Con no lograr los beneficios esperados las empresas podrán proceder a los despidos
El despido será más barato sólo cuando la empresa esté en pérdidas o caiga su negocio
El PSOE, que aprobó la medida en solitario en el Congreso, descarta abaratar la rescisión de contratos cuando baja el beneficio o falta liquidez en las compañías
Madrid / Oviedo, E. P., en La Nueva España
La Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso de los Diputados aprobó ayer, sólo con los votos a favor del PSOE, frente al rechazo de PP, ERC-IU-ICV y BNG y las abstenciones de CiU y PNV, el dictamen del proyecto de ley de reforma laboral, tras incorporar una serie de enmiendas que concretan las causas económicas para el despido objetivo (con 20 días de indemnización por año trabajado), que podrá justificarse por pérdidas «actuales o previstas» o la «disminución persistente del nivel de ingresos» en la empresa. El texto, que fue modificado antes de aprobarse, no precisa qué nivel de pérdidas o de caída de ingresos bastan para aplicar este despido más barato, lo que dejará la última decisión en manos de los magistrados, que deberán determinar en cada caso cuándo se cumplen las condiciones previstas en la ley.
La reforma socialista abre la vía a abaratar el despido, desde los 45 días de indemnización por despido improcedente, a los sólo 20 días por causas económicas objetivas, al ampliar los supuestos en que se dan las circunstancias que justifican una compensación económica menor al trabajador despedido.
El PSOE, que tuvo que recurrir al voto ponderado para sacar adelante el dictamen, pactó treinta y tres enmiendas con el resto de grupos y perdió dos votaciones, aunque el balance valorativo de toda la oposición fue muy negativo sobre el texto que ahora se remite al Senado. Allí se debatirá en la semana del 23 de agosto, con vistas a que, si se introducen enmiendas, regrese a la Cámara baja para ser votado en pleno el 9 de septiembre, 20 días antes de la jornada de huelga general convocada por los sindicatos como rechazo a la reforma laboral y al ajuste.
En la recta final de la negociación, el PSOE pactó con el PNV concretar las causas que permitan acogerse al despido objetivo por causas económicas con 20 días de indemnización, introduciendo una prevención que exige que la empresa demuestre que las pérdidas o la caída de ingresos -antes se hablaba de beneficios- «puedan afectar a su viabilidad o a su capacidad de mantener el volumen de empleo». Asimismo, elimina la alusión a la «falta de liquidez» de la compañía como justificación para abaratar el despido.
El texto aprobado señala además que la empresa tendrá que acreditar los resultados alegados y justificar que de los mismos se deduce la «razonabilidad» de la decisión de hacer despidos para «preservar o favorecer» su posición competitiva en el mercado. No obstante, mantiene que cuando el trabajador alegue que la utilización del procedimiento de despido objetivo no se ajuste al derecho porque la causa real del despido es disciplinaria, le corresponderá a él la «carga de la prueba».
El portavoz socialista, Jesús Membrado, se declaró «realmente satisfecho» de la modificación de las causas del despido, ya que el texto deja «claramente garantizado» que los empresarios tendrán que demostrar que el ajuste de plantilla es la única manera de que sus empresas se pueden mantener en pie.
El Congreso refuerza el papel de los inspectores de la Seguridad Social en los procesos de incapacidad temporal, de manera que podrán emitir un alta médica de forma más rápida que la de los médicos de las mutuas. El objeto de esta medida es «evitar una prolongación innecesaria de las bajas» y, según fuentes socialistas, contribuirá a reducir en un 25% el absentismo de las empresas. Además, se modifican las condiciones que justifican el despido por motivos de absentismo laboral, que la ley mantiene en un límite del 20% de las jornadas hábiles durante dos meses consecutivos, o el 25% a lo largo de cuatro meses discontinuos dentro de un período de un año, aunque rebaja el umbral con el que se calcula en relación con la media de la plantilla, que los socialistas aceptaron rebajar ahora del 5% al 2,5%.
El proyecto de ley señala que en seis meses se emprenderá la reforma de la negociación colectiva, pero de acuerdo con las organizaciones empresariales y sindicales, revisando los mecanismos de articulación para adaptarlos a las necesidades de los trabajadores. Además, reclama al Gobierno un plan para recolocar a desempleados de la construcción.
El PSOE aceptó la petición de CiU de reformar la prestación por desempleo para mejorar su vinculación a las políticas activas de empleo cuando el mercado laboral inicie su recuperación. De momento, se permitirá que los excedentes de las cantidades transferidas a las autonomías para el pago de prestaciones puedan ser utilizadas para esas políticas activas de empleo.
Sobre la negociación en empresas, se señala que en las compañías en las que no haya representación legal de los trabajadores, éstos puedan elegir entre negociar a través de una comisión de un máximo de tres miembros integrada por trabajadores de la propia empresa elegidos «democráticamente» o mediante una comisión de igual número de componentes designados por los sindicatos más representativos del sector.
El debate se alargó cerca de siete horas. El portavoz del PP, José Ignacio Echániz, denunció el «batiburrillo» en el que el PSOE ha convertido la reforma laboral y en la que es el único grupo de la Cámara que la respalda, por lo que «nace coja y favorece el despido». Por CiU, Carles Campuzano la calificó de «acto fallido y oportunidad perdida», aunque su grupo, dijo, «no ha querido llevar la situación a un callejón sin salida». PP e CiU aprovecharán la mayoría que suman en el Senado para nuevas enmiendas.
Emilio Olabarria, de PNV, indicó que aprobar la reforma sólo por voto ponderado es continuar mal lo que ya «empezó mal», «fruto de un fracaso de los interlocutores sociales». «La capacidad de esta reforma para crear empleo va a ser prácticamente nula», dijo. El PNV se abstuvo «porque las alternativas eran peores». Por IU, Gaspar Llamazares lamentó la «alevosía» del «trámite exprés» que «endurece los recortes a los trabajadores que ya tenía la propuesta inicial», y lamentó que no haya prosperado su propuesta para evitar que el Fogasa financie los despidos improcedentes.
Propuesta socialista que se aprobó
El empresario podrá acogerse al despido objetivo por causas económicas con 20 días de indemnización por año trabajado cuando la empresa demuestre que las pérdidas o la caída de ingresos -antes se hablaba de beneficios- «puedan afectar a su viabilidad o a su capacidad de mantener el volumen de empleo». Se elimina la alusión a la «falta de liquidez». La empresa tendrá que acreditar los resultados alegados y justificar que de los mismos se deduce la «razonabilidad» de la decisión extintiva para «preservar o favorecer» su posición competitiva en el mercado. Cuando el trabajador alegue que el procedimiento de despido objetivo no se ajusta a derecho porque la causa real del despido es disciplinaria, le corresponderá a él la «carga de la prueba» sobre esta cuestión y no a la empresa, como hasta ahora.
Propuesta socialista que se retiró
El empresario podría acogerse al despido objetivo cuando incurriese en pérdidas, en una caída relevante de beneficios o demostrase una falta persistente de liquidez.
Los Sindicatos califican de ´aberración´ la reforma laboral
CCOO y UGT han cerrado la primera fase para la preparación de la huelga general
EFE/CÁDIZ
Los secretarios generales de Comisiones Obreras (CCOO), Ignacio Fernández Toxo, y de la Unión General de Trabajadores (UGT), Cándido Méndez, han calificado hoy en Cádiz de "auténtica aberración" la reforma laboral impulsada por el Gobierno.
En rueda de prensa, ambos sindicalistas han cerrado la primera fase para la preparación de la huelga general prevista para el 29 de septiembre y han afirmado que la consolidación de esta reforma sólo puede traer consigo el crecimiento de la temporalidad y la precariedad, por lo que no es cierto que sea la reforma del empleo.
Si ya había razones para ir a la huelga, con las enmiendas presentadas hoy se cargan aún más de explicaciones para acudir a la movilización, según los líderes sindicales.
El líder de CCOO ha criticado duramente la excusa de "falta de liquidación que se les da a las empresas para aminorar su plantilla porque con sólo dejar de pedir créditos a los bancos pueden realizar despidos, lo que es un disparate".
Toxo ha recalcado la idea de que no será tampoco necesario que "la empresa declare pérdidas, se conforman con no lograr los beneficios esperados para proceder a los despidos" y ha avanzado que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "pasará a la historia como el reformador que propició el fomento del despido".
"La crisis se manifiesta a través de diversos perfiles en términos económicos y sociales, y según como se actúe se minimizará o se agudizará los problemas", ha añadido.
Toxo ha afirmado que no les gusta "escuchar que se realicen recortes en el Ministerio de Vivienda que afectan a la rehabilitación y a la construcción, lo que repercutirá de nuevo en un aumento del paro", que ya lo hará en septiembre "cuando pasemos la bonanza de la estacionalidad del verano".
Según Toxo, el "Gobierno aún está a tiempo de dar marcha atrás y de corregir el rumbo de las cosas" y de las medidas económicas adoptadas.
Por su parte, el secretario general de la UGT ha advertido de que "la zanja que ya se abriera meses antes, se va a hacer más ancha y profunda como consecuencia de las enmiendas que tienen previsto aprobarse hoy".
Méndez ha calificado esta reforma como la más "regresiva y sin precedentes".
En cuanto al retraso en la edad de la jubilación, ambos sindicalistas han mostrado su total rechazo y han advertido de que no van a asumirlo, y han explicado que aunque hay que realizar reformas en la Seguridad Social, ni es el momento, ni se tiene las perspectivas adecuadas para meter la tijera.
La previsión de pérdidas en las empresas será causa de despido objetivo
Las abstenciones nacionalistas permiten que la norma continúe su tramitación parlamentaria
El Comercio
El PSOE se quedó solo en sacar adelante su reforma laboral. Las abstenciones de CiU y PNN permitieron que la norma continúe su tramitación parlamentaria, especial y de urgencia para que la ley entre en vigor a primeros de septiembre. El texto se votó en comisión para su traslado al Senado. Los 18 diputados socialistas dieron su sí, mientras que los 16 del PP, el de IU-ERC-ICV y el del grupo mixto votaron en contra, lo que produjo un empate. Sus señorías tuvieron que recurrir al llamado «voto ponderado», es decir, a la correlación de fuerzas en el Congreso, para que la reforma pudiera continuar su camino parlamentario. Así no hubo problemas, puesto que el PSOE con 169 escaños es el mayoritario en la cámara.
La jornada parlamentaria fue caótica; los portavoces más antiguos insistían en que nunca habían vivido semejante desconcierto. Hubo replicas y contrarréplicas entre los diputados, y acusaciones sobre que los documentos a debatir no eran los apropiados. Fue Carles Campuzano, de CiU, quien dio la voz de alarma. Avisó que el PSOE había introducido en el texto remitido a la comisión sus 17 enmiendas transaccionales (apoyadas por dos o más grupos) sin que fueran aprobadas por los grupos. Desde las filas socialistas se resaltó que CiU estaba muy contrariada por la inadmisión de uno de sus cambios, con el que pretendía que la variación de las condiciones laborales en una empresa corra a cargo de los responsables de la propia compañía y si los trabajadores no estaban de acuerdo con las modificaciones adoptadas, sería a ellos a quienes correspondiera acudir a los tribunales.
El portavoz de IU, Gaspar Llamazares resumió lo ocurrido con ironía. Aseguró que la situación era la consecuencia de ciertas negociaciones «entre bambalinas» que se han arrastrado desde hace semanas, en alusión a 'los coqueteos' que los socialistas habían mantenido con CiU.
Después de nuevos recesos, reuniones y conversaciones inhabituales en la cámara, el PSOE presentó otras enmiendas transaccionales, al parecer negociadas con el PNV y con CiU a cambio de que ambos grupos se abstuvieran en la votación del texto definitivo, lo que les permitiría ganar a través del voto ponderado. Si las fuerzas nacionalistas hubieran rechazado la posición del PSOE el proyecto hubiera concluido su tramitación parlamentaria en comisión este jueves o lo que es lo mismo la norma no hubiera prosperado.
El paso del texto de manera abreviada y rápida por las cámaras (todavía queda el Senado) ha evitado el pronunciamiento, en el pleno, de los diputados y también de aquellos representantes socialistas procedentes de la UGT molestos con la forma y el fondo de la reforma laboral decretada. Igualmente, Antonio Gutiérrez, perteneciente a ese grupo, no ha tenido la oportunidad de reiterar su rechazo al proyecto del Gobierno.
Uno de los capítulos más polémicos del proyecto es el que se refiere a las causas del despido objetivo económico. A última hora, el PSOE que había sido partidario de que entre los motivos para la expulsión justificada de los trabajadores figurara la caída relevante de beneficios y la falta de liquidez varió su postura. Quitó ambas razones e introdujo «la disminución persistente de su nivel de ingresos que puedan afectar a la viabilidad de la empresa o a su capacidad de mantener el volumen de empleo». No obstante, la empresa que utilice esas causas tendrá que acreditar los resultados alegados y justificar que de los mismos se deduce la razonabilidad de la decisión extintiva para preservar o favorecer su posición competitiva en el mercado.
Para CiU, la redacción correcta hubiera sido «mínima razonabilidad», pero su petición no fue escuchada por los socialistas. La enmienda prosperó por 19 votos a favor, 17 en contra y dos abstenciones. El sí perteneció al PSOE y al PNV; y el no al PP y a IU-ERC-ICV, mientras que el grupo mixto y CiU se inhibieron.
