SERVICIOS

Los recortes en la sanidad de Catalunya

El cierre de urgencias aviva las protestas por la sanidad

Un millar de personas se manifiestan en Barcelona y anuncian para hoy cortes de las principales carreteras

ROSA FERNÁNDEZ, BARCELONA, 03/09/2011, en Público.es

Las protestas contra los recortes de la sanidad pública, candentes en toda Catalunya, se trasladaron ayer al centro de Barcelona. Un millar de personas se concentraron a las puertas del Departament de Salut para mostrar su rechazo al tijeretazo del Gobierno catalán que, entre muchas otras afectaciones, implica el cierre definitivo del servicio nocturno de urgencias en más de 56 centros de atención primaria (CAP). Paralelamente, unas 300 personas secundaron la protesta por las calles de Lleida. Ambas manifestaciones coincidieron con los encierros y acampadas frente a numerosos centros asistenciales para evitar su cierre. Hoy continuarán las movilizaciones con el corte de carreteras.

Bajo el lema "Por una sanidad pública de calidad", usuarios y profesionales pidieron la dimisión del presidente de la Generalitat, Artur Mas, y del conseller de Salut, Boi Ruiz. La concentración estuvo precedida por tres marchas, que salieron a primera hora de la tarde desde los hospitales de Bellvitge, Esperanza y Dos de Maig. A su paso por las calles de la ciudad y camino de la Conselleria de Salut, los manifestantes cortaron algunas vías, entre ellas la Diagonal, que estuvo intransitable durante más de dos horas.

"¡A más recortes, más muertos!", gritaban los manifestantes. Con los cierres previstos por el Gobierno catalán, miles de usuarios deberán desplazarse más de 30 kilómetros hasta el punto de atención más cercano si quieren ser atendidos de urgencia cualquier noche. "¿Qué pasará cuando alguien tenga un infarto? Los recortes acabarán con vidas humanas y no se puede tolerar", explicaba Julia Llamazares, enfermera de 48 años.

La marcha que partió del hospital Dos de Maig, y que contó con unos 300 integrantes, se detuvo frente a la sede de Convergència Democràtica de Catalunya. Los manifestantes lanzaron gritos muy duros contra los integrantes del partido que gobierna en Catalu-nya mientras reclamaban soluciones. "Artur Mas, ¿podrías entender que no todo el mundo puede permitirse una mutua como tú?", preguntaba Nina Paller, usuaria de 64 años.

Sobre las cinco de la tarde, la marcha del Dos de Maig se unió a la del Hospital de la Esperanza, que contó con otros 300 manifestantes. Tanto el Dos de Maig como la Esperanza han sufrido severos recortes. De hecho, el futuro del Dos de Maig sigue en suspense y con él, el de sus 400 trabajadores, pues el Govern anunció su cierre el pasado mes de junio. "¡Menos furgonas y más ambulancias!", exclamaban algunos manifestantes ante la mirada atenta de decenas de policías que vigilaban la marcha.

Los recortes también perjudican al transporte sanitario urgente, pues además de reducir el número de ambulancias, el ejecutivo de CiU ha apostado por concentrar servicios. "Muchas noches estamos saturados", explicaba Antonio Moya, trabajador del servicio de emergencias médicas.

La concentración acabó con una asamblea improvisada. "Los pacientes que no lleven más de 12 horas en urgencias no tienen derecho a comida", explicaba una trabajadora del hospital Clínic. "Yo estoy enfermo, sufro de asma crónico y tengo que desplazarme durante más de 15 minutos en coche hasta el ambulatorio más cercano en caso de crisis porque durante la noche no hay autobuses", añadía un usuario.

Apoyo de los CAP del Vallès

A la manifestación acudieron miembros de las acampadas y encierros que tienen lugar en diversos CAP de la zona del Vallès, donde se concentra la mayor parte del tijeretazo. Desde hace semanas, centenares de vecinos protestan contra el cierre definitivo de las urgencias en horario nocturno. "No podemos permitir que nos roben la atención primaria que tanto nos ha costado conseguir", explicaba Clara Valverde, usuaria de 54 años y presidenta de la Liga del síndrome de fatiga crónica.

Pese a que sus protestas se vieron truncadas la madrugada del miércoles por el desalojo de los Mossos d'Esquadra, vecinos y usuarios anunciaron ayer que seguirán acampados, una iniciativa que se ha extendido por toda Catalunya.

La revolución vecinal, formada en su mayoría por gente mayor que teme perder la atención de proximidad, ha llegado también a ciudades como Badalona, Tarragona o Cardona. La intervención de los Mossos y la posterior amenaza del conseller de Interior, Felip Puig, asegurando que de no abandonar las ocupaciones se repetirían los desalojos, han avivado la protesta.

Además, las últimas manifestaciones del responsable del Departament de Salut, Boi Ruiz, que ayer avanzó que aumentará el número de cierres de urgencias nocturnas, han calentado aún más los ánimos. Miembros de las asambleas vecinales de Badia del Vallès y Sabadell afirmaron ayer que su previsión es "continuar indefinidamente, y más aún cuando el Govern no paraliza los recortes sino que los aumenta".

La mínima ecuación exigible es que los plazos previstos de apertura (2012) se cumplieran y que el coste no fuera a mayores, pero todo indica que no va a ser así

El Principado contacta con una consultora para realizar el traslado al nuevo HUCA

Globesalud aspira a un contrato para planificar el cambio de sede, una tarea que el anterior Gobierno preveía llevar a cabo con recursos propios

Oviedo, Pablo ÁLVAREZ, en La Nueva España

El nuevo Gobierno de Asturias ha comenzado a trabajar en uno de los principales desafíos de la legislatura recién comenzada: el traslado a la nueva sede del Hospital Universitario Central de Asturias HUCA), que se construye en La Cadellada. Los responsables de la Consejería de Salud del Principado han establecido un primer contacto con la consultora Globesalud, una firma que en su catálogo de servicios incluye la «habilitación, puesta en marcha y apertura» de hospitales. Según los planes de las actuales autoridades sanitarias, la apertura del nuevo HUCA no será factible antes de 2013.

La posible contratación de una asesoría para programar el traslado de una sede a otra implica un cierto cambio en la hoja de ruta con relación a los planes precedentes. Los anteriores responsables sanitarios habían adjudicado a la empresa Severiano Gestión un contrato que tiene como cometido la «organización, planificación y traslado del HUCA a su nueva sede» por un importe de 870.777 euros. Pero esta adjudicación hace referencia estrictamente al aspecto más material de la mudanza.

Sobre la planificación de la misma, sobre los aspectos más puramente técnicos, el Gobierno anterior mantenía que sería llevada a cabo por los propios responsables del HUCA, reforzados en todo caso con personal propio. Pero el equipo directivo del Hospital Central acaba de ser renovado en su totalidad, a falta de que se decida quién va a ser el nuevo gerente del complejo sanitario, sobre quien recaerá de forma particular todo lo relativo al cambio de sede.

Globesalud, constituida en 2004, es una entidad que se autodefine como «una empresa de consultoría sanitaria especializada en proyectos complejos e innovadores». En su página web precisa que su ámbito de actuación es internacional, y que sus servicios «abarcan tanto las necesidades del mercado sanitario privado como las del sector público-institucional, y la relación entre ambos». Los principales responsables de Globesalud son Paloma Alonso, Leticia Moral y José Manuel Rodríguez Roldán, dirigentes del Insalud en los años noventa del siglo pasado. Algunos de ellos mantuvieron una reunión hace unos días con el consejero de Sanidad, José María Navia-Osorio.

Hasta el momento no ha trascendido qué tareas podrían ser encomendadas a Globesalud, ni tampoco el coste que podrían acarrear a la Administración regional. Con todo, algunas estimaciones se sitúan en el entorno del millón de euros. Fuentes consultadas por este periódico subrayan que la citada empresa goza de prestigio en los ambientes sanitarios.

El traslado del HUCA supone una operación compleja y de enormes dimensiones. Globesalud oferta un elenco de servicios que abarca todo el ciclo de vida del hospital: planificación y concepción del modelo de hospital, análisis de viabilidad, plan funcional, plan de equipamiento y montaje, habilitación, puesta en marcha y apertura, planes estratégicos y de desarrollo, y reorganización y remodelación.

Una “cosa” llamada Alta Inspección que, por lo que se ve, no inspecciona nada

Sanidad solo actúa con denuncia previa ante desatenciones médicas

Al Gobierno no le consta que se nieguen recetas y especialistas a desplazados

Murcia, Valencia y Madrid piden que se establezca una forma de compensación

MARÍA R. SAHUQUILLO / ELENA G. SEVILLANO - Madrid - 31/08/2011, en El Pais.

En caso de desatención médica en la sanidad pública solo cabe denunciar. El ministerio no actúa de oficio cuando a un enfermo crónico se le niegan recetas o el acceso al especialista en una región ajena a la suya. Para iniciar el proceso contra las comunidades que incumplan la ley -que obliga a prestar la misma atención a los ciudadanos estén o no empadronados en esa autonomía- necesita una reclamación por un caso concreto. José Martínez Olmos, secretario general de Sanidad, aseguró ayer que el ministerio no tiene constancia de que se estén produciendo estas vulneraciones de la ley en algunas comunidades. Afirma que no han recibido ninguna denuncia directa. Y sin ellas, explica, la alta inspección -el organismo encargado de evitar desigualdades entre regiones- no puede actuar.

Los casos, sin embargo, existen. Ya el Defensor del Pueblo en su último informe (de 2010) hablaba de varias denuncias contra los servicios de salud de autonomías como Andalucía o Comunidad Valenciana por parte de enfermos a quienes se les negaron las recetas o la cita con el especialista. También los defensores autonómicos -por ejemplo el de Navarra- han emitido dictámenes sobre este asunto a raíz de denuncias de pacientes. En ellos, se recuerda que la atención a los desplazados -consultas, pruebas, medicación financiada- debe correr a cargo de la comunidad de destino, y que debe prestarse en igualdad de condiciones que la de los ciudadanos de origen. El fondo de cohesión sanitaria -unos 100 millones de euros de los 60.000 dedicados a Sanidad- no incluye la atención al turista nacional.

El propio ministerio tuvo que intervenir el año pasado en el conflicto creado entre Aragón y Cataluña cuando esta última exigió a los aragoneses que compraran los medicamentos en las farmacias y después reclamaran el importe al Gobierno de Aragón.

"No es la primera vez que los ciudadanos tienen problemas para que se les atienda en otra comunidad distinta de la suya", asegura Gaspar Llamazares, portavoz de Izquierda Unida en el Congreso. Y la situación se agrava con la crisis. La deuda de más de 15.000 millones de euros con proveedores sanitarios ahoga a las comunidades, que recortan por donde pueden. Y la tijera llega a la atención a los desplazados. Llamazares, presidente de la Comisión de Sanidad del Congreso, ha recibido denuncias de pacientes por ese motivo. Una de las últimas, la de un aragonés que después de ser atendido en un hospital catalán recibió la factura.

También Marciano Sánchez-Bayle, portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), relata que ayer mismo recibió la denuncia de un hombre al que se le había negado la asistencia médica en Torrevieja (Alicante). "Se me rompió la silla y me arañé con un hierro oxidado, por lo que era necesaria la vacuna antitetánica", explica el afectado. Acudió al hospital de Torrevieja con el DNI -no llevaba la tarjeta sanitaria- y no le atendieron. Llamó al 112 y le aseguraron que tenía derecho a que le viera un médico, pero en otros dos centros tampoco quisieron tratarle, asegura el hombre en su carta a la FADSP. "Denuncié en hojas de reclamaciones, pero la Comunidad Valenciana es juez y parte y me ha contestado con vaguedades inaceptables", añade. Al final esperó a llegar a Madrid para que le vacunaran.

Sánchez-Bayle asegura que eso es lo que hacen muchos ciudadanos: esperan unos días y se tratan en sus municipios. De ahí que apenas trasciendan las quejas. Si las hay, suelen quedarse en los hospitales o los ambulatorios donde encontraron la negativa. Rubén Sánchez, portavoz de la asociación de consumidores Facua, cree que no hay más denuncias directas porque los ciudadanos desconocen sus derechos. "La alta inspección debería investigar, comprobar a cuántos ciudadanos afectan estas prácticas e instar a las comunidades a corregirlas", asegura Sánchez-Bayle. Y actuar de oficio. "Que no reciban quejas es una verdad relativa. Los medios lo han denunciado suficientemente; incluso hay circulares de la Generalitat de Cataluña dando instrucciones que no deberían dar", añade.

El secretario general de Sanidad explica que el mecanismo de la Alta Inspección se activa cuando se recibe alguna denuncia. "Además, el enfermo puede reclamar en los tribunales, y más aún si hay algún efecto negativo para su salud. La ley le ampara pero debe haber una denuncia concreta", esgrime Martínez Olmos.

Algunas autonomías, como Madrid, Murcia o la valenciana, que reciben a muchos desplazados, han pedido varias veces en el Consejo Interterritorial que se cree algún mecanismo de compensación para paliar los gastos que les suponen los turistas nacionales. Un portavoz de Sanidad de Murcia reconoce que los veraneantes suponen un sobrecoste "importante". Unos 130.000 enfermos de fuera (sin contar con los extranjeros, cuyos gastos sí se cubren) recibieron atención sanitaria en Murcia entre julio y agosto del año pasado. Esa región gastó en recetas de desplazados más de 3,6 millones de euros en 2010.

"Todos los veranos reforzamos en unas 200 personas el personal de atención sanitaria, sobre todo en las zonas costeras. Se hacen más intervenciones, más pruebas y eso supone más gastos", argumenta el portavoz murciano. "Debería haber un fondo de compensación, sobre todo para las autonomías con más presión asistencial", añade.

Una opinión que comparte Madrid, que cree que ese mecanismo debería establecerse entre regiones. "Pedimos un sistema de compensación, que se contabilicen las atenciones a los desplazados y que se compense por ellos", explica una portavoz de la consejería de Sanidad. "Por ejemplo, si Madrid -que asignó 280.000 tarjetas sanitarias temporales a desplazados en 2010- atiende a 10 enfermos de fuera y el resto de autonomías atendieron a ocho de Madrid, que se nos pague por esos dos de más que atendimos".

Ana Pastor, responsable de Política Sanitaria del PP, cree que uno de los grandes problemas es que no hay datos del coste de la atención a los ciudadanos desplazados. "En ocho años, Sanidad no se ha molestado en difundirlos o analizarlos. Hay que hacerlo, y si se observa que hay algunas regiones perjudicadas porque reciben muchos más pacientes, habría que tomar decisiones", sostiene. Una fórmula podría ser revisar el fondo de cohesión para incluir a los turistas nacionales. Algo que ya estuvo sobre la mesa, respaldado por IU, cuando se intentó firmar un pacto por la sanidad.

El argumento de algunas comunidades de que la atención de los no empadronados supone un sobrecoste no les exime de afrontarlo. No hacerlo es una vulneración clara de la ley.

El ministerio, de momento, no baraja modificar el mecanismo actual. "Cuando se hizo el traspaso de competencias ya había turismo y las comunidades firmaron y aceptaron las condiciones", argumenta Martínez Olmos. De haber cambios, "debería plantearse la compensación entre comunidades", opina.

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Foto: Un cartel avisa en el consultorio Oasis de Cullera (Valencia): "No se dará cita en especialidades a desplazados".

JAIME PRATS - Valencia – en El País.

Con una deuda sanitaria que ronda los 15.000 millones de euros en toda España, problemas para hacer frente al pago de proveedores y dudas crecientes sobre la sostenibilidad del sistema, los recortes han alcanzado también a los veraneantes. Cataluña no da recetas a enfermos crónicos; Valencia pone trabas para ir al especialista. Son dos de las comunidades más visitadas por turistas del resto de España, bien recibidos por lo que aportan a la economía local, pero vistos con recelo cuando de gasto sanitario se trata. La ley establece que la asistencia a los desplazados debe correr a cargo de las autonomías de destino en iguales condiciones que sus ciudadanos y sin derecho a reembolso.

"Casos similares existían desde hace tiempo, pero hemos detectado que en los últimos dos años están repuntando", advierte Marciano Sánchez Bayle, de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. "Está habiendo bastantes problemas de forma sistemática en la atención sanitaria de pacientes que tienen su domicilio en otra comunidad autónoma", añade.

El Ministerio de Sanidad, en boca del director general de Cohesión, Francisco Valero, destaca que ofrecer una atención diferente a los desplazados "supondría una ilegalidad", "por lo que cabría reclamar a la propia autonomía o al ministerio para que se activaran los servicios de inspección". Sin embargo, "no se ha detectado un incremento generalizado en este sentido".

Cataluña restringió en julio de 2010 las recetas a turistas y desplazados con enfermedades crónicas. "No obligamos a los médicos a que se nieguen a recetar medicamentos, pero están en su derecho", indica Carles Llop, responsable farmacéutico de la región sanitaria Camp de Tarragona, donde se encuentra Salou. Los más afectados por esta medida son los aragoneses que acuden a la Costa Dorada, hasta el punto de que esta iniciativa abrió una crisis entre la Generalitat y el Gobierno de Aragón. Cataluña pide a estos enfermos que vayan a la farmacia a adquirir los fármacos y que, al regreso de sus vacaciones, reclamen el importe al Gobierno aragonés. Desde que entró en vigor la medida, la Generalitat calcula que ha emitido un 25% menos de recetas en la zona de Salou.

Formalmente, se trata de evitar que los médicos locales se hagan responsables de la medicación de pacientes que desconocen, aunque "no se puede negar que hay un trasfondo económico", admite Llop. El Ministerio de Sanidad intervino el año pasado tras las quejas recibidas, como recuerda Valero. Pese a ello, la Generalitat ha mantenido este año esta medida.

La Comunidad Valenciana, también ha endurecido la prescripción de recetas a los desplazados con tratamientos crónicos. Desde enero de 2010, para solicitar el medicamento se exige que el paciente presente un informe de su médico de familia, pediatra o facultativo "que acredite la necesidad de dicho medicamento". Como indica el propio Sánchez Bayle, esta medida tiene su sentido: "No parece sensato que un médico que no conoce al paciente le recete lo que este le pide sin más". Pero, en ocasiones, va más allá de requerir en informe. Un médico del consultorio Oasis de Cullera, que prefirió no dar su nombre, comentó a este diario que en una reunión convocada por los subdirectores de Atención Primaria del área, celebrada en julio, recibieron la orden de no dar recetas a desplazados nacionales. La medida no se aplica a rajatabla, como indica el mismo médico. "Depende del caso de cada paciente", asegura.

Además de con las recetas, en zonas litorales de la Comunidad Valenciana también se han registrado problemas con las consultas especializadas. En el mismo centro de Cullera -uno de la treintena de consultorios que la Generalitat valenciana abre en verano para reforzar la atención sanitaria en la costa-, un cartel dirigido a los turistas, mayoritariamente madrileños, advierte de que a los desplazados no se les dará cita con el especialista. "Salvo casos graves", no se suele citar, puntualiza otro trabajador del consultorio.

Tampoco tienen autonomía para hacerlo. "El médico debe rellenar una solicitud, tomar el código del paciente y remitir los datos al hospital de Alzira. Un comité del centro decide si se accede a la petición, si se hacen analíticas, radiografías, si debe visitar al cardiólogo...". M., una paciente de 77 años madrileña que se encuentra pasando el verano en Cullera, no pasó esta criba. "Se negaron a hacerme una radiografía", dice. Acudió al consultorio porque temía que se le hubiera reproducido la bronquitis de hace unos meses. "Tuve que ir al hospital 12 de Octubre en Madrid para que me la hicieran". En la zona de Dénia, sucede algo similar, como transmite a este diario un empleado del consultorio Las Marinas.

Tanto en los departamentos de salud de Dénia como de Alzira (del que depende Cullera), la atención sanitaria está en manos de empresas privadas que gestionan la red pública a través del llamado modelo Alzira (una concesión administrativa). En ambos casos, figura como accionista la empresa Ribera Salud. En Alzira junto a Adeslas y en Dénia junto a otra aseguradora sanitaria, DKV.

Fuentes oficiales de ambos departamentos sanitarios niegan que se obstaculice el acceso a los especialistas. "El cartel que impide la cita con el especialista en Cullera ya se ha retirado; debe obedecer a una interpretación errónea del personal sanitario del centro", comentan desde el departamento de salud de Alzira. Las mismas fuentes explican que desde el hospital detectaron un elevado número de turistas nacionales que solicitaban consultas para adelantar intervenciones que tenían largas listas de espera en los hospitales que les correspondían, "especialmente con el oftalmólogo en el caso de operaciones de cataratas, que nosotros hacemos en 90 días como máximo". Fruto de ello, "se impiden las citas al especialista que tienen un destino quirúrgico, pero no el resto".

Respecto a las recetas, desde el hospital de Alzira admiten que están siendo más rigurosos para evitar abusos en la obtención de medicamentos y exigen la indicación del médico de cada paciente. Por otra parte, también en el País Vasco se han registrado casos de desatención de enfermos de Burgos.

Sánchez Bayle insiste en que las autonomías "no tienen la capacidad legal de limitar la atención sanitaria a los ciudadanos españoles aunque residan en otra región". Tampoco las empresas que gestionan la red sanitaria pública en Alzira o Dénia, que pueden tener la tentación de recortar unos servicios por los que no reciben un reembolso para mejorar su cuenta de resultados. "No queremos pensar que traten de ahorrar a costa de estos servicios", señalan desde la Consejería de Sanidad valenciana. Para evitar "confusiones", la Generalitat está elaborando una reglamentación de ámbito autonómico destinada a clarificar y unificar los procedimientos de atención.

La Ley 21/2001 aclara algunos de estos aspectos con la creación del Fondo de Cohesión Sanitaria. Y el Real Decreto 1207/2006 aún va más lejos al regular la gestión de este instrumento creado para garantizar la igualdad de acceso a los servicios sanitarios públicos en toda España. Este instrumento, sin embargo, no tiene como fin compensar el coste de la asistencia generada por los turistas nacionales. Se ideó para garantizar que cualquier ciudadano que no tuvieran acceso en su autonomía a determinado tratamiento lo pudiera recibir en otra, en cuyo caso, sí existe una compensación.

Como indica el director general de Cohesión del ministerio, cualquier gasto generado por turistas nacionales, ya sea en urgencias, asistencia primaria, especializada o cualquier intervención quirúrgica a la que se deba someter, debe ser asumido por la comunidad de destino. El hecho de que no cobren por estas asistencias sanitarias -la Comunidad Valenciana, por ejemplo, gastó 164,3 millones de euros en 2009 por este concepto- podría explicar que autonomías costeras pongan trabas a este tipo de atención a desplazados de otras zonas de España.

"El sistema de compensación entre autonomías está muy mal organizado", admite Marciano Sánchez Bayle, defensor de la sanidad pública. "Ahora que está casi todo informatizado no sería tan difícil facturar estos gastos", apunta. Sin embargo, como advierte el propio Sánchez Bayle, los desplazados pagan en sus lugares de destino impuestos en la gasolina, alcohol y tabaco o el IVA. Y estas tasas se dirigen, en buena medida, a pagar la red sanitaria, por lo que, de forma indirecta, estarían pagando por la atención que reciben.

Gasto en turistas

- La Ley General de Sanidad (1986) establece en su artículo 3.2 que la asistencia sanitaria pública se extenderá a toda la población española. Además, indica que el acceso y las prestaciones sanitarias "se realizarán en condiciones de igualdad efectiva".

- El Real Decreto 1207/2006, que regula el Fondo de Cohesión Sanitaria, no incluye a los turistas nacionales. "Esta atención estará garantizada por los dispositivos asistenciales del Sistema Nacional de Salud", señala en alusión a las administraciones sanitarias de destino.

- El Fondo de Cohesión Sanitaria asciende a 100 millones de euros.

- El Ministerio de Sanidad señala que no existe ninguna solicitud de las comunidades en el Consejo Interterritorial de establecer un mecanismo de compensación entre las distintas regiones por el gasto en turistas nacionales.

- Una autonomía receptora de turistas como es la Comunidad Valenciana gastó en 2009 por asistencia a desplazados nacionales 164 millones de euros. La mayor parte (76 millones) correspondió a gasto de atención especializada, seguida por asistencia primaria (47 millones) y medicamentos (41 millones).

- Cataluña gastó el mismo año 80 millones en atender a pacientes de otras partes de España.

Se repetirá hasta la saciedad que no es ninguna solución, pero habrá quienes insistan con la medida

El copago sanitario no garantiza ahorros para las arcas públicas

La experiencia de varios países europeos descarta la conveniencia de aplicar este modelo

28/08/2011 Luis Fernández, Oviedo, en La Voz de Asturias

La experiencia de varios países europeos demuestra que el copago no garantiza el ahorro en el gasto sanitario. Esta polémica medida, que consiste en que los ciudadanos paguen parte del servicio que les presta la sanidad pública, ha vuelto a situarse en los últimos meses en el centro del debate debido a la necesidad que tienen las administraciones de recortar el gasto público.

El Gobierno central y los autonómicos necesitan cuadrar sus presupuestos y por ello varias voces han pedido un aumento del copago. Hay que tener en cuenta que esta medida no es nueva en España, ya que el sistema sanitario público ya incluye el copago para los contribuyentes que no son pensionistas cuando acuden a comprar sus medicamentos en una farmacia.

En Asturias, todas las formaciones políticas se han posicionado en contra de una propuesta que recortaría el estado del bienestar y que está demostrado que no siempre cumple sus objetivos.

La única voz que se declarado partidaria de incluir esta modalidad en el sistema sanitario público es la Federación de Empresarios (FADE), que, a través de su secretario general, Alberto González, solicitó al Gobierno de Francisco Álvarez-Cascos que incluyese esta medida para meter tijera en el gasto. El presidente de la patronal, Severino García Vigón, se limitó la semana pasada a decir que es una opción que defienden pero que él no es un especialista en el tema.

Hasta ahora, las posturas parecen claras, aunque la situación de incertidumbre que afecta a la economía española podría deparar cambios a medio plazo. Pese a ello, parece claro que, como señaló el secretario general de CCOO en Asturias, Antonio Pino, es probable que las medidas impopulares se retrasen hasta después de las elecciones generales del 20-N.

Modalidades de copago Para entender la importancia de incluir el copago en el servicio público es necesario conocer las diferentes opciones que existe.

Según la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC), la medida puede aplicarse en tres servicios diferentes. Por un lado, sobre la atención médica, en la que se incluyen las consultas de atención primaria, en hospitales y servicios de urgencias. La segunda opción se refiere a lo que semFYC llama servicios hoteleros, es decir, las hospitalizaciones. Por último, está la posibilidad del copago en farmacias y medicamentos, una opción que ya se utiliza en España.

Este abanico de posibilidades obliga a los defensores de esta medida a explicar cuáles son los servicios sobre los que quieren que la administración cobre. Por lo tanto, FADE debería concretar su propuesta.

Experiencia internacional El debate sobre el modelo de sanidad pública no es exclusivo de España, ya que se extiende a otros países europeos. Una de las principales conclusiones que establece la semFYC en un estudio es que el copago no siempre es sinónimo de ahorro.

Por ejemplo, su utilización en Bélgica provocó un descenso en el uso del servicio, aunque con una mínima eficiencia si se valoran los efectos de sustitución. Un caso curioso es el de Suecia, ya que la disminución del precio por visita en atención primaria y el aumento en la consulta externa hospitalaria provocó una caída del 1% en las primeras y del 9% en las segundas.

El mismo estudio señala que, en Portugal, el efecto disuasorio del cobro solo duró un año.

En las conclusiones del estudio de la sociedad de medicina familiar señalan que están “en desacuerdo” con la aplicación del copago en los servicios sanitarios, “dado que no existen pruebas concluyentes de sus beneficios”. Por el contrario, alegan que “sí existen evidencias, aunque sean débiles, y derivadas de múltiples estudios, sobre sus posibles efectos perjudiciales en la equidad y la salud de la población, especialmente la más desfavorecida socioculturalmente”.

Además, desde semFYV proponen otro tipo de medidas que pueden ayudar a reducir el gasto. Entre otras, apuestan por “incentivar a los profesionales por resultados” o establecer impuestos indirectos en productos como el tabaco, “que se relacionan directamente con la pérdida de salud”.

Esperando desde mayo

Sotiello lleva ya cuatro meses de espera para que el geriátrico abra las puertas

IU de Aller asegura que el anterior Ejecutivo regional dejó todo preparado para que la residencia entrara en funcionamiento

26.08.11 - MARTA VARELA | SOTIELLO, en El Comercio.

La localidad allerana de Sotiello tiene terminada su residencia geriátrica desde hace cuatro meses. Los mismos que lleva a la espera para que el citado geriátrico entre en funcionamiento.

La anterior consejera de Bienestar Social y Vivienda, Noemí Martín, aseguró en su última visita a las obras que el nuevo equipamiento se pondría en marcha en mayo pasado. A día de hoy, la primera residencia geriátrica pública del concejo de Aller aún no ha abierto sus puertas.

Desde Izquierda Unida se apunta a un problema administrativo como posible causa del retraso de de esta infraestructura por la que muchas familias alleranas están esperando. Además, confirman que las listas de pacientes que se trasladarán al equipamiento allerano están prácticamente finalizadas, dado que, apostillan, desde su partido «se dejó todo el trabajo hecho para el nuevo Gobierno regional».

«Unas cuantas firmas»

Por eso, IU solicita a los nuevos responsables de Bienestar Social, que «no dejen que pase mucho más tiempo hasta la apertura de la residencia, porque creemos que sólo está pendiente de unas cuantas firmas en unos documentos para comenzar a funcionar». La residencia de Sotiello cuenta con 92 plazas de alojamiento y, según el proyecto inicial, veintiocho para un centro de día. Ha supuesto una inversión de 4,1 millones de euros, con cargo al Plan E. Las primeras previsiones apuntaban a que se crearían en torno a ochenta nuevos empleos de forma directa.

Las comarcas mineras, tristemente, comparten un éxodo poblacional unido a un envejecimiento de la población que aún hoy continúa. La alta edad de sus vecinos ha llevado a que en la última década se hayan reclamado un sinfín de equipamientos para la tercera edad que, de momento, no han terminado con la demanda existente, ya que muchos vecinos siguen a la espera de una plaza geriátrica.

El liderazgo de España en este campo es indiscutible

AUMENTAN UN 4% EN 2010 LOS TRASPLANTES REALIZADO EN TODO EL MUNDO

El sistema de trasplantes español ha salvado más vidas fuera de España que dentro de nuestras fronteras, según Matesanz

Para el director de la ONT "el gran 'boom' de la donación tiene que venir de Asia"

MADRID, (EUROPA PRESS) -

El Registro Mundial de Trasplantes, que gestiona la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) desde hace 5 años en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS), cifra en 104.065 los trasplantes de órganos sólidos efectuados en el mundo, lo que supone un aumento cercano al 4 por ciento respecto al año anterior y una noticia muy "positiva" para España, según el director de la ONT, Rafael Matesanz.

"Muy probablemente nuestro sistema de trasplantes ha salvado más vidas fuera de España que en nuestras fronteras, el hecho de haberlo exportado a medio mundo ha contribuido a mejorar los sistemas de donación en muchísimos países", ha explicado Matesanz en una entrevista concedida a Europa Press.

Los datos mundiales, recogidos en la publicación oficial de la Comisión de Trasplantes del Consejo de Europa 'Newsletter Transplant', en su edición de este año, muestran que "aquellos países que han optado por un modelo similar al español han aumentado de una forma muy significativa la donación", continua el director de la ONT.

Del total de los trasplantes, 71.418 fueron de riñón, 21.207 de hígado, 5.403 de corazón, 3.649 de pulmón y 2.316 de páncreas. En la UE aumentan en un 6 por ciento los donantes y se reduce en un 4,4 por ciento la lista de espera para un trasplante. También baja en más de un 25 por ciento los europeos fallecidos a la espera de un órgano.

Matesanz destaca el aumento de los datos en toda Europa y, "curiosamente", el producido en los dos países que siguen a España en el ranking de donaciones: Portugal y Croacia. "Son dos países que han adoptado el modelo español y con los que tenemos una colaboración muy estrecha, hemos formado a gente suya y se ve que está funcionado", ha añadido, aunque recuerda que se ha visto un avance en todos los países de la UE, "donde estamos desarrollando la directiva y donde se está adoptando el modelo español".

Europa, cuyo Parlamento aprobó el pasado año la Directiva sobre calidad y seguridad en los trasplantes, liderada por España, registra por tercer año consecutivo un ligero aumento en la tasa de donación de órganos, alcanzado los 18,4 donantes por millón de población (p.m.p), frente a los 18,3 del pasado año.  

Por otra parte, destaca el liderazgo mundial de España con 32 donantes por millón de personas y el "notable" aumento producido en Iberoamérica, donde España realiza un intenso trabajo de formación de coordinadores de trasplantes.

Así, es el continente que registra un mayor crecimiento en el número total de donantes, que aumentan en más de un 15 por ciento. "Es una zona donde nosotros nos hemos volcado y estamos formado a mucha gente", ha señalado, al tiempo que ha destacado Argentina y Colombia.

La publicación, dada a conocer este lunes por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, incluye datos de Estados Unidos, Canadá, América Latina y Australia. En ellos destaca el descenso, por cuarto año consecutivo, de la tasa de donación en Estados Unidos, que se sitúa en 25 p.m.p (frente a 25,5 en 2009 y 26,3 en 2008), con un total de 7.943 donantes y 28.021 trasplantes de órganos (frente a 8.201 donantes y 28.254 trasplantes en el año anterior.

Respecto a los pobres datos de Estados Unidos, Matesanz destaca una fluida comunicación con este país, aunque recuerda que existen grandes diferencias sanitarias con España, "organizativamente y estructuralmente". "Estados Unidos tiene que tener un abordaje distinto en los próximos años para poder tener algo nuevo; tiene una capacidad y potencial enorme que puede aumentar su tasa de donación", aunque, según señala, actualmente, ya trabajan en aumentar el donante vivo y en parada cardiaca.

En Canadá la tasa de donación permanece estable (14,5 p.m.p), mientras que en Australia se eleva más de dos puntos, hasta situarse en 13,5 p.m.p.

"El gran 'boom' de la donación tiene que venir de Asia, desde la India y China, que son dos países que están planteando el tema de la donación de una forma más seria, como en todo hay que mirar a los países emergentes. Están invirtiendo y estamos en conversaciones con ellos para formar a coordinadores de trasplantes, concretamente con el Ministerio de Sanidad Indio", ha explicado.

9.206 DOTANTES REGISTRADOS EN LA UE

Según 'Newsletter Transplant', la ONT cifra en 9.206 los donantes registrados en la UE de los 27 el pasado año, con un incremento de un 6 por ciento respecto al año anterior (con 9.152). Pese a ello, el número de trasplantes permanece prácticamente estable, con un aumento cercano al 0,5 por ciento, hasta situarse en 29.209.

La publicación también revela un descenso del 4,4 por ciento en el número de pacientes europeos en lista de espera. A 31 de diciembre de 2010, en los 27 países de la UE un total 61.893 personas esperaban un trasplante, 4.000 menos que el año anterior, cuando se registraron cerca de 65.000.

Otro de los indicadores que también ha mejorado en 2010 es el número de personas fallecidas en la Unión Europea a la espera de un trasplante, que se sitúa  en 2.742 (frente a 3.791 en 2009), con un descenso superior a un  25%. Estos datos representan una media de 7,5 pacientes europeos fallecidos cada día mientras esperaban un órgano, durante el pasado año (en 2009 esta cifra se elevaba a más de10 pacientes fallecidos al día).

En este sentido, destaca la 'Resolución de Madrid' que como ha recordado Matesanz recomienda la búsqueda de la autosuficiencia en trasplantes como un imperativo ético y una responsabilidad social que debe basarse en la solidaridad, la voluntariedad de las donaciones y la no comercialización, principios del modelo español de trasplantes, que han sido adoptados por la OMS y por la Sociedad Internacional de Trasplantes.

RATIFICA EL LIDERAZGO DE ESPAÑA

La publicación ratifica, un año más, el liderazgo mundial de España en este campo. Pese al cambio en el perfil del donante y el espectacular descenso de las donaciones procedentes de personas fallecidas en accidentes de tráfico, en nuestro país se registraron el pasado año más de 1.500 donantes (32 p.m.p), que permitieron efectuar 3.773 trasplantes.

Respecto a los datos españoles, públicos hace unos meses, Matesanz subraya el hecho de que España mantenga el liderazgo mundial teniendo en cuenta el "descenso tremendo" las causas de muerte cerebral por accidentes de tráfico. "Es algo complicado de conseguir, sobre todo porque los países que viene detrás de nosotros tienen unas tasas de accidentes de trafico mucho más altas que en España", ha añadido.

El porcentaje de estos donantes el año pasado se encontraba en España en un 5 por ciento y se espera que el año próximo sea inferior, según Matesanz quien ha recordado que en países como Portugal y Croacia ronda el 40 y 50 por ciento.

Los trasplantes renales (2.225), los de pulmón (235) y las donaciones en asistolia (130 y un aumento de un 18%) alcanzaron máximos históricos en 2010, de acuerdo con los objetivos de la ON, recogidos en el Programa 'Donación 40'. También aumentó de forma considerable la donación renal de vivo, con un total de 240 trasplantes, lo que representa un 11 por ciento del total.

La nueva Ley no supuso ningún aumento de la demanda, para Asturias todo lo contrario

La práctica de abortos cae en la última década

Asturias atiende menos casos desde la apertura de centros en otras autonomías

22/08/2011 SUSANA D. MACHARGO, OVIEDO, en La Voz de Asturias

Asturias ha dejado de ser una región de referencia en la práctica de abortos en España para atender casi en exclusiva a la demanda interna. La apertura de centros acreditados en otras comunidades ha reducido la demanda de mujeres que viajaban al Principado para someterse a una intervención y que ahora ya pueden hacerlo en sus ciudades de residencia. El balance del Servicio de Salud (Sespa) refleja que el número global de interrupciones voluntarias del embarazo es inferior al registrado hace más de una década, en términos relativos casi un 20% menos que en el año 1999. Tomando en consideración sólo los datos relativos a las asturianas, el número de abortos se ha estabilizado.

Uno de los indicadores que analiza la evolución de la interrupción voluntaria del embarazo es la denominada tasa de abortividad, que es la que mide cuántas mujeres han decidido no llevar a término un embarazo por cada 1.000 mujeres en edad fértil, que normalmente se sitúa entre los 15 y los 45 años. En Asturias, ese índice se ha estabilizado en torno a 8, una cifra cuatro puntos por debajo de la media nacional, y muy lejos de Cataluña, con casi 16, y de Murcia, que está por encima de 14.

Análisis de las intervenciones

La entrada en vigor de la reforma de la ley del aborto, a principios de julio del año pasado, generó muchos vaticinios apocalípticos, ya que algunos sectores sociales, políticos y religiosos creían que consagrar el aborto libre y gratuito hasta la semana 14 iba a supone un incremento exponencial de las intervenciones. Con la intención de tener un punto de partida sobre el que basar posteriores análisis, el Sespa realizó un informe denominado “Análisis de las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) en el Principado de Asturias”, en el periodo de 1999 al 2010. VER DICHO INFORME

Ese trabajo, que acaba de publicarse, refleja una caída en el número de abortos. Si en 1999 las clínicas practicaban 2.259 intervenciones, el año pasado esa cifra cayó a 1.853.

Ese descenso es paulatino desde el 2002. Hubo ejercicios con pequeños repuntes que se corregían al año siguiente, hasta colocar el número total de intervenciones en torno a los 1.800. La barrera de las 2.000 se bajó ya en el año 2007.

Pero lo que más llama la atención es el descenso en picado de los abortos practicados en Asturias a mujeres de otras autonomías. En 1999 fueron 669 y en el 2010, 85. El Sespa confirma que el número de mujeres “no-residentes en Asturias” que vienen al Principado porque no quieren llevar a término su embarazo mantiene una evolución descendente, “que culmina en el 2010 con su práctica desaparición”. No se trata de una tendencia inexplicable. El motivo de ese descenso es la apertura primero de nuevas clínicas acreditadas en comunidades autónomas cercanas y, también, según el Sespa, “el cambio de legislación de 2010”.

¿Cómo influye esa nueva ley en el descenso de interrupciones del embarazo en Asturias?

La reducción de los requisitos ha permitido mejorar la red de centros privados existente y también ha implicado a otro nivel a los hospitales públicos. Con la legislación que entró en vigor en julio de 2010, las intervenciones por debajo de la semana 14 se realizan a petición de la mujer; entre la semana 14 y la 22 se debe justificar un grave riesgo de anomalías o de enfermedades en el feto o en la mujer; y por encima de la 22, sólo se permitirá el aborto si hay anomalías fetales incompatibles con la vida o una enfermedad extremadamente grave, verificada siempre por un comité clínico. Por debajo de la semana 14, la intervención puede realizarla cualquier clínica autorizada. Cuando el estado de gestación es más avanzado, la mujer sólo puede acudir a un hospital público.

La tendencia La entrada en vigor de la ley ha sido determinante, pero está claro que la reducción ya se venía fraguando desde hacía más de una década. Así en el año 2009, justo antes de que se aprobase la normativa, en Asturias sólo se practicaron 158 abortos a mujeres de otras regiones.

Al no haber ya casi intervenciones derivadas desde otras regiones, es más sencillo determinar cuál ha sido la evolución de las interrupciones de los embarazos en mujeres asturianas. Esa cifra fluctúa entre 1.600 y 1.800 cada año, al margen de otros factores externos.

La frecuencia

La tasa de abortividad en el Principado, como ya se ha explicado, está cuatro puntos por debajo de la media nacional. Pero no siempre fue así. La evolución de este índice, en la última década, en Asturias y en España ha sido muy diferente. Mientras que la asturiana bajó de casi 11 abortos por cada 1.000 mujeres en edad fértil en el año 2002 a 8 en el 2009, que es el último año con cifras consolidadas en todas las regiones; España pasó en ese mismo periodo de 5 a 11,78. Es decir, que la media nacional en los últimos 20 años se duplicó y en el Principado se redujo casi 3 puntos.

Por edades existen algunos datos destacables. Ocho es la media de la tasa abortiva en Asturias, teniendo en cuenta todos los tramos de edad, de los 15 a los 45 años. Pero existen grandes diferencias. Ese índice en mujeres mayores de 40 años, por ejemplo, es muy inferior y no llega ni a 3 por cada 1.000 mujeres fértiles. Pero cuando se analiza el extracto entre los 20 y los 24 años se dispara por encima de 10. Sin embargo, no existe ni un sólo bloque en el que la tasa del Principado sea igual o superior a la española. Nuevamente si se analiza lo que sucede entre los 20 y los 24 años, se comprueba que la media española está por encima de 20, duplicando la realidad asturiana.

¿Qué pasa también con las mujeres menores de 19 años?

Tanto en Asturias como en España, la tasa de abortos en mujeres menores de 20 años está por encima de la media, aunque, nuevamente, el Principado está por debajo de la media nacional. En términos relativos, en la región se roza los 10 abortos por cada 1.000 mujeres en edad fértil y en España se eleva hasta casi 13.

La aplicación

En resumen, se puede confirmar que hace ya más de una década que el aborto tiene una incidencia menor en Asturias que en el resto del país, aunque era una región receptora que atendía a mujeres que no encontraban respaldo en su comunidades autónomas de origen. El Gobierno del Principado siempre ha defendido, tal y como consta en numerosa documentación, “el derecho a una sexualidad en libertad, consciente, segura y saludable, así como el derecho a una maternidad libremente decida” y a ejercer desde la administración “la garantía de no discriminación y la responsabilidad pública de establecer los recursos necesarios para garantizar la salud sexual y reproductiva”.

Esta filosofía se traduce, hasta el momento, no sólo en el cumplimiento estricto de la ley, sino también en la puesta en marcha de programas de educación afectivo-sexual, además de facilitar todo tipo de información en centros de salud, en los centros de orientación familiar y en las unidades de infecciones de transmisión sexual.

El descenso en el número de mujeres de otras regiones que aborta en el Principado confirma que en el resto de autonomías se comienza a aplicar de forma rigurosa la normativa, aunque los expertos alertan de que aún existen muchas desigualdades y que el acceso a los recursos no es igual en todo el país. Por ejemplo, en Asturias la Administración paga regularmente a las tres clínicas concertadas que interrumpen la gestación, pero en otras comunidades las deudas acumulan más de un año.

Resta por saber cuál será la línea política y de gestión que seguirá el nuevo Ejecutivo liderado por Francisco Álvarez-Cascos en un tema que sigue generando controversia y que los sectores más conservadores utilizan como dardo contra las fuerzas socialmente más progresistas. La Consejería de Sanidad del Principado, nombrada este verano, todavía no se ha pronunciado sobre cuál será su postura en temas como el del aborto.