citado desarrollo reglamentario de comunicar en un plazo de tres días por carta a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) su compromiso de compra de carbón autóctono.

Técnicamente la resolución judicial no afecta al decreto ley, pero dejar en suspenso parte de la normativa que lo desarrolla acarrea, en la práctica, su paralización, recalcaron fuentes del sector eléctrico.

La Audiencia ha convocado al Ejecutivo y a las eléctricas a una vista el próximo miércoles para escuchar sus alegaciones antes de resolver. De momento, Industria niega que esta decisión de aceptar una de las medidas propuestas por las eléctricas acarree una suspensión de su decreto ley. Alega que los jueces sólo dan la razón a las empresas en un punto muy concreto, el que afecta a sus futuras adquisiciones de carbón , por lo que la norma sigue en vigor para el mineral ya almacenado en sus depósitos.

Paralelamente, el Tribunal de Justicia de la UE, con sede en Luxemburgo, ha enviado al Ejecutivo un escrito en el que le solicita que retrase dos meses la entrada en vigor del decreto, a lo que Industria se niega. El tribunal argumenta que considera apropiada esta dilación hasta que se resuelva el recurso interpuesto por Endesa, Iberdrola y Gas Natural contra la decisión de la Comisión Europea de autorizar el decreto. Un portavoz del Ministerio subrayó que el pronunciamiento del tribunal de Luxemburgo es sólo «una solicitud» y «no un mandato» de obligado cumplimiento de ahí que su funcionamiento no queda bloqueado. Y señaló que han fundamentado su negativa en que el decreto tenía el visto bueno de la Comisión, que «lo había estudiado de arriba abajo».

Iberdrola, Endesa y Gas Natural rechazan el decreto por considerar que es antieconómico y atenta contra la libertad de mercado, ya que les obliga a consumir un mineral más caro. También esgrimen motivos medioambientales: aseguran que el carbón español ensucia más que el importado.

Valoración

El Ministerio de Industria considera insistió ayer en que la decisión de la Audiencia Nacional y del Tribunal de Luxemburgo no supone una paralización del mismo, según indicó un portavoz del departamento de Miguel Sebastián.

Las medidas cautelarísimas que analizará la Audiencia responden a una resolución publicada el martes por el Ministerio de Industria con detalles técnicos para la aplicación del decreto , entre ellos el precio al que se pagará el megavatio hora a las nueve centrales que quemen carbón nacional, situado en una media de 71,63 euros.

Las eléctricas recurrieron el desarrollo porque recogía un plazo de sólo tres días para que las centrales remitiesen sus cartas de intención a los distribuidores eléctricos, lo que, a su juicio, supone un lapso de tiempo insuficiente.

Desde Galicia, el conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, manifestó su «satisfacción» por las decisiones de la Audiencia Nacional y el Tribunal de Luxemburgo respecto al decreto del carbón , con la que se bloquea su desarrollo. Con estos pronunciamientos, ha indicado, el Gobierno gallego ve reforzada su postura. Guerra indicó que espera ahora que la decisión sea confirmada por los tribunales.

Apoyo unánime de la Junta General a la minería asturiana

30.10.10 - E. C. | GIJÓN, en El Comercio.

El diputado del PSOE en la Junta General del Principado de Asturias, Benigno Enríquez, dijo ayer que el PP asturiano tiene un «problema de conciencia» en todo lo relativo al sector del carbón y las dificultades que atraviesa. Así, ha señalado que la formación presidida por Ovidio Sánchez intenta «justificarse» con diversas iniciativas y declaraciones, a pesar de que el presidente del partido, Mariano Rajoy, o el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, sean contrarios a las ayudas al carbón nacional.

Enríquez ha cargado así contra los ’populares’ después de que estos presentasen en la Cámara una proposición no de ley que solicita prolongar las ayudas al carbón más allá de 2020. La iniciativa fue aprobada por unanimidad. Pero para Enríquez esa proposición «no aporta nada nuevo» porque la Cámara ya se ha manifestado en apoyo del carbón en el último debate sobre el estado de la región. Ha ahondado en la crisis que vive.

La iniciativa aprobada fue defendida por el diputado del PP, Ramón García Cañal, y solicita el mantenimiento de las ayudas al carbón más allá de la fecha límite del 15 de octubre de 2014. Pidió una declaración del Gobierno regional en defensa de la minería.

Villa: «El Gobierno debe dar un puñetazo en la mesa y cortar de raíz el problema»

Mieres / Langreo, D. MONTAÑÉS, en La Nueva España

El secretario general de SOMA-FIA-UGT, José Ángel Fernández Villa, lamentó ayer la judicialización de la entrada en vigor del nuevo real decreto, calificando las noticias que generaron de «confusas y alarmistas». No obstante, puso énfasis a la hora de reclamar al Ejecutivo de Rodríguez Zapatero una respuesta firme y contundente que permita despejar el futuro del sector: «El Gobierno debe dar un puñetazo de autoridad sobre la mesa y ejercer sus atribuciones como gobierno, cortando de raíz esta situación».

El veterano sindicalista advirtió de que las objeciones planteadas por la Audiencia Nacional se enmarcan más en las formas que en el fondo: «Al final, únicamente pone en entredicho el plazo establecido de tres días para la firma de los convenios con las eléctricas». Una de las firmas implicadas, Endesa, mereció reproches concretos: «El problema que tiene esta empresa es que está controlada en más de un 90 por ciento por capital italiano y tiene otros intereses». No fue la única queja que ayer manifestó Villa al dirigirse al sector eléctrico: «Algunas firmas parecen estar más interesadas en desgastar al Gobierno que en defender los intereses del país». El dirigente del SOMA también reseñó la situación en que se encuentran las empresas mineras, sobre todo Hunosa, debido al stock de carbón.

'Este agua no tiene garantía sanitaria'

La mayoría de las fuentes de Langreo dan agua sin garantías sanitarias

Los técnicos realizaron análisis a veinte caños de manantial de los que trece no tienen un agua saludable

30.10.10 - MARTA VARELA | LANGREO, en El Comercio.

El agua de las fuentes langreanas que dependen de los manantiales, y no de la red general, continuará estando etiquetada con el cartel de 'Agua sin garantía sanitaria'. Tras realizar un sinfín de controles en los principales caños langreanos, unos diecinueve, en los últimos meses se ha concluido que trece de ellos presentaban «en el momento de los análisis un agua no apta para el consumo». No obstante, los técnicos reconocen que, de hacer análisis en otras épocas, en las mismas fuentes, «los resultados podrían variar». Al no poder controlar la garantía sanitaria del agua, se ha optado por avisar a los usuarios, colocando como adelantó EL COMERCIO hace un mes, carteles que anunciaban que 'Este agua no tiene garantía sanitaria'. Advertencia que causó cierta alarma entre los vecinos que afirman que «llevamos años consumiendo este agua y nunca ha pasado nada».

Desde Aguas de Langreo se explica que «hemos cumplido con nuestra obligación de informar a los ciudadanos de la ausencia de garantía sanitaria». La única solución sería poder establecer una sistema de cloración en los caños para garantizar la limpieza de todas las impurezas que el agua de estas fuentes puede acarrear.

Los factores que influyen en la calidad de estas aguas son, en su mayoría, «incontrolables»: desde hojas en descomposición hasta arrastre de tierras, animales muertos etc.... Los técnicos explican que es imposible saber cuándo se va a producir una alteración en el estado de los manantiales, dado que «se puede producir en cualquier momento, dependiendo de la época del año, de si ha llovido mucho o poco, etcétera..».

Motivos todos ellos por los que resulta prácticamente imposible mantener controlada la calidad de estas aguas que, por el contrario, tiene mucha aceptación entre los vecinos que no quieren renunciar a su consumo.

Entre estas fuentes se encuentran manantiales que, como en el caso de la Fuente el Güevu, de Lada, llevan más de doscientos años dando servicio a los langreanos. Incluso se le han atribuido propiedades curativas debido a sus aguas sulfurosas, pero en la actualidad tiene el cártel de 'Este agua no tiene garantía sanitaria'.

Una situación que los vecinos no llegan a entender por lo que ayer pedían a los responsables de Aguas de Langreo que «realicen controles más asiduos que les permita conocer el estado del agua ». Y es que ellos pretenden seguir consumiendo el agua de la fuente porque, dicen, «El Güevu tiene una sabor especial».

La prórroga de la ayuda de los 426 euros, en el aire

Valeriano Gómez topa con el muro infranqueable de Salgado

El ministro de Trabajo, obligado a rectificar, desgrana sus bazas para atraer a los sindicatos a la orilla del diálogo. Como no puede "poner patas arriba" la reforma laboral, advierte a los patrones de que habrá que repartir los costes de la crisis. De momento, uno de sus primeros compromisos ha chocado con la ’matización’ de la vicepresidenta, que no prorrogará la ayuda de los 426 euros si no hay disponibilidad presupuestaria.

LUIS MARTÍNEZ, NUEVA TRIBUNA.ES

Valeriano Gómez va desplegando las bazas con las que el nuevo ministro de Trabajo tendrá que afrontar el complicado tiempo político hasta el final de la legislatura. Con los sindicatos en pie de guerra, el titular de Trabajo ha confirmado a Octavio Granado al frente de la superavitaria Seguridad Social y ha advertido a los empresarios -que le reclaman una bajada de cuotas- de que a partir de ahora habrá que repartir los costes de la crisis. Además, ha elevado a rango de Secretaría de Estado la antigua Secretaría General de Empleo y ha relevado a Maravillas Rojo de esa responsabilidad, que ocupará la hasta ahora consejera de empleo castellano-manchega Mari Luz Rodríguez.

Gómez prometió este miércoles tener lista una reforma de las políticas activas de empleo a principios del año próximo. En este ámbito, Cataluña parece dispuesta a seguir los pasos del País Vasco y asumir más competencias en esta materia. En cualquier caso, Gómez ha comprometido mayores recursos humanos y de capital para los servicios públicos de empleo. Lo inquietante es conocer la vía por la cual llegarán estos nuevos recursos a las arcas del Estado. Según el ministro de Trabajo, el Gobierno contará con nuevos recursos gracias a que miles de parados perderán su prestación contributiva, tras agotar sus saldos con el antiguo Inem.

Con todo, Gómez se comprometió el miércoles a prolongar por tercera vez el PRODI, la ayuda de 426 euros que cobran los desempleados tras agotar la prestación y el subsidio; aunque el propio Gómez tuvo que rectificar sus palabras horas después y matizar que la renovación de la ayuda llegará tras un análisis de sus resultados y si la situación de las cuentas públicas lo permiten. Ayer, jueves, la ministra de Economía, Elena Salgado, insistió en la idea de que "no habrá aportaciones adicionales" a los Presupuestos de 2011 y puntualizó que la variable "fundamental" para reeditar la ayuda es que exista disponibilidad presupuestaria.

Además, Gómez llamó este jueves a capítulo a los sindicatos y les advirtió de que no piensa poner “patas arriba” la reforma laboral, de la que ahora se reclama autor. Aun así, el nuevo titular de Trabajo ha insinuado a los sindicatos que está dispuesto a suavizar las condiciones del despido objetivo, la gatera por la que se desliza la brutal rebaja de las indemnizaciones por despido –desde los 45 días anteriores hasta los 20 días actuales- que pagan las empresas cuando pueden alegar algún motivo económico. Un criterio que el ministro de Trabajo se muestra ahora dispuesto a aclarar para facilitar el trabajo de los jueces.

De momento los sindicatos se han mostrado reticentes a aceptar el envite de Gómez aunque en fuentes sindicales no se oculta la satisfacción por la llegada al Ministerio de Trabajo de un experto, sensible además a las tesis sindicales. Por lo pronto, el líder de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, le espetó ayer al ministro que será difícil corregir con un mero desarrollo reglamentario la nueva reglamentación sobre el despido objetivo. En una rueda de prensa junto al líder de UGT, Cándido Méndez, los sindicatos presentaron su programa de protestas contra la nueva normativa laboral y el bloqueo de convenios del que acusan a la patronal. Además, Méndez pidió este jueves al Gobierno que prorrogue de forma indefinida la ayuda de 426 euros. No en vano, señaló, más de dos millones de parados llegarán a finales de 2011 sin prestación.

IMPUESTO DE SOCIEDADES PROGRESIVO

El clima de “conflicto abierto” que ya esperaba encontrar Gómez a su llegada al Ministerio se desarrollará, según lo anunciado, entre paros y huelgas. Los sindicatos pretenden agilizar así la firma de convenios, que va muy retrasada. Además, las centrales han colocado un nuevo hito en el camino que Gómez debe recorrer hasta Navidad. El próximo sábado 18 de diciembre -dos días antes de las elecciones en la patronal- manifestaciones “masivas” recorrerán las principales capitales españolas.

Los sindicatos han exigido al Gobierno que obtenga más ingresos. Su idea es repartir la carga de la crisis con nuevos impuestos. De momento, Toxo deslizó el jueves una propuesta. Se trataría de introducir criterios de progresividad en el Impuesto de Sociedades. Con ello se conseguiría que paguen más –en términos relativos- las empresas con mayores beneficios. Una medida que, sin duda, habrá caído mal en la sede de CEOE, donde los empresarios rechazaron esta semana nuevas subidas de impuestos, tras censurar el ajuste fiscal del Gobierno por “insuficiente” y “mal diseñado”.

Salgado enmienda al ministro de Trabajo y deja en el aire el subsidio de los 426 euros

Economía supedita la prórroga de la ayuda a la evolución presupuestaria - La paga llegó desde 2009 a 16.000 asturianos

Madrid / Oviedo, Agencias/ M. MARTÍNEZ, en La Nueva España
La ministra de Economía, Elena Salgado, puso ayer en cuarentena el anuncio del nuevo titular de Trabajo, Valeriano Gómez, sobre la posible prórroga de la ayuda de 426 euros para los desempleados que agoten el resto de prestaciones. A pesar de que Gómez había dicho el miércoles que ese subsidio se ampliaría a partir del próximo febrero, Salgado enmendó al sucesor de Celestino Corbacho y afirmó que únicamente se mantendrá la ayuda si existe «disponibilidad presupuestaria», esto es, si en las cuentas de los servicios de empleo se producen ahorros que lo permitan. En Asturias han solicitado esta ayuda 16.420 personas desde que entró en vigor en agosto de 2009. En España la cifra asciende a 999.963 personas.

El primer roce entre Valeriano Gómez y la responsable de la política económica se produjo después de que el titular de la cartera de Trabajo anunciara el miércoles por la noche que en febrero de 2011 se prorrogaría por tercera vez y por otro período de seis meses la ayuda de los 426 euros para los parados. Pocas horas después, el gabinete de Valeriano Gómez divulgó una «aclaración», precisando que «la decisión de prorrogar (el subsidio) se tomará cuando se haya hecho un balance del impacto y del efecto que ha tenido en su aplicación y de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria en el momento en el que deba hacerse efectivo». Y para terminar advertía de que «es importante además que, en el contexto de una deseada reapertura del diálogo social, estas cuestiones sean abordadas de manera adecuada en el citado proceso».

Elena Salgado abundó ayer personalmente en la posición del Gobierno y afirmó que la variable «fundamental y principal» para la prórroga de la ayuda de 426 euros es que «exista disponibilidad presupuestaria en el gasto destinado a los servicios públicos de empleo estatal en 2011» y que esa disponibilidad es «limitativa». Valeriano Gómez asumió públicamente ese criterio, aunque, durante una entrevista en televisión, opinó que el actual no es el momento más oportuno para retirar esta ayuda a los parados sin ingresos.

El ministro de Trabajo también anunció ayer que la próxima semana comenzará la ronda de diálogo con CC OO y UGT y con las patronales CEOE y Cepyme, pero añadió que si los sindicatos pretenden «poner patas arriba» la reforma laboral será difícil encontrar huecos para avanzar en el diálogo social, que intenta recomponer tras la huelga general del 29 de septiembre. Gómez, militante de UGT, se mostró abierto a negociar con los agentes sociales alternativas al retraso de la edad de jubilación a los 67 años, caso de la ampliación del período de cómputo para calcular las prestaciones o la restricción de las jubilaciones anticipadas.

Salgado, por su parte, anunció que el Gobierno pedirá a los bancos y a las cajas información sobre los créditos para controlar que las empresas reciben financiación. También reveló que el Estado ha ingresado 2.500 millones por las ganancias obtenidas en los avales concedidos a la banca.

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