El rejuvenecimiento de las plantillas no es cuestión de querer o no querer jubilarse

El Sespa se ahorra más de 15.000 euros con la sustitución de cada médico jubilado

El salario medio de un facultativo de 64 años es de 80.000 euros anuales
Quirós no prevé conflictos a causa del plan de recursos humanos

Oviedo, P. Á., para La Nueva España

Un médico de 64 años le cuesta a la sanidad pública algo más de 80.000 euros anuales. Otro médico que trabaje en condiciones similares, pero recién ingresado en el sistema sanitario, supone un desembolso de 64.000 euros. Aquí, en estos 16.000 euros, radica una de las razones por las que el Servicio de Salud del Principado (Sespa) está tan interesado en promover la jubilación obligatoria de su personal a los 65 años.

En la actualidad, es relativamente frecuente que los facultativos prolonguen su vida laboral hasta los 70 años, ya que las condiciones económicas de las que disfrutan en activo son sustancialmente superiores a las que les corresponden cuando pasan al régimen de pensionista.

Además de la diferencia salarial, conviene tener en cuenta que la citada retribución del médico joven ha sido calculada con dos guardias mensuales de 17 horas en jornadas laborables y otra de 24 horas en día festivo. Sin embargo, los facultativos mayores de 55 años están eximidos de guardias y, a cambio, pasan consultas por las tardes. El salario del médico mayor ha sido estimado sobre cuatro módulos de consultas mensuales de cuatro horas cada uno.

No obstante, la gran diferencia entre una cuantía y otra radica fundamentalmente en la carrera profesional (12.362 euros anuales para quien se halla en el cuarto tramo, el más alto) y en la antigüedad (7.477 euros por 12 trienios).

La administración sanitaria tiene el firme propósito de llevar a la práctica la jubilación forzosa a los 65 años. El Plan de Ordenación de Recursos Humanos del Sespa implicará el cese de la actividad laboral de casi 1.500 trabajadores, de aquí a finales de 2013. De ellos, cerca de 350 son médicos. Se trata de una medida que, pese a figurar en el Estatuto Marco del Personal Estatutario -de ámbito nacional-, no podía ser aplicada en Asturias a causa de la carencia de una regulación autonómica.

La jubilación forzosa «pretende fomentar el equilibrio y renovación de las plantillas al tiempo que posibilitar la entrada al sistema de los profesionales más jóvenes», justifica el plan de recursos humanos. Fuentes del Sespa precisaron que el principal motivo de preocupación de la Administración regional radica en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), cuya plantilla está especialmente envejecida y afronta, además, el reto de trasladarse a la nueva sede La Cadellada, paso que las autoridades sanitarias quieren acompañar de una profunda reforma organizativa. Según informó este periódico el pasado viernes, con la aplicación de la jubilación forzosa a los 65 años el Hospital Central deberá afrontar la renovación del 40 por ciento de las jefaturas de servicio y de sección. En el Central trabajan 60 médicos que han cumplido 65 años: de ellos, 14 son jefes de servicio y otros 24 jefes de sección.

El consejero de Salud del Principado, Ramón Quirós, anunció ayer que «en las próximas semanas» va a iniciarse la negociación del plan de recursos humanos, un proyecto que calificó de «importante y necesario», según recoge «Efe». «Lo único que busca es armonizar la capacidad de dar asistencia a toda la población en todo el territorio asturiano con los derechos laborales de los trabajadores», señaló el consejero, quien no prevé que el documento vaya a ser conflictivo, «aunque siempre dependerá de la voluntad de las partes».

Distinta es la previsión del Sindicato Médico de Asturias (SIMPA), que considera que el apartado de jubilaciones está marcado por la «arbitrariedad» y advierte de que, de no ser modificado «en aspectos esenciales», el plan de recursos humanos «augura una conflictividad generalizada en el Sespa». Entre tanto, la Plataforma de Defensa de la Atención Primaria, integrada por médicos, sostiene que el documento «contiene algunos cambios que la Administración quiere imponer después de fracasar en el intento de implantarlos por la vía de la negociación».