Los recortes en la Ley de Dependencia se verán en la reunión del Consejo Territorial de este martes
Asturias, País Vasco y Andalucía, unidas contra la reforma de la Ley de la Dependencia
Harán frente común el martes para intentar anular el copago y los recortes que Sanidad quiere llevar el día 13 al Consejo de Ministros
07.07.12 - CHELO TUYA | GIJÓN, en El Comercio.
Asturias, País Vasco y Andalucía harán frente común contra la reforma de la Ley de la Dependencia. Las tres comunidades -que tienen en común estar regidas por socialistas- han acordado llevar una propuesta conjunta a la reunión del Consejo Territorial de la Dependencia, fijada para el próximo martes en Madrid. La idea es anular el borrador del Real Decreto preparado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Un borrador que incluye, tal y como ayer adelantó EL COMERCIO, recortes en las prestaciones -desaparecen los niveles, el grado I de dependencia queda fuera del sistema hasta 2015 y se elimina la cotización en la Seguridad Social para el cuidador familiar- y la universalización del copago. En este punto, el más conflictivo, el Gobierno central quiere ahora que paguen hasta los menores de edad, además baja a 399 euros al mes el límite mínimo de ingresos para pagar parte del servicio e incluye en el cómputo de bienes la vivienda familiar.
Según fuentes de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, desde la sede socialista de Ferraz se está preparando una respuesta conjunta y combinada de los tres ejecutivos autonómicos con presidente socialista -Javier Fernández, en Asturias; José Antonio Griñán, en Andalucía; y Patxi López, en el País Vasco- para evitar que, tal y como dijo anteayer la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, este borrador se convierta en real decreto en el Consejo de Ministros del próximo día 13.
A pesar de que se da casi por hecho el ’rodillo’ conservador, ya que la mayoría absoluta del PP en el Congreso de los Diputados tiene su reflejo en el seno del Consejo Territorial de la Dependencia, desde el Principado se espera que, al menos en parte, las propuestas que presentarán las tres comunidades -la asturiana será defendida por la nueva consejera de Bienestar Social y Vivienda, Esther Díaz- sean atendidas. Esa confianza está basada en que la propuesta socialista estará sustentada en las objeciones presentadas al borrador del equipo de Ana Mato tanto por los colectivos afectados -representados en el Comité de Discapacidad (Cermi)- como del Observatorio de la Dependencia.
Cobro ilegal
Las principales discrepancias de los beneficiarios de la ley, o de los que aspiran a serlo algún día -porque la norma suma 13 meses de retraso en la valoración de los expedientes- se centran en los cambios introducidos en el copago. El reproche mayor es que la aportación de los beneficiarios, que según la ley deben pagar parte del coste del servicio que reciban, según sus ingresos personales, está ahora mismo anulado por la Audiencia Nacional, según la sentencia lograda por el Cermi el 25 de febrero de 2011.
Pese a ello, algunas comunidades han seguido aplicándolas, entre ellas Asturias, una ilegalidad que se lleva a cabo «porque ninguna persona con dependencia va a pleitear sola contra la Administración».
Así lo aseguró José Manuel Ramírez, presidente del Observatorio de la Dependencia -ente creado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales y dedicado a evaluar cada semestre el cumplimiento de la ley- quien considera que de salir adelante la propuesta del ministerio «será el fin de la Ley de la Dependencia».
Desde el Cermi, su vicepresidente en Asturias, José Luis Crespo, insistió en rechazar que se incluya a los menores de edad en el copago, así como que la vivienda familiar se incluya en el cómputo de bienes.
De acuerdo a sus palabras, «las familias con un hijo con discapacidad y dependencia ya están suficientemente castigadas, porque no cuentan con apoyos suficientes para hacer frente a las necesidades de su hijo. Ahora les van a quitar lo poco que tienen».
La evaluación oficial también suspende al Principado por abusar de las pagas
07.07.12 - CH. TUYA | GIJÓN, en El Comercio.
El Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) del martes no sólo analizará el borrador del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para recortar la Ley de la Dependencia.
Previo al debate del asunto más conflictivo, en el segundo punto del orden del día figura la presentación del documento denominado ’Evaluación definitiva de los resultados de la aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia’.
Bajo esa denominación se esconde el resultado del examen realizado por el Gobierno central a la ejecución de la norma desde su puesta en marcha, en abril de 2007. Un estudio al que ha tenido acceso EL COMERCIO y en el que, de nuevo, Asturias suspende.
Porque, tal y como refleja en sus últimos exámenes el Observatorio de la Dependencia, el Principado abusa de las pagas al cuidador familiar, una de las prestaciones que incluye la norma, pero que ella misma califica de ’excepcional’. Sin embargo, en Asturias, al igual que en toda España, casi la mitad de los beneficiarios de la ley han optado por esta prestación, que supone que un pariente del dependiente cobre un salario por cuidarlo en su casa.
Aunque el informe que presentará el ministerio el martes no es tan exhaustivo en el análisis por comunidades, sí deja claro que si en cuanto a grandes dependientes Asturias «está por debajo de la media del país» en pagas familiares, tiene un elevado nivel de ellas y supera esa media «en el grado II».
Previsiones erróneas
Lo que también refleja el informe oficial es que, tal y como han denunciado en los últimos años tanto los colectivos de afectados, como el propio Observatorio de la Dependencia, los pilares en los que reposa la ley son erróneos.
Porque, decía el Libro Blanco de la Dependencia que Asturias tendría, como mucho, 6.783 beneficiarios de la ley, ya que ésa era la cifra de asturianos con grados de dependencia III y III. A 1 de enero, la cifra era ya de 8.738. Un 29% más de la prevista. Y faltan los del limbo.
El Gobierno exigirá muchos más requisitos a los cuidadores de dependientes
Deberán acreditar un horario y aceptar someterse a cursos de formación
Oviedo, Madrid, E. G. / Agencias, en La Nueva España
El Gobierno exigirá requisitos «ineludibles» a los cuidadores familiares de las personas dependientes y les someterá a un control que considera que no se ha llevado a cabo en los últimos cinco años.
La reforma de la ley de Dependencia que puede aprobar el Consejo de Ministros el próximo día 12 y que tiene en estado de alerta a las asociaciones de discapacitados en Asturias pone condiciones mucho más estrictas a los llamados cuidadores familiares, personas del ámbito familiar del dependiente que se comprometen a su cuidado a cambio de una cantidad de dinero.
La ministra de Sanidad, Ana Mato, se lo explicará el próximo martes a la consejera asturiana de Bienestar Social, Esther Díaz, en el Consejo Territorial del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), en el que debatirá la reforma de esta ley.
En el texto en el que se recogen los requisitos, al que ha tenido acceso «Efe», el Gobierno afirma que la figura del cuidador familiar se mantiene e incluso se dará prevalencia a la posibilidad del cuidado en el domicilio.
Los requisitos «ineludibles» que el Ejecutivo reclamará a los cuidadores familiares son, entre otros, acreditar un horario de trabajo compatible con el cuidado de la persona dependiente, así como la convivencia con él y su compromiso de estar dispuesto a recibir la formación que le ofrezca la Administración. Asimismo, deberán comprometerse a permitir el acceso al domicilio de los Servicios Sociales para hacer el correspondiente seguimiento.
Las entidades asturianas de discapacidad, agrupadas en el Cermi, expresaron anteayer sus inquietudes por una reforma que supondrá el copago de servicios para todos, incluidos los menores de 18 años, y la reducción misma de la ayuda familiar que desde la Administración se quiere disminuir en beneficio de los servicios residenciales.
Por su parte, las personas dependientes que solicitan la prestación para ser atendidas por familiares deberán declarar si son receptores de servicios sociales y cuáles, además de si ya tienen un cuidador familiar. También deberán aportar un compromiso de la familia de que acepta un seguimiento de la Administración del dependiente, así como declarar si es una persona con discapacidad y qué tipo y si padece alguna enfermedad rara.
La Administración y los profesionales determinarán la prestación para cuidados familiares después de escuchar a la familia del dependiente, en tanto que podrá en cualquier momento comprobar los requisitos entregados y la idoneidad de la atención.
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