PRENSA

Datos del Ministerio

Un total de 623 trabajadores fallecieron en accidentes de trabajo hasta septiembre

Un total de 623 trabajadores fallecieron en accidente laboral hasta agosto, lo que supone 192 menos que en igual periodo del ejercicio anterior (-23,5%), según datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración.

NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS- 22.11.2009

 

De esta cantidad, 471 trabajadores perdieron la vida en su puesto de trabajo, un 24,2% menos que en igual periodo de 2008, en tanto que 152 fallecieron en el trayecto de su casa al trabajo o viceversa (accidentes 'in itinere'), 42 menos que hasta septiembre del año pasado.

 

En total, hasta septiembre se registraron 510.425 accidentes laborales con baja, lo que supone un descenso del 26,6% respecto al número de accidentes registrado en igual periodo de 2008 (695.214 accidentes).

 

Del conjunto de siniestros, 454.330 accidentes se produjeron en el lugar de trabajo y 56.095 fueron siniestros 'in itinere'. Los primeros descendieron un 27,6% en tasa interanual, mientras que los segundos cayeron un 17,1%.

 

Los accidentes leves con baja en el puesto de trabajo sumaron 450.029 hasta septiembre, un 27,6% menos, y los graves alcanzaron los 3.830, un 28,3% menos que en 2008. En el caso de los siniestros 'in itinere', se registraron 54.974 accidentes de carácter leve (-17%) y 969 de gravedad (-21,1%).

 

SERVICIOS, EL SECTOR CON MÁS MUERTES

 

Por sectores, el de servicios acumuló 211 fallecidos en jornada de trabajo entre enero y septiembre, por delante de la construcción (126), industria (89) y sector agrario (45). En cuanto al total de los accidentes, las proporciones son similares: servicios (237.960 personas), industria (107.230), construcción (87.170), y agrario (21.970).

 

En cuanto a las enfermedades profesionales, en el periodo enero-septiembre se registraron 12.930 casos, de los que 7.352 causaron baja en el puesto de trabajo, cifra que representa un descenso del 20,5% respecto al año anterior.

Presupuestos del 2010

El incremento del gasto sanitario fuerza un recorte de 120 millones en carreteras y cultura

Los Presupuestos para 2010 incluyen un aumento del dinero para la carrera profesional y las empresas públicas

Oviedo, J. E. M., para La Nueva España

 

El fuerte incremento de costes que experimenta la sanidad asturiana se llevará por sí solo, de un bocado, el «moderado crecimiento» que prepara el Principado para las cuentas regionales del año 2010, y ha obligado a introducir enormes recortes, de más de 120 millones de euros, en las partidas previstas para áreas como carreteras y cultura.

 

A la vista de la evolución de los números, todavía sin cerrar definitivamente, y teniendo en cuenta el suave incremento de las cifras globales, que, según las fuentes consultadas ayer en el Principado, se moverá «entre los treinta y los cuarenta millones de euros», la redistribución de las partidas entre consejerías es el elemento más llamativo de la elaboración de las futuras cuentas regionales, unos Presupuestos cuya negociación ha encallado en la falta de acuerdo entre los socios del Gobierno bipartito regional, de PSOE e IU.

 

A expensas de los contactos que hayan podido producirse este fin de semana, la última oferta que hay sobre la mesa de negociación se situaría en torno a los 4.428 millones de euros, 34 más que los actuales Presupuestos. Tanto este apartado de 34 millones como los recortes de Infraestructuras y Cultura, que son de casi el 30 por ciento en la primera consejería (unos 90 millones) y cercano al 25 por ciento en la segunda (unos 30 millones), se van a tapar el agujero sanitario, que el pasado verano fue cifrado en unos 100 millones de euros para este mismo ejercicio, y que previsiblemente volverá a crecer en 2010. El cálculo de los recortes sólo se suaviza si se tienen en cuenta las partidas pertenecientes al plan regional de obras o «plan A», dotado con 101 millones de euros, que se repartirán entre los departamentos de Administraciones Públicas, Infraestructuras y Medio Ambiente, y Cultura.

 

Junto al gasto sanitario también crecen las partidas destinadas a amortización de deuda. El Principado ya ha anunciado su intención de llegar al límite legal de endeudamiento, que se sitúa en el 2,5 por ciento, aunque en condiciones extraordinarias podría llegar al 2,75 por ciento si la diferencia se financia con ahorro corriente, algo que la Administración regional está dispuesta a hacer. Al alza también evolucionan capítulos como los de la carrera profesional, que año tras año se incrementa con las mejoras salariales que tiene en cuenta por tramos temporales (trienios, quinquenios...) y que en 2010 podría llegar a crecer hasta seis millones de euros, según los sindicatos, al abrirse un nuevo período de adhesión al proceso, una decisión que se adoptó tras los reveses judiciales que recibió la forma en que se desarrolló el proyecto. Por último, en el capítulo de incrementos debe incluirse también el crecimiento de la partida de capitalización de empresas públicas. La gran favorecida es Gispasa, la firma encargada de la promoción de equipamientos sanitarios y sociosanitarios, que recibe 88 millones de euros. Esta partida está asignada a la Consejería de Economía, aunque quizás fuera más lógico verla también como gasto sanitario, al destinarse principalmente al nuevo Hospital Universitario, entre otras obras.

 

El incremento del gasto sanitario y la imposibilidad de acudir a un presupuesto más expansivo por la crisis ha castigado a departamentos como Infraestructuras, Cultura y, a juicio de las críticas vertidas desde IU, también a Bienestar Social. Cultura pierde cerca de treinta millones de euros, e Infraestructuras, alrededor de noventa, pese a que ambas consejerías incluyen como propias importantes partidas del «plan A». Bienestar Social y Vivienda, que cuenta con 375 millones de euros, ya ha advertido que el dinero no alcanza para mantener el salario social y seguir desarrollando la ley de dependencia. La Consejería estima que 7.000 personas podrían quedar en Asturias sin ayudas de la citada ley. El resto de partidas se recogen en el gráfico que acompaña estas líneas. La dirección de IU analizará hoy de nuevo los cambios experimentados en la negociación antes de decidir si pacta las cuentas.

El Gobierno regional insiste en el «alto riesgo» que supone la ley de integración del hospital

González Gancedo está seguro de que la iniciativa «acabará en los tribunales» y apuesta por impulsar la fórmula actual

El Comercio.22.11.09 - 02:55 - MIGUEL ROJO | ARRIONDAS

El propio título incluye «la transformación en fundación pública de la fundación privada Hospital Grande Covian», cuando este paso ya está dado.

Plazo: dice que entraría en vigor en enero de 2009.

Extinción: apunta que la integración final se haría tras extinguir la fundación, e insta al Consejo de Gobierno a que proceda a esta extinción cuando es función del Patronato del Hospital.

Informes: todos los informes planteados hasta ahora por los juristas de la cámara, incluido el último, plantean serias dificultades para su aplicación..Por activa y por pasiva. El Gobierno regional, por boca del secretario general técnico de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, José María González Gancedo, ha insistido ayer en advertir del «alto riesgo que supone embarcar al hospital de Arriondas en una aventura plagada de irregularidades en la tramitación y en el contenido», en referencia a la ley de integración impulsada por PP e IU en la Junta General. Tras analizar en profundidad el informe técnico de los letrados de la Junta hecho público estos últimos días, recomendó al PP «que se lo lean bien, porque lejos de avalar la ley pone de manifiesto que el proceso es irregular. En ningún momento avala la legalidad y plantea una serie de problemas que no tienen solución», explicó ayer en rueda de prensa.

El Gobierno quiere dejar de esta forma constancia pública de su rechazo a la ley que se impulsa en el parlamento, una ley que dan por seguro que «acabará en los tribunales, porque es segura su inconstitucionalidad», y responsabilizó directamente de las posibles consecuencias a los partidos que la apoyan con sus votos. Dijo además que el Gobierno «tiene mecanismos más que suficientes para no verse obligado a aplicar la ley». Y añadió que «hay que desmontar la teoría de que la integración que ellos proponen vaya a suponer más inversión o más medios para el hospital, porque en estos momentos el hospital de Arriondas cuenta con una integración de facto en el Sespa y tendrá un contrato programa que le permitirá avanzar en ese sentido».

Explicó también que «la legalidad no admite atajos, y hay que tener claro que no se puede ser trabajador público sin pasar una oposición». Insistió mucho en su intervención sobre «el riesgo brutal que corren los puestos de trabajo y el hospital en sí, porque si se disuelve la fundación, tal y como proponen, y después esto se impugna, que se impugnará, no habrá marcha atrás y los trabajadores se quedarán en un limbo jurídico».

Propuesta

Por todo ello, tanto González Gancedo como el presidente de la Mancomunidad de Concejos del Oriente de Asturias, Alejandro Reimóndez, insistieron en impulsar la propuesta que los socialistas pusieron sobre la mesa, que pasa por seguir con el proceso de transformación en fundación pública, sustiyendo a los actuales patronos por patronos del Sespa. «Es la fórmula que garantiza el futuro del hospital», explicó Raimóndez, «y al contrario que la ley que se propone, da una seguridad total a los trabajadores». Cree el también alcalde de Ribadedeva que «los trabajadores y los vecinos del Oriente se merecen una vuelta a la normalidad, no una incertidumbre jurídica por culpa de una ley que es una chapuza, poco trabajada a nivel jurídico y que lleva al hospital a un mar de dudas».

Recordó que, además de un servicio básico para la comarca, el hospital «es una de las empresas más importantes del Oriente, con 21,5 millones de presupuesto y trescientos trabajadores», por lo que cree «una irresponsabilidad por parte del PP, tanto por el hecho de poner en riesgo el funcionamiento del hospital como por generar entre los ciudadanos una falta de confianza en el centro y en el sistema de provisión de empleo público, ya que habrá cientos o miles de trabajadores que están en una situación similar y que se verán perjudicados».

Confía Reimóndez en que «pronto se pueda volver a la normalidad y retomar el diálogo con el comité de empresa y los trabajadores, que están plenamente homologados en salarios y condiciones laborales con los del Sespa y no tienen necesidad de correr un riesgo como el que plantea la ley».

En definitiva, un nuevo toque de atención desde las filas socialistas ante las posibles consecuencias de avanzar en la ley de integración del hospital de Arriondas y una llamada a trabajadores y usuarios para que «no se dejen engañar por la confusión que está sembrando el PP» con este tema

 

La Voz de Asturias. 22/11/2009 C. GARCIA

EL CONFLICTO DEL CENTRO SANITARIO DEL ORIENTE.

Salud advierte del riesgo de la nueva ley para el Grande Covián

Asegura que con la transformación peligra el futuro de la plantilla del hospital.

La Voz de Asturias. 22/11/2009 C. GARCIA

Hospital comarcal del Oriente.

Foto:JAVIER G. CASO Edición impresa en PDF

  Salud insiste en que los puestos de trabajo del hospital Grande Covián peligran con la transformación del centro en fundación pública. El secretario general técnico de la consejería, José María González Gancedo, mostró ayer su preocupación por la tramitación de la iniciativa presentada por los populares para transformar la Fundación y asegura que "embarca a los trabajadores y al propio en un proceso que está lleno de incertidumbres y de riesgo".

 

Según Gancedo se trata de una proposición de ley "plagada de irregularidades en la tramitación y en el contenido", que no pretende transformar la fundación, sino "extinguirla e integrar a su personal como laboral fijo del Sespa". Frente a ello, explicó que existe una propuesta encima de la mesa del Gobierno, "sin incongruencias ni adverbios inapropiados" que permite alcanzar estos resultados partiendo de dos premisas irrenunciables: "garantizar los derechos de los trabajadores y cumplir con la legalidad".

 

También se refirió a las voces que apoyan la supuesta legalidad de la proposición de las que dijo "desconocen los tres informes anteriores que ponen de manifiesto irregularidades en la tramitación". Critica que se trata de un proceso "plagado de ilegalidades" y recuerda que el consejo de Gobierno no tiene competencias para disolver una Fundación. Y aseguró que considera que el informe del letrado de la Junta avala la integración es producto de "una mala interpretación".

 

Según González Gancedo, el último informe de los servicios jurídicos de la Cámara vuelve a poner de manifiesto nuevas irregularidades. Entre ellas, el secretario general destaca el que alerta de que, en el caso de que llegue a aprobarse, se produciría la extinción de la fundación "antes de la integración de los trabajadores en el Servicio de Salud" , y constata que existen "dudas razonables" sobre si el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores es aplicable a las reorganizaciones administrativas. "Creo que la responsabilidad con el Hospital y con los trabajadores exige un proceso sin incongruencias y con los adverbios apropiados", concluyó el secretario general técnico.

 

 

La Nueva España. Arriondas (Parres),

El futuro del complejo sanitario

 Salud ve «grave» el proceso abierto para integrar el hospital en el Sespa

Cree que la plantilla usará un «atajo» para acceder al empleo público  La propuesta divide a los alcaldes de la comarca

Salud ve «grave» el proceso abierto para integrar el hospital en el Sespa  lópez de arenosa

Bárbara MORÁN

El futuro del Hospital de Arriondas copa gran parte de la actualidad en la Junta General ante la proposición de ley planteada por el PP e IU para integrar el centro comarcal en la red pública. Esta propuesta ha sido analizada por el letrado de la Junta, Ignacio Arias, en un informe que para usuarios y la plantilla ratifica los realizados anteriormente por los catedráticos Raúl Bocanegra y Alfonso Fernández-Miranda, es decir, avala la legalidad de integrar a la plantilla junto al hospital en el Sespa. En el PSOE no lo ven así y sostienen que el letrado plantea varias dudas.

 

El secretario general técnico de la Consejería de Salud, José María González Gancedo, afirmó ayer que el proceso que defienden IU y PP «está plagado de irregularidades en el fondo y en la forma». Gancedo considera que la mejor garantía para los derechos de los trabajadores es el mantenimiento de la figura de la fundación pública y advirtió de que el último informe elaborado por los servicios jurídicos de la Junta General supone un «duro varapalo» para la iniciativa parlamentaria.

 

El técnico defendió para el Hospital de Arriondas y para su plantilla una «ley sin incongruencias y sin adverbios inapropiados». Gancedo considera que la iniciativa parlamentaria, tal y como se desprende del informe, «embarca a los trabajadores y al hospital en un mar de incertidumbres y riesgos. Y no queremos para Arriondas una ley que esté llena de incongruencias y con lo que algunos han calificado de adverbios inapropiados, porque esto es algo muy grave».

 

El técnico compareció para dejar clara la postura del Gobierno regional respecto al hospital y su integración a largo plazo en el Sespa. Su propuesta parte de dos premisas irrenunciables: garantizar los derechos de los trabajadores y cumplir con la legalidad, porque «en el cumplimiento de la legalidad, y en este caso en el acceso al empleo público, no hay atajos», concluyó el socialista.

 

La misma opinión defendió el alcalde de Ribadedeva, el socialista Alejandro Reimóndez, presidente de la Mancomunidad del Oriente de Asturias y ex patrono de la Fundación Francisco Grande Covián. «El informe de Arias genera mucha incertidumbre», sentenció Reimóndez. El regidor defiende como destino más «cierto y seguro» para el hospital la permanencia de la fundación pública como la «única y mejor opción». Además, aboga por que los trámites para transformar el Grande Covián en un centro hospitalario público sean los estipulados por la ley.

 

El regidor dijo que si se aprueba la propuesta de ley cabrán los recursos y el futuro del Grande Covián «penderá de la pertinente resolución judicial. Y en materia de salud, que es un derecho vital, no se puede apostar por un futuro incierto».

 

Por su parte, José Manuel Fernández, alcalde de Peñamellera Baja por el PP, subrayó que el escollo para que avance la proposición de ley es el debate sobre la integración del personal, cuando este tema «es el que menos importa a los usuarios». El dirigente popular alegó que el clamor popular «es tener los mismos recursos sanitarios de los que disponen los ciudadanos en otros hospitales comarcales. Sobre el tema del personal, creo que ya habrá fórmulas jurídicas para resolverlo. Sin duda, el futuro es la proposición de ley», concluyó.

 

«El informe del letrado sobre la integración genera mucha incertidumbre»

 

<Alejandro Reimóndez >

 

Alcalde de Ribadedeva

 

«Los usuarios sólo quieren tener los mismos recursos que el resto de Asturias»

 

<José Manuel Fernández >

 

Alcalde de Peñamellera Baja

Próximo martes a las 19:30 h en La Felguera ...

MIERES

IU de las cuencas se suma a la manifestación

20.11.09 – El Comercio

Los responsables de Izquierda Unida en las comarcas mineras del Nalón y el Caudal anunciaron ayer en Mieres su apoyo a la manifestación convocada por los sindicatos el próximo día 24 en Langreo para reivindicar unas cuencas para vivir y para trabajar. Según sus representantes, el hecho de que los niveles de desempleo en las cuencas sean similares a los de los años 80 y 90 es «un dato muy preocupante» que «pone en evidencia los pies de barro de las respuestas que se han dado a la crisis».

Por las situaciones de Madrid y Valencia ...

Llamazares alerta sobre la privatización de los servicios sanitarios

El diputado de IU pide el voto socialista para su propuesta de ley en defensa del sistema público

Mieres, A. V. / Efe, para La Nueva España
El portavoz de IU en el Congreso de los Diputados se dirigió ayer, desde Mieres, al PSOE instándole a respaldar el proyecto de Ley planteado por su grupo mediante el cual «pretendemos frenar la privatización de los servicios sanitarios en España». Llamazares aseguró que los socialistas «están dudando sobre qué hacer con nuestra propuesta, y si no lo aprueban, no estarán defendiendo un sistema sanitario público y de calidad».

El portavoz parlamentario de IU advirtió que «ahora mismo se están produciendo graves agresiones contra el sistema sanitario público en Madrid y Valencia, con iniciativas de privatización que ponen en riesgo la calidad de la atención pública». Por ello, Llamazares recomendó al PSOE que apoye su proyecto de Ley, ya que «de esta forma estarían defendiendo un sistema sanitario público de calidad y de garantías». De no hacerlo, indicó el diputado, «los socialistas estarían evidenciando que no ven tan mal las privatizaciones».

Sobre la ley de plazos en materia de interrupción voluntaria del embarazo, opinó que «nos homologaría con el resto de países europeos». «No hacemos más que ponernos al nivel de otros países europeos en cuanto al derecho a la maternidad», añadió, y comentó que «por primera vez hay posibilidad de que se financie el conjunto de los anticonceptivos».

Pues se corrige la literatura y punto ...

Fechas clave

Hospital de Arriondas, futuro incierto

El dictamen del letrado de la Junta reconoce que la integración sería legal, pero observa «incongruencias» en el texto que han pactado PP e IU

La plataforma de usuarios ve «muy positiva» la argumentación de Arias

El informe del abogado ratifica los de Bocanegra y Fernández-Miranda, asegura el comité

Arriondas, R. DÍAZ / B. MORÁN, para La Nueva España
Un adverbio inadecuado y varias frases incongruentes. Al margen de cuestiones procedimentales ya superadas, son los principales escollos que ha encontrado el letrado de la Junta General, Ignacio Arias, al analizar la proposición de ley para integrar el Hospital del Oriente en la red sanitaria pública. La primera y más importante conclusión del dictamen es que la integración del centro y de la actual plantilla sería legal, aunque la redacción de la proposición de ley no sea la más adecuada en algunos puntos. Además, el letrado desvela en su informe que no sería la primera vez que el Principado asumiría como laborales fijos a personas que, en origen, no ostentaban la condición de empleados públicos. Ya lo hizo en 1997, cuando asumió «las funciones, el personal y el patrimonio de las Cámaras de la Propiedad Urbana».

El dictamen del letrado, de 19 páginas, destaca que la introducción de cinco enmiendas de IU en la proposición de ley que presentó el PP ha provocado varias «incongruencias», que «deben ser revisadas en la ponencia».

Un adverbio, «previamente», genera más problemas. La proposición señala que «previamente a la integración del Hospital se procederá por el Consejo de Gobierno a la extinción de la fundación del sector público, pasando a ser gestionado directamente por el SESPA y su personal asumido como personal fijo». El letrado destaca que el adverbio «previamente» sitúa la extinción de la fundación pública que rige el hospital en un momento anterior a la asunción del personal. El letrado se pregunta si esta circunstancia «no podrá plantear dificultad práctica», ya que la jurisprudencia establece que para que opere la subrogación es «necesario» que «los contratos de trabajo se encuentren vigentes en el momento del traspaso». Y si la fundación se disolviera previamente «podría suscitarse la cuestión de si los contratos permanecen vigentes o si, por el contrario, quedan extinguidos por pérdida de la personalidad jurídica del empleador» antes de la cesión, añade el letrado de la Junta.

El jurista destaca asimismo que las causas de disolución de las fundaciones están «legalmente tasadas». En el caso de la fundación «Grande Covián, sólo podría disolverse si resultara de imposible el cumplimiento su fin fundacional: la gestión del Hospital de Arriondas. El letrado sostiene que sería mucho más fácil justificar la disolución una vez que el Hospital y la plantilla se integraran en el SESPA, puesto que se vería «desprovista de su razón de ser». Por el contrario, «si la disolución fuese previa, la causa pudiera resultar más problemática», añade el jurista.

Otra objeción: tras las enmiendas de IU, la proposición señala que ha de ser el Consejo de Gobierno el que proceda a la extinción de la fundación. Habrá que cambiar el texto, puesto que la disolución «sólo puede ser decidida por el patronato», en el que, eso sí, el Consejo de Gobierno ostenta la mayoría. La conclusión del letrado es clara: «no debería mantenerse la fórmula textual de la enmienda, que atribuye al Consejo de Gobierno una facultad, la de disolver, de la que carece.

El letrado señala casos, en otras regiones, en los que personal sanitario que carecía de la condición de empleado público ha sido integrado en la red pública como personal laboral fijo (esa es la aspiración de la plantilla del Hospital), e incluso como personal estatutario. El letrado indica que los laborales fijos no podrán participar «en procesos de movilidad geográfica, ni de promoción que no estén circunscritas a su centro de trabajo». Claro que la plantilla del Hospital tampoco puede hacerlo en la actualidad.

La presidenta del comité de empresa, Dolores Colunga, destacó que el informe del letrado de la Junta ratifica lo que la plantilla ha defendido e todo momento, que su integración del Hospital en el Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA) es legal. Colunga señaló que el dictamen corrobora los de otros juristas, como Raúl Bocanegra y Alfonso Fernández-Miranda, que avalaron la integración. «El informe ratifica que la incorporación al SESPA provocará que sigamos siendo laborales fijos, lo mismo que somos ahora, lo que queremos ser y lo que siempre hemos dicho que seríamos».

La sindicalista subrayó que las restricciones que implicaría la incorporación al SESPA, señaladas por el letrado y que el PSOE intenta convertir en caballo de batalla, son «exactamente las mismas» que tiene ahora la plantilla. «El PSOE no acaba de entender que la ley que defienden PP e IU está pensada para 55.000 ciudadanos, no para 200 trabajadores», señaló Colunga, quien retó a los socialistas a que desvelen si prefieren que en el Oriente haya «una atención sanitaria indirecta, a través de una fundación, como ahora, o directa, como en el resto de Asturias».

El presidente de la Plataforma de Asociaciones en Defensa del Hospital de Arriondas, Agustín López-Rivas, valoró, ayer, de forma muy positiva el informe del letrado de la Junta sobre la propuesta para integrar el hospital en la red sanitaria pública. El dictamen de Ignacio Arias «corrobora los elaborados anteriormente por otros dos letrados, Raúl Bocanegra y Alfonso Fernández-Miranda», que también «avalan y reconocen que la integración del Hospital y de la plantilla es legal», destacó López-Rivas, al tiempo que reconoció que a los usuarios les sigue «inquietando» la actitud del PSOE.

«No entendemos cómo (los socialistas) pueden seguir defendiendo que lo mejor es mantener la actual fundación pública que gestiona el centro. Es totalmente incomprensible, dados los pésimos resultados de este sistema, el caos y los conflictos con la plantilla, algo más que demostrables a lo largo de estos años», defendió López-Rivas, quien exigió para el Oriente un servicio sanitario con las mismas condiciones y derechos que las que gozan las demás comarcas de la región.

Fundación y apertura

El Hospital del oriente de Asturias abrió sus puertas el día 2 de junio de 1997 y se inauguró oficialmente un año después, aunque la constitución de la fundación que lo rige se produjo dos años antes.

De privado a público

El 1 de septiembre de 2008, la fundación privada «Grande Covián» se transformó en fundación pública, con lo que quedó adscrita al Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA).

O adaptarse o no poder ampararse en la Ley de Dependencia

El TSJA rechaza el recurso de los geriátricos contra la acreditación de la Ley de la Dependencia

20.11.09 - 02:27 - SUSANA NEIRA | OVIEDO, para El Comercio

La sala considera que « el interés general está por encima del particular» .

25 centros privados ya han solicitado la credencial, que entrará en vigor el día 7.

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha rechazado el recurso de la Asociación Asturiana de Centros y Servicios a Mayores (Asacesema) contra la nueva normativa de acreditaciones para aquellas residencias privadas que quieran participar en el sistema de la Ley de la Dependencia. El colectivo había exigido la suspensión cautelar de la norma al considerar que el Principado exige a los centros más plantillas y servicios sin aumentar las tarifas.

Asacesema había solicitado la paralización de la medida -publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) el pasado 21 de junio y que sí contó con el respaldo de otros colectivos- al entender que conllevaría un 60% de incremento de personal. Sin embargo, el tribunal considera que «el interés general está por encima del particular», por lo que la acreditación no se suspende, sino que entrará en vigor el próximo 7 de diciembre.

Esa será la fecha tope para que aquellos centros de día, de discapacitados o residencias de mayores que quieran continuar trabajando con la Administración regional puedan mantener las plazas concertadas una vez que finalicen sus actuales contratos.

Hasta ahora, 25 centros privados ya han solicitado la acreditación. Su carácter provisional se mantendrá hasta que la Administración conteste en un máximo de tres meses. El viceconsejero de Bienestar Social, Ángel González, que compareció ayer ante los medios de comunicación para presentar la resolución judicial, indicó que espera el aumento de dicha cifra, que apenas representa entre un 10 y un 20% del total. «Entiendo que muchos aún no lo han hecho porque esperaban el resultado de esta resolución judicial», añadió.

«Competencia desleal»

González recordó que el distintivo no es obligatorio, pero sí necesario para estar en el sistema de la Ley de la Dependencia, es decir para aquellos centros privados que quieran acoger a personas beneficiarias. La actual norma «se fue extendiendo» para todos los centros en un principio, pero «no puede tener perdurabilidad sine die, porque es injusto, provocaría competencia desleal», explicó el viceconsejero. Es decir, que no quiere que si un centro presta unos servicios y otro presta otros con una diferencia abismal en términos económicos, el dinero público vaya por igual a los dos.

En cuanto a aquellas residencias que no quieran vincularse a la Ley de la Dependencia, González explicó las consecuencias: «Si hay algún centro que tiene internos que se están beneficiando de la prestación, se mirará jurídicamente, pero es una situación a extinguir». Además, «a partir de ahora no se dará prestación económica a ninguna persona si no es contra factura de centro acreditado y no se concertarán plazas con ningún centro que no esté acreditado».

Respecto al precio fijado de 1.229 euros por plaza para los centros que soliciten acreditación, González reconoció que quizá la cantidad «sea insuficiente» pero recordó que en Asturias se pagaban 800 euros hace apenas seis años.

En cualquier caso, se mostró confiado en lograr las cifras de otras comunidades. «En otros puntos de España se están situando en 1.400 o 1.500 euros, así que tenemos que seguir mejorando, y vamos a ver si dentro del marco general de la evolución de las plazas concertadas en el año que viene, si con buen criterio y sentido económico, se puede combinar», añadió

Los medios de comunicación se hacen eco de lo publicado ayer en el BOPA

ENTRA EN VIGOR EL PLAN DE ORDENACION DE RECURSOS HUMANOS.

El Sespa jubilará a más de 300 médicos en los próximos meses

El documento flexibiliza los horarios y los traslados.

El futuro modelo retributivo primará el rendimiento.

 

20/11/2009 GEORGINA FERNANDEZ, para La Voz de Asturias.

Más de 300 médicos del sistema público de salud asturiano (Sespa), un 9´4 % de los que están en ejercicio, se jubilarán en los próximos meses, de acuerdo con la norma que dicta el Plan de Ordenación de Recursos Humanos, aprobado el pasado día 11 por el Consejo de Gobierno y que prohibe, como regla general, prolongar la actividad laboral por encima de los 65 años.

El Plan de Recursos Humanos será el catecismo de funcionamiento del Sespa en materia de personal y afectará a los 15.843 empleados que el servicio de salud asturiano tiene en plantilla (a 31 de enero pasado). El parto de este documento fue largo y doloroso. Lo aprobaron los sindicatos CCOO y UGT, además de la Administración, pero lo rechazaron sindicatos profesionales del sector como el de los médicos (Simpa) y enfermería (Satse). Además de lo referente a la jubilación, presenta otras novedades relacionadas con el horario de trabajo o los traslados que, en general, suponen una mayor flexibilización de las condiciones laborales. Manuel Cores, director económico financiero del Sespa, explicaba ayer que la nueva normativa se aprueba para cumplir la de rango estatal: el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, que ya impone la mayor parte de los cambios que el plan asturiano incorpora.

El nuevo texto incluye además un propósito: definir un sistema retributivo nuevo que primará rendimiento y eficiencia. A continuación, algunos de los ejes fundamentales de la normativa que entra en vigor de inmediato, según confirmó ayer el Sespa.

La jubilación forzosa de los que tienen más de 65 años

El texto anuncia que se declarará la situación de jubilación forzosa de todos los profesionales que cumplan 65 años, para fomentar la renovación de plantillas y también, y "con carácter general", la de todo el personal que ahora ya tenga más de esa edad y haya sido autorizada su prolongación voluntaria de permanencia en servicio activo, "dado que dichas resoluciones de autorización estaban, en todo caso, condicionadas a las especificaciones del presente Plan".

La norma establece como "única excepción" los casos en los que el Sespa vea que faltan profesionales con la cualificación y competencia requeridas y sólo hasta que se puedan cubrir esas plazas. Esas excepciones "deberán ser expresamente motivadas" y se debe indicar el plazo de la prolongación de la etapa laboral. Esto afecta especialmente a los médicos. Ahora mismo están en ejercicio 102 facultativos de más de 65 años, lo que, unido a los 204 que cumplirán esa edad en el 2010, indica que se retirarán del servicio unos 300; mientras que serán 44 los enfermeros que harán lo mismo en ese próximo ejercicio.

Creación de nuevas categorías profesionales

El documento anuncia que, previa negociación colectiva, se procederá "a la creación de las nuevas categorías que sean necesarias y que den solución a las lagunas funcionales que se puedan detectar". Será, ahora, tras la aprobación del plan, cuando se iniciarán los trámites para la creación de esos puestos profesionales específicos.

Todos estatutarios, y los laborales, a extinguir

Todas las incorporaciones de personal, que se efectúen a partir de este momento en el Sespa, lo serán con carácter preferente bajo el régimen jurídico estatutario. Cores recuerda que, únicamente tienen carácter de personal laboral, los trabajadores del antiguo Hospital General de Asturias; del centro hospitalario Monte Naranco y de la plantilla de Salud Mental. A todos ellos se les ofreció en el año 2007 la oportunidad de integrarse en el régimen estatutario, pero no todos lo hicieron. Actualmente quedan unos 600 empleados de contrato laboral --una fórmula en extinción en el Sespa-- en plantilla, una cifra mínima en comparación con los más de 13.000 estatutarios.

Movilidad obligada por necesidades del servicio

El Plan de Recursos Humanos cataloga como "prioritaria" la movilidad voluntaria de los trabajadores, pero en algún caso se contempla la obligatoriedad. El texto señala que la Gerencia del Sespa "podrá trasladar temporalmente al personal estatutario fuera del ámbito determinado en su nombramiento, por necesidades del servicio debidamente acreditadas, cuando concurra la falta de personal y de demandantes de empleo en determinadas categorías y/o especialidades, por razones asistenciales de carácter urgente e imprevisibles". Eso incluye el traslado temporal a otras áreas sanitarias "cuando las necesidades asistenciales de la población de dicha área no puedan ser garantizadas con los recursos humanos propios de ésta". En cualquier caso, esa medida se adoptará "por el tiempo indispensable" para otorgar esa cobertura o hasta que se cubran las plazas necesarias para dar ese servicio".

Nuevo sistema retributivo que evite la disparidad

El documento indica que, en materia de retribuciones, "el gran reto será definir un sistema que aporte soluciones a la disparidad de situaciones que, día a día, se dan en los servicios sanitarios, situaciones que requieren de un cierto grado de flexibilidad a la hora de organizar las áreas y dar solución asistencial a las mismas, con su consecuente contraprestación". En ese sentido, el portavoz del Sespa señalaba ayer que, a partir de ahora, se abre un nuevo capítulo, y será el que marcará la

 

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el debate para la elaboración de ese nuevo modelo de remuneración económica. Mientras la carrera profesional, que para el personal sanitario ya es una realidad desde hace un par de años, premia la trayectoria del empleado, ese nuevo sistema de percepción de haberes primará la eficiencia y el rendimiento, aunque sea menos homogéneo que el actual, adelanta Manuel Cores.

Adecuación de la jornada laboral a las necesidades

El plan considera "la adecuación de la jornada de trabajo" un instrumento "necesario para planificar y desarrollar la función asistencial". La jornada tendrá un cómputo anual de "inexcusable" cumplimiento, pero el texto anual añade: "distribuyéndose en función de las necesidades y de la organización del trabajo en los distintos centros y dispositivos sanitarios, de manera que la oferta de los servicios a los usuarios suponga una mejora y modernización del servicio sanitario público". Cores explica que esto último es prioritario y que el objetivo final es "atender a la población durante las 24 horas".

La dedicación exclusiva de los mandos y las jefaturas

En la nueva normativa queda claro que el ejercicio de jefaturas, mandos intermedios y otros puestos singularizados "llevará implícita la dedicación exclusiva al servicio sanitario público, así como la prestación de servicios en régimen de dedicación especial, realizando una jornada ordinaria anual de trabajo efectivo superior al resto de los profesionales"; además, "un número determinado de horas, deberá ejecutarse de manera efectiva en horario distinto al que comprende la jornada ordinaria habitual".

Primeras reacciones de los sindicatos del sector

UGT y CCOO firmaron su aceptación del plan. Aseguraron que la mayor parte de las nuevas disposiciones las impone ya en el marco del estatuto marco estatal. No firmaron, entre otros Satse (enfermería) y Simpa (médicos). Nicolás Gonçalves, facultativo y asesor jurídico de este último sindicato, ayer, en una primera valoración, tras la publicación del texto, mostraba su escepticismo ante la catarata de jubilaciones anunciada: "No nos lo creemos. Todos esos especialistas no surgen, de la noche a la mañana como champiñones, a menos que se quiera contratar a médicos de categoría inferior a la europea".