O adaptarse o no poder ampararse en la Ley de Dependencia

El TSJA rechaza el recurso de los geriátricos contra la acreditación de la Ley de la Dependencia

20.11.09 - 02:27 - SUSANA NEIRA | OVIEDO, para El Comercio

La sala considera que « el interés general está por encima del particular» .

25 centros privados ya han solicitado la credencial, que entrará en vigor el día 7.

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha rechazado el recurso de la Asociación Asturiana de Centros y Servicios a Mayores (Asacesema) contra la nueva normativa de acreditaciones para aquellas residencias privadas que quieran participar en el sistema de la Ley de la Dependencia. El colectivo había exigido la suspensión cautelar de la norma al considerar que el Principado exige a los centros más plantillas y servicios sin aumentar las tarifas.

Asacesema había solicitado la paralización de la medida -publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) el pasado 21 de junio y que sí contó con el respaldo de otros colectivos- al entender que conllevaría un 60% de incremento de personal. Sin embargo, el tribunal considera que «el interés general está por encima del particular», por lo que la acreditación no se suspende, sino que entrará en vigor el próximo 7 de diciembre.

Esa será la fecha tope para que aquellos centros de día, de discapacitados o residencias de mayores que quieran continuar trabajando con la Administración regional puedan mantener las plazas concertadas una vez que finalicen sus actuales contratos.

Hasta ahora, 25 centros privados ya han solicitado la acreditación. Su carácter provisional se mantendrá hasta que la Administración conteste en un máximo de tres meses. El viceconsejero de Bienestar Social, Ángel González, que compareció ayer ante los medios de comunicación para presentar la resolución judicial, indicó que espera el aumento de dicha cifra, que apenas representa entre un 10 y un 20% del total. «Entiendo que muchos aún no lo han hecho porque esperaban el resultado de esta resolución judicial», añadió.

«Competencia desleal»

González recordó que el distintivo no es obligatorio, pero sí necesario para estar en el sistema de la Ley de la Dependencia, es decir para aquellos centros privados que quieran acoger a personas beneficiarias. La actual norma «se fue extendiendo» para todos los centros en un principio, pero «no puede tener perdurabilidad sine die, porque es injusto, provocaría competencia desleal», explicó el viceconsejero. Es decir, que no quiere que si un centro presta unos servicios y otro presta otros con una diferencia abismal en términos económicos, el dinero público vaya por igual a los dos.

En cuanto a aquellas residencias que no quieran vincularse a la Ley de la Dependencia, González explicó las consecuencias: «Si hay algún centro que tiene internos que se están beneficiando de la prestación, se mirará jurídicamente, pero es una situación a extinguir». Además, «a partir de ahora no se dará prestación económica a ninguna persona si no es contra factura de centro acreditado y no se concertarán plazas con ningún centro que no esté acreditado».

Respecto al precio fijado de 1.229 euros por plaza para los centros que soliciten acreditación, González reconoció que quizá la cantidad «sea insuficiente» pero recordó que en Asturias se pagaban 800 euros hace apenas seis años.

En cualquier caso, se mostró confiado en lograr las cifras de otras comunidades. «En otros puntos de España se están situando en 1.400 o 1.500 euros, así que tenemos que seguir mejorando, y vamos a ver si dentro del marco general de la evolución de las plazas concertadas en el año que viene, si con buen criterio y sentido económico, se puede combinar», añadió