¡¡Si se puede, si se puede !!
El Tribunal Superior detiene la privatización sanitaria de Madrid
La Sala ordena suspender el proceso hasta que dicte sentencia, lo que puede demorarse dos años
Apunta a irregularidades en la adjudicación del concurso
- Auto del TSJM en respuesta al recurso de AFEM
- REACCIONES: AFEM ve en el auto “el principio de la victoria” de la ‘marea blanca’
- Diez meses de lucha de la 'marea blanca'
Elena G. Sevillano, Madrid, en El País.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha asestado este miércoles el que, según fuentes jurídicas y empresariales, puede ser el golpe definitivo al proceso de privatización de la gestión de seis hospitales impulsado por el Gobierno de esa comunidad. La sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha dictado un auto en el que ordena la suspensión cautelar del proceso hasta que tome una decisión, lo que puede suponer entre año y medio y dos años. Ordena que se mantenga la prestación sanitaria tal y como está hasta que haya sentencia y, sin entrar todavía en el fondo del asunto, apunta a irregularidades en el concurso de adjudicación.
Los magistrados han tomado en consideración el hecho de que el paso de estos hospitales a manos privadas afecta a 1,2 millones de madrileños y a 5.000 profesionales sanitarios y supone trasacciones económicas de decenas de millones de euros. La sala cree que el plan privatizador “es de unas dimensiones tan extraordinarias” que, de seguir adelante y si finalmente una sentencia obligara a volver a la situación anterior, los cambios en la gestión sanitaria pública serían ya “irreversibles”. De ahí que acuerde la suspensión, es decir, “mantener la situación existente” ahora “hasta que el recurso se resuelva”. Contra el auto cabe recurso.
Fuentes próximas a las empresas concesionarias consultadas por EL PAÍS dan el proceso de privatización prácticamente por muerto. De hecho, Ribera Salud, adjudicataria de dos hospitales, ha admitido este miércoles que ha suspendido las reuniones internas con los equipos directivos. Esta empresa cerró la oficina en la que informaba de las condiciones contractuales la semana pasada, cuando otro juzgado de menor rango (el de lo Contencioso-Administrativo 4 de Madrid), también ordenó la suspensión cautelar del proceso. El consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, reaccionó cuestionando la competencia del juzgado y solicitando que decidiera el TSJM. Este miércoles ha obtenido la respuesta que pedía.
Esta resolución judicial responde al recurso presentado por la asociación de médicos Afem, la más activa en la marea blanca de protesta contra la privatización sanitaria. Una colecta entre personal sanitario organizada en febrero pasado permitió contratar a un bufete que inició una ofensiva jurídica en varios frentes: contencioso-administrativo, penal... La de este miércoles es la mayor victoria del colectivo y deja a la Comunidad de Madrid en una situación muy complicada. La gestión privada de los hospitales ya está adjudicada, pero los contratos aún no se han firmado. Todas las fuentes consultadas coinciden en que el Gobierno regional no va a poner en marcha su plan este año, y puede que tampoco el próximo. Las próximas elecciones autonómicas están previstas para mayo de 2015.
Este mismo tribunal fue el que paralizó el proceso de forma cautelar el 10 de julio pasado a consecuencia de un recurso presentado por el Partido Socialista de Madrid (PSM). Dos semanas después levantó la suspensión al entender que los seis diputados socialistas —residentes en las zonas de influencia de los hospitales— “no ostentan un interés legítimo”. El auto de este miércoles sí le reconoce a la asociación de médicos esa legitimidad y niega el argumento de los abogados de la Comunidad de Madrid, que intentaron tumbar el recurso alegando, entre otras cosas, que Afem no ha participado en elecciones sindicales y no tiene “representatividad”.
Tras enumerar las alegaciones de los médicos, el auto del TSJM (24 páginas) asegura que debe “ponderar los perjuicios” para los recurrentes, los licitadores y “el interés general” que se producirían si estimara el recurso una vez adjudicados los hospitales y “una vez entregada la gestión del servicio público a las concesionarias”. Una de las cuestiones que destaca es una modificación de las condiciones del concurso que hizo la Comunidad de Madrid solo cuatro días antes de que se cerrara el plazo.
Mediante una corrección de errores en el boletín oficial modificó las garantías que deben depositar las concesionarias (avales para cubrir incumplimientos de contrato y penalidades, daños y perjuicios...) y las redujo a una décima parte (de 233 millones de euros a 28). La oposición política y la marea blanca lo calificaron de “regalo” a las empresas para facilitar que concursaran. El cambio, dice el tribunal, “supone una modificación sustancial de las condiciones” que “podría haber limitado el principio de libre concurrencia competitiva”. Esta es, añade, “una circunstancia que no puede ser obviada por la Sala” al resolver sobre si suspende cautelarmente el proceso o no.
El Gobierno madrileño ha asegurado este miércoles que su plan aún está pendiente de la decisión de los tribunales y que las resoluciones judiciales “contradictorias” generan “confusión”. Por su parte, Afem ha mostrado su “satisfacción” con el auto e invitado a la Comunidad de Madrid a negociar con los profesionales sanitarios “la reforma que necesita el sistema, y que no era el plan calamitoso que plantearon ellos y que solo beneficiaba económicamente a unas empresas y no a los pacientes”, según su portavoz, Patricia Alonso.
Cuatro recursos de AFEM y 14 en total
El plan privatizador de la Comunidad de Madrid tiene pendientes en los tribunales 14 procedimientos. Cuatro de ellos están promovidos por AFEM, este proceso de hoy abierto por la vía de lo contencioso pero ante el TSJM y el otro el del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4, en el que los médicos apelan a la protección de los derechos fundamentales.
La tercera causa de AFEM es también ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 16 de Madrid, que denegó el pasado 5 de septiembre la petición de suspender de forma cautelar el concurso. A diferencia del recurso presentado ante el Juzgado número 4, el presentado ante el Juzgado número 16 era muy específico, ya que no se impugnaba todo el proceso sino única y exclusivamente la modificación de última hora de los pliegos del concurso.
Además, presentaron una querella al juzgado de instrucción 4 de Madrid por delitos como prevaricación y malversación de caudales públicos en la primera fase de la privatización, la de los hospitales de Valdemoro, Torrejón y Móstoles. Dos exconsejeros y dos altos cargos de Sanidad están citados en calidad de imputados y a la espera de prestar declaración. La declaración de los altos cargos está suspendida porque la Comunidad no ha entregado la documentación requerida.
La privatización sanitaria se ve frenada por el TSJ de Madrid
Los magistrados que ya paralizaron la adjudicación de hospitales vuelven a frenar el proceso por ser "irreversible"
La gestión privada tiene encima un recurso de inconstitucionalidad, una suspensión en vía penal y otra contenciosa
Raul Rejón, en eldiario.es
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha vuelto a suspender la privatización de hospitales en Madrid. Esta medida se une al parón que decretó un juzgado de Instrucción madrileño el pasado 3 de septiembre y repite la medida que los mismos magistrados dictaron el 10 de julio -levantada más tarde-. Así, la adjudicación de seis centros a tres empresas que inició la Comunidad de Madrid en noviembre de 2012 y que se concretó en agosto tiene encima dos frenos judiciales: uno por la vía penal -la de inicios de mes- y esta que sigue la vía de lo contencioso.
El escrito de los magistrados del TSJM establece que el cambio en la fianza que introdujo la Consejería de Sanidad -del 5% del contrato total de diez años al 5% de una anualidad- "puede exceder de la posibilidad de rectificación de errores materiales". Además, el auto señala que "sin verter consideración alguna acerca del nuevo modelo de gestión sanitaria elegido, considera que el cambio (...) del modelo de atención sanitaria especializada es de unas dimensiones tan extraordinarias que haría imposible volver a la situación anterior".
Con esta decisión, la entrada de empresas contratistas en los hospitales queda doblemente paralizada. Además, el TSJM sí considera a los recurrentes, la Asociación de Facultativos AFEM, competente para entrar en el proceso. La Comunidad de Madrid había iniciado su defensa legal aduciendo que los médicos no podían siquiera recurrir. Con ese mismo argumento habían conseguido sacar a los diputados del PSM del proceso después de que los mismos magistrados decretaran la primera supensión de las adjudicaciones el 10 de julio. En esta ocasión sí se entrarará en el fondo de la cuestión.
La privatización está desarrollándose en medio de una intensa batalla legal en contra. La subasta de gestón sanitaria tiene pendiente un recurso ante el Tribunal Constitucional presentado por el PSOE. Además, la querella de AFEM que aún está en fase de instrucción y el recurso contencioso-administrativo de la misma asociación que hoy ha logrado frenar los planes privatizadores del Gobierno de Ignacio González y el consejero Javier Fernández-Lasquetty.
Los magistrados del Tribunal Superior también han establecido que las acciones penales no interfieren con las contenciosas. El consejero Lasquetty trató de quitar legitimidad al juez instructor a comienzos de septiembre y aseguró que el asunto ya había sido ventilado por el TSJM al levantar el primer parón. Ahora, esos mismos jueces a los que Lasquetty puso como argumento de que su nuevo modelo ya contaba con el visto bueno legal han puesto, de momento, una nueva traba a la entrada de las empresas en los hospitales.
Tercer revés judicial a la privatización sanitaria en Madrid
El TSJM suspende el concurso para gestionar seis hospitales de la comunidad
EUROPA PRESS
La Sección tercera de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha acordado la suspensión de la resolución de 30 de abril de 2013 de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid por la que se hizo pública la convocatoria para privatizar la gestión de seis hospitales públicos.
Se trata de la convocatoria de licitación del contrato de servicios denominado "Gestión por concesión del servicio público de la atención sanitaria especializada correspondiente a los hospitales universitarios Infanta Sofía, Infanta Leonor, Infanta Cristina, del Henares, del Sudeste y del Tajo.
Según consta en el auto, responde al recurso contencioso administrativo interpuesto por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) contra dicha resolución.
Hace una semana, el juzgado de lo contencioso-administrativo nº4 de Madrid suspendió cautelarmente el proceso privatizador de la sanidad madrileña. En el auto, que responde también a una petición de AFEM y que ha sido apoyada por la Fiscalía, argumenta que el cambio de modelo sanitario que supone la propuesta de la Comunidad madrileña es de tal envergadura y afecta a tal cantidad de profesionales y población que de estimarse en el futuro la demanda de AFEM y anularse el proceso tendría unas consecuencias irreparables.
Se trata de la segunda vez que el Tribunal madrileño se refiere a este asunto. El pasado 10 de julio la misma sala procedió a suspender de forma cautelar el proceso de 'externalización' a consecuencia de un recurso presentado por el Partido Socialista de Madrid (PSM). Sin embargo, a las dos semanas levantó la suspensión al entender que los diputados socialistas que habían presentado el recurso no ostentaban "un interés legítimo".
Precisamente, la falta de legitimación es lo que esgrimió la Comunidad de Madrid en sus alegaciones a la hora de pedir que se levantara dicha medida. En este caso, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid entiende que la organización sanitaria sí que tiene "legitimación activa" para intervenir judicialmente en el proceso.
Por otro lado, para tomar su decisión, la Sala parte de que después de que se publicara esta resolución, ahora suspendida de forma cautelar, la Administración dictó otra "denominada de corrección de errores" que modifica la anterior y que hace referencia a las garantías definitivas que deberá presentar el licitador que presente la oferta más ventajosa económicamente.
La Sala, "sin prejuzgar el fondo del recurso", entiende que la modificación realizada "puede exceder de la posibilidad de rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos" al introducir el término "anual" -en la modificación se explicaba que esta garantía pasaba de ser del 5 por ciento del importe de adjudicación del contrato al 5 por ciento del importe anual de adjudicación del contrato-.
Limitar la libre concurrencia competitiva
Para el TSJM, es "evidente" que la cuantía de fianza contractual "varía sustancialmente según sea del 5 por ciento del importe total de adjudicación del contrato (diez años de ejecución) o del importe anual (deduciblemente con referencia al primer año). "Supone una modificación sustancial de las condiciones de la licitación y del contrato", destaca.
De hecho, añade que este cambio se produce "cuatro días antes de la finalización del periodo de presentación de las ofertas por los licitadores", lo que, a su juicio, "podría haber limitado el principio de libre concurrencia competitiva al haber podido impedir licitaciones de empresas por el importe de la garantía definitiva" según la última convocatoria con la corrección de errores.
Esto, apostilla, "afecta a la ejecución del contrato" si se tiene en cuenta lo que establece sobre garantías el Real Decreto por el que se aprueba la Ley de Contratos del Sector Público, y que establece "con carácter general que los que presenten las ofertas económicamente más ventajosas en las licitaciones de los contratos que celebren las Administraciones públicas deberán constituir (...) una garantía del 5 por ciento del importe de adjudicación, lo que coincide con la redacción inicial de la cláusula y no con su modificación".
Para la Sala, no se puede pasar por alto "la posible nulidad de tal modificación". "No podemos dejar de ponderar los perjuicios que, tanto para los recurrentes como para los licitadores, como para el interés general se producirían en el caso de que estimáramos el recurso una vez adjudicados y formalizados los contratos y una vez entregada la gestión del servicio público a las concesionarias", entiende la Sala.
Ex consejeros de Sanidad imputados
Por último, otro juzgado, el de Instrucción número 4 de Madrid, admitió a trámite en junio una querella presentada por AFEM contra nueve personas, entre ellas los ex consejeros de Sanidad Manuel Lamela y Juan José Güemes, por presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación para la gestión sanitaria privatizada de los primeros hospitales de la Comunidad de Madrid (Infanta Elena, en Valdemoro; el Rey Juan Carlos, en Móstoles; y el Hospital de Torrejón de Ardoz).
La querella también se dirige contra la actual viceconsejera de Asistencia Sanitaria y directora del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), Patricia Flores, entonces directora general de Atención Primaria; el director general de Hospitales, Antonio Burgueño; el representante de la Fundación Jiménez Díaz, Juan Antonio Álvaro de la Parra; el presidente o consejero delegado de Grupo Ribera Salud; el presidente o consejero de Capio Sanidad; el presidente o consejero de Unilabs; y el presidente o consejero de Asisa.
Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid también apreció en julio, como solicitó el Partido Socialista de Madrid, que existían medidas de "especial urgencia" para paralizar el proceso. Sin embargo, pese a que se tomaron medidas cautelares, se levantó la suspensión por el mismo tribunal tras conocer las alegaciones de la comunidad madrileña.
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