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En función de la renta …

En función de la renta …

Quirós insiste en abrir el debate sobre el copago de los fármacos

El consejero y Elena Arias defienden las unidades de gestión en Primaria.

 

17/12/2008 S.D.M. para La Voz de Asturias

 

El consejero de Salud del Principado, Ramón Quirós, descartó ayer la posibilidad de que las administraciones se planteen la posibilidad de implantar el copago en los servicios sanitarios pero reiteró su idea de estudiar esta alternativa en el caso de los fármacos. Quirós aseguró que la base fundamental de un sistema público es que todos los que necesiten atención puedan conseguirla sin limitaciones ni tasas extra, porque "sería un fracaso" que un paciente se quedara sin una intervención por cuestiones económicas. Sin embargo, el tema de los medicamentos es diferente. Matizó que si alguna vez parte del dinero lo aportasen los ciudadanos "ha de ser en función de la renta" y que los Ejecutivos regionales "deben perder el miedo" a hablar de estos temas y consensuar una política común.

La sostenibilidad del sistema sanitario es uno de los temas más debatidos en los últimos meses, junto con el conflicto generado por la reforma de la Atención Primaria. Estos dos temas y también el del copago surgieron ayer en una jornada organizada para hablar de las unidades de gestión clínica, a la que acudieron Quirós y la gerente del Sespa, Elena Arias. Se trata de un modelo que se está definiendo y que se basa en la autonomía de los centros de salud y en la calidad. En función de los objetivos que se marque cada ambulatorio, se decidirá qué fondos se le destina. Las bases aún están en fase de redacción, pero la idea de Salud es que haya 5 centros piloto que comiencen a trabajar este sistema de forma inminente.

La gerente insistió ayer en que las unidades de gestión clínica no se implantan por una cuestión económica sino para mejorar la atención, para optimizar los recursos existentes. El propio consejero ratificó estas palabras y señaló que el objetivo es hacer los centros "más ágiles, de más calidad y más seguros". Incluso llegó a afirmar, a pesar de los conflictos de personal que afronta en los últimos meses, que "es una apuesta por los profesionales", porque cree "en su compromiso, en su capacidad y en las ganas que tienen de hacer su trabajo con una alta calidad". Quirós también reconoció que el ambiente actual tampoco es el mejor para ponerlas en marcha.

Sobre la situación del sistema de salud mental en el Principado, afirmó que es una de las prioridades de su gestión. A su juicio, los servicios con los que cuenta la región en la actualidad son "buenos", aunque tiene algunos desafíos por delante, como la extensión de la red de centros, o la adopción de medidas que ayuden a los pacientes a incorporarse a la vida diaria de una forma normalizada. Quirós indicó que comparte el diagnóstico realizado por la coordinadora de la OMS en estos temas y que alabó la calidad de algunos recursos pero que puntualizó la necesidad de mejorar otros muchos, como el del HUCA.

 

«El sistema de copago no se puede demonizar»

 

«Lo más sensato sería establecer unas prestaciones básicas y pagar por servicios adicionales, como el dental»

 

GUILLEM LÓPEZ CASASNOVAS Profesor de la Universidad Pompeu i Fabra y consejero del Banco de España

Oviedo, P. GALLEGO para La Nueva España

Titular de Economía Aplicada en la Universidad Pompeu i Fabra y consejero del Banco de España, el profesor Guillem López Casasnovas participa en el foro que organiza el Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) en torno a la sanidad pública del siglo XXI.

-¿En qué dirección va el gasto sanitario? ¿Es sostenible en el momento económico actual?

-El gasto sanitario total va a crecer, sin duda alguna. Las sociedades, en la medida en que se desarrollan, priorizan y aumentan el gasto sanitario. Pero lo que empuja el gasto no es el crecimiento demográfico, sino la prestación sanitaria real media, el modo en que atendemos a los usuarios en el momento en que entran en contacto con el servicio: diagnóstico, tratamiento, medicamentos, segundas opiniones, etcétera. Esto es lo que está creciendo. Lo que podemos plantear es si tiene lógica financiarlo al método tradicional, con impuestos supuestamente solidarios.

-¿Qué parece más importante para los ciudadanos?

-Los parámetros de calidad. Ya no estamos hablando de esperanza de vida o mortalidad infantil, sino de la discapacidad funcional y la calidad con la que se viven los años de vida adicionales. El asunto es que para cada persona la calidad no tiene una objetividad terapéutica o diagnóstica, depende de valoraciones subjetivas. ¿Qué considera cada uno que es la calidad? Quizá para mí es indispensable una segunda opinión, pero para otro no. Así que ¿tiene lógica que estas cosas que son opinables se financien con impuestos? En algunas cosas ya hemos empezado a diferenciar, como en los precios de referencia de los medicamentos. El Estado te garantiza la financiación del genérico, pero si quieres el de marca la diferencia la pagas tú.

-¿Qué reformas deberían hacerse para ayudar al sostenimiento de la financiación pública de la sanidad?

-Hay dos alternativas. La primera, adaptar los recursos disponibles a las prestaciones que tengan un coste de efectividad probado. Ordenar las prestaciones y dedicar recursos a las que tienen un coste y unos resultados objetivables, diagnósticos y terapéuticos. Y lo demás, como hacemos ahora con la salud bucodental: «Lo siento, no entra». Ésta sería la opción más sensata, un catálogo de prestaciones bien ordenado, bien priorizado, y decirle a la ciudadanía que si quiere servicios adicionales tendrá que complementar la cobertura pública con un seguro privado. Si los políticos no son capaces de hacer este ejercicio, la alternativa es la utilización de copagos, algo que puede hacerse de dos modos.

-¿Cuáles son?

-Una es el «ticket moderador», donde el objetivo del copago es reducir gastos, evitar una mala utilización de los recursos, pero sin recaudar. Esta opción no es cuestión de economistas, sino de profesionales sanitarios y consejeros que identifiquen dónde están los sobreconsumos y abusos del sistema. La segunda modalidad de copago busca generar recursos, algo que desde el punto de vista de la equidad no tiene por qué ser malo. Se sustituyen algunos impuestos por el pago de los usuarios por determinados servicios, de manera que no pagamos con los impuestos servicios sanitarios que luego no utilizamos. Si el objetivo es recaudar, como hacen los nórdicos, el copago tiene que afectar sobre todo a los medicamentos, y después a las urgencias y las primeras visitas. Si se hace, esta opción es políticamente más compleja, porque la cultura social no está a favor. Pero sería a lo que tendrían que recurrir los políticos si se reconocen incapaces de ordenar las prestaciones. El sistema de copago no se puede demonizar.

-¿La renta sería el criterio?

-No veo claro que en la sociedad del siglo XXI los copagos tengan que ir vinculados a renta, porque la ley dice que no se puede discriminar por la capacidad financiera. Encima de que en vida activa has financiado el sistema con impuestos, cotizando, y has ahorrado, es difícilmente defendible que cuando llega la necesidad te fuercen a pagar más porque tienes más renta.

-¿Un presupuesto según objetivos serviría para que los servicios mejorasen?

-Los sistemas de salud no están preparados para pasar de una financiación de complejo sanitario a una objetivación de salud poblacional. Hay una ruptura entre los discursos: salud para todos, mortalidad y prevalencia a evitar, y luego cada loco con su tema. Los de primaria por un lado y los de hospitales por otro, con un discurso no de salud sino de enfermo tratado, que es muy diferente.

-¿Deberían cambiarse los porcentajes de financiación que dependen de los datos de población y del envejecimiento?

-Ajuste poblacional seguro, por la entrada de inmigración. En cuanto al envejecimiento de la población, en lugar de agrupar todas las edades de 5 años hacia arriba, habría que hacer escalones, porque no es que al pasar de los 65 se dispare el gasto sanitario, sino que es más hacia el final. Afinando veríamos que es la población mayor de 85 años la que podría dificultar la financiación.

 

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