El Sespa destaca que en Asturias hemos sido pioneros en esta iniciativa, a la que se han sumado otras comunidades, y es rigurosamente cierto

El Sespa ha atendido ya a 311 inmigrantes sin papeles desde la reforma de Rajoy

Foto: Fotograma de la campaña de Medicos del Mundo “Derecho a curar”.

24.12.12 - E. C. | GIJÓN, en El Comercio.

El Servicio de Salud del Principado (Sespa) ha atendido a 311 extranjeros en situación irregular empadronados en Asturias desde la reforma sanitaria que restringe la asistencia gratuita a los inmigrantes sin papeles. En Asturias, los extranjeros atendidos han sido incluidos en el Sistema de Información de Población y Recursos (Sipres) y se les ha asignado un código de identificación personal para que puedan tener prestaciones sanitarias gratuitas.

De los nuevos usuarios registrados desde la entrada en vigor de esa resolución, en la que Asturias fue pionera, 138 son hombres y 173 mujeres. Por grupos de edad, el 79% de las personas atendidas son menores de 44 años y sólo el 2,5% mayores de 65 años.

Según la Consejería, los datos confirman que se trata en su mayoría de una población joven y sana, con muy poca demanda asistencial, que no genera un gasto especialmente relevante para el sistema público de salud.

Sólo los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en España menores de 18 años y las mujeres en esa misma situación durante el embarazo, parto y postparto continuarán recibiendo la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que las personas con derecho a aseguramiento.

El Sespa atendió a más de 300 «sin papeles» desde la retirada de la tarjeta sanitaria

El Principado destaca su medida «pionera» para desactivar la exclusión de los inmigrantes irregulares auspiciada por el Ejecutivo central

Oviedo, Pablo ÁLVAREZ, en La Nueva España.

Un total del 311 extranjeros «sin papeles» han sido atendidos por la sanidad pública asturiana desde la entrada en vigor -el pasado 1 de septiembre- de la norma estatal que retiraba la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular, a los que, salvo una serie de excepciones, excluía de una asistencia gratuita. A raíz de la aplicación de dicha regulación, el Gobierno regional puso en marcha una iniciativa que garantiza el acceso de este colectivo a una sanidad totalmente subvencionada (excepto el epígrafe de fármacos). «Todos ellos han sido incluidos en el Sistema de Información de Población y Recursos (Sipres) y se les ha asignado un código de identificación personal», subraya un comunicado difundido ayer por el Servicio de Salud del Principado (Sespa).

El Gobierno asturiano señala que la atención a estas personas «fue una de las primeras medidas abordadas por el Ejecutivo de Javier Fernández». La Consejería de Sanidad abanderó desde el primer momento una posición beligerante con la defendida por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Como consecuencia, arbitró una resolución «pionera» en España -según enfatiza el Ejecutivo autonómico- basada «en la Ley General de Salud Pública, que promueve el funcionamiento coordinado de las estructuras asistenciales para preservar la salud poblacional y que contempla actuaciones individuales y colectivas entre las que se incluyen las actividades de promoción de la salud y las de prevención de la enfermedad».

De los nuevos usuarios registrados desde la entrada en vigor de la citada resolución, 138 son hombres y 173 mujeres. Por grupos de edad, 126 están comprendidos entre 18 y 29 años (59 hombres y 67 mujeres); 121 entre los 30 y los 44 (58 hombres y 63 mujeres); 56 entre los 44 y los 64 años (20 hombres y 36 mujeres) y sólo ocho superan los 65 (un hombre y siete mujeres).

Cuatro de cada cinco inmigrantes atendidos son menores de 44 años y sólo el 2,5 por ciento mayores de 65 años. Estos últimos datos vienen a corroborar la tesis de la Consejería de Sanidad, según la cual la «inmensa mayoría» de los irregulares son «población joven, que es la que habitualmente precisa de un uso menor de los recursos asistenciales». Esta apreciación ha sido empleada de forma reiterada por el Departamento que dirige Faustino Blanco para cuestionar la regulación auspiciada por el Partido Popular.

Una regulación que contempla excepciones, de modo que los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en España menores de 18 años y las mujeres embarazadas han continuado recibiendo la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que las personas con derecho a aseguramiento.

Según el Gobierno asturiano, los datos recabados por Sanidad confirman que los inmigrantes sin papeles que residen en la región son, «en su mayoría, una población joven y sana, con muy poca demanda asistencial, que no genera un gasto especialmente relevante para el sistema público de salud».

La Consejería agrega que Asturias cuenta, en el momento actual, con un total de 9.303 ciudadanos sin aseguramiento acreditado, de los que 2.729 son comunitarios y 6.574 extracomunitarios. De ellos, 9.007 tenían aseguramiento y tarjeta sanitaria hasta el pasado 1 de septiembre, fecha de entrada en vigor del Real Decreto Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud elaborado por el Ministerio de Sanidad. El Ejecutivo asturiano desconoce «qué porcentaje de estas tarjetas se corresponde con personas que siguen residiendo en Asturias». Sí se tiene certeza, en cambio, de que, de todos ellos, a unos 2.000 «les había caducado la tarjeta sanitaria antes de la fecha máxima de renovación del 1 de marzo y no acudieron a renovarla».

El Sespa destaca que Asturias ha sido «pionera con una iniciativa a la que se han sumado otras comunidades como Galicia, Castilla y León, Andalucía, País Vasco, Cataluña y Canarias».

VER LA NOTICIA DE JUNIO PASADO CON LA QUE EL CONSEJERO ANUNCIABA LA ACTUACION EN ASTURIAS

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