El PP descarta fisuras internas sobre el aborto y el PSOE pide votar en secreto
Los socialistas afirman que muchos diputados populares se avergüenzan de la reforma
Llamazares rechaza una norma "cavernaria"
Madrid / Oviedo, Agencias / P. Á., en La Nueva España.
El debate sobre la reforma de la ley del aborto sube de tono. El Partido Popular aseguró ayer que en su grupo parlamentario no existen fisuras ante el cambio normativo impulsado por el Gobierno de Mariano Rajoy. Sin embargo, el PSOE se muestra convencido de que muchos de los diputados populares están "avergonzados" y, en consecuencia, ha retado a su adversario a que permita votar en secreto la retirada urgente e inmediata de la reforma en un Pleno extraordinario en enero.
Los dos partidos, el PP y el PSOE, se cruzaron ayer declaraciones sobre la reforma legal, que ha sido criticada por los socialistas, pero también por el grupo parlamentario de IU-ICV-EUiA-CHA, por considerarla -en palabras del diputado asturiano de Izquierda Unida Gaspar Llamazares- "cavernaria, oscurantista e inquisitorial".
Tanto el PSOE como IU reclamaron una reunión inmediata de la Diputación Permanente para que acuerde la comparecencia en el Congreso de los ministros de Justicia y Sanidad, Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Mato, respectivamente, con el fin de que expliquen este anteproyecto que, a su juicio, es más propio de la época anterior a la democracia. Asimismo, el PSOE pidió que comparezca en el Congreso antes de febrero la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, bajo cuya presidencia del Consejo de Ministros se aprobó este "vergonzoso" anteproyecto, en palabras de la portavoz parlamentaria socialista, Soraya Rodríguez.
Desde las filas del PP se niega la existencia de fisuras internas. El secretario general del Grupo Popular en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, vaticinó que en sus filas habrá unanimidad porque el partido tiene una "posición clara" que en su día plasmó en su programa electoral. Según Bermúdez de Castro, los diputados del PP "siempre votan libremente", aunque, matizó, "en coherencia con lo que defiende" el programa del partido. La posición de los populares sobre el aborto "es clara" y así se ha plasmado en congresos y en los órganos de decisión que aprobaron el programa, enfatizó el secretario general del grupo, quien pronosticó que no alberga el temor de que algunos diputados del PP rompan la disciplina de voto.
El PSOE ve las cosas de otra forma. Por eso registró en la mañana de ayer en el Congreso una proposición no de ley para que se celebre este mismo mes un Pleno extraordinario en el que se aborde la retirada del anteproyecto y en el que el voto de los diputados sea secreto. Soraya Rodríguez invitó a presidentes autonómicos -como el extremeño José Antonio Monago, quien se ha manifestado contrario a la reforma- a reunirse con los diputados de sus circunscripciones para emplazarlos a oponerse a la iniciativa.
Los socialistas sostienen que "mucha gente" en el PP no comparte el anteproyecto y que no ve bien que la derecha española tenga que recibir la "vergonzosa felicitación de un fascista como Le Pen". Según la portavoz socialista, "esta ley sólo ha recibido los aplausos de Rouco Varela, del fascista Le Pen y de un supernumerario como Cotino".
Los populares han convocado para el próximo miércoles a su comité ejecutivo nacional, que presidirá Rajoy, y en el que previsiblemente se hablará de la reforma legal del aborto.
Dos visiones
José A. Bermúdez (PP)
El aborto "no es un derecho", "ningún organismo internacional" lo define como tal. Es "un drama", una decisión "traumática" que tiene que ser siempre "una excepción".
Gaspar Llamazares (IU)
La reforma del PP "se ensaña con las mujeres" y "nos retrotrae al pasado, no a la ley de 1985". Va contra la historia y la realidad del país y del PP; "sólo se identifica con la caverna".
El PSOE pide el voto secreto en el debate parlamentario del aborto
Los socialistas tratan de alentar las divisiones internas en el PP, mientras los populares dicen que no hay riesgo de que se produzcan «fisuras»
03.01.14 - ANTONIO PANIAGUA | MADRID, en El Comercio.
El PSOE confía en que continúen las disensiones en el PP con respecto a la nueva ley del aborto. Con el fin de que alentar la división interna, los socialistas han pedido que la votación en el Parlamento de la norma apadrinada por el ministro Ruiz-Gallardón sea secreta para que los diputados y senadores voten en conciencia. Sin embargo, no está ni mucho menos en el ánimo del PP aceptar la libertad de voto. Lo dejó ayer muy claro el secretario general del grupo popular en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, quien antepuso el cumplimiento del programa electoral a cualquier otra consideración. «Los diputados del PP siempre actúan con libertad de voto pero en coherencia con lo que se han comprometido en el programa electoral y los compromisos adquiridos en el debate de investidura», dijo el parlamentario.
Antes incluso de que comience el debate, el PSOE demandó la retirada del proyecto, como consta en una proposición no de ley presentada ayer.
El PSOE está persuadido de que muchos populares aprobarán con sentimientos encontrados la reforma de la ley del aborto. La portavoz del grupo socialista en la Cámara baja, Soraya Rodríguez, apeló a la conciencia de los diputados díscolos del PP para que rechacen un anteproyecto de ley que tildó de «vergonzoso». Por eso, la dirigente socialista inscribió esta «contrarreforma» en los postulados de la derecha más reaccionaria, como lo demuestra el hecho de que «solo haya recibido el aplauso del fascista Le Pen, de Rouco Varela y del supernumerario Cotino. En el PP hay mucha gente que se avergüenza».
Para redoblar las presiones y que los líderes del PP incurran en posibles contradicciones, el PSOE acentuará su ofensiva y hará que se pronuncien sobre el asunto miembros del Gobierno que ahora no han hablado. Por ello, solicitará que se reúna la Diputación Permanente del Congreso para que apruebe la comparecencia cuanto antes de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y de la ministra de Sanidad, Ana Mato. También quiere que responda en sede parlamentaria el inspirador de la reforma, Alberto Ruiz-Gallardón, muy dolido por las críticas internas a su iniciativa.
A esta petición de comparecencias se ha sumado IU. El diputado de esta formación Gaspar Llamazares, para quien la nueva ley rezuma «misoginia» y trata a la mujer como una «menor de edad», arguye que no es cierto que la norma auspiciada por Gallardón retrotraiga a España a 1985, en alusión a la ley de supuestos despenzalizadores, sino que la remonta a más años atrás. No en balde, las restricciones a que se someten la interrupción del embarazo en caso de anomalía fetal son más «retrógradas» que lo establecido en ley de los ochenta.
Aunque de cara a la galería los populares tratan de ofrecer una imagen de tranquilidad, el PP se prepara para impedir «fisuras» en el grupo popular. Bermúdez de Castro descartó que haya una ruptura de la disciplina de voto, si bien es consciente de que la cuestión toca mucho la «sensibilidad» de los parlamentarios. Con todo, incidió en que la postura de los populares está plasmada en congresos y resoluciones del partido.
Una de las pocas mujeres que han desacatado las directrices del partido es la vicepresidenta primera del Congreso, Celia Villalobos, que discrepa abiertamente de la doctrina del partido en lo que atañe a la interrupción voluntaria del embarazo.
Ya ha habido una llamada al orden. Nuevas Generaciones ha desautorizado al número dos de la organización, Javier Dorado, quien puso en duda que el Estado tenga que coartar la libertad de la mujer a la hora de tener hijos. La rama juvenil del PP sostuvo que se trata de la opinión de un afiliado. De hecho, Nuevas Generaciones no ha emitido ninguna opinión sobre el texto.
Otros detractores de la futura norma, sin duda más poderosos, no han sufrido desautorización por parte de la dirección del partido. Es el caso de los barones Alberto Núñez Feijóo y José Antonio Monago, la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes -una figura al alza en el PP- o los alcaldes de Valladolid y Zamora, a quienes ningún dirigente ha afeado su conducta.
Muchos de estos desmarques tienen un interés electoral que es difícil disimular. Monago tiene que obtener la mayoría absoluta para poder gobernar en solitario en Extremadura, a la vista de la creciente cercanía entre las cúpulas del PSOE e Izquierda Unida. El electorado extremeño, claramente escorado hacia la izquierda, premias estos posicionamientos.
En este contexto, Mariano Rajoy presidirá el día 8 el comité ejecutivo nacional, en el que sobrevolará la controversia sobre el aborto.
Gaspar Llamazares: “Sería hipócrita que los diputados extremeños del PP votasen a favor de la ley del aborto"
"Después de la Ley de Tasas, esta reforma es el desahucio de Gallardón", afirma el portavoz de Justicia de la Izquierda Plural
"Queda mucho camino aún para la disidencia y la desobediencia civil. Una ley que niega de esta manera derechos a las mujeres no merece ser obedecida"
Carmen Moraga, en eldiario.es
El diputado de IU Gaspar Llamazares se aferra a los adjetivos "oscurantista" e "inquisitorial" para definir la ley del aborto que prepara el ministro Gallardón. Según Llamazares, la ley que prepara el Gobierno de Rajoy "se ensaña con las mujeres".
El diputado de Izquierda Abierta recibe a eldiario.es en su despacho del Congreso para analizar los planes del Ejecutivo sobre el aborto y la respuesta que habrán de encontrar en la oposición.
Hay quienes creen que el debate sobre este anteproyecto de ley de reforma del aborto es una cortina de humo que ha lanzado el Gobierno para desviar la atención de otros asuntos. ¿Qué opina usted?
Yo creo que el Gobierno tiene que estar necesariamente sorprendido del impacto que ha tenido este asunto, dentro incluso del propio PP. Se han oído voces si no cuantitativas sí cualitativamente relevantes que ya han mostrado su desacuerdo: una delegada del Gobierno, algunos presidentes de Comunidad, varios alcaldes…
Esta es una situación incómoda para el PP. Por lo tanto, yo no comparto esa valoración de que es una estrategia para distraer la atención de otras cosas. Aquí lo que emerge es la parte más retardataria, más cavernícola de la derecha española y de la jerarquía eclesiástica, y creo que se han estrellado contra la realidad de un país que no es el que era en los años 80 ni es el que era, por supuesto, mucho antes.
¿Espera cambios sobre lo que se conoce hasta ahora?
Bueno, este borrador todavía tiene que tener un fuerte debate público y ahí pueden estar en buena parte los cambios y modificaciones que puede sufrir. Incluso su propia paralización porque va a tener una fuerte contestación ciudadana, en la calle. De hecho, antes de que aparezca el borrador ha habido varias movilizaciones ciudadanas.
El proceso parlamentario va a durar algún tiempo. No creo que se pueda aprobar antes del mes de junio, así que queda mucho camino aún para la disidencia y la desobediencia civil. Una ley que niega de esta manera derechos de las mujeres no merece ser obedecida.
¿Habrá unidad de acción entre los grupos de la oposición, al igual que la ha habido con la ley Wert, o cada uno irá por su cuenta?
Yo creo que ya se ha visto públicamente. No hay ni un solo grupo parlamentario que sustente esta ley, salvo el PP. Muy al contrario. La mayoría de los grupos se han pronunciado ya de manera muy beligerante contra este texto opinando que no era necesario. También las diputadas en la Comisión de Igualdad intentarán que haya una contestación sobre la reforma que vaya más allá de los propios grupos parlamentarios, y eso va a tener consecuencias para el PP, lo quiera o no lo quiera. Creo que el descontento se va a multiplicar por diez dentro del Parlamento.
Ante un asunto de conciencia como es este, ¿no cree que las direcciones de los grupos deberían dar libertad de voto a sus diputados? El PP ya ha dejado entrever que no lo hará.
Si no dan libertad de voto, no conectarán con la opinión ciudadana que pide que en aquellas materias que tienen que ver con la libertad personal, con la autonomía o con la moral, los grupos parlamentarios no deberían imponer la disciplina. El PP no creo que lo haga pero corre con ello un riesgo. Puede que al intentar cerrar las puertas se le salgan los votos por las ventanas.
¿No cree que algún presidente autonómico, como José Antonio Monago, que ha mostrado públicamente su rechazo a la reforma, por coherencia, debería pedir a los diputados extremeños que no apoyen el proyecto?
Se supone que, cuando el señor Monago hace una declaración pública en favor de la libertad de las mujeres para decidir, su postura es también compartida por todo el PP de Extremadura y que, por tanto, todos van a ser consecuentes con su presidente. Sería hipócrita que los diputados extremeños del PP votasen a favor de la ley del aborto de Gallardón.
¿Y en qué situación van a quedar los médicos con esta reforma?
Se les pone en una situación muy complicada. Se les obliga o bien a la objeción o bien a la insumisión. Los sitúa entre la espada y la pared. Pero yo creo que los profesionales sanitarios van a ser una parte importante de los que no van a admitir tan fácilmente que se den pasos atrás. Por ejemplo, en el aborto terapéutico. Que tú, como profesional, tengas que informar a una mujer de un riesgo en el Consejo Genético y al mismo tiempo no puedas dar una alternativa... Eso es un ensañamiento y un sadismo que no cabe en el Código Deontológico.
¿El ministro Gallardón adelantó a los portavoces de los grupos algún detalle del borrador? ¿Conocen cuál va a ser el calendario de su tramitación como ley?
No, nadie nos ha adelantado nada del borrador. Gallardón no ha hablado con nosotros. Tampoco el presidente de la Comisión de Justicia nos ha explicado el calendario de la tramitación del anteproyecto. Lo han llevado y lo llevan todo con absoluto secretismo.
¿Esto no choca con la Ley de Transparencia, de la que ha hecho bandera el Gobierno, que acaba de aprobar el Congreso?
Evidentemente. Yo le he pedido en varias ocasiones al ministro que nos diga con quién se estaba reuniendo o qué informes baraja. Sin éxito. No hay razón para pensar que la Ley de Transparencia vaya a significar un cambio. Está claro que el PP utiliza esa ley como maquillaje para continuar con el oscurantismo desde el punto de vista político o la obstrucción a la Justicia, por ejemplo, en materia de corrupción.
¿Si en el propio PP hay fisuras y al final la presión hace que se paralice la reforma o se tumban los cambios más duros que pide Gallardón, el ministro debería dimitir de inmediato?
Creo que Gallardón se la juega con esta ley. Después de la Ley de Tasas, esta reforma es el desahucio de Gallardón. Por eso hay por su parte una actitud tan numantina en relación al texto. Gallardón no sólo está defendiendo un texto muy chapucero desde el punto de vista legislativo, sino también su propio cargo de ministro.
¿Y Ana Mato?
La ministra Mato está desautorizada desde el principio por sus relaciones con la Gürtel y también por el fiasco de su gestión sanitaria. Debería haber dimitido hace mucho.
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