Tal y como se preveía la Ley de la Dependencia comienza a desintegrarse, aunque el PP prefiera llamarlo, como en todo lo que hace, de otra manera
Sanidad recorta ayudas a la dependencia severa y baja un 15% la paga al cuidador familiar
El Consejo Territorial de la Dependencia cerró ayer la gran reforma de la ley que universaliza el copago desde ingresos mensuales de 530 euros
Foto: Ana Mato, en el centro, preside la reunión de ayer del Consejo Territorial.
11.07.12 - CHELO TUYA | GIJÓN, en El Comercio.
La Ley de la Dependencia es, desde ayer, una norma «liquidada» que será «descuartizada por fases» en lo que supone «el mayor retroceso en derechos de los últimos años». Sin embargo, las versiones ofrecidas por la consejera asturiana de Bienestar Social y Vivienda, el presidente del Observatorio de la Dependencia y el vicepresidente del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) asturiano -Esther Díaz, José Manuel Ramírez y José Luis Crespo, respectivamente- contrastan frontalmente con los posicionamientos de los políticos afines al Gobierno central que respaldan la tesis defendida ayer por la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, tras lograr el visto bueno del Consejo Territorial de la Dependencia para la gran reforma de la ley «se elimina un sistema desfasado que será más transparente y ágil».
Para la diputada del PP por Asturias Carmen Maniega la norma que nació en 2007 para convertir en obligatoria la atención a las personas con escasa o nula autonomía, pero que se ha visto afectada de grandes retrasos en la aplicación debido a los problemas de financiación, sale «reforzada». Lo mismo dice su compañero de filas, el consejero de Castilla-La Mancha José Ignacio Echániz, quien explica que «ha dejado de ser una fantasía insostenible para convertirse en una prestación adecuada y con fondos».
La letra de la controvertida música que entonan unos y otros es la que figura en la propuesta de real decreto que llegará el viernes al Consejo de Ministros, en contra de las posiciones de los consejeros de Asturias, Andalucía y País Vasco. En síntesis, se trata del documento ya adelantado por EL COMERCIO: la ley se endurece para las dependencias severas -que perderán la diferenciación de niveles y no podrán compatibilizar servicios-, recorta al máximo la cobertura del cuidador familiar -perderá un 15% de su salario actual, fijado como media en los 400 euros al mes y el Estado no pagará su cotización en la Seguridad Social- y universaliza el pago -deberán copagar los menores de edad y quienes ingresen más de 530 euros mensuales-, sin olvidar que aplaza hasta el 2015 el derecho a las ayudas que ahora tienen los dependientes leves.
Asistente personal para todos
Las únicas novedades del texto que, finalmente, llegarán al Consejo de Ministros es la precisión del porcentaje de recorte a la paga al cuidador familiar, que recibirá el ya citado 15% menos, además de consolidar para quienes ya lo perciben la cotización en la Seguridad Social, que se elimina para los nuevos expedientes. Además de la ligera subida del mínimo de ingresos mensuales desde el que será obligatorio el copago, que pasa de los previstos 400 euros a 530.
A ella se suma la universalización de un servicio que parecía en 2007 que sería la estrella de la Ley de la Dependencia, pero que apenas ha tenido eco en las peticiones de los beneficiarios. Se trata del asistente personal, un servicio cuya compleja forma legal hizo que, en Asturias, sólo haya uno contratado.
De acuerdo a lo anunciado ayer por Ana Mato, el asistente personal llegará «a todos los grados, algo que no ocurría hasta la fecha, limitado al grado III».
7.809 sueldos recortados
Sin embargo, desde el Principado lo dicho ayer por la ministra sólo tiene una traducción «doy por liquidada la Ley de la Dependencia. Lo harán por fases, porque el PP no se ha atrevido a hacerlo ahora, tal y como tenía previsto».
En opinión de la consejera de Bienestar Social, Esther Díaz, «lo que han hecho es una chapuza, fruto de la improvisación, ya que querían cargarse la ley y, después del lío que se ha organizado al conocer el borrador, no se han atrevido. Pero acabarán haciéndolo, porque la han dejado difícil de cumplir».
Coincide con ello el presidente del Observatorio de la Dependencia, José Manuel Ramírez, quien sólo precisó a sus palabras que «no es algo improvisado. Lo tenían previsto desde hace tiempo y, únicamente, han decidido recortar por fases». Asegura él que el recorte al salario «ruinoso» de los cuidadores familiares supone «que ellos paguen lo que el ministerio ha recortado en ayudas, ya que de los 1.900 millones que le cuesta ahora esa figura, ahorrar 283. Los mismos que eliminó de la ley».
En Asturias son 7.809 las personas que se verán afectadas por ese recorte, ya que cobran como cuidador familiar, mientras que más de la mitad se quedarán sin cotización en la Seguridad Social, puesto que ahora mismo sólo están dadas de alta 3.013 expedientes.
Para el vicepresidente del Cermi, José Luis Crespo, lo ocurrido ayer es «la desaparición de la Ley de la Dependencia, puesto que volvemos atrás. Estaremos como antes de que la aprobaran. Mal».
La paga de 400 euros de los cuidadores familiares de la dependencia se reduce un 15%
La consejera de Bienestar, Esther Díaz, cree que el Gobierno trata de «finiquitar la ley poco a poco, con reformas de calado»
Mato: «El acuerdo mejora el sistema y su viabilidad»
Oviedo / Madrid, P. R. / Agencias, en La Nueva España
La reforma de la ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia que aprobará el Consejo de Ministros el próximo viernes incluirá un recorte del 15% en la prestación económica que actualmente reciben las personas que se quedan en casa para cuidar de sus familiares dependientes, también denominados cuidadores no profesionales. Esta prestación, que en la ley tiene carácter de excepcionalidad y que se ha generalizado, supone unos 400 euros al mes, aunque, en algunos casos, puede llegar a los 530 euros.
En cuanto a sus cotizaciones a la Seguridad Social, el director general del Imserso, Cesar Antón, señaló que «se revisarán con el Ministerio de Empleo para establecer una nueva regulación que tenga en cuenta las circunstancias específicas de estos cuidadores». Mientras no exista esta normativa, los que se incorporen al sistema estarán sometidos a una suerte de «régimen transitorio» que aún está por definir, señaló. Quienes están dados de alta seguirán como hasta ahora. Actualmente hay alrededor de 180.000 cuidadores en España, unos 7.000 en Asturias, y el 90% son mujeres.
La ministra de Servicios Sociales, Ana Mato, informó ayer a los consejeros autonómicos, en la comisión interterritorial, de la reforma de la ley. La nueva normativa primará a las comunidades autónomas que den prioridad a los servicios, de manera que el 90% de los fondos para la dependencia que aporte el Gobierno se repartirán entre todas las autonomías en función del número de personas que atiendan, y el 10% restante será para las que más servicios mantengan.
La Ministra y los consejeros autonómicos debatieron la propuesta de reforma de ley, así como un real decreto que modifica la aportación de los dependientes al sistema. «Hemos logrado un gran acuerdo que mejora el sistema y su viabilidad», señaló Mato, quien afirmó que la dependencia hasta ahora era «insostenible y necesitaba un cambio urgente», ya que en los últimos años estaba «colapsada», como demuestra el hecho de que más de 300.000 personas están aún en lista de espera, afirmó.
«Es la liquidación de la ley por fases», declaró la consejera de Bienestar Social del Principado, Esther Díaz. La responsable socialista asturiana lamentó, en declaraciones a LA NUEVA ESPAÑA, la falta de negociación y consenso por parte del Ministerio de Sanidad. «En apenas diez días no se puede intentar consensuar una reforma de tanto calado. El objetivo debería ser fortalecer la ley para hacerla más eficaz. Somos conscientes de la necesidad de introducir mejoras para adaptarla a la situación de crisis que padecemos, pero creo que la intención del Gobierno central es finiquitarla poquito a poco introduciendo reformas profundas». Y añadió: «Se nos dice que quieren una ley sostenible, pero para nosotros sostenible es dotarla de financiación, hacerla viable».
La Consejera está convencida de que había un acuerdo previo «entre las comunidades autónomas del PP» y lamenta que cuestiones que se dan por cerradas, como la rebaja salarial a los cuidadores, no figuren en el documento. Asuntos como la Seguridad Social de los cuidadores en el entorno familiar «se han dejado pendientes para una revisión en profundidad», lo mismo que la revisión del baremo, «que queda aplazada, con independencia de que los niveles sean suprimidos».
La reforma elimina los niveles de gravedad (1 y 2) con los que actualmente se cataloga a los dependientes de cada grado y amplía de cinco a ocho años el carácter retroactivo de las prestaciones, actualmente fijado en tres. No obstante, los usuarios no tendrán derecho a recibir las ayudas que les correspondan con carácter retroactivo más allá de un plazo de dos años.
En cuanto al real decreto que revisará el copago, el texto final se mejoró incluyendo aportaciones del sector de la discapacidad y finalmente se aumentó el tramo fijado del IPREM (indicador público de renta de efectos múltiples), manteniendo el cien por ciento como referencia de la capacidad económica del usuario «para que las personas con menos renta no paguen tanto». La aportación de los usuarios al sistema será en función de su renta y su patrimonio.
Finalmente, las personas dependientes con discapacidad entrarán en el copago, una aportación de la que hasta ahora estaban exentos. Asimismo, se aplazará hasta el año 2015 la incorporación de personas dependientes de grado 1.
La reforma
Nuevas medidas
- La prestación a los cuidadores familiares -unos 400 euros al mes- se reduce un 15%.
- El 90% de los fondos estatales para la dependencia se repartirán entre las autonomías en función de las personas atendidas, y el 10% será para las que más servicios presten.
- Los dependientes con discapacidad entrarán en el copago. - Se mantiene el cien por ciento del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) como referencia de la capacidad económica del usuario.
- La aportación económica del usuario se hará en función de la renta y del patrimonio.
- Se suprimen los niveles de gravedad 1 y 2 con los que actualmente se cataloga a los dependientes de cada grado.
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