Sobre el trasfondo del proyecto de Ley sobre farmacovigilancia que no sólo se limita a incorporar al ordenamiento jurídico español las directivas de la UE
Mato dificulta la compra de medicamentos a los hospitales
Por José Martínez Olmos, portavoz de sanidad del PSOE del Congreso de los Diputados
Redacción Médica
En estos momentos, se está tramitando en las Cortes Generales el Proyecto de Ley por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español las Directivas 2010/84/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2010, sobre farmacovigilancia, y 2011/62/UE, de 8 de junio de 2011, sobre prevención de la entrada de medicamentos falsificados en la cadena de suministro legal, por la que se modifica la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.
Entre las enmiendas que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado, hay una especialmente relevante. Dice así: "El precio industrial de los medicamentos no podrá ser objeto de modificación a efectos de prestación farmacéutica en el SNS salvo en el caso de que dicha modificación consista en un descuento porcentual o lineal aplicable en todo el territorio nacional, de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido".
Durante su mandato en Sanidad, Mato y el Gobierno han pleiteado contra Andalucía para acabar con la subasta de medicamentos mostrando así una y otra vez una actitud incomprensible hacia una medida que no perjudica a los pacientes y que beneficia a las cuentas públicas. Pero ahora, con esta enmienda que les comento, la actitud es peor aún y creo que la irresponsabilidad del Gobierno es de tal calibre y las consecuencias son tan graves, que no sé si es un error y se han pasado de frenada o si es una decisión calculada.
¿Por qué digo esto?, porque esta enmienda podría suponer acabar de un plumazo con la posibilidad de que los centros sanitarios públicos de todas las comunidades autónomas aprovechen los concursos públicos para obtener ahorros al adquirir suministros de medicamentos mediante este procedimiento.
Estos concursos públicos, que se realizan desde siempre, incluso desde la creación del Instituto Nacional de Previsión hace decenios, sirven para que los hospitales y centros sanitarios obtengan mejores precios en relación al autorizado por el Ministerio de Sanidad. Estos mejores precios se obtienen bien por la cantidad a adquirir, bien por pronto pago o por la combinación de ese tipo de argumentos.
La medida que propone el Grupo Parlamentario Popular a instancias del Gobierno puede suponer millones de euros de pérdidas a las arcas públicas porque siguiendo el tenor literal de la propuesta, las compañías no tendrían ningún interés en acudir a los concursos de compra de medicamentos que realizan los hospitales públicos para no rebajar así ni un céntimo, dado que estarían obligadas a hacer extensiva la rebaja a todo el territorio nacional.
En mis cálculos, las compras de medicamentos por los hospitales, a través de concursos públicos, suponen un ahorro de entre 800 y 1000 millones de euros anuales, cantidad que se perdería ahora con este nuevo “invento” de Ana Mato. Todo ello sin contar la más que dudosa legalidad de la iniciativa ya que invade claramente la capacidad de gestión de las comunidades autónomas que además pierden herramientas para conseguir ahorros ciertos a las arcas públicas y al bolsillo de los ciudadanos.
Una prueba más de su incompetencia como ministra de Sanidad responsable de la gestión de nuestros servicios públicos de salud. Un argumento más para exigir su cese como ministra del Gobierno de España.
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